La administración de Donald Trump formalizó este viernes 20 de febrero una propuesta de regulación que busca desmantelar el acceso al mercado laboral para quienes solicitan protección internacional en Estados Unidos. La medida no solo extiende los tiempos de espera, sino que establece un requisito de “eficiencia institucional” que, según los propios cálculos del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), equivale a una suspensión de permisos de trabajo por tiempo indefinido.
Desde la década de 1990, la normativa estadounidense permitía a los solicitantes de asilo tramitar un permiso de empleo (EAD) si su caso, no recibía respuesta en 180 días. La nueva propuesta del DHS cambia las reglas: la agencia dejará de aceptar solicitudes de permisos de trabajo, hasta que logre procesar la totalidad de los casos de asilo en un promedio de seis meses.
Actualmente, USCIS enfrenta un colapso burocrático con más de 1.4 millones de solicitudes de asilo afirmativo pendientes, una cifra comparable a la población de New Hampshire. La propia agencia admitió en los documentos de la propuesta que, de no aplicarse este plan, le tomaría “entre 14 y 173 años” alcanzar el estándar de procesamiento de 180 días que ahora exige como condición para que los migrantes trabajen legalmente.
“Los extranjeros no tienen derecho a trabajar mientras procesamos sus solicitudes de asilo”, declaró un portavoz del DHS en el anuncio oficial. La administración sostiene que el sistema actual ha sido explotado como una “vía fácil” para obtener empleo de forma fraudulenta, saturando los recursos de la agencia.
El impacto en la diáspora nicaragüense y regional
Para la comunidad nicaragüense, que ha buscado refugio masivamente en Estados Unidos tras la represión del régimen Ortega-Murillo iniciada en 2018, esta política representa un golpe crítico a su capacidad de subsistencia.
Organizaciones de derechos humanos consultadas por la agencia EFE y medios como CBS News advierten que esta asfixia financiera empuja a los migrantes a la precariedad extrema o al mercado laboral informal, en el cual son vulnerables a la explotación. Asimismo, limita su capacidad para contratar abogados privados, un factor determinante para ganar un caso de asilo.
Esta regulación es parte de la implementación de la Orden Ejecutiva 14159, titulada “Protección del Pueblo Estadounidense contra la Invasión”. El enfoque de la Casa Blanca es reducir los “incentivos” que atraen la migración, calificando la mayoría de las solicitudes como “frívolas o sin mérito”.
Sin embargo, el contexto histórico contradice la premisa de la “eficiencia”. Un informe de la Oficina del Inspector General del DHS en 2024 reveló que el 77% de los casos ya superaban los seis meses de espera antes de estas reformas. Al supeditar un derecho económico a una capacidad operativa que el Estado no posee, la administración Trump cierra de facto la integración de los solicitantes de asilo.
La propuesta entrará ahora en un periodo de 60 días para comentarios públicos en el Registro Federal. Expertos legales prevén que la norma sea impugnada en cortes federales, argumentando que viola la intención de las leyes de refugio al castigar al solicitante por la ineficiencia administrativa del gobierno.