Dictadura cancela 50 nuevas organizaciones de la sociedad civil

El régimen Ortega-Murillo despojó de su personería jurídica a medio centenar de entidades, sumando ya 211 cerradas. La Fundación 10, propiedad de Canal 10; La Corriente Feminista, oenegé que trabajaba temas de género, y la del científico Jaime Incer Barquero son decapitadas. “Una sociedad que está controlada por el Estado y que no puede autogestionarse ni expresarse libremente ni intervenir en el espacio público es una sociedad que se empobrece”, dijo la feminista María Teresa Blandón


El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló este miércoles otras 50 organizaciones de la sociedad civil, sumando un total de 211. La cacería contra las oenegés ahora incluyó el cierre de Fundación 10 (del popular canal de televisión), La Corriente Feminista, el Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM) y Fundenic S.O.S., del científico Jaime Incer Barquero, quien fungió como asesor de la Presidencia en temas ambientales.

La cancelación se gestó desde la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, con 75 votos a favor y 16 abstenciones. “Han incumplido al no reportar los estados financieros conforme a los períodos fiscales, con desgloses detallados, ingresos, egresos, balanza de comprobación, detalles de donaciones, origen, proveniencia y beneficiario final”, argumenta –como siempre– el documento oficial.

Para María Teresa Blandón, socióloga y directora de La Corriente Feminista, el congelamiento de las organizaciones forma parte de “una jornada para aplastar todas las formas de organización de la sociedad civil”. “Una sociedad que está controlada por el Estado y que no puede autogestionarse ni expresarse libremente ni intervenir en el espacio público es una sociedad que se empobrece”, agregó la feminista. 

Otros de los organismos cancelados son la Asociación Civil Instituto Histórico Centroamericano, con sede en el Campus de la Universidad Centroamericana (UCA) y parte de la Compañía de Jesús, el Movimiento de Mujeres de Chinandega y la Asociación Movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense Resistencia Nicaragüense.

Los legisladores oficialistas dijeron que cierran estas organizaciones “para que no sigan engañando a la población nicaragüense”. Ese fue el argumento principal. “Hoy estamos haciendo cancelaciones de personerías jurídicas en esta fecha especial, estas cancelaciones que por primera vez con un número de 50 asociaciones que no quieren cumplir con la ley, que quieren violentar la ley de antilavado de dinero”, expresó el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, quien se ha erigido como el verdugo de oenegés. 

Cementerio de oenegés

Las organizaciones que combaten la violencia de género han sido las más afectadas por el hacha represiva del régimen. Divergentes | Archivo

La persecución del régimen de Ortega y Murillo contra la libertad de asociación recrudeció desde las protestas de abril de 2018, y se ha convertido en toda una ofensiva contra centros de pensamientos y asociaciones de incidencia social. Sin embargo, en los últimos meses también se han visto afectados organismos sin vinculación política, como el caso de Operación Sonrisa, Asociación para el Desarrollo de Solentiname, o la Fundación Luisa Mercado, del escritor Sergio Ramírez.

“Suprimir estas organizaciones y confiscar sus bienes no significa sino la pretensión de silenciar a la sociedad civil y terminar con todas las expresiones de libertad y democracia que este tipo de organizaciones han llevado adelante”, manifestó el escritor al enterarse del cierre.

Según un análisis elaborado por la Fundación del Río y Popol Na, en el que se denuncia la prohibición de la libertad de asociación en Nicaragua, más de mil organizaciones se encuentran en el blanco de la dictadura. 

El decreto de este martes, en el que se despojó de la personería jurídica a 50 nuevas organizaciones fue aprobado con 75 votos a favor provenientes de los diputados sandinistas. 

Otra de las entidades clausuradas en lo que va del año son la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que fungía como una organización independiente de defensa de los derechos humanos. De hecho, era la única instancia que todavía operaba en el país, ante la confiscación del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), a finales de 2018. Abogados y defensores de derechos humanos de la CPDH han sido perseguidos por la dictadura. El caso más reciente es el de María Oviedo, una defensora de presos políticos que ha sido condenada por el régimen a ocho años de cárcel por “atentar contra la soberanía nacional y propagar noticias falsas”. 

“No hay voluntad, por parte del Gobierno que hayan organismos de derechos humanos que estemos documentando los abusos que se cometen en este país”, señaló el secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, quien tuvo que exiliarse por temor a una persecución en su contra.

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