El riesgo de perder propiedades o inversiones sin garantías de recuperarlas figura entre las principales advertencias que hace el Departamento de Estado de Estados Unidos a las empresas interesadas en invertir en Nicaragua.
En su Informe sobre el Clima de Inversión 2026, el Gobierno estadounidense señala que Nicaragua mantiene un historial de expropiaciones sin debido proceso y problemas para garantizar los derechos de propiedad, en un contexto marcado por el control político de las instituciones y la falta de independencia del sistema judicial.
El informe recomienda a los inversionistas actuar con extrema cautela y realizar una revisión exhaustiva antes de adquirir propiedades o colocar capital en el país.
La advertencia no se refiere únicamente a las confiscaciones ejecutadas contra opositores, organizaciones de la sociedad civil, universidades y medios de comunicación. El deterioro de las garantías sobre la propiedad también alcanza a empresas e inversionistas extranjeros.
Uno de los casos recientes es el de BHMB Mining, una empresa de capital extranjero cuyo plantel minero en Palacagüina fue confiscado en 2025. La compañía realizó una inversión estimada en unos 80 millones de dólares. El caso posteriormente provocó acciones del Gobierno estadounidense contra funcionarios y empresas vinculados al sector minero nicaragüense.
El Departamento de Estado advirtió previamente, en su informe de 2024 que Nicaragua acumulaba un largo historial de expropiaciones sin debido proceso y que existía una considerable incertidumbre para garantizar los derechos de propiedad.
Desde 2018, el régimen ha utilizado las confiscaciones contra organizaciones, universidades, cámaras empresariales, opositores y medios independientes. A esto se sumaron las propiedades arrebatadas a más de 300 nicaragüenses despojados de su nacionalidad en 2023.
El informe de 2024 también señaló que el régimen canceló la personalidad jurídica y expropió los bienes de más de 3600 organizaciones y que las autoridades tributarias confiscaron propiedades después de imponer cobros fiscales considerados arbitrarios.
Más control sobre las inversiones extranjeras
El informe de 2026 también advierte sobre un mayor control estatal de las inversiones extranjeras. La Ley de Inversión Extranjera, aprobada en 2025, creó la Comisión Nacional de Inversión Extranjera y estableció un registro obligatorio para los capitales procedentes de otros países.
La comisión puede supervisar las inversiones y determinar los sectores considerados estratégicos. Entre sus integrantes se encuentra Laureano Ortega Murillo, hijo de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo y asesor presidencial para inversiones, comercio y cooperación internacional.
Para el economista nicaragüense Juan Sebastián Chamorro, estas disposiciones reflejan un cambio respecto al escenario que describía el Departamento de Estado un año antes. El problema ya no se limita a las regulaciones excesivas, las confiscaciones, la represión política o la falta de Estado de derecho que aparecían en el informe anterior. A su juicio, el reporte de 2026 muestra una intervención más directa del régimen en las decisiones económicas.
“El reporte del 2026 describe a las instituciones como instrumentos activos de control político y económico”, señala Chamorro.
Chamorro señala que el mayor control sobre las inversiones no se limita a la nueva legislación. El informe también identifica un aumento del acoso fiscal y advierte sobre la importancia de las “conexiones personales” para hacer negocios y obtener beneficios de la dictadura sandinista. Para el economista, estos elementos muestran un entorno en el que las instituciones tienen una participación más directa sobre la actividad económica.
Destaca además que el informe de 2026 pone mayor atención en las inversiones chinas. Mientras el reporte anterior se refería principalmente a las expectativas sobre la llegada de esos capitales, el nuevo documento señala inversiones ya concretadas y ventajas otorgadas a algunas empresas chinas frente a competidores locales y extranjeros.
El economista sostiene que esa combinación coloca en condiciones desiguales a quienes buscan invertir en Nicaragua. El informe, explica, presenta un entorno en el que el Estado aumenta su capacidad de intervenir sobre las inversiones mientras aplica condiciones preferenciales a determinados capitales.
Sin garantías ante los tribunales
El Departamento de Estado señala que las empresas no pueden esperar que los conflictos comerciales o de propiedad sean resueltos mediante un sistema judicial independiente.
En evaluaciones anteriores, Washington ya había advertido que los procesos judiciales en Nicaragua no son confiables y que jueces y otras autoridades están sometidos a presión política. También documentó dificultades para hacer cumplir decisiones relacionadas con la restitución o compensación de propiedades.
Estados Unidos ha advertido durante años sobre títulos contradictorios, deficiencias en los registros y dificultades para reconstruir el historial legal de algunos inmuebles.
En 2023, la Asamblea Nacional trasladó a la Procuraduría General de la República el control del Sistema Nacional de Registros, que anteriormente dependía de la Corte Suprema de Justicia. El Departamento de Estado advirtió entonces que esa reforma facilitaba la confiscación de bienes.
Empresas enfrentan impuestos y regulaciones arbitrarias
Empresas consultadas por Estados Unidos han reportado auditorías fiscales, multas y decisiones aduaneras establecidas por el régimen sandinista consideradas arbitrarias. El Departamento de Estado señala que las autoridades pueden aplicar las regulaciones de manera desigual y favorecer a determinadas empresas.
Las conexiones con funcionarios del régimen también tienen peso para hacer negocios. Washington ha advertido que las relaciones personales con personas cercanas al poder son determinantes para inversionistas extranjeros y que las decisiones adoptadas por ministerios o autoridades locales están sometidas, en la práctica, al control del Ejecutivo.
Las empresas cuentan además con menos espacios colectivos para plantear sus reclamos después de que el régimen canceló en 2023 la personalidad jurídica de 19 cámaras empresariales y confiscó sus bienes. En 2024 fueron eliminadas otras organizaciones empresariales.
La desaparición de esas cámaras dejó a las compañías obligadas a negociar directamente con las instituciones del régimen y con menor capacidad de presión frente a decisiones gubernamentales.
Nicaragua mantiene ventajas económicas, pero aumenta el riesgo
El informe reconoce que Nicaragua conserva condiciones que podrían resultar atractivas para la inversión, entre ellas recursos naturales, costos laborales relativamente bajos, acceso a mercados internacionales y estabilidad macroeconómica.
Sin embargo, esas condiciones conviven con un sistema en el que los inversionistas enfrentan dificultades para garantizar sus propiedades, recurrir decisiones estatales o resolver conflictos ante instituciones independientes.
El contraste es uno de los puntos centrales del informe estadounidense. Nicaragua busca atraer capital extranjero y mantiene incentivos para determinadas inversiones, mientras las decisiones políticas y regulatorias aumentan el riesgo para quienes colocan recursos en el país.
Las nuevas reglas de inversión se suman a un problema que Estados Unidos ha señalado en informes anteriores. En Nicaragua, tener una propiedad o una empresa legalmente registrada no garantiza que el Estado reconozca y respete esos derechos.