Este 9 de febrero de 2026 se cumplen tres años de un hecho que marcó nuestras vidas y dejó una herida profunda en la conciencia de Nicaragua. Ese día, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no solo nos expulsó del territorio nacional. Intentó expulsarnos del derecho a existir como ciudadanos, despojándonos de nuestra nacionalidad y tratando de decretar, como si fuera posible, que ya no pertenecíamos a la patria que amamos.

Para muchos de nosotros, esa fecha vive con dos palabras que no se sueltan. Indignación y determinación. Indignación, porque nadie debería conocer la libertad con la nostalgia clavada en el pecho. Determinación, porque ese acto confirmó algo esencial. El régimen teme más a una conciencia despierta que a cualquier frontera.

Nuestra libertad ha sido una libertad parcial. No es plena mientras otros hermanos sigan sufriendo dentro de Nicaragua, mientras familias enteras vivan bajo hostigamiento, mientras la dictadura persiga incluso la memoria. Por eso, tres años después, la gratitud por estar vivos convive con el deber de no acostumbrarnos a la injusticia.

En el destierro hemos vuelto a lo más esencial. La fe, la familia, la gratitud cotidiana. Hemos aprendido a abrazar a nuestros hijos y a nuestras parejas como un acto de resistencia íntima, a sostener la mano de nuestras madres, a cuidar a nuestros hermanos. Y también hemos visto el rostro más cruel de esta política. Después de aquel destierro, muchas familias quedaron empujadas al exilio, dispersas en distintos países. La dictadura cree que, rompiendo vínculos, nos rompe el alma. Se equivoca. La familia dispersa no es familia vencida, es familia sembrada.

El destierro de los 222 fue el primer gran experimento de un método que el régimen ha perfeccionado con frialdad. Convertir la soberanía en un arma. Primero fuimos nosotros. Después vinieron nuevos destierros, desnacionalizaciones, confiscaciones, prohibiciones de ingreso, negación de pasaportes. Y en enero de 2026, con una reforma aprobada por una Asamblea obediente, se golpeó en la práctica el derecho a la doble nacionalidad, castigando especialmente a los exiliados. Todo responde a la misma lógica. La ciudadanía ya no como derecho, sino como premio o castigo.

Cuando se mencionan las leyes de Núremberg, hay que hacerlo con cuidado. Fueron un conjunto de normas aprobadas por el régimen nazi en 1935 que legalizaron la exclusión de los judíos y otros grupos, quitándoles derechos fundamentales, restringiendo su vida civil y convirtiendo su identidad en motivo de castigo. No se trata de igualar tragedias en magnitud o contexto, sino de señalar una alarma moral. Cuando un Estado usa la ley para degradar a un grupo a la condición de “no-persona”, y normaliza la exclusión como política pública, la sociedad debe reaccionar antes de que el abuso se vuelva costumbre.

En medio de ese horror, Nicaragua también vio algo luminoso. La solidaridad. España ofreció nacionalidad a desterrados, abriendo una puerta de dignidad. Lo agradecemos de corazón.

En mi caso, sigo apátrida. Y aun así, con cuidado y con claridad, sostengo una convicción que también compartimos muchos. Nicaragua no se reconstruye solo desde lejos. Por eso he insistido, una y otra vez, ante diplomáticos, aliados y gobiernos democráticos, en algo básico. El régimen debe permitir el retorno voluntario de quienes deseamos volver. Mi esperanza es poder regresar pronto a Nicaragua, junto a los nicaragüenses que así lo deseen, cuando las condiciones se den y podamos hacerlo con sentido de responsabilidad y de vida.

¿Qué ha pasado con los 222? Han seguido su vida en el exilio con valentía. Unos desde el activismo, otros desde el silencio. Y ese silencio, muchas veces, no es indiferencia. Es protección. La dictadura práctica represión transnacional. Hostiga familias, castiga vínculos, vigila, amenaza. En una dictadura, el anonimato puede ser una forma de sobrevivir.

Y hay una herida que hoy nos duele con indignación y profunda preocupación. La incertidumbre migratoria de tantos nicaragüenses, incluidos quienes han sido deportados, y la angustia de quienes viven dentro de Nicaragua como si el país entero fuera una gran cárcel. Nada de esto debería ser normal. Nada de esto debería aceptarse como destino.

Tres años después, no hemos perdido la esperanza. Y lo decimos con honestidad. La esperanza, en tiempos de dictadura, no es un optimismo ingenuo. Es fe y también estrategia de resistencia. Es mirar el dolor sin rendirse. Es negarse a odiar, sin renunciar a la justicia.

La dictadura puede expulsarnos temporalmente del territorio físico, pero no puede expulsarnos de Nicaragua. Nicaragua no es una firma en un registro civil. Nicaragua es un pacto de amor entre su gente. Y ese pacto no lo anula ninguna sentencia absurda. La Nicaragua espiritual vive en nuestra voz, en nuestra fe, en nuestra memoria, y en nuestra determinación de volver, y de volver para construir una paz con libertad.