A las siete de la mañana del viernes 17 de febrero, la Intendencia de la Propiedad entregó notificaciones a 16 viviendas del complejo de apartamentos Amazonia, donde vive la periodista Sofía Montenegro y Azahálea Solís—recientemente despojadas de sus nacionalidades y sus bienes junto a 92 personas más— para revisar sus casos por supuesta “ocupación de las viviendas”. En la reunión, les dijeron que los documentos de compraventas que tenían los propietarios quedaban anulados porque eran “irregulares”, y por lo tanto pasaba a su propietario anterior, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA).
Ambas feministas no estaban en su departamento al momento de la ocupación. Meses antes de la confiscación del complejo de apartamentos Amazonia, el régimen envió a paramilitares a hacer labor de inteligencia y espionaje para conocer mejor a los propietarios de las viviendas, relataron fuentes policiales a DIVERGENTES.
Estas son las primeras confiscaciones que se conocen luego de que el régimen Ortega-Murillo despojó de su nacionalidad a 94 personas, contra las que ordenó ocupación de sus bienes y los declaró prófugos de las justicia por ser “traidores a la patria”, sin que estos ciudadanos si quiera hayan tenido un juicio en su contra. Entre estas personalidades se encuentran los escritores Sergio Ramírez Mercado, Gioconda Belli; el obispo Silvio Báez, defensores de derechos humanos, como Vilma Núñez, periodistas, políticos, empresarios, religiosos, entre otros activistas.
DIVERGENTES conoció que les informaron a los dueños de los 16 apartamentos que si quieren seguir viviendo en ellas deben pagar un canon de arrendamiento de 500 dólares al Estado. Los dueños de las propiedades tienen títulos individuales de las viviendas, inscritos en el Registro de la Propiedad, y revisados por las leyes de la propiedad en los gobiernos posteriores de Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán, Enrique Bolaños, e incluso hasta el segundo período de Daniel Ortega. Las propiedades fueron adquiridas a inicios de los años 80 con una empresa vinculada al extinto Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA).
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Otras confiscaciones
También han sido tomadas otras propiedades este viernes. Los funcionarios de la Intendencia de la Propiedad han llegado a ejecutar las confiscaciones acompañados de policías, así como con personas del Catastro, quienes identifican cada propiedad. “En algunos lugares andan con topógrafos haciendo mediciones”, dijo una fuente de la alcaldía de Managua.
Fuentes consultadas, vinculadas a organismos defensores de derechos humanos, dijeron que en algunos casos están tomando represalias contra familiares de las personas que se encuentran en la lista, pero que estas no se atreven a denunciar públicamente por el temor que está generando esta nueva medida del régimen Ortega-Murillo.
La opositora Irlanda Jerez, a la que el régimen también arrebató su nacionalidad, denunció este viernes que la Policía le confiscó una propiedad ubicada en el barrio Los Ángeles, en Managua. “Es un edificio de dos pisos, propiedad que antes de los años ochenta pertenecía a mi papá y posteriormente pasó a mis manos cuando lo compramos, hace más de 20 años”, señaló Jerez.
La también excarcelada política, desde su exilio en Estados Unidos, agregó que en la propiedad ya hay presencia de oficiales. “Entonces, efectivamente se están dirigiendo a tomar las propiedades que en el registro público aparecen con nuestro nombre”, denunció.
El magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), Ernesto Rodríguez, dijo que el centenar de nicaragüenses habían sido acusados por el Ministerio Público por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso real con el delito de propagación de noticias falsas a través de la tecnología de la información y de la comunicación, todo en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad.