Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil fueron acusadas por el Ministerio Público por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, en perjuicio del Estado de Nicaragua. Según el comunicado divulgado primero por medios oficialistas, la audiencia preliminar se realizó este viernes 27 de agosto y la jueza admitió la acusación y decretó prisión preventiva para ambas.
La exguerrillera sandinista histórica y la activista de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), fueron capturadas el 13 de junio. Téllez es una exguerrillera que comandó en la ciudad de León durante la “Ofensiva Final” de la insurrección sandinista que derrocó en 1979 a Anastasio Somoza Debayle, el último de la estirpe somocista que impuso una dictadura en Nicaragua durante más de cuarenta años.
Ana Margarita Vigil fue presidenta de Unamos, que fundó Téllez y otros antiguos dirigentes sandinistas desde 1995, tras abandonar las filas del Frente. La personería jurídica de este partido fue arrebatada por Daniel Ortega, desde 2008, un año después de tomar el poder.
Dora María Téllez y Ana Margarita Vigil fueron detenidas juntas el domingo 13 de junio tras allanar la casa de Téllez. Vigil grabó un video que se difundió tras ser capturada. “Mi casa tiene policías afuera y posiblemente sea un inminente allanamiento. Este video saldría en caso de que me detengan ilegalmente y quiero dejarlo dicho, lo que he dicho anteriormente: seguimos en la lucha, este es parte del proceso para salir de Daniel Ortega. Aquí nadie se raja, Daniel Ortega se va. Lo vamos a sacar. ¡Fuerza!”. Desde ese día estaban detenidas en la Dirección de Auxilio Judicial.
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Con esta nueva medida, el régimen se asegura la detención prolongada de la treintena de opositores detenidos, y acusados por “traición a la patria” bajo la Ley de Defensa a los Derechos del Pueblo. La normativa tacha como “traidor” a los nicaragüenses que “pidan intervención extranjera” y “aplaudan sanciones”. Además de este grupo, hay otros precandidatos presidenciales, empresarios, periodistas, campesinos y líderes políticos cuyo plazo de investigación y detención está próximo a vencerse.
Los otros “conspiradores” según los Ortega-Murillo
Esta semana el Ministerio Público también acusó a los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga, Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro, por ser presuntos coautores del mismo delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua.
La Fiscalía vinculó a este caso al politólogo Manuel Orozco, también al abogado José Pallais y al expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) José Adán Aguerri. Igualmente incluyó en la acusación a Violeta Granera y Tamara Dávila, ambas miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
El martes 24 de agosto el régimen presentó una ampliación de acusación contra Cristiana Chamorro Barrios por el supuesto delito de “apropiación y retención indebida”, los cuales se suman a los anteriores señalamientos de “lavado de dinero, falsedad ideológica y gestión abusiva”. La Fiscalía también acusó al periodista Carlos Fernando Chamorro y a su hermano, Pedro Joaquín Chamorro por los mismos delitos que Cristiana, a excepción de “falsedad ideológica” para el último.
“Intentan criminalizar la libertad de prensa. Nuestro trabajo periodístico se defiende por sí solo ante las calumnias del régimen”, dijo Carlos Fernando Chamorro, quien se encuentra exiliado en Costa Rica junto a varios de los periodistas de su redacción.
La Fiscalía acusó formalmente a Marcos Fletes y Walter Gómez, exfuncionarios de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), misma que dirigía Chamorro Barrios hasta inicios de este año antes del vencimiento del plazo de detención de 90 días solicitado por la Fiscalía. Dentro del caso fueron implicados Emma Marina López y Pedro Vásquez Cortedano “por ser cooperadores necesarios del delito de lavado de dinero”, al igual que a Ana Elisa Martínez Silva, por “apropiación y retención indebida; gestión abusiva; y por ser cooperadora necesaria del delito de lavado de dinero, bienes y activos”. De igual forma en contra de Guillermo José Medrano y María Lourdes Arróliga, los primeros citados por la Fiscalía en dicho caso.