La derogación, el pasado 29 de octubre, de la Ley 1202, Ley de Creación de la Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y de Resolución Alterna de Conflictos, significó la eliminación de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC)- Ley 1287, una institución a la que los nicaragüenses podrían recurrir para resolver determinados conflictos mediante mecanismos como la mediación.
La Asamblea Nacional, a través de la diputada sandinista, Loria Dixón, justificó la medida bajo el argumento de evitar “duplicidades institucionales” y fortalecer la seguridad jurídica, una decisión que se fundamenta en los principios de “legalidad, eficiencia administrativa y racionalización del Estado”.
Pero, ¿qué función cumplía la DIRAC y qué significa su eliminación? Te explicamos en este Diver-Check.
La DIRAC: una vía alternativa antes de llegar a los tribunales
Según la ley derogada, la DIRAC era una “dependencia especializada, encargada de brindar el marco institucional y técnico para el funcionamiento de la mediación, conciliación, arbitraje, y otros métodos alternos de solución de conflictos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente”.
A través de estos mecanismos, la DIRAC ofrecía servicios confidenciales, gratuitos, colaborativos y voluntarios, en el ámbito público para la resolución de conflictos en materias civil, mercantil, agraria, de familia, patrimonial y penal, en el caso de delitos menos graves y faltas.
Es decir, la DIRAC fungía como una dirección en la cual las personas tenían una serie de procesos alternativos al litigio judicial, con el fin de alcanzar soluciones satisfactorias para las partes involucradas antes de llegar a un proceso judicial y promover “una cultura de diálogo y paz”, tal como establecía su eslogan.
Con la eliminación de la DIRAC, no significa que los nicaragüenses ya no pueden recurrir a la mediación. Lo que cambia es la institución que brindaba ese marco institucional y técnico, abriendo interrogantes entre abogados y notarios sobre cómo queda regulada, y dónde debe realizarse la mediación, principalmente en la vía civil.
¿Sigue siendo obligatoria la mediación antes de presentar una demanda?
El abogado Juan Carlos Torres González del despacho Jurídico Torres explica en un video publicado en sus redes sociales, que aunque se haya eliminado la DIRAC, el Código Procesal Civil de Nicaragua (CPCN) establece que antes de interponer una demanda, las partes deberán acudir a las sedes de la Dirección de Resolución Alterna de Conflicto o un centro de mediación autorizado y supervisado por dicha dirección, con el fin de procurar resolver el conflicto para evitar el inicio de un proceso judicial.
Con la decisión de la Asamblea Nacional de eliminar la DIRAC, el abogado advierte que la Ley 1287 también dejó sin efecto los trámites que el ordenamiento jurídico nacional establecía ante esta institución.
“Esta disposición señala literalmente que quedan sin efecto legal todas las disposiciones del ordenamiento jurídico nacional que establezcan trámites ante la DIRAC, así como las acreditaciones otorgadas por estas a personas naturales y jurídicas para operar como mediador, árbitro y centros de mediación o entidades administrativas de mecanismos de resolución alternas de controversia”, dice.
Sin embargo, enfatiza que el artículo 407 del CPCN retoma el uso de la mediación previa al proceso. Este dice no fue derogado expresamente por la Ley 1287, pero desde su perspectiva existe “un fundamento jurídico para sostener que […] produce una derogación tácita respecto a la exigencia de mediación previa en los términos en que estaba regulada en el CPCN”.
Aunque, aclara que en el ordenamiento jurídico del país continúa vigente la Ley 540, que regula la mediación y el arbitraje. Por tanto, “las partes deben conservar la posibilidad de acudir voluntariamente a este mecanismo alternativo de solución de conflictos para resolver sus controversias conforme a lo que dispone”.
Según Torres, la derogación de la DIRAC no elimina la mediación como mecanismo alternativo de solución de conflictos. La discusión, sin embargo, se centra en otro punto: cómo queda ahora la exigencia de recurrir previamente a la mediación cuando esta constituye un requisito procesal para presentar una demanda.
Esa interrogante ya ha tenido consecuencias en la práctica. Un abogado consultado por DIVERGENTES, en condición de anonimato, relató que una demanda que llevaba fue rechazada por un juez en un contexto marcado por la eliminación de la DIRAC y las dudas sobre cómo debía cumplirse el requisito de mediación en la vía civil. La resolución judicial señaló que la demanda incumplía con lo establecido en el artículo 421, inciso 1, del Código Procesal Civil de Nicaragua, sobre los anexos que deben acompañar una demanda.
Según la resolución, debía presentarse una “constancia de no acuerdo en el trámite de mediación” y, al considerar que este requisito constituye “presupuesto procesal de orden público y de obligatorio cumplimiento”, el juez determinó que era insubsanable para admitir la demanda y resolvió su no admisión.
En la práctica, esto significa que, con base en el artículo 421 del Código Procesal Civil, para determinados procesos en la vía civil es necesario acreditar previamente el agotamiento del trámite de mediación e incorporar la constancia correspondiente a la demanda. Esta acción, según el abogado, originó que lo enviaran a desglosar el expediente y volverlo a presentar, pero esta vez con la constancia del agotamiento de la vía administrativa.
El especialista menciona que, hasta el momento, tiene conocimiento de que la mediación se realiza en la Procuraduría General de la República, que sirve como el instrumento para el agotamiento de la vía administrativa como lo demanda el CPCN, y la Ley 540.
Dudas por el cierre de la DIRAC
Según la fuente consultada por este medio, el problema radica más en el vía civil, pues en lo penal, familiar y laboral, dice que “no se necesita a la DIRAC porque la audiencia preliminar con vista a inicial, el juez realiza el proceso, y no es un requerimiento obligatorio con presupuesto procesal, pero sí en la vía civil”.
Es decir, en un proceso penal, el jurista explica que durante la audiencia preliminar, con vista a la audiencia inicial, las partes aún pueden proponer acuerdos para resolver el conflicto a través de la mediación.
En la audiencia el juez automáticamente lo realiza, y pregunta que quieren llegar a una mediación previa en base a lo que establece el artículo 56 y siguientes del Código Procesal Penal de Nicaragua, Ley 406.
“En los casos en que la mediación proceda, de previo a la presentación de la acusación o querella, la víctima o el imputado podrán acudir en procura de un acuerdo total o parcial ante un abogado o notario debidamente autorizado, o ante la Defensoría Pública o un facilitador de justicia en zonas rurales, acreditado por la Corte Suprema de Justicia para mediar”, dice el artículo 57 del Código Procesal Penal.
Si se llegase a lograr un acuerdo total, se deja constar en acta que las partes someterán a la consideración del Ministerio Público, el que dentro del plazo de cinco días deberá pronunciarse sobre su procedencia y validez.
También el proceso de mediación, basado en el artículo 58 del CPPN, se puede realizar durante el proceso. Es decir, una vez iniciado el proceso penal y siempre que se trate de los casos en que el Código autorice la mediación, el acusado y la víctima podrán solicitar al Ministerio Público la celebración de un trámite de mediación. De lograrse acuerdo parcial o total, el fiscal presentará el acta correspondiente ante el juez de la causa. El CPPN deja claro que “estos acuerdos pueden tomar lugar en cualquier etapa del proceso hasta antes de la sentencia o del veredicto en su caso”.
Otro ejemplo de la falta de directrices sobre cómo proceder tras la eliminación de la DIRAC es el que compartió en sus redes sociales el director jurídico del despacho legal Flores & Asociados. El abogado relató una experiencia reciente en la vía penal, relacionada con un caso patrimonial, en la que logró formalizar un acuerdo de mediación mediante la fe pública notarial y una escritura pública como herramientas para dar validez al acuerdo.
“Posiblemente hay un vacío legal porque la función de la DIRAC era certificar estos acuerdos vía Ministerio Público y vía Judicial”, entonces indicó que al aperturar la audiencia se apoyó de la “la Ley del Notario a través de la fe pública se convierte en una herramienta útil” en este proceso.
Solicitó el principio de oportunidad que indica el Código Penal, presentó la propuesta, y formalizó con una escritura pública los acuerdos y se le dio la validez ante el juez y la Fiscalía. El abogado recalca en su video que espera que en un futuro cercano haya una nueva disposición que oriente a los abogados frente a la eliminación de la DIRAC y sus centros de mediación y arbitraje.
Este mismo proceso puede ocurrir en la “vía familiar, igual en la vía laboral también funciona así, no necesita el agotamiento de la vía administrativa. No necesitás de la DIRAC, pero en la vía civil sí, porque se necesita obligatoriamente la constancia del agotamiento de la vía administrativa”, indica el abogado consultado por DIVERGENTES.
Crece preocupación por la mora judicial
Para el abogado constitucionalista Juan Diego Barberena, la decisión de la Asamblea Nacional de eliminar la DIRAC tiene varias implicaciones. Una de las principales, explica, es la desaparición de una instancia institucional que permitía a las partes intentar resolver sus controversias antes de llegar a una conclusión judicial.
Barberena aclara que la eliminación de la DIRAC no significa que desaparezcan la mediación o el arbitraje del ordenamiento jurídico nicaragüense. Dependiendo de la materia y la vía en la que se tramite el conflicto, existen otros cuerpos legales que continúan contemplando estos mecanismos.
Lo que cambia, según explica, es la posibilidad de que las partes acudieran a una instancia especializada, con mediadores y personal capacitado, para intentar alcanzar un acuerdo antes de iniciar un juicio.
“La constancia de ausencia de acuerdo conciliatorio servía como prueba suficiente para ir a interponer una demanda. El tema es que lo que se procuraba era generar una cultura de resolución por medio de la mediación o la conciliación, y no únicamente una cultura de judicialización de los conflictos”, señala.
Para Barberena, la eliminación de esta instancia previa también podría tener consecuencias en el funcionamiento del sistema de justicia. Le preocupa que un mayor número de conflictos llegue directamente a los juzgados, aumentando la carga de trabajo de los jueces y, con ello, la mora judicial y la retardación en la resolución de las controversias.
Esto, advierte, puede afectar el derecho de los ciudadanos a acceder a una justicia pronta y efectiva. “En eso principalmente afecta el derecho al acceso a la justicia pronta y efectiva que tienen los ciudadanos como indica la Convención Americana de Derechos Humanos”.