El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) oficializó la suspensión de todas las solicitudes de asilo, medida que deja en el limbo a millones de personas que buscan protección internacional, incluidos miles de centroamericanos.
El anuncio fue realizado por el director de USCIS, Joe Edlow, a través de la red social X. “USCIS ha suspendido todas las decisiones sobre asilo hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea investigado y evaluado al máximo nivel posible”, declaró el funcionario. Edlow justificó la drástica decisión asegurando que “la seguridad del pueblo estadounidense siempre es nuestra prioridad”.
Esta orden administrativa llega en un momento de máxima tensión, tras el tiroteo ocurrido el miércoles 26 de noviembre en el centro de Washington D. C., donde un miembro de la Guardia Nacional falleció y otro resultó herido. El principal sospechoso, Rahmanullah Lakanwal, es un refugiado afgano que ingresó al país en 2021 y cuyo asilo fue aprobado en 2025.
Un sistema en pausa indefinida
La suspensión de los fallos no tiene una fecha de caducidad establecida. Según datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, al 18 de noviembre de 2025 había más de 2.4 millones de inmigrantes esperando decisiones o audiencias sobre asilo.
Para los nicaragüenses y ciudadanos del Triángulo Norte que huyen de la violencia y la persecución política, esta pausa representa un golpe directo a su estabilidad legal. Aunque la medida se presenta como una respuesta de seguridad nacional tras el incidente con el ciudadano afgano, su aplicación es generalizada, afectando a cualquier solicitante sin importar su nacionalidad o la solidez de su caso.
La administración de Donald Trump no solo ha frenado los nuevos casos, sino que ha iniciado una revisión retroactiva. El USCIS anunció que reexaminará todas las tarjetas de residencia permanente (green cards) emitidas a ciudadanos de 19 países considerados “de interés”.
La retórica del “Tercer Mundo”
Entre las naciones señaladas figuran Afganistán, Irán, Somalia, Libia, Sudán y Yemen. En el contexto latinoamericano, la lista incluye a Cuba, Haití y Venezuela. Aunque Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador no han sido mencionados explícitamente en esta lista preliminar de 19 países, la retórica de la Casa Blanca sobre suspender la inmigración de “países del Tercer Mundo” genera incertidumbre en la región.
Paralelamente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que revisará todos los casos de asilo aprobados durante el mandato del expresidente Joe Biden. Esta decisión busca auditar los procesos de admisión de los últimos cuatro años, bajo la premisa de que los filtros de seguridad anteriores fueron insuficientes.
El presidente Donald Trump ha vinculado el ataque en Washington directamente con las políticas migratorias de su predecesor. En su red social Truth Social, el mandatario expresó su intención de suspender la inmigración para “permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”.
El endurecimiento de las medidas incluye la posibilidad de revocar estatus legales y la eliminación de beneficios federales a no ciudadanos. Mientras las agencias federales como el DHS y USCIS implementan estos nuevos protocolos de “investigación extrema”, la comunidad migrante se enfrenta a un escenario de inseguridad jurídica sin precedentes inmediatos.