Sin que ningún partido tenga mayoría simple (66 diputados), este miércoles el Congreso Nacional de Honduras elegirá – con mayoría calificada (no menos de 86 votos) – a los nuevos 15 magistrados que integrarán la Corte Suprema de Justicia para el período 2023-2030. Los magistrados serán escogidos de una lista de 45 candidatos que proporcionó la Junta Nominadora el lunes pasado.
En la mañana de hoy se desarrolla un acto protocolario con la instalación de la segunda legislatura en donde los tres presidentes de Estado (Rolando Argueta, Luis Redondo y Xiomara Castro) rendirán un informe. La presidenta Xiomara Castro lo hará de forma breve a través de una videoconferencia desde Argentina, en donde se encuentra para atender la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
La sesión para elegir la nueva CSJ está convocada para la tarde de este día y comenzará una vez que se compruebe el quórum necesario (mínimo 86 diputados).
Pero en esta elección los escenarios son variados: desde un acuerdo entre Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Nacional que defina la elección en menos de cinco minutos, hasta el fracaso del sistema de nómina que provoque que la elección se extienda por varios días.
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En las pasadas elecciones generales, Libre obtuvo 50 diputados, el Partido Nacional 44, el Partido Liberal 22, el Partido Salvador de Honduras (PSH) 10, el Partido Anticorrupción y la Democracia Cristiana un diputado cada uno. En la mayoría de estos partidos han existido divisiones internas.
“Imposible que Libre pueda lograr ocho magistrados”
La designada presidencial Doris Gutiérrez, quien estará presente en el Congreso Nacional en representación de la presidenta Xiomara Castro, expresó a Contracorriente que ella presentará un informe breve, porque la presidenta tendrá una participación previa desde Argentina.
Doris Guitiérrez, quién fue diputada durante más de 20 años, aseguró que le ha tocado estar en tres elecciones de la CSJ, en las que siempre el partido de Gobierno ha logrado ocho de los 15 magistrados; sin embargo, dejó claro que, actualmente, estamos en otro contexto social y político.
“Yo pienso que las condiciones ahorita no están dadas para que haya una hegemonía de este poder del Estado. Es imposible que cualquiera de los partidos políticos pueda tener ocho diputados. Yo lo veo imposible. Que Libre pueda tener ocho o que los liberales puedan tener ocho. O que los nacionalistas puedan tener ocho. Lo veo difícil. Actualmente debe de haber una alianza, no hay de otra”.
Doris Gutiérrez afirmó que, según lo observado, no hay consenso todavía entre las bancadas y espera que se pueda llegar a un diálogo.
Silvia Ayala, diputada del Partido Libre, afirmó que su partido tiene “garantizados” los 50 votos del partido para poder escoger a los magistrados y magistradas de la próxima Corte y prometió que, como Partido Libre, respetarán el listado enviado por la Junta Nominadora ya que tienen claro que “solo podemos escoger a los 15 magistrados y magistradas de entre los al menos 45 candidatos que nos remitan”.
Doris Gutiérrez detalló que ha tenido información de que la bancada nacionalista está pidiendo cinco magistrados para poder avanzar a una votación en el Congreso Nacional. La misma cantidad de magistrados ha solicitado el Partido Liberal, lo que dejaría al partido Libre con los restantes cinco magistrados.
“«”Históricamente el partido de Gobierno es el que tiene el control de la CSJ, pero en esta situación, aunque la presidenta Xiomara ganó con una votación inédita, los diputados de Libre no llegan ni a 65, entonces depende de la capacidad que la bancada de Libre tenga para poder dialogar con las otras bancadas”, añadió Doris Gutiérrez.
Según un análisis de Contracorriente sobre lo expuesto en el proceso de selección de los 45 candidatos a la Corte Suprema de Justicia, 11 candidatos actuales tienen afinidad explícita con el Partido Nacional, 5 con el Partido Liberal, 6 con el Partido Libertad y Refundación y 19 no muestran afinidad partidaria explícita.
Pactos en el Congreso buscan impunidad
Pero en el Congreso no solo hay que tomar en cuenta los asuntos político partidarios. Desde el 2016, una treintena de congresistas, algunos de estos todavía en el Congreso (Antonio Rivera, Alberto Chedrani, Gladys Aurora López, Milton Jesús Puerto Oseguera, Tomás Zambrano y Wilson Rolando Pineda), han sido acusados e investigados por corrupción.
La extinta Misión de Apoyo contra la Impunidad (MACCIH) reveló redes de corrupción que operaban desde el Congreso Nacional, la más conocida fue el Caso Pandora.
Los diputados denunciados o acusados son de los tres partidos principales, el Partido Nacional y el Partido Liberal y en otros casos de denuncia también tres diputados del Partido Libre (Edgardo Casaña, Rasel Tomé y Mauricio Rivera).
Pero también existen diputados sancionados por los Estados Unidos en la Lista Engel de actores corruptos y en ese país se están llevando a cabo juicios contra ex congresistas, lo cual abre posibilidades de más órdenes de extradición.
“En ese Congreso, siempre ha habido conflictos de interés; la mayoría de los diputados son empresarios, otros son ganaderos, otros han estado en cuestiones ilícitas, ahorita hay dos o tres extraditados en Estados Unidos que han sido diputados. Hay diputados de los que dicen que siguen en eso. Conflictos de interés siempre hay”, manifestó Doris Gutiérrez.
El abogado Luis Javier Santos, fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), expresó a Contracorriente que “lo mínimo que tendrían que hacer estos diputados es excusarse, hacerse a un lado y dejar a otros miembros o a sus suplentes que participen en la elección de los magistrados. Si ellos participan, es claro que ahí hay un interés o va a haber un conflicto de intereses para que estos casos que se han cerrado desde la Corte Suprema de Justicia se archiven”, afirmó Santos.
Santos puso como ejemplo el caso Red de Diputados, que vincula a más de 200 excongresistas de varias administraciones y a congresistas activos en la actualidad.
Para el fiscal de la UFERCO, la elección de la CSJ es solo un primer paso, pues luego viene la elección del Fiscal General. «Lo otro es contar con un fiscal general o con un Ministerio Público que tenga como política prioritaria dentro de la institución la lucha contra la corrupción, la defensa de los Derechos Humanos, la lucha contra la criminalidad organizada y la defensa del medioambiente. Yo creo que no son incompatibles. Yo creo que esos son los cuatro pilares», expuso el jefe de la UFERCO.
“Sabemos que podrían declarar sin efecto otros artículos de la Constitución”
El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Yani Rosenthal Hidalgo – quien estuvo tres años preso en los EE.UU. por delitos relacionados al lavado de activos derivados del narcotráfico –, expresó a Contracorriente estar satisfecho con el trabajo de la Junta Nominadora y reconoció que, políticamente, siempre, al llegar al Congreso, existe un “componente político e ideológico” que tiene que tomarse en cuenta, porque “todos los diputados son electos como miembros de partidos políticos y al ellos participar en este proceso, pues evidentemente que hay un interés en ese sentido”.
Al consultarle a Yani Rosenthal si el Partido Liberal apoya el proyecto de Libre de una Asamblea Nacional Constituyente, este manifestó que al Partido Liberal le interesan las cosas que el partido le ha aportado a la Constitución «especialmente todo el tema de derechos humanos, libertad de prensa y libertad de expresión».
“Sin duda que una Corte Suprema siempre tiene la capacidad, por lo menos de eliminar artículos de la Constitución como lo vimos con el artículo 239 que eliminó Juan Orlando Hernández cuando él aspiraba a reelegirse, recordemos que él logró que se eliminara uno de los artículos, ese es un precedente de algo que nunca había ocurrido antes, pero que ocurrió en el período pasado y es algo que no queremos que vuelva a ocurrir, sabemos que podrían declarar sin efecto otros artículos de la Constitución y nosotros, uno de nuestros temas es el aspecto ideológico, es que esa Constitución no vaya a ser trastocada mediante fallos de la Corte Suprema de Justicia”, indicó Yani Rosenthal.
Aunque la Constitución es clara en cuanto al período en el que se debe elegir la CSJ, Yani Rosenthal planteó que la Corte actual termina sus funciones hasta el 11 de febrero.
“Hoy estamos ante una disyuntiva, en el sentido de que esta Corte fue electa un 11 de febrero y la Constitución dice que están electas por siete años a partir del día que fueron juramentados y entonces ellos concluirían su período el 11 de febrero, si hubiera una nómina, como usted me preguntaba, y se elige con esa nómina, y ese mismo día [ 25 de enero] son juramentados ¿qué ocurre si aquellos vacan hasta el 11 de febrero? es una pregunta que se la he hecho a abogados muy conocedores de la Constitución y se quedan dudando porque no había ocurrido esto antes”, expuso Yani.
La actual Corte, que ha sido fuertemente cuestionada por haber apoyado a Juan Orlando Hernández y por obstaculizar procesos contra actores corruptos, tiene hasta el 11 de febrero para terminar su periodo y actualmente analiza recursos de inconstitucionalidad en contra del decreto de amnistía aprobado por el gobierno actual.
Sobre una alianza entre Libre y el Partido Nacional, Yani Rosenthal afirmó que eso sería sorprendente tras las muchas críticas de Libre cuando en el pasado se hacía lo mismo. “Después de todos los cuestionamientos que Libre le ha hecho al Partido Nacional, llegar a una alianza con ellos, para mí eso sería una gran sorpresa, debe haber una discusión entre todas las bancadas. En el Congreso hay cuatro bancadas grandes más dos diputados, uno cada uno de partidos más pequeños”, dijo.
Nasralla: “Están ofreciéndole dinero a los corruptos”
Salvador Nasralla, fundador del Partido Salvador de Honduras (PSH) y actual designado presidencial, afirmó que en este momento “Libre tiene la posibilidad de apoderarse del país más rápido de lo que pensaba adueñándose de la CSJ, para cambiar todas las leyes del país”.
Al consultarle a Salvador Nasralla si lo anterior justifica que su partido busque una alianza con el Partido Nacional, el designado presidencial no negó ese extremo, pero matizó: “No son alianzas partidarias, son discusiones entre personas”.
Nasralla afirmó a Contracorriente que existen al interior del Congreso Nacional ofrecimientos de dinero a cambio de votos. “Entiendo que empezó ayer [lunes] y eso tiene que ver con la moral de la gente. ¡Están ofreciéndole dinero a los corruptos, hay un montón de gente corrupta en ese Congreso!”.
“Él, Mel Zelaya, debe tener dinero, por eso dejaron tanto pisto guardado en el presupuesto y no ejecutaron el presupuesto anterior; la plata la van a utilizar, esa arma es necesaria para valerse de la poca moral de algunas personas que están en el Congreso”, expresó Nasralla.
Aunque el PSH formalmente cuenta con 10 diputados, Nasralla dice que solo cuentan con 9 votos, porque Luis Redondo, el presidente del Congreso Nacional, no sigue la línea de su partido. “Él va a seguir las instrucciones de Mel Zelaya”, expresó Nasralla.
Nasralla confirmó a Contracorriente que, afuera del Congreso, hay actores que no son diputados que están negociando la conformación de la CSJ. “En el Partido Nacional está negociando Nasry Asfura y Tomás Zambrano y en el Partido Liberal está Yani Rosenthal y Mario Segura, son los líderes visibles; creo que esos cuatro están representando a los partidos tradicionales. En el partido Libre la cabeza es “Mel”, hay alguna gente que le dice cosas, pero es “Mel” quien manda”.
La diputada del PSH, Ligia Ramos, afirmó a Contracorriente que hay un ambiente tenso en el Congreso Nacional, aunque dijo que no han recibido presiones “de ningún grupo particular ni de ningún partido político”.
“Hay personas que ya han estado o están en estructuras dentro del poder judicial y del Ministerio Público que han contribuido con 12 años de no tener acceso a la justicia, no vamos a votar por personas que podamos encontrar nexos, aunque no haya acusaciones”, expresó Ligia Ramos.
Ramos afirmó que ninguno de los diputados del PSH ha recibido ofrecimientos de dinero; no obstante, sostuvo que “esos poderes fácticos y del crimen organizado saben a quiénes ofrecer y a quién no”.
Más tarde, el PSH acordó en una reunión de bancada que el día de la elección no votarían por candidatos y candidatas que presentan vínculos con actores corruptos.
En manos de los diputados y diputadas de Honduras está la posibilidad de que se pueda avanzar en un proceso de fortalecimiento al Estado de derecho o, por el contrario, hacia la consolidación de la impunidad y el debilitamiento de la institucionalidad.