El equipo de colaboradores del opositor ruso Alexei Navalny, fallecido el viernes pasado en prisión, afirmó este lunes que los investigadores llevarán a cabo un examen “pericial” de su cuerpo durante al menos 14 días.
“Los investigadores dijeron a los abogados y a la madre de Alexei que no van a entregar el cuerpo y que en los próximos 14 días realizarán análisis químicos, un examen”, declaró este lunes la portavoz del opositor, Kira Yarmish, vía YouTube.
“Los investigadores les han dicho a los abogados y a la madre de Alexei Navalny que no les dan el cuerpo”, ha afirmado Yarmish en su cuenta de la red social X, desde la que venía denunciando todo tipo de trabas para recuperar el cadáver de uno de los principales símbolos de la disidencia al presidente ruso Vladimir Putin.
El Servicio Penitenciario Federal del distrito autónomo ruso de Yamalia-Nenetsia anunció el viernes la muerte de Navalny tras “encontrarse mal durante un paseo”.
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Moscú ha rechazado las críticas por su fallecimiento y ha pedido esperar los resultados de la autopsia.
El activista de 47 años llevaba encarcelado desde su detención en enero de 2021, cuando regresó a Moscú desde Berlín, donde había estado recuperándose de un envenenamiento que tanto él como los gobiernos occidentales atribuyeron al servicio de seguridad de Putin.
“Si alguien muere bajo custodia del Estado, se presume que el Estado es responsable, una responsabilidad que sólo puede refutarse mediante una investigación imparcial, exhaustiva y transparente llevada a cabo por un órgano independiente”, declaró Liz Throssell, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
El organismo pidió a Rusia “que garantice que se lleva a cabo una investigación creíble de ese tipo”. Todo Estado tiene un deber reforzado de proteger la vida de las personas privadas de libertad, afirmó la oficina de derechos de la ONU.
Los presos políticos de Nicaragua sin un proceso de investigación
En Nicaragua existen cuatro casos de presos políticos muertos en las cárceles y sobre quienes no han realizado ningún tipo de investigación.
La primera víctima de las cárceles del régimen Ortega-Murillo fue Eddy Montes Praslin el 16 de mayo de 2019.
Fue asesinado por un custodio que le disparó con un AK-47, en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como cárcel La Modelo. Había sido detenido por participar en las protestas civiles contra los delitos cometidos por parte de la dictadura.
Luego, en la madrugada del sábado 12 de febrero de 2022, falleció el general en retiro Hugo Torres Jiménez a los 73 años, tras 244 días de su captura como parte de la represión política en Nicaragua. La familia confirmó su deceso, indicando que, respetando su voluntad, no harían honras fúnebres. Torres, reconocido por su participación en la historia de Nicaragua, fue un comandante guerrillero que lideró operativos para rescatar presos políticos durante la dictadura de Somoza.
El tercer caso es el de Santos Sebastián Flores Castillo quien en el año 2013 fue acusado de violación sexual agravada, un cargo que, según organismos de derechos humanos, tenía motivaciones políticas y carecía de fundamento. La supuesta víctima era una funcionaria del Poder Judicial con la que mantenía una relación amorosa.
Fue condenado a quince años de prisión en un proceso presuntamente acelerado por orden de Ortega, sin contar con la asistencia de un defensor privado, y se le confiscaron propiedades.
Formaba parte del grupo de presos políticos detenidos antes de la crisis sociopolítica de 2018. Su encarcelamiento ocurrió después que acusó al mandatario Daniel Ortega de haber violado a su hermana de 15 años.
Finalmente, José Modesto Solís Aguilar se convirtió en el más reciente preso político que perdió la vida bajo la custodia del Estado nicaragüense, aunque no fue oficialmente reconocido como tal debido al temor de sus familiares a represalias por parte de la dictadura de Daniel Ortega.
Falleció el 21 de diciembre y la noticia fue dada a conocer el 24 de diciembre a través de un comunicado del Grupo Secuestrados Políticos Unidos (GSPU). Fuentes, que pidieron no ser identificadas al medio La Prensa, revelaron que Solís Aguilar ingresó al Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, con graves problemas de anemia que desencadenaron otras enfermedades, contribuyendo a su sensible fallecimiento.
Los demás casos en la región
En Venezuela, desde el 2015, once personas consideradas presos políticos han muerto bajo custodia del Estado, en algunos casos, en medio de circunstancias aún no esclarecidas para sus familiares y abogados.
La falta de atención médica oportuna ha sido uno de los factores que han incidido en las muertes, a pesar de que el artículo 43 de la Constitución establece que “el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad”, exponen defensores de derechos fundamentales.
Gonzalo Himiob, director-vicepresidente del Foro Penal, una organización no gubernamental que brinda asistencia pro bono a detenidos de manera arbitraria, sostiene que el hecho de que una persona muera bajo custodia del Estado, sitúa la responsabilidad sobre los representantes del gobierno.
Los casos registrados en Venezuela han sido monitoreados y expuestos por instancias internacionales, entre ellas la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés) y la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH).
Incluso, familiares de las víctimas, a través de diversos medios, se han dirigido al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan, que abrió una investigación contra el Estado por presuntos delitos de lesa humanidad.
Por otro lado, en El Salvador, Alejandro Muyshondt, antiguo asesor de seguridad nacional del presidente Nayib Bukele, murió el pasado 7 de febrero, bajo custodia del Estado. Los familiares aseguran que su cuerpo tiene señales de tortura. En 2023, el presidente salvadoreño lo acusó de ser “doble agente” por filtrar información y trabajar para un gobierno extranjero.
Tras las primeras indagaciones, la abogada de la familia, Lucrecia Landaverde, sostiene que lo de Muyshondt fue un homicidio y que él no murió por un edema pulmonar, como dice la esquela de Medicina Legal. Fundamenta su acusación con la evidencia que encontró en el cuerpo de la víctima.
La madre de Muyshondt, Patricia Álvarez, dijo que a su hijo “lo silenciaron” y fue víctima de “vejámenes” al estilo de Klaus Barbie, un agente alemán durante el régimen nazi involucrado en crímenes de lesa humanidad durante la Segunda Guerra Mundial.
Las normas internacionales para investigar muertes bajo custodia
El derecho internacional humanitario y de derechos humanos estipula que los presos tienen derecho a ser tratados humanamente y, especialmente, a recibir tratamiento médico adecuado.
Sin embargo, las llamadas muertes “naturales” bajo custodia son frecuentes y a menudo se consideran “naturales” por distintas razones:
- No hay signos externos de violencia.
- Existen otras razones relacionadas con la salud que parecen obvias.
- Falta tiempo, directrices y material para aconsejar a los trabajadores de la salud o al personal internacional sobre el terreno cómo proceder en tales casos.
Sin embargo, en países autoritarios la situación es diferente. Algunos de los presos políticos a pesar de informar de sus enfermedades, estos no reciben la atención médica adecuada lo que provoca una muerte premeditada.
Según un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), las muertes bajo custodia no son infrecuentes. Pueden deberse a causas naturales; pero también pueden ser casos de homicidio ilegítimo, o el resultado de malos tratos o condiciones de detención inadecuadas.
Existen varias normas internacionales pertinentes para investigar las muertes bajo custodia.
Estos están plasmados principalmente en los Principios sobre la prevención e investigación efectivas de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias, adoptado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1989.
También se pueden encontrar orientaciones prácticas complementarias en el Manual de las Naciones Unidas para la prevención e investigación eficaces de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias, de 1991.
El Manual incluye: un Protocolo Modelo para una Investigación Legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias (el “Protocolo de Minnesota”); un modelo de protocolo de autopsia; y un protocolo modelo para la exhumación y análisis de restos esqueléticos.
Según las normas de los derechos humanos, la prohibición de la privación arbitraria de la vida, leída conjuntamente con la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos dentro de la jurisdicción del Estado, se ha interpretado en el sentido de que impone implícitamente la obligación de investigar presuntas violaciones del derecho a la vida.
Esta obligación entra en vigor siempre que un detenido (sin lesiones cuando se encuentra bajo custodia) resulta herido o ha fallecido.
También estas normas aseguran que la obligación de investigar las muertes bajo custodia deriva de una combinación de la prohibición de la privación arbitraria de la vida y la obligación de proporcionar un recurso efectivo.
En los casos de presunta privación arbitraria de la vida, el derecho a un recurso efectivo implica una investigación efectiva, que debe dar como resultado la identificación, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables.
Los Principios para la prevención e investigación eficaces de las Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias confirman que “deberá realizarse una investigación exhaustiva, rápida e imparcial de todos los casos sospechosos de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias, incluidas casos en los que las quejas de familiares u otros informes fiables sugieren una muerte no natural”.