La justicia de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha “suspendido de manera definitiva el ejercicio de las profesiones de abogada y notario público” a la jurista Yonarqui Martínez este nueve de mayo. La disposición ha sido publicada en una circular que también declara “nulo” el título de esta profesional que se ha dedicado a la defensa de presos políticos en Nicaragua.
“Prevéngasele a la licenciada Yonarqui de los Ángeles Martínez García, presentar ante Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo apercibimiento de ley, si no lo hiciere, Títulos de Abogado y Notario Público, los Protocolos que llevó durante los quinquenios que estuvo autorizada para cartular, sello y carné de Abogado y Notario Público”, mandata la circular diligenciada por el Poder Judicial, sometido al dictado de la pareja presidencial.
En las últimas semanas, Martínez ha denunciado la cacería contra opositores y los procesos exprés en contra de ellos, a quienes los jueces sandinistas han acusado de delitos políticos, como “menoscabo a la soberanía nacional” y “propagación de noticias falsas”. A los procesados les impusieron casa por cárcel y la obligatoriedad de presentarse a firmar a diario ante la Policía más cercana a su localidad.
“Las inconsistencias de realizar procesos anómalos trae caos en las instituciones que no tienen los respectivos oficios de presentación periódica. Eso no tiene argumento”, expresó Martínez en uno de sus últimos tuits. “Han sido acusadas 30 personas el día de ayer (3 de mayo). Un procedimiento que inició con inconsistencias. Todo ciudadano nicaragüense merece un juicio justo en caso de ser procesado. El respeto a sus derechos y garantías debe estar presente en todo momento”, trinó en otro mensaje.
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La suspensión definitiva del título de abogada para Martínez es otro zarpazo contra los derechos constitucionales, que se suma al despojo de nacionalidad de 222 nicaragüenses, decisiones que carecen de asidero legal. Fuentes judiciales confirmaron a DIVERGENTES que no es la primera vez que abogados y juristas han sido suspendidos por razones políticas. Quienes han sido afectados, sin embargo, han decidido no denunciar por temor a represalias.
“Existen antecedentes en los que se han suspendido a abogados y abogadas, como es el caso de la doctora Orietta Benavides y del abogado defensor Manuel Urbina Lara. Ambos fueron despedidos arbitrariamente por ejercer simplemente su labor como defensores y evidencia cómo en Nicaragua existe un irrespeto a los procedimientos específicos establecidos, tanto en la legislación notarial vigente como en el tema de la carrera judicial administrativa”, dijo Braulio Abarca, defensor de derechos humanos exiliado en Costa Rica.
“En otros países existen colegios de abogados independientes, como el caso de Costa Rica y Panamá, donde hay un colegio de abogados y que son regulados. No obstante, en Nicaragua lamentablemente hay un control absoluto, incluyendo la función de las y los abogados. Esto no solamente va en detrimento del derecho al trabajo, sino también a las garantías mínimas del debido proceso. Evidentemente no existe independencia de los poderes del Estado y esto genera un estado de indefensión ante esta gravísima violación al ejercicio de la profesión”, agregó el integrante del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Defensora de presos políticos
Yonarqui Martínez fue una de las primeras defensoras de presos políticos a inicios de la crisis de abril de 2018, cuando la represión del régimen de Ortega y Murillo empezó a encarcelar a manifestantes. La abogada tomó los casos que otros juristas no se atrevían a tocar. Tal como ahora, los procesos estaban repletos de irregularidades, como falta de consistencia en las acusaciones, detenciones que sobrepasaban los plazos establecidos por el Código Penal, e incluso, pruebas y testigos falsos.
“Se nos señala como abogados golpistas, como abogados terroristas, se nos limita en muchas ocasiones a poder ejercer el derecho y hasta tal punto que se nos quiere hasta suspender ese derecho”, dijo Martínez en una entrevista a este medio a inicios de 2020.
La mayoría de los defendidos de Martínez en 2018 fueron jóvenes universitarios de recintos estatales, como la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, (UNAN), la misma en la que estudió derecho en la década de 1990. Para entonces, la estudiante de Derecho vivió en carne propia los intentos de control del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) a través de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), que desde entonces mostraban actuar motivados por la violencia. “Cuando yo estudié leyes, sí nos enfrentamos a violaciones de derechos humanos y manipulaciones. Toda la vida ha estado UNEN en la UNAN Managua. Si no ibas a una marcha te quitaban la beca”, recordó la abogada en la entrevista.
Por su defensa a presos políticos ha recibido amenazas de muerte en redes sociales, campañas de desprestigio e intentos por inhabilitarla como defensora. Por todo ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó en 2018 medidas cautelares, a ella y a su familia, por su rol activo en la defensa de personas encarceladas.