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El supuesto decreto presidencial es falso, ya que en Nicaragua no existen oportunidades, derechos ni libertades para los jóvenes nicaragüenses. A través del decreto presidencial número 08-2024, Ortega resolvió declarar “a la valerosa y valiosa juventud de nuestra patria bendita, como Patrimonio Nacional de Nicaragua”.

El mandatario nicaragüense explicó que esa declaración es “en saludo a estos tiempos de soberanía y luminosa creación, y de formación ininterrumpida de conciencia nacional e inquebrantable determinación de luchar para vencer la pobreza”.

En el decreto, Ortega comentó que los “jóvenes de todos los tiempos, desde nuestras sensibilidades, inteligencias y talentos” trabajan todos juntos “para avanzar en grandes cantos de vida y esperanza hacia el futuro de amor, justicia, verdades verdaderas, patria, paz y prosperidad, que tanto merecemos”.

Sin embargo, el decreto no se ajusta a la realidad que viven los jóvenes nicaragüenses en la actualidad. Un ejemplo es el aumento de la migración de este grupo.

Distintas investigaciones y encuestas del centro de pensamiento Diálogo Interamericano y la firma encuestadora CID Gallup, han indicado que en Nicaragua las intenciones de migrar han crecido en los últimos años, pasaron de un 19% en 2019 a 56% en 2021, luego bajó a 33% en 2022 y volvió a subir en 2023 a un 60%. Entre los que deciden o tienen pensado migrar, la mayoría son jóvenes con estudios técnicos o universitarios, en el rango de edad de 20 a 30 años.

También es importante recordar que durante las protestas sociales de 2018 al menos 29 menores de edad fueron asesinados y seis años después sus casos siguen impunes.

Además de los menores asesinados, 70 fueron detenidos y posteriormente liberados, y otros 58 niños y niñas quedaron huérfanos debido al asesinato de sus padres en las protestas que iniciaron en abril de 2018 en Nicaragua, señaló el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, integrado por activistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica, donde tienen su sede.

En los últimos años, las confiscaciones y apropiaciones ilegales de al menos 29 centros de estudios superiores ha provocado que los jóvenes no puedan escoger siquiera una universidad con autonomía y libre pensamiento. Esto ha provocado que algunos decidan dejar el país y continuar sus estudios en el extranjero.