Durante los últimos 21 años, Nicaragua ha tomado decisiones sobre salud, educación, vivienda y desarrollo con una fotografía demográfica cada vez más distante de su realidad. El último censo nacional cuyos resultados fueron publicados corresponde a 2005. Desde entonces, el país atravesó profundas transformaciones sociales, económicas y políticas —incluido el mayor éxodo migratorio de su historia reciente tras el estallido social de 2018— sin que exista una nueva radiografía oficial que permita medir con precisión esos cambios.
Las Naciones Unidas recomiendan que los censos de población y vivienda se realicen aproximadamente cada diez años, porque constituyen la principal fuente de información para conocer cuántas personas habitan un país, dónde viven, cómo están conformados los hogares y cuáles son sus condiciones de vida. La difusión oportuna de los resultados también forma parte del proceso censal, ya que esa información constituye un insumo esencial para la planificación del desarrollo, la formulación de políticas públicas y la producción de estadísticas oficiales.
Con ese estándar internacional, Nicaragua debió realizar un nuevo censo alrededor de 2015. Sin embargo, el levantamiento del IX Censo Nacional de Población y V de Vivienda comenzó hasta el 30 de abril de 2024, diecinueve años después del anterior. El cronograma oficial establecía que 7966 encuestadores, personal técnico y coordinadores municipales recorrerían el país durante mayo y junio. Sin embargo, las redes ciudadanas del observatorio Urnas Abiertas documentaron que el levantamiento se prolongó hasta enero de 2025, sin que el INIDE informara oficialmente cuándo concluyó el trabajo de campo.
Hasta ahora, la institución tampoco ha publicado los resultados nacionales. A diferencia del censo de 2005 –que se levantó en 14 días y contó con financiamiento, asistencia técnica y observación internacional–, el operativo de 2024 se ejecutó con recursos propios y se desarrolló sin acompañamiento de organismos especializados.
El costo de un país sin datos
Para dos sociólogos nicaragüenses, la falta de los resultados ocurre en un momento crítico. Entre la última radiografía demográfica oficial, publicada en 2005, y el levantamiento realizado en 2024, Nicaragua dejó de ser la misma. En ese período, Daniel Ortega regresó al poder en 2007 y el país transitó hacia la consolidación de un régimen autoritario.
La crisis sociopolítica iniciada en 2018 desencadenó el mayor éxodo migratorio de su historia reciente, aumentó el peso de las remesas en la economía nacional, modificó la estructura por edades de la población y transformó la dinámica de numerosos municipios. Sin embargo, la magnitud exacta de esos cambios aún no puede medirse con la principal herramienta estadística diseñada para hacerlo.
La socióloga y directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), Elvira Cuadra, señala que la ausencia de información censal, limita la comprensión de los cambios que ha experimentado Nicaragua en los últimos 20 años.
“Sin los datos censales o de otras encuestas importantes (…) no sabemos qué transformaciones importantes se han efectuado en la demografía del país. Por eso precisamente la importancia del censo, para poder conocer”, indicó.
A su juicio, ese vacío estadístico no solo limita el conocimiento sobre la realidad demográfica del país. También reduce la capacidad del Estado para diseñar políticas públicas basadas en información actualizada sobre una población que ha experimentado profundas transformaciones durante las últimas dos décadas.
“Las consecuencias es que se formularán políticas e intervenciones estatales que no van a estar basadas en datos sólidos y actualizados; de manera que su impacto o resultados serán ineficientes”, advirtió Cuadra.
Por su parte, el sociólogo Juan Carlos Gutiérrez explica que un censo “no es un trámite estadístico más”, sino la columna vertebral de un sistema de información dentro de un país.
“Es el denominador del que dependen casi todas las demás cifras para poder analizar pobreza, desempleo, mortalidad, cobertura de salud, educación; no puedes hacerlo sin tener la referencia del censo”, comentó.
Un censo en medio de la desconfianza
Cuando el INIDE comenzó el IX Censo Nacional de Población y V de Vivienda en abril de 2024, el operativo no sólo enfrentó el reto de actualizar una información demográfica que llevaba casi dos décadas sin renovarse. También se desarrolló en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones del Estado.
Esa percepción acompañó el levantamiento desde sus primeras semanas. Diversos medios independientes documentaron que parte de la población expresó reservas para responder preguntas relacionadas con familiares que residían en el extranjero, remesas, ingresos o características patrimoniales de los hogares. Aunque el INIDE defendió públicamente que toda la información sería utilizada exclusivamente con fines estadísticos y permanecería protegida por la confidencialidad del proceso, el contexto político hizo que muchos ciudadanos interpretaran el cuestionario con recelo.
En un comunicado emitido el 10 de abril de 2024, veinte días antes del inicio del censo, el INIDE informó que los empadronadores recopilarían información estadística sobre las personas que habitan en los hogares y las condiciones de las viviendas, la cual serviría “para enfocar las políticas públicas en mejorar los programas sociales de atención a nuestra población, que tanto bienestar y progreso han llevado a nuestro País”.
Eso era lo que Carmen esperaba cuando los censadores tocaron la puerta de su casa. La pobladora de Managua —quien es citada con un seudónimo para su seguridad— pensó que le preguntarían quiénes vivían en la vivienda, las condiciones del hogar o el nivel educativo de su familia. Sin embargo, recuerda que los empadronadores también le consultaron dónde residían dos de sus hermanas que habían emigrado a inicios de ese año, cuánto dinero le enviaban en remesas, con qué frecuencia recibía esos recursos y para qué los utilizaba.
“Yo pensé que el censo era para saber cuántos vivíamos en la casa, no para preguntar por mis hermanas que estaban fuera del país. Esa fue la impresión que me dejaron”, relata. Asegura que decidió responder lo mínimo porque durante la visita también estaban presentes el coordinador del Consejo del Poder Ciudadano (CPC) de su barrio y un agente policial.
Las preguntas sobre migración o composición de los hogares no son, por sí mismas, excepcionales en un censo de población. Para los especialistas consultados, el principal problema fue el contexto en que se aplicaron. En Nicaragua, sostienen, el operativo se realizó en un ambiente de represión política y profunda desconfianza hacia las instituciones del Estado, lo que pudo influir en la disposición de muchas personas a responder con libertad.
“El censo nacional de población y vivienda que inició en 2024 y se extendió hasta 2025, tiene serios cuestionamientos desde el inicio porque se está efectuando en un contexto cerrado y complejo para el país, donde la población tiene muy alta desconfianza de brindar sus datos personales y los de su familia a los encuestadores, lo que cuestiona la veracidad y confiabilidad de los datos recabados; y porque hasta el día de hoy, no se conocen sus resultados”, comentó la socióloga Cuadra.
Nicaragua, la excepción regional
Mientras Nicaragua mantiene sin divulgar los resultados del censo de 2024, los demás países centroamericanos que realizaron censos recientes establecieron cronogramas de difusión y comenzaron a publicar información pocos meses después de concluir el trabajo de campo. Posteriormente ampliaron el acceso mediante portales estadísticos, bases de datos, tabulados y documentos metodológicos.
Costa Rica fue uno de los primeros en hacerlo. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) levantó el Censo 2022 entre junio y septiembre de ese año y, antes de presentar los primeros resultados, informó públicamente sobre el avance del procesamiento de los datos y el calendario de publicaciones. Durante 2023 liberó de manera progresiva los principales indicadores y habilitó un portal con tabulados, publicaciones temáticas, metodologías y herramientas de consulta.
Panamá siguió una ruta similar. El XII Censo Nacional de Población y VIII de Vivienda concluyó en marzo de 2023 y el 9 de octubre de ese mismo año el Instituto Nacional de Estadística y Censo publicó los Resultados Finales Básicos. En los meses siguientes incorporó nuevos volúmenes sobre vivienda, hogares, educación, población económicamente activa, migración, fecundidad y mortalidad, entre otros temas.
En Guatemala, el Instituto Nacional de Estadística mantiene disponible un portal interactivo con los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, que permite consultar información nacional, departamental y municipal, además de descargar bases de datos, publicaciones metodológicas y proyecciones oficiales. El Salvador también inició la divulgación escalonada de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024, comenzando con las cifras nacionales y ampliando posteriormente el acceso a la información mediante nuevas entregas y plataformas de consulta.
El contraste no solo está en los tiempos de publicación, sino también en la transparencia del proceso posterior al levantamiento. En los cuatro países, las oficinas nacionales de estadística informaron sobre el avance del procesamiento, explicaron la metodología utilizada y mantuvieron canales públicos para acceder a los resultados.
En Nicaragua ocurre lo contrario. Dos años después de concluido el operativo censal, el portal del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) continúa sin publicar resultados nacionales, tabulados estadísticos, bases de datos ni un cronograma oficial de difusión. Con ello, Nicaragua se convirtió en el único país de Centroamérica que, tras realizar su censo más reciente, aún no ha divulgado los primeros resultados nacionales ni ha informado oficialmente cuándo lo hará.
Para las Naciones Unidas y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la difusión de los resultados forma parte del propio proceso censal. Sus recomendaciones establecen que la utilidad de un censo depende tanto de la calidad del levantamiento como de la publicación oportuna y accesible de la información, porque constituye un insumo esencial para la investigación, la planificación del desarrollo y la formulación de políticas públicas.
Mucho más que contar habitantes
Para las Naciones Unidas, un censo de población y vivienda constituye la principal operación estadística que realiza un Estado porque ofrece una fotografía completa y simultánea de toda la población en un momento determinado. A diferencia de las encuestas, que trabajan con muestras, el censo permite identificar con precisión cómo se distribuyen los habitantes en el territorio, cómo están conformados los hogares y cuáles son sus características sociales, económicas y habitacionales.
Esa información sirve de base para calcular indicadores nacionales, distribuir recursos públicos, planificar servicios como salud, educación, vivienda e infraestructura y actualizar las proyecciones demográficas sobre las que se sustentan las estadísticas oficiales.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sostiene que la utilidad de un censo no depende únicamente de la calidad del levantamiento, sino también del procesamiento, la documentación y la difusión oportuna y accesible de sus resultados. Las recomendaciones regionales enfatizan que esa información debe ponerse a disposición de gobiernos, investigadores y ciudadanía mediante publicaciones, bases de datos y herramientas de consulta, para que pueda utilizarse en la planificación del desarrollo, la formulación de políticas públicas y la producción de estadísticas oficiales.
Para Gutiérrez, esa función explica por qué los censos deben realizarse periódicamente. Después del levantamiento pueden elaborarse proyecciones demográficas que incorporen cambios en la natalidad, la mortalidad o la migración, pero esas estimaciones necesitan actualizarse con un nuevo conteo nacional.
“Si no tenés una periodicidad cercana, perdés esa comparabilidad y ese reconocimiento de tu propia fotografía como país. Si eso está desactualizado, todas las tasas que se calculen van a quedar distorsionadas”, advierte.
Planificar un país con una base de hace 20 años
Mientras los resultados del censo de 2024 permanecen inéditos, el Gobierno continúa produciendo estadísticas oficiales y calculando indicadores demográficos a partir de las estimaciones y proyecciones de población elaboradas por el INIDE.
Según esas proyecciones, Nicaragua pasó de los 5.1 millones de habitantes registrados en el censo de 2005 a una población estimada de 6.9 millones de personas en 2025, cifra que hoy constituye la referencia oficial utilizada por las instituciones públicas.
El propio INIDE explica que esas estimaciones y proyecciones parten de la población registrada en el censo de 2005, pero se actualizan periódicamente mediante métodos demográficos y registros administrativos, incorporando información sobre nacimientos, defunciones y otros componentes del cambio poblacional. Su propósito es estimar la evolución de la población entre un censo y otro, hasta que un nuevo levantamiento permita sustituir esa base censal.
Ese procedimiento también es utilizado por el Banco Central de Nicaragua (BCN). En su publicación Nicaragua en Cifras 2025, la población nacional empleada para calcular diversos indicadores económicos y sociales corresponde a las estimaciones y proyecciones demográficas elaboradas por el INIDE.
Sin embargo, las proyecciones no sustituyen un nuevo censo. Aunque permiten actualizar periódicamente la información demográfica, su precisión depende de la calidad de la base censal sobre la que fueron construidas y de su capacidad para reflejar transformaciones extraordinarias, como los cambios acelerados en la migración, la fecundidad o la distribución territorial de la población.
Los datos también son poder
La ausencia de los resultados del IX Censo Nacional de Población y V de Vivienda no solo impide conocer cómo cambió la población nicaragüense durante las últimas dos décadas. Para los especialistas consultados, también se suma a la falta de transparencia y acceso a información pública que caracteriza al régimen Ortega-Murillo y que, en los últimos años, ha limitado cada vez más la disponibilidad de datos oficiales sobre la realidad del país.
“Una de mis lecturas es que los resultados son incómodos porque muestran el impacto de lo que ha sucedido en el país en términos económicos, pero particularmente poblacionales, como la migración. Además, el mismo Gobierno no puede estar muy seguro de poder defender la calidad de la información; por tanto, guardarla o esconderla le ayuda a no exponer esa debilidad”, señaló Gutiérrez.
La directora del CETCAM coincide en que la falta de resultados forma parte de la opacidad estatal. Sin embargo, advierte que, con la información disponible, no es posible determinar si el régimen ha retrasado su publicación para ocultar el impacto de la migración que ha experimentado Nicaragua desde 2018. “Sencillamente no lo podemos saber (…) por la política de ocultamiento de información del régimen”, señala.
Desde otra perspectiva, el sociólogo Juan Carlos Gutiérrez sostiene que diversos estudios sobre ciencia política han documentado cómo algunas autocracias administran la información pública como una forma de construir su propia narrativa sobre la realidad.
“Las dictaduras contemporáneas (…) definen qué dato es viable, qué dato es público, qué dato no es público o qué dato no se reconoce. Por tanto, esos regímenes gobiernan administrando la percepción ante una realidad. No es que muestran la realidad y a partir de ahí se debate; eso sería en democracia. Ellos construyen sus narrativas ante la construcción de una realidad”, explica.
A su juicio, el control sobre la información estadística también limita la capacidad de la ciudadanía para conocer su propia realidad y comprender las transformaciones sociales, económicas y demográficas que ha experimentado el país.
“Un régimen puede volver ilegible el dato o la ausencia de un dato, con todo el propósito de que no quiera que se sepa cómo es su población ni que la población se pueda ver en un espejo”, afirma.
Gutiérrez recuerda que los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales de las Naciones Unidas establecen que la información producida por el Estado constituye un bien público y debe estar disponible para toda la sociedad.
“El dato no es propiedad del gobierno (…) es un bien público; el Estado nación es el dueño de eso, no el gobierno”, sostiene.
Desde esa perspectiva, considera que la ausencia de los resultados del censo trasciende un retraso administrativo.
“No estamos ante un censo que se atrasó por razones burocráticas; probablemente estamos ante un país en el que se le está negando el derecho a verse a sí mismo, a saber quiénes somos”, concluye.