En solo quince años la reserva natural de la Cordillera de Dipilto-Jalapa ha perdido el 60 por ciento de sus pinares, mientras la región norteña de Las Segovias se queda sin fuentes de agua. Desde 2009, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha aprobado 13 decretos para favorecer a empresas madereras que extraen pino y afectan al ecosistema. Por primera vez, un estudio muestra el verdadero impacto de este desastre producido por el Estado nicaragüense.
28 de julio de 2022
Ignacio sabía lo que encontraría al subir la montaña, pero no estaba preparado para verlo. El campesino, originario de una comunidad de Jalapa, Nueva Segovia, apuró su paso en medio de la brisa y encontró lo que temía: varios troncos de pinos apilados en el suelo, listos para ser transportados en camiones hasta algún aserrío del pueblo más cercano. Por un momento la tristeza le nubló la mirada. El bosque de su infancia, la Reserva Natural Cordillera Dipilto-Jalapa, agoniza frente a sus ojos.
No importa cuántas veces recorra estas montañas, el sentimiento de impotencia es el mismo. Ignacio es de origen chorotega. Ahora tiene 55 años, pero le inculcaron desde niño el respeto de los pueblos indígenas por lo que él llama “madre naturaleza”. Actualmente sigue luchando por la conservación de este ecosistema del norte de Nicaragua, pero no ve el resultado de su lucha. Omitimos su nombre real por petición expresa, ya que, en Nicaragua, reclamar derechos puede costar la libertad o la vida.
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“Esto es una tala rasa, ya no se puede llamar ni raleo. Es un crimen contra nuestro bosque y nos está dejando sin agua”, lamenta, observando el paisaje desolado en la cima de la Reserva, declarada área protegida en noviembre de 1991, hace 31 años. Una normativa que no ha servido de mucho.
Un informe técnico realizado por un experto en teledetección y análisis espacial para este reportaje, revela por primera vez que la reserva ha perdido el 60 por ciento de los pinares que la cubrían en 2007, año en que Daniel Ortega regresó al poder. El documento expone, además, que el bosque de pino se extingue a un ritmo acelerado y en su lugar afloran plantaciones de café.
Ignacio encontró los pinos caídos en El Ural, municipio de San Fernando, departamento de Nueva Segovia; pero en otras zonas de la cordillera la devastación se ve igual. A medida que se recorre el bosque, se advierten los “lunares” que va dejando el despale indiscriminado, y en lugar de los antiguos árboles de tronco grueso, se ven los llamados “bolillos”, árboles jóvenes que son cortados apenas alcanzan un tamaño aprovechable.
En las comunidades de Ocotal la mayoría de los pobladores se dedica a la agricultura. Siembran en pequeñas parcelas y luego llevan el producto a vender a los mercados locales. Sus casas son rústicas y un reflejo de la pobreza en la zona| Divergentes.
Con la tala del bosque, también las fuentes de agua han sufrido daños. En los primeros meses de 2022, durante la estación seca, al menos cinco pozos se quedaron sin agua en dos comunidades de Mozonte. Mientras tanto, las otrora cristalinas aguas de los ríos Quisulí y Mozonte se siguen convirtiendo en charcas, detalla un informe del grupo ambientalista Mogotón, que lleva varios años documentando la deforestación de la cordillera.
En papel existe una norma que, se suponía, sería una herramienta para proteger a los bosques nicaragüenses. La Ley de Veda para el Corte, Aprovechamiento y Comercialización del Recurso Forestal fue aprobada en 2006. No obstante, desde 2009 el gobierno de Daniel Ortega la ha suspendido trece veces para permitir la tala de los pinares, con el pretexto de dinamizar la economía.
Pero la economía solo parece haberse dinamizado para quienes participan en la cadena del negocio maderero. Un solo viaje, de un camión maderero con capacidad para 15 metros cúbicos, representa un ingreso de más de 50 mil dólares para un maderero.
La realidad es distinta para el ciudadano de a pie. En las comunidades de Nueva Segovia suelen decir que “se come un tiempo sí y el otro tal vez”. Arroz con frijoles siempre, queso a veces, pollo en ocasiones especiales. “Nosotros aquí no tenemos empleo, nadie nos genera nada. Vivimos de la sobrevivencia”, afirma Róger Sandoval, agricultor del municipio de Macuelizo que asegura que este año tuvo que cavar un hueco en el río para represar el agua y darle de beber a las vacas.
La cordillera de Dipilto-Jalapa es hogar de al menos 200 especies de aves y unas 40 especies de mamíferos, además de reptiles y anfibios y alrededor de 300 especies de plantas, entre ellas 120 orquídeas. El quetzal, el tigrillo, la guardatinaja, el pizote y la guatusa son algunos de sus huéspedes.
Cuenta con una extensión territorial de 35,555 hectáreas y forma parte de los municipios de Dipilto, Jalapa, San Fernando, Ocotal y Mozonte, en el departamento de Nueva Segovia. Además, funciona como frontera natural entre Nicaragua y Honduras.
Otro factor que influye en la importancia vital de esta cordillera es que conforma la parte más alta de la cuenca del río Coco; la parte baja es el propio río y depende de estas montañas no solo para su recarga hídrica, también para evitar la sedimentación ocasionada por las escorrentías superficiales que desgastan los suelos y arrastran el sedimento hacia la cuenca baja.
La tarea de estos pinares es atrapar la humedad, infiltrarla en el subsuelo y producir vertientes y pequeños ríos que desembocan en el río Coco.
Pese a la importancia de este ecosistema, un estudio realizado por un especialista en Teledetección y Análisis Espacial, con amplia experiencia en temas ambientales, revela que en los últimos quince años la reserva natural no ha sido protegida. De 2007 a 2022 el bosque de coníferas pasó de 29,838 hectáreas a solo 11,887. Es decir, 17,951 hectáreas de pinares fueron arrasadas; el equivalente a 25,130 campos de fútbol, partiendo de que en una hectárea cabe un promedio de 1.4 canchas.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha aprobado una serie de decretos para favorecer la extracción de pino de La Cordillera Dipilto – Jalapa. Los madereros no realizan una tala amplia, sino que cortan pequeñas áreas en todo el bosque para que no se note la pérdida de cobertura. | Divergentes
El objetivo del estudio, cuyos resultados se publican por primera vez en esta investigación de DIVERGENTES y CONNECTAS, fue detallar el cambio de uso de suelos en la cordillera en el periodo de 2000 a 2022. Para ello el especialista, que ha solicitado se omita su nombre por razones de seguridad, tomó como referencia la metodología Corine Land Cover, desarrollada por la FAO para la evaluación de tierras forestales. Eso le permitió valorar los cambios en la cobertura boscosa a partir del análisis de imágenes satelitales de alta resolución.
Las imágenes georreferenciadas fueron tomadas del satélite Sentinel-2A y corresponden al 10 de abril de 2022. Se extrajeron de la plataforma del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) y cada una fue corregida con programas que reducen el efecto nuboso para identificar el tipo de cobertura y uso de suelo.
En términos generales, el informe revela que para 2007 la reserva llevaba siete años de recuperación sostenida. Esto se deduce porque en el año 2000 cerca del 50 por ciento de su superficie estaba cubierta por bosques de pino, algo que, en palabras del especialista, “denotaba un importante nivel de conservación dentro del área protegida”; sin embargo, en 2007 el panorama era mucho más positivo, pues la reserva había recuperado casi en su totalidad las áreas de bosque de pino, con una cobertura del 89 por ciento. El informe lo destaca como “la mayor recuperación de ese ecosistema en un período tan corto de tiempo”, entre otras razones, gracias a “la baja extracción durante ese periodo”.
No obstante, pronto esa tendencia se revirtió y, para 2011 el área cubierta por pinares en la reserva había pasado de 29,838 hectáreas a 15,463. Se redujo en casi la mitad en un periodo de apenas cuatro años.
Si el mapa se ve de manera general, abarcando también los cinco municipios que delimitan la reserva natural, se confirma que a los bosques que rodean el área protegida no les ha ido mejor.
En los últimos quince años, los pinares de estos municipios segovianos han sido expoliados de tal manera que han perdido 46,853.76 hectáreas, el equivalente a 65,595 campos de fútbol. Esa pérdida representa el 76.11 por ciento de los bosques de pino que, para 2007, existían en esta zona del país: un total de 61,519.16 hectáreas.
La recuperación que se produjo en los pinares de la cordillera, de 2000 a 2007, se debió a la estrategia nacional aplicada durante la gestión del presidente Enrique Bolaños Geyer, considera Amaru Ruiz, biólogo, ambientalista y presidente de Fundación del Río. Si se deja crecer al bosque de pino, es “agradecido”, afirma en una entrevista con DIVERGENTES.
El problema es que ya no lo dejan.
La enorme deforestación es evidente no solo para campesinos como Ignacio, quien por ser miembro del colectivo ambientalista Grupo Cocibolca está más familiarizado con el tema. La perciben y la sufren todos los comunitarios.
“En mis tiempos, cuando yo tenía la edad de 10 años, ahí las montañas eran espesas. Hoy en día eso es un desastre. Es doloroso cuando uno va y, de repente, mira aquellas trochas y mira que hay madera hasta desperdiciada”, se queja Esteban, campesino de 48 años, que está sentado junto al río Mozonte, ubicado en la comunidad del mismo nombre.
Señala el agua y aclara: “Ahorita el río tiene bastante caudal por las lluvias que hay. Hace tres años, este río se secó. Nos dijeron que era porque había mangueras y acequias, que las iban a quitar y regular. Pero en otros tiempos, el tiempo en que nos criamos, en esas montañas ya había mangueras y había acequias y no había ese problema. Yo le digo que, si esto sigue así, el río lo vamos a perder, se va a secar del todo”.
Esteban tiene razones para estar preocupado, porque sabe de pequeñas lagunas y vertientes que se han esfumado “en la mera frontera” con Honduras. Además, cada vez que va a la montaña o pasa por el río, ve un nuevo daño.
A su juicio, el aprovechamiento de la madera no tendría nada de malo si se hiciera de manera controlada. “A veces siembran algunos árboles, pero es solo por decir ‘sembramos’. Mantenimiento no se les da, porque muchas veces lo siembran casi saliendo el invierno y no les va a pegar”, comenta Esteban.
La Ley de Veda o Ley 585 fue aprobada en 2006 por un período de diez años. Se suponía que con ella quedarían protegidas las especies de caoba, cedro, pochote, pino, mangle y ceibo en todo el territorio de Nicaragua.
Se estableció que, pasado el decenio, la Ley podría renovarse por períodos similares, dependiendo de las circunstancias. Quedó escrito que en las áreas protegidas la veda sería permanente y válida para todas las especies de árboles; lo único que se permitiría sería la recolección de leña para fines exclusivamente domésticos, como encender el fogón.
Sin embargo, desde la aprobación de la Ley de Veda, el régimen de Daniel Ortega ha emitido trece decretos para suspenderla en los bosques de pino. El primero se hizo público en octubre de 2009; el más reciente, en enero de 2022. Todos se amparan en el artículo 15 de la normativa, que otorga al presidente de la República la potestad de modificar las restricciones de la veda, partiendo de los estudios y recomendaciones del Instituto Nacional Forestal (Inafor), con la aprobación de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
A juicio de Mónica López Baltodano, abogada ambientalista, integrante del Grupo Cocibolca y la Articulación de Movimientos Sociales, el régimen de Ortega se ha valido de esa debilidad en la Ley para suspender la veda bajo una aparente “legalidad”.
“Las suspensiones de la veda del pino que anualmente aprueban bajo un supuesto amparo de legalidad y tecnicismo son tan arbitrarias como las agresiones a más de 900 organizaciones que han sido clausuradas y muchas confiscadas sin debido proceso y sin derecho a la defensa”, afirma. “Todo mundo sabe que Inafor, al igual que Marena, no tienen ninguna autonomía técnica. Obedecen a las órdenes del régimen que están cimentadas en su lógica privatizadora de la naturaleza y de hacer negocios a costa de la vida de las personas y de la integridad ambiental”.
Para López Baltodano, los decretos de suspensión de la veda no tienen fundamento técnico.
“Igual pasa con la suspensión de la veda del pino, que la fundamentan en supuestos criterios técnicos de Inafor, afectando también a las áreas protegidas del país pues esos decretos permiten la tala de pino incluso en áreas protegidas”, subraya. “Todo esto pasa a pesar de que la Ley General del Medio Ambiente establece que las áreas protegidas son zonas que deben ser conservadas y restauradas por su importancia ecológica y su biodiversidad. Incluso, en su artículo 17 indica que ‘se establece veda para el recurso forestal total y permanente en las áreas protegidas’, y ello entra en contradicción con los decretos de Ortega”.
El decreto de suspensión de veda emitido en 2009 legalizó la tala de pino en todo el territorio nacional, aunque el análisis de las imágenes revela que el despale de pino comenzó antes, justo con el regreso de Ortega al poder. Con el avance de la deforestación, aumentaron las denuncias del Grupo Cocibolca sobre el despale en la Reserva Natural Cordillera Dipilto-Jalapa. Pero en lugar de garantizar un plan para detener la tala de los pinares, en 2014 el régimen de Ortega aprobó un decreto que suspendía la veda de pino en todo el país, incluyendo las áreas protegidas.
Ninguno de los informes técnicos que supuestamente respaldan los decretos que suspenden la veda forestal ha sido puesto a disposición de la ciudadanía. “Ni siquiera se sabe si lo han discutido en la famosa Comisión Forestal, donde se supone deberían de participar varios actores, incluyendo sociedad civil y empresa privada”, expone Amaru Ruiz.
“Ellos dicen que hay estudios técnicos, pero incluso si partiéramos de que tiene los estudios, si vos sos honesto y no estás actuando discrecionalmente, los ponés públicos”, explica el presidente de Fundación del Río.
Ruiz reconoce que si existiese un verdadero compromiso de restauración de los ecosistemas, podrían aprovecharse los recursos de los bosques del país. Al fin y al cabo, todos tenemos en casa más de algún objeto de madera, empezando por las puertas. “Pero no es el caso de Nicaragua”, subraya. “Vos no podés estar hablando de que vas a aprovechar de manera sostenible, si no tenés quién te supervise”.
Los comunitarios culpan directamente a las alcaldías y a los delegados municipales del Inafor, por facilitar permisos de extracción a cualquier empresa maderera con los recursos para comprarlos.
Sin embargo, la primera responsabilidad recae sobre el Poder Ejecutivo por dos poderosas razones. La primera es que el Inafor, ente responsable de la administración forestal en todo el territorio nacional, está adscrito a la presidencia de la República. La segunda es que desde 2009 la política forestal nicaragüense se viene manejando a golpe de decreto.
En 2016 la Ley de Veda fue renovada por un decenio más, solamente para seguir suspendiéndola año con año. Los decretos, antes y ahora, se fundamentan en la misma justificación: el aprovechamiento forestal sostenible y la dinamización de la economía.
DIVERGENTES Y CONNECTAS realizaron solicitudes de información a Daniel Ortega, presidente del Gobierno sandinista, y también a Indiana Fuentes, directora ejecutiva de I nafor, para conocer cuáles son los aspectos técnicos que se toman en cuenta al momento de aprobar el corte de pino en la reserva natural Dipilto – Jalapa. Sin embargo, hasta la publicación de este artículo, no obtuvimos respuesta.
Trece decretos de suspensión de veda y un desastre ambiental después, la promesa del crecimiento económico de los municipios y el mejoramiento de la calidad de vida de la población sigue incumplida. En Nicaragua el salario mínimo del sector agropecuario es de 4,723.25 córdobas (132.72 dólares) y la canasta básica ya supera los 17 mil córdobas.
En el campo segoviano la vida es dura y la pobreza palpable. Se nota en las trochas fangosas y las rústicas casas de adobe, en las pequeñas parcelas para autoconsumo y en los fogones apagados. En una de esas viviendas, ahí en la comunidad El Potrerillo, Dipilto, habita Secundino Rugama, de 78 años, con su esposa y sus dos hijos.
—¿Cómo sobreviven aquí?
—¿Sobrevivir? Solo salariando en tierra ajena. Salariar es volar machete para que nos den los realitos —responde, con la voz bajita y el acento del campo.
—¿Cuántas veces al día comen?
—Dos, a veces una. A como están las cosas…
—¿Y qué es lo que comen?
—Frijolitos y arroz.
—¿Queso?
—Demasiado caro.
—¿Huevo?
—Tampoco.
—¿Pollo?
—Por allá, al tiempo. Cuando nos pagan la quincena los patrones. Si no compramos el pollo, compramos el arrocito que nos sirve para toda la semana.
—¿Cada cuánto compran ropa en su familia?
—En las temporadas, compramos dos, tres mudadas y con eso pasamos el año.
—¿Puedo preguntarle cuánto dinero anda ahorita en la bolsa?
—Ahorita no ando nada. Ahorita el real que vamos haciendo lo vamos gastando en la comida, en el maíz, que está caro, y el frijol, que está caro.
Por la ruta de Santa Rosa a Ocotal vienen caminando dos señoras que rondan los 70 años, peinadas de moña, con ropa de ir al pueblo y chinelas de gancho. Una de ellas trae una pana con pipianes grandes, algunos moños de espinacas y unas remolachas diminutas. La otra carga un saco y adentro una gallina.
En las comunidades de Ocotal la mayoría de los pobladores se dedica a la agricultura. Siembran en pequeñas parcelas y luego llevan el producto a vender a los mercados locales. Sus casas son rústicas y un reflejo de la pobreza en la zona| Divergentes.
Van para el mercado de Ocotal a vender lo que sacaron de sus fincas. Fincas pequeñas como su mercadería. Es probable que las remolachas estén muy prematuras, pero doña Luisa quiere ganar por lo menos 200 córdobas (5.6 dólares al cambio oficial) con esta venta. Su acompañante, doña Olga, pedirá lo mismo por la gallina y usará el dinero para comprar arroz y frijoles, tal vez queso.
“Lo que vende uno está barato y lo que está en el mercado está caro”, se queja abrazando a la gallina, que ha sacado medio cuerpo del saco.
Antes se pasaba menos hambre, dice doña Luisa. “Son diez hijos los que tengo y ellos no perecían porque la comida la teníamos. El frijol, el maíz, el millón, eso lo teníamos, pero hoy por hoy estamos así, todo lo compramos y a veces no sacamos nada. Esta vez nadie tiene, estamos sin nada”.
“Yo me acuerdo que íbamos con mi papá para allá, en la loma, y era pinalón, pero hoy por hoy no hay, ahora está todo deteriorado”, rememora doña Luisa. “No quedó nada, solo potreros, que los han chapeado, los queman y no hay nada. Ni lluvia hay”.
Ella, que ha vivido toda su vida en esta tierra, ha visto los ciclos del bosque, incluyendo las plagas de gorgojo, reales y falsas. El gorgojo descortezador, que de cuando en cuando afecta los pinares del norte nicaragüense, ha sido utilizado para deforestar el bosque, incluso en áreas protegidas, con el pretexto de evitar su propagación. Sin embargo, el Grupo Cocibolca y comunitarios entrevistados por este medio de comunicación, afirman que el supuesto saneamiento solo es una excusa para extraer madera sana.
“Entran los camiones que se llevan el pino y el Marena dice que es por el gorgojo descortezador. Mentira”, afirma doña Luisa. Truezan unos palitos chavalitos, que es como que un niño se muera jovencito. Son unos palitos jovencitos que hasta da lástima. Yo he visto ese despale. No hay gorgojo. Los gorgojos son ellos”, insiste.
Los que sí se benefician en grande con la extracción del pino son los empresarios madereros. El Observatorio de Las Segovias, una organización espontánea de ciudadanos integrada por habitantes de las comunidades de este departamento, lleva un registro mensual de los camiones que ingresan al área protegida de la cordillera Dipilto-Jalapa.
Para recolectar esta información, los ciudadanos que habitan en Dipilto, Ocotal, Jalapa, Mozonte y San Fernando, llenan una especie de formulario y luego pasan los datos al centro de control del observatorio, donde son organizados y chequeados.
La información está ordenada por fecha y hora en que fue visto el camión, lugar o municipio, número de placa y un cuadro de observaciones que ofrecen datos relevantes sobre el destino de la madera. También se dejan registros de detalles especialmente irregulares; por ejemplo, las cargas que salen de noche o de madrugada, horarios en los que, en teoría, es ilegal transportar la madera.
En el primer trimestre de 2022, el observatorio reportó 165 camiones que salieron de la reserva natural rumbo a los principales aserríos de Ocotal. El total de cargas se contabiliza de la siguiente forma: en enero 51; en febrero, 28; en marzo, 86, según consta en esa base de datos.
“Una vez en el aserrío, la madera es procesada y luego transportada hacia Corinto y Puerto Cabezas”, expresa Camilo, trabajador de una de las empresas madereras que habló con DIVERGENTES y CONNECTAS bajo la condición de anonimato.
Este medio de comunicación buscó en los sitios oficiales del Gobierno información sobre los volúmenes exportados de madera de pino aserrada; pero esos datos no aparecen en ninguno de los documentos disponibles. Tampoco existe un registro público que detalle el destino de la madera extraída en el país.
Para exponer la ganancia aproximada de la extracción de madera de pino, Camilo reveló información que pocos se atreven a compartir con la prensa independiente.
A la reserva natural únicamente entran camiones de doble eje por el complicado acceso a la zona. En una sola carga, estos vehículos pesados pueden sacar 15 metros cúbicos de madera de pino en rollo (sin procesar).
“Luego, a cada metro cúbico se le saca 300 pies tablares. Y el pie tablar anda costando por lo menos 400 córdobas”, explicó Camilo. Si multiplicamos las cifras expuestas por el trabajador de la empresa maderera, los ingresos por metro cúbico es de 120,000 córdobas, un aproximado de 3,380 dólares.
Es decir que en solo 15 metros cúbicos una empresa maderera gana aproximadamente 50,700 dólares. Y esta suma podría aumentar fácilmente si tomamos como referencia la base de datos del Observatorio de Las Segovias.
Si cada camión saca una carga de 15 metros cúbicos, entonces los 86 que reportó la organización en marzo, al menos generaron 4,360,200 dólares. Todo esto sin tomar en cuenta el enorme subregistro, derivado de la discrecionalidad, la ilegalidad y la corrupción.
“Estos son los (camiones) que vemos quienes realizamos el monitoreo, pero de la reserva protegida salen muchos más”, aclara Gabriela, una ciudadana de 48 años que vive en las afueras de Ocotal y que forma parte del observatorio.
En Nueva Segovia el Grupo Cocibolca ha registrado al menos 29 empresas madereras. Las compañías más grandes acostumbran contratar aserríos menores para preparar la madera extraída del bosque. DIVERGENTES y CONNECTAS visitaron dos de ellos en Las Segovias y constató la presencia de camiones cargados.
Aparte de la clásica justificación del gorgojo descortezador, las compañías madereras suelen usar la excusa de los incendios forestales para entrar a talar los pinares. La mayoría de esos incendios son provocados, asegura David, campesino nacido y criado en Mozonte, que habló bajo anonimato.
“Este año prácticamente no hubo incendios en nuestro territorio, pero sí en San Fernando. Fueron provocados, porque el año pasado no llovió mucho y cuando no llueve aquí en esta zona, pues el pasto no crece y por lo tanto incendios no hay. Si hubiera un incendio, sería provocado”, explica David, apelando a sus años de experiencia. San Fernando, precisamente, es el municipio que contiene la mayor parte del área protegida: 48 por ciento del total de la reserva.
En su visita de campo, DIVERGENTES y CONNECTAS comprobaron que en algunos lugares los árboles quemados seguían en pie, mientras que los sanos habían sido cortados para comercio de madera.
En el área protegida de la reserva es el cultivo de café lo que ha venido ganando terreno. El informe realizado a partir de imágenes satelitales reveló que el cultivo de café de sombra en la Reserva Natural Cordillera Dipilto-Jalapa pasó de 5,231.96 hectáreas en 2007 a 18,723.71 en 2022.
Esta actividad es menos dañina que la siembra de monocultivos y la ganadería, pero no debería practicarse en zonas núcleo cuya vocación es meramente forestal, apunta el activista Amaru Ruiz.
La situación de los habitantes de la cordillera no es alentadora. Para Esteban, campesino de Mozonte, “aquí lo que se espera es más pobreza… más pobreza, así de sencillo”. Está convencido de que muchas personas morirán en la zona, porque se alimentan mal y no tienen defensas para hacer frente a enfermedades como el Covid-19.
A Ignacio también le preocupa la alimentación suya y de su gente. “El otro día estábamos haciendo cuentas, y nosotros con costo pasamos el día con 100 córdobas. En mi familia somos cuatro y a veces, pues, agua, tortillas y eso es todo”, dice. “Aquí no hay empleo, aquí no hay nada. El Gobierno, juntamente con las autoridades municipales, nos ha abandonado, pero Dios no nos abandona. Él nos dio maicito, nos dio el poquito de frijol. Y ahí estamos, sobreviviendo por pura misericordia”.
Trece decretos para acabar con una reserva natural en Nicaragua es una investigación para:
Con el apoyo de:
Este trabajo fue realizado por Divergentes y CONNECTAS con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.
