La COVID-19 golpeó doblemente a Darling Baquedano. La operaria de zona franca primero se contagió en la planta de procesamiento textil Tegra, y a finales de julio se quedó sin trabajo. Todo ha sido complicado para ella: no ha podido cobrar su liquidación porque reclama su reintegro laboral, al considerar que el despido fue injustificado.
Baquedano fue despedida en el pico más alto de la curva de contagio de COVID-19 en Nicaragua, mientras la economía de este país centroamericano seguía hundiéndose tras la agudización de la recesión causada por la epidemia. Esto se sumó al panorama negativo que la economía arrastra desde el inicio de la crisis sociopolítica en abril de 2018.
En las últimas semanas, aduciendo que los compradores han suspendido los pedidos, Tegra ha despedido a 883 trabajadores además de a Baquedano. Esta zona franca elabora ropa deportiva para prestigiosas marcas y desde que se reportó el primer caso de COVID-19 en el país, nunca detuvo la producción. De modo que los despidos masivos tomaron por sorpresa a la mujer y sus compañeros.
Al revisar la lista de despedidos, Baquedano y sus compañeros constataron que las personas de más edad, las que padecen enfermedades crónicas y quienes habían sufrido accidentes laborales fueron los afectados por el recorte. “Nuestros despidos son injustificados, pero si retiramos el cheque de la liquidación no podemos seguir el proceso de reclamo… entonces ni siquiera con eso contamos”, explica la mujer. Por eso para ella todo es más complicado.
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Para esta mujer de 40 años “lo más grave”, es que Tegra circuló en el resto de empresas textiles el caso del reclamo por reintegro laboral. “Entonces ninguna me va a contratar”, lamenta Baquedano. Además, la doble crisis económica que enfrenta Nicaragua hace más difícil que Baquedano encuentre trabajo en otro sector.
“Después de más de 10 años de trabajar en varias empresas de zona franca me había especializado. Estaba en el área de bordado, entonces ganaba muy bien. Me pagaban por producción, me salían hasta 2.300 córdobas semanales (67 dólares al cambio oficial). Lo menos que sacaba eran 1.900 córdobas semanales. Pero ahora mis hijas y yo estamos viviendo por la gracia de Dios. Hay días que no tenemos nada para comer”, se queja Baquedano.
Pagan los más vulnerables
En Nicaragua la pandemia de COVID-19 ha dejado a miles de trabajadores como Baquedano sin una fuente de ingreso. Aunque el gobierno de Daniel Ortega no impuso cuarentena ni cerró oficialmente sus fronteras, las medidas adoptadas en las naciones vecinas y el resto del mundo aislaron al país. La paralización del transporte aéreo, marítimo y terrestre de pasajeros, establecida por las empresas desde hace casi cinco meses, impactó principalmente en el sector turístico.
Ahora las consecuencias las paga la población más vulnerable en medio del abandono estatal. Ya que Nicaragua es uno de los pocos países que no está impulsando medidas de apoyo directo para los más afectados por esta crisis sanitaria y económica, entre ellos operarios de zonas francas afectados por recortes laborales.
Las consecuencias provocadas por la pandemia del COVID-19 se unieron a las dolencias que enfrenta la economía producto de dos años consecutivos de recesión, provocada por los efectos de la crisis sociopolítica de 2018.
La crisis sanitaria terminó de hundir la economía que ahora, tras una contracción acumulada superior al 10%, transita irremediablemente hacia la depresión.
A las 2,626 muertes y 9,646 contagios (que al 12 de agosto reporta el Observatorio Ciudadano de COVID-19), se suman devastadores efectos que, más allá de reflejar un número rojo en los indicadores económicos, impactan negativamente en la vida de los nicaragüenses.
A eso se sumó la decisión de gran parte de los nicaragüenses que, ante la inacción del régimen ante el virus, optaron por autoconfinarse para evitar contagiarse. También muchas empresas promovieron el trabajo desde casa para garantizar la salud de sus trabajadores. Al final, todas estas acciones semi-paralizaron la actividad económica. Esto afectó principalmente al sector turístico y el comercio de productos no esenciales. Aún no hay cifras oficiales, pero la situación obligó el cierre temporal de cientos de empresas, y se teme que muchas de ellas no podrán reabrir.
Ante esa realidad, la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur) pidió el auxilio estatal para sobrevivir a la pandemia del COVID-19. Entre otras cosas solicitaron moratorias para el pago de los servicios básicos, ya que sus negocios permanecían cerrados. Sin embargo, el llamado de auxilio fue ignorado por el régimen de Ortega. Que tampoco está velando por los miles de nicaragüenses que como Baquedano han quedado desempleados.
A diferencia del resto de los países de la región y el mundo, hasta ahora en Nicaragua no se impulsa ninguna política de transferencia o de otro tipo, dirigida a ayudar a la población y empresas más vulnerables a sobrellevar la crisis. Una de las pocas concesiones gubernamentales ha sido autorizar al sector bancario y de las microfinancieras la aplicación de algunas medidas de alivio para los deudores. La ausencia de apoyos directos, según los especialistas dificultará aún más la recuperación económica.
Bases de crecimiento dañadas
Pese a que en los últimos años el Banco Central de Nicaragua (BCN) suspendió la publicación de indicadores claves, mientras que otros los divulga con retraso, con la poca información disponible, instituciones nacionales y extranjeras han realizado cálculos poco alentadores sobre el futuro de la economía nacional.
El más pesimista es el de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides). Desde abril pasado su proyección es que este año el Producto Interno Bruto (PIB) se contraerá entre 6.5% y 13.7% .
En un rango intermedio se ubica el cálculo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que, tras una actualización realizada en julio, fijó en 8.3% su proyección de caída para este año. Mientras que el Banco Mundial (BM) en su actualización de junio proyectó una reducción del 6.3%. Dicho cálculo es similar al del Fondo Monetario Internacional (FMI) que desde abril predijo que la economía nicaragüense registrará un retroceso del 6%. Números rojos.
“El problema es que a mediano plazo el panorama es complicado y es un punto a tomar en cuenta”, advierte un análisis del Funides. “Vemos otros países de la región cuyas tasas de crecimiento para este año también serán negativas. Pero esperan una recuperación rápida, porque no se están dañando las bases fundamentales de su crecimiento. Pero la situación para Nicaragua es distinta, porque el entorno para hacer negocios se está dañando progresivamente”, advierte el análisis.
Estos números pueden sonar distantes de la realidad de los nicaragüenses de a pie, pero sin duda se ensañan con los más pobres como Baquedano. Esta doble crisis económica mandó al traste la estabilidad económica que le otorgaba el trabajo de operaria de zona franca. La mujer es madre soltera y de ella dependen tres hijas menores de edad. Además, la falta de trabajo pone en riesgo la continuidad del tratamiento contra el cáncer de tiroides que padece. Al perder el trabajo deja de cotizar a la seguridad social. Eso quiere decir que en los próximos dos meses perderá el derecho a la atención en la clínica previsional donde tenía programada una cirugía para completar el tratamiento.
Una reforma tributaria sangrona
Las decisiones que el régimen de Ortega ha tomado desde el inicio de la crisis económica en 2018 tampoco son alentadoras. Una de las más controvertidas fue la reforma tributaria que entró en vigencia a inicios de 2019. A eso se suma la aplicación de reglas y cobros, ajenas al marco legal, que la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) comenzó a aplicar recientemente. Ambas dañan las perspectivas de inversión a mediano plazo. Eso, según Funides, se traduce en menores tasas de potencial crecimiento para los próximos años.
Adicionalmente, a partir de 2018 Estados Unidos ha impuesto una serie de sanciones económicas a funcionarios del régimen de Ortega que son señalados de graves violaciones a los derechos humanos y corrupción. Si bien son sanciones individuales, espantan la inversión extranjera.
Para el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, la crisis se agudiza porque, además del daño a los sectores locales, la COVID-19 afectó también al mercado externo, que se había mantenido ileso de la crisis del 2018.
Estas afectaciones fueron provocadas por la paralización de la actividad comercial de los principales socios comerciales de Nicaragua, entre ellos Estados Unidos, provocando que las principales marcas que maquilan sus productos en Nicaragua suspendieran sus pedidos. Mientras que el cierre de las economías centroamericanas redujo las compras principalmente de los derivados lácteos y productos del mar.
Según Aguerri, las exportaciones de productos tradicionales crecieron, empujadas especialmente por el incremento en el precio del oro. Sin embargo, para el sector de zona franca, el de Baquedano, no se espera una recuperación similar. En gran medida, porque el avance de la COVID-19 sigue retrasando la reapertura económica en Estados Unidos y otros países.
123.400 personas más desempleadas
Aunque en Nicaragua la actividad económica comenzó a reactivarse a nivel interno, el consumo sigue deprimido, especialmente porque como Baquedano, muchas personas han perdido sus fuentes de ingreso. Un salvavidas para el país es que la llegada de remesas sigue creciendo. Eso ayuda a que muchos hogares sobrelleven la crisis.
Pero el dato de crecimiento de las remesas no es oficial, ya que el BCN ni siquiera ha reportado la cifra de 2019, cuando según cálculos de Funides el país percibió unos 1,651 millones de dólares bajo ese concepto.
Pero más allá de los indicadores económicos, estas cifras impactan directamente en la vida de las personas. De concretarse la caída del PIB proyectada por Funides, hasta 123.400 personas podrían perder su empleo este año. En los sectores turístico, comercial y de zona franca, es donde se calcula se perderán más empleos.
Solo en las empresas que operan bajo el régimen de zona franca, según Aguerri, más de 9.000 personas han sido suspendidas de sus empleos. La reactivación de estas plazas depende de la reanudación de las órdenes de compra, que se espera comiencen a llegar hasta en 2021.
La tasa de desempleo abierto, que en 2019 se ubicó en 6.6% podría crecer hasta 9.3%. Los nuevos desempleados, se sumarán a los 213.300 que acumulaba el país al cierre de 2019 para totalizar, al cierre de 2020, unas 336.700 personas sin una fuente segura de ingresos para sobrevivir. La carencia de ingresos para cubrir las necesidades básicas las empuja directamente hacia la pobreza.
Hasta 2.4 millones de nicas pobres
En dependencia del porcentaje de reducción que registre en PIB, la tasa de pobreza general, que en 2019 fue de 28.2%, podría subir a entre 32.2 % y 36.9 %. Esto implica que Nicaragua cerrará el 2020 con entre 200.000 y 600.000 nuevos pobres.
En términos teóricos esto significa que entre 2.1 y 2.4 millones de nicaragüenses, de entre una población de 6.5 millones, tendrán que sobrevivir con 1.76 dólares al día. Es decir, unos 61 córdobas al cambio actual, el equivalente a lo que hasta hace pocos días costaban dos libras de frijoles y menos de lo que cuesta una libra de queso o de carne. Sin embargo, miles como Baquedano hay días en los que no tienen ni siquiera esos 61 córdobas para comer.
Para el presidente del Cosep, más allá de estas cifras y sus consecuencias, el problema es que la COVID-19 aún no se ha superado. Cada vez que se hacen revisiones, las cifras siguen empeorando.
“Aún falta mucha caña que moler, porque con los rebrotes algunos países están retrasando la implementación de medidas de recuperación, por lo que las afectaciones seguirán sumándose… Además la falta de esfuerzos para apoyar a las Pymes al menos con créditos y otras medidas para garantizar el flujo de las empresas impide una pronta recuperación”, admite Aguerri.
Aguerri señala también que, teniendo en cuenta que 2021 es un año “supuestamente electoral”, será casi imposible que empiece la etapa de recuperación. Esta se postergará hasta 2022 y su inicio dependerá también de que la crisis sociopolítica quede solucionada con el proceso electoral previsto para el próximo año.