El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó a los directores ejecutivos designados en instituciones financieras, incluido el Fondo Monetario Internacional (FMI), “que voten en contra y hagan todo lo posible para denegar cualquier préstamo u otra utilización de los fondos de la institución respectiva” al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua y otros gobiernos incluidos en la lista.
La orden de Biden, enviada al secretario de Estado, Antony Blinken, fue girada en la denominada “Determinación presidencial con respecto a los esfuerzos de los gobiernos extranjeros en relación con la trata de personas”, al amparo de la Ley de Protección de las Víctimas de Trata del año 2000.
“Según lo dispuesto en la sección 110 (d) (1) (B) de la Ley, por la presente instruyó al director ejecutivo de los Estados Unidos de cada banco multilateral de desarrollo, según se define en la Ley, y del Fondo Monetario Internacional, para que voten en contra y hagan todo lo posible para denegar cualquier préstamo u otra utilización de los fondos de la institución respectiva”, dispuso Biden en el memorándum.
Esta medida se aplicará para los gobiernos de Nicaragua, Bielorrusia, Birmania, Cuba, Corea del Norte, Eritrea, Irán, Macao, China, Rusia, Sudán del Sur y Siria.
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Esta medida excluye los préstamos designados a la asistencia humanitaria; asistencia relacionada con el comercio; o ayudas al desarrollo que aborden directamente las necesidades humanas básicas y las que no estén administradas por esos gobiernos.
Este veto de Estados Unidos se aplicará durante el año fiscal 2025 (que va del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025) “hasta que dichos gobiernos cumplan con las normas mínimas de la Ley o realicen esfuerzos significativos para cumplir con las normas mínimas”.
En el mismo memorándum, Biden también determina que durante este año fiscal, Estados Unidos no proporcionará ayuda no humanitaria y no relacionada con el comercio al régimen de Nicaragua, ni permitirá la financiación de su participación en programas de intercambio educativo y cultural por parte de funcionarios o empleados gubernamentales.
La continuidad de los préstamos del BCIE a Nicaragua

A pesar de que Estados Unidos no pertenece al grupo de los 15 países socios del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la institución informó en un comunicado de prensa publicado en su sitio web el pasado miércoles 25 de septiembre, la aprobación de un nuevo financiamiento por 130 millones de dólares, dirigido al programa de mejoramiento y ampliación en cuatro sistemas de agua potable de cinco ciudades de Nicaragua.
“Este programa propone como objetivo general mejorar el nivel y la calidad de vida de la población en los municipios de Ocotal, Camoapa, Diriamba, San Jorge y Buenos Aires, mediante la ampliación y mejora de sus sistemas de agua potable”, indicó la nota de prensa del organismo.
Esto ocurre tan solo un día después que el mismo organismo multilateral renovó el pasado martes 24 de septiembre, una línea de crédito por un monto de hasta 200 millones de dólares al Banco Central de Nicaragua (BCN), para inyectar liquidez a esa institución.
Este crédito fue celebrado por Rosario Murillo, quien lo anunció en uno de sus discursos transmitidos durante esta semana.
Estos nuevos créditos millonarios que el BCIE otorgó a Nicaragua, continúan financiando la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a pesar que este organismo ha recibido fuertes señalamientos por la inyección económica que brindó su anterior presidente Dante Mossi al régimen.
Sin embargo, mientras la comunidad internacional ha dado la espalda a Ortega, el BCIE representado por su actual presidenta ejecutiva, Ana Gisela Sánchez, continúa respaldando financieramente la dictadura sandinista.
Los antecedentes de Dante Mossi con Nicaragua

Mossi asumió la presidencia ejecutiva del banco en plena crisis del régimen de Ortega en el año 2018, cuando la comunidad internacional empezó a darle la espalda por las graves violaciones a los derechos humanos que ejecutó para mantenerse en el poder.
Mientras la cooperación se alejaba y los préstamos de organismos multilaterales disminuían, el BCIE incrementó su cooperación con el régimen nicaragüense. En el 2023, el 26% de las operaciones del BCIE estaban destinadas a Nicaragua, lo que lo convirtió en su principal financiador. En los últimos cinco años el BCIE ha destinado aproximadamente 3500 millones de dólares a Nicaragua.
Según datos oficiales, el BCIE aprobó en el año 2022, 403.5 millones de dólares a Nicaragua, del total de 1871.6 millones que destinó para el financiamiento regional.
“Para mí hay hechos que, desde la perspectiva de un nicaragüense, retratan la gestión de Dante Mossi”, apuntó el economista Enrique Sáenz al medio Infobae. El primero, dice, es “la magnitud de los créditos hacia la dictadura en comparación con los otros países centroamericanos”, incluyendo créditos para la Policía, una institución sancionada por Estados Unidos por la violación a los derechos humanos.
Sáenz añadió que uno de los destinos de los que presumía Mossi es el apoyo al sector de energía eléctrica de Nicaragua. “¿Y qué nos encontramos? Que el principal beneficiario de estos créditos, como empresario privado de la energía, es el mismo Ortega. ¿Cómo pueden invertirse tantos millones, endeudar al país en inversiones en energía si no subió ni la generación, ni el consumo? Obviamente porque hay sectores fraudulentos y turbiamente beneficiados”, afirmó el economista.
Mossi nunca ocultó sus simpatías por la dictadura de Ortega. En julio del año 2022, en declaraciones al periodista Marcos Medina, del medio nicaragüense Canal 12, dijo que le parecían “injustas” las sanciones contra el régimen de Ortega y aseguró que esa institución buscaba mecanismos de “protección” para paliar las sanciones que la comunidad internacional le imponía.
La demanda del BCIE a Mossi

El Banco Centroamericano de Integración Económica informó el jueves 5 de septiembre, que presentó una demanda civil en el Tribunal de Distrito de Columbia en los Estados Unidos contra su expresidente ejecutivo, Dante Mossi.
“La demanda contra el señor Mossi es por incumplimiento del deber fiduciario, manipulación del mercado, interferencia ilícita e incumplimiento de contrato y violación a la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). Esta acción, no solo presenta el esquema ilegal estructurado por el señor Mossi, sino también, sus múltiples violaciones a las políticas del Banco”, indicaron en un comunicado.
Mossi reaccionó con un mensaje en X (antes Twitter), en el que se limitaba a opinar que es “increíble lo que mis colegas del BCIE.org se han enfrascado”.
El BCIE destaca que “lleva a cabo esta acción basado en sus valores y su compromiso con la integridad y la ética, por lo que ha contratado a la firma Gibson, Dunn & Crutcher LLP a través de los abogados Anne Champion y Robert Giannattasio para que lo represente”.
En el documento Central American Bank for Economic Integration v. Dante Mossi, con número de caso 1:24-cv-02544 y archivado en la Corte del Distrito de Columbia, el BCIE alega que Dante Mossi ha lanzado una campaña de “extorsión” contra el banco “para obtener sumas millonarias por concepto de indemnizaciones que no se merece”.
El BCIE se refiere específicamente a una demanda presentada por Mossi el 1 de julio de 2024 ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), que describe como “una forma de extorsión” y la cual “ha tenido un impacto negativo en la capacidad del banco para hacer negocios y ha puesto en riesgo sus relaciones con socios estratégicos, en particular aquellos en Estados Unidos”.
En la demanda presentada por Dante Mossi ante la CCJ, se solicita una indemnización por daños y perjuicios que incluye alrededor de 2.4 millones de dólares por afectación reputacional y moral, y 714 543 dólares por costas del juicio. La demanda supera los tres millones de dólares y se basa en la retención de 6000 dólares por una opinión legal externa que contrató.
Sin embargo, el BCIE argumenta que Mossi “no cesará en sus ataques y su objetivo es obtener una suma considerable que no le corresponde”.
El economista hondureño fue elegido en 2018 para dirigir ese banco regional por un período de cinco años que podía ser prorrogado por cinco años más, pero en su LXIII Asamblea de Gobernadores realizada en República Dominicana en mayo de 2023, se decidió que terminara ese único mandato, y se abrió un periodo de postulaciones que se selló con la contratación de la costarricense Ana Gisela Sánchez, para liderar el banco hasta noviembre de 2028.