La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo elevó la parada contra las voces críticas este 15 de febrero. Al menos 12 periodistas, casi todos ellos en el exilio, fueron acusados de “traición a la patria” por el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) en una extensión de la medida impuesta contra los 222 presos políticos desterrados el pasado jueves. Dichas personas, según el Tribunal, pierden sus derechos como nicaragüenses, fueron declarados como prófugos de la justicia y sus bienes serán confiscados.
Los periodistas que conforman la lista de 94 personas imputadas son: Luis Manuel Chavarría Galeano, Jennyfer Tatiana Ortiz Castillo, Lucía Agustina Pineda Ubau, Patricia Amanda Orozco Andrade, Wilfredo Ernesto Miranda Aburto (editor de DIVERGENTES), Alvaro Valentín Navarro, José David Quintana García, Aníbal Enrique Toruño Jirón, Santiago Antonio Aburto Ovando, Gema Serrano Morales, Carlos Fernando Chamorro y Sofía Isabel Montenegro Alarcón. A ellos también se suma el especialista en medios y bloguero Manuel Díaz Morales.
“De conformidad a los artículos 1 y 47 de la Constitución Política de la República de Nicaragua; artículo primero de la Ley No. 1055. Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz; artículo 2 de la Ley No. 1145, Ley Especial que regula la pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense; fueron considerados los acusados traidores a la Patria”, aseguró el magistrado.
La medida llega a casi una semana del destierro de 222 presos políticos que la dictadura llevó a cabo el 9 de febrero. Estas personas también perdieron su nacionalidad nicaragüense, así como sus derechos constitucionales, según el régimen.
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La comisión ejecutiva de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), señaló que, con esta acción represiva, el régimen busca silenciar “a toda costa”, cualquier voz disidente que permanezca dentro o fuera de Nicaragua, pero además persigue censurar el periodismo independiente que desde fuera continúa informando.
“Aquí vemos una escalada de una magnitud horrorosa, porque lo que quiere prácticamente es anular a la persona… es realmente un golpe fuerte para el gremio de periodistas, para esta organización. Sin embargo, nosotros vamos a insistir en no callar, por el contrario, vamos a seguir denunciando contundentemente todas estas sistemáticas violaciones a derechos humanos”, manifestó la directiva de PCIN.
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