Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá (2009-2014), “solicitó asilo en la Embajada de la República de Nicaragua en Panamá, por considerarse perseguido por razones políticas y encontrarse en riesgo”, dice una nota enviada por la cancillería de Managua a Panamá, que agrega que el Gobierno de Daniel Ortega decidió otorgárselo.
El exmandatario derechista panameño había iniciado el sábado su campaña a las elecciones presidenciales del 5 de mayo, un día después que la Corte Suprema de Justicia publicara el fallo que rechazaba su último recurso judicial para anular su condena de cárcel.
Luego del fallo de la máxima corte, el Tribunal Electoral debe formalizar su marginación de la contienda electoral.
Martinelli, de 71 años, fue condenado en julio de 2023 a 128 meses de prisión y a pagar una multa de 19 millones de dólares al ser condenado por el delito de blanqueo de capitales.
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Según el régimen de Ortega, Martinelli pidió asilo en la Embajada de Nicaragua en Panamá, a cargo de la propagandista de la dictadura, Consuelo Sandoval. De acuerdo con la comunicación enviada por el régimen, se solicitó al Gobierno panameño “brindar las seguridades para la pronta salida y traslado humanitario del asilado” hacia Nicaragua.
El caso New Business
El caso New Business, que implica al exmandatario panameño, comenzó en el 2017 y tiene relación con la compra con presuntos fondos públicos de la Editorial Panamá América S.A. (Epasa) por 43.91 millones de dólares en diciembre de 2010, cuando Martinelli era presidente.
Durante la audiencia quedó claro que el beneficiario del 60% de las acciones de Epasa era el exmandatario y el 40% Henry Mizrachi, quien pactó un acuerdo de pena con el Ministerio Público, que implicó la devolución de parte de esos recursos al Estado.
La vista por el caso New Business se basó en la apertura de causa criminal el 9 de diciembre de 2022 por la jueza Marquínez.
La investigación consta de 164 tomos y de acuerdo con la Fiscalía panameña, los desembolsos fueron entregados por empresas, que a su vez recibieron contratos para distintas obras de infraestructura, acciones ejecutadas en el período 2009-2014.
El fallo de primera instancia fue ratificado en octubre de 2023 por un tribunal de apelaciones, luego de lo cual, Martinelli presentó un último recurso de casación para intentar anular la sentencia.
Desde entonces el expresidente y dueño de una cadena de supermercados, presentó sucesivos recursos de amparo, en un aparente intento de retrasar el fallo definitivo de la Corte Suprema hasta después de los comicios, pero todos fueron rechazados.
Martinelli, quien se considera un perseguido político y quien logró salir indemne en dos juicios por la supuesta interceptación ilegal de comunicaciones de 150 personas durante su mandato (caso conocido como “Pinchazos”), no corrió con la misma suerte esta vez.
Desde el viernes 9 de febrero, la condena por el caso New Business quedaba en firme, con lo que podía ordenarse la captura de Martinelli.
Su candidatura a la presidencia
Martinelli fue postulado por los partidos políticos Realizando Metas y Alianza para las elecciones generales del 5 de mayo de 2024.
El pasado lunes acudió a una reunión de la Comisión de Estado por la Justicia. Allí dijo que se sentía “preocupado” por la justicia en Panamá. “No hay justicia, la justicia no sirve. Reciben órdenes del Ejecutivo y de otras personas (…)”, expresó ese día Martinelli, rodeado por José Raúl Mulino, el candidato a vicepresidente, quien ahora deberá asumir la candidatura presidencial; y su vocero Luis Eduardo Camacho. Mientras, este martes fue a la Asamblea Nacional con su equipo de abogados a denunciar al presidente panameño Laurentino Cortizo, por supuestamente querer matarlo.
Martinelli calificó el fallo de la Corte Suprema como una “jugada salvaje e ilegal de último momento” para sacarlo de la carrera electoral, por medio de una resolución dictada por “magistrados de pacotilla”.
Además, pidió a sus seguidores que apoyen a su compañero de fórmula José Raúl Mulino, si finalmente es inhabilitado, como candidato a la presidencia por el Tribunal Electoral. Mulino fue el exministro de Seguridad Pública durante la gestión de Martinelli.
Los candidatos presidenciales en contienda son el expresidente Martín Torrijos (2004-2009) por el Partido Popular (PP), el actual vicepresidente José Gabriel Carrizo por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Rómulo Roux por la alianza de Cambio Democrático (CD) y el Partido Panameñista (PPa), Ricardo Lombana por el partido Moca y los aspirantes por libre postulación Melitón Arrocha, Maribel Gordón y Zulay Rodríguez.
Nicaragua: el paraíso de exmandatarios prófugos de la justicia
Ricardo Martinelli no sería el primer expresidente prófugo de la justicia que busque refugio en Nicaragua.
Mauricio Funes, expresidente salvadoreño, buscó refugio en Nicaragua en 2016, donde cuenta con la protección de Daniel Ortega, quien le concedió la nacionalidad nicaragüense en julio de 2019. La justicia salvadoreña condenó a 14 años de cárcel al expresidente Mauricio Funes por haber negociado una tregua con las pandillas durante su mandato (2009-2014).
Junto al exmandatario, también fue condenado a 18 años de prisión David Munguía Payés, exministro de Justicia y Seguridad, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
“Los exfuncionarios permitieron que las pandillas se fortalecieran económicamente y en territorio, a cambio de reducir el índice de homicidios entre el 2011 y 2013, para beneficiar al Gobierno en turno y favorecerlo en las elecciones”, afirmó la FGR en mayo de 2023.
En una segunda sentencia, Funes fue condenado a seis años de prisión por evasión de impuestos. Según la Fiscalía, el expresidente no declaró renta en 2014 por unos 271 000 dólares, y con ello evadió el pago de impuestos fiscales por poco más de 85 000 dólares.
Otro en la lista de refugiados por la dictadura orteguista es el también expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén, quien salió de su país vía frontera terrestre en diciembre de 2020. El Juzgado de Paz número 2 de San Salvador emitió el 28 de julio de 2021 una orden de búsqueda y captura internacional al que fuera presidente de El Salvador entre 2014 y 2019.
Salvador Sánchez Cerén y otros nueve exfuncionarios están acusados de corrupción por delitos ocurridos entre 2009 y 2014. El partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) tachó las investigaciones de “persecución política”.
A pocos días de la orden de aprehensión, el 30 de julio de 2021, las autoridades del país centroamericano otorgaron la nacionalidad nicaragüense al expresidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén y a su familia.