El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), informó en junio de 2026 que entre abril y mayo se autorizaron 77 permisos de exportación de vida silvestre que generaron al país ingresos por los 3 661 603.7 dólares.
En su comunicado, la institución justificó estos ingresos de “uso sostenible y la conservación”, y mezcló en una misma categoría la “fauna silvestre reproducida en zoocriaderos autorizados” con el granadillo y la comercialización del caracol rosado (Strombus gigas) . Este último no se reproduce en estanques controlados, pues es una especie marina silvestre controlada.
Mientras el Marena aplaude esta supuesta conservación, los Planes Nacionales de Producción, Consumo y Comercio del Banco Central de Nicaragua (BCN) y los reportes oficiales del Instituto Nicaragüense de la Pesca y la Acuicultura (Inpesca) registran exportaciones de caracol rosado por encima de la cuota que Nicaragua comunicó a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). En 2023, el volumen exportado ya superaba la última cuota publicada, la de 2022.
Según los planes del Gobierno, Nicaragua exportó alrededor de 1.71 millones de libras de caracol rosado (unos 771 106 kilogramos) en 2023 y 1.9 millones de libras en 2024 (861 824 kilogramos), por 8.4 y 10.1 millones de dólares, respectivamente Ambos volúmenes superan la última cuota de carne que Nicaragua comunicó a la CITES, de 703 080 kilogramos en 2022.
Inpesca, por su parte, reportó que los ingresos pasaron de 234 millones de córdobas en el 2023 a 304 millones de córdobas en el 2024. Un aumento de casi el 30% en ingresos que, según la institución, consolida a esta especie protegida “como uno de los recursos pesqueros más importantes para la economía nacional”.
Al tipo de cambio oficial, sin embargo, las cifras de Inpesca equivalen a unos 6.4 y 8.3 millones de dólares: alrededor de dos millones menos por año que lo reportado por el BCN.
Ese mismo año, Inpesca situó la cuota en 1.5 millones de libras de filete 100% limpio, unos 680 389 kilogramos, en una nota sobre el muestreo de filetes. Los planes más recientes del BCN no especifican qué presentación del caracol contabilizan, pero el de 2021-2022 registraba las exportaciones en filete, la misma unidad en que se fija la cuota.
Nicaragua dejó de usar estampillas de seguridad
A ello se suma un cambio en los controles. El 13 de mayo de 2025, la Secretaría de la CITES informó a los países miembros, a petición de Nicaragua, que la autoridad administrativa nicaragüense dejaría de colocar estampillas de seguridad en sus permisos de exportación “hasta nuevo aviso”. Estas estampillas son uno de los mecanismos que dificultan la falsificación de permisos. La notificación no explica el motivo de la decisión.
DIVERGENTES analizó la base de datos de CITES sobre el comercio de carne de la CITES desde 2020 a 2024, y comparó, lo que Nicaragua reportó como exportado, lo que los países compradores reportaron como importado y las cuotas de exportación que el país comunicó a la Convención.
Además, Nicaragua dejó de reportar su comercio a la CITES. Y es que, en la base de datos de la Convención no figuran exportaciones de caracol rosado en 2023 ni en 2024, aunque Estados Unidos, México y países de Medio Oriente sí registraron importaciones procedentes de Nicaragua en esos años.
Según el informe regional de Centroamérica presentado ante el Comité Permanente de la CITES en febrero de 2025, Nicaragua no había enviado su informe anual de 2023, cuyo plazo venció el 31 de octubre de 2024.
Cifras de Nicaragua no coinciden con registros de países compradores
Para el 2021, Nicaragua reportó haber exportado 692 773 kilogramos de carne de caracol rosado, 12 373 más que la cuota de 680 400 kilogramo que comunicó a la CITES. Sin embargo, los países compradores declararon haber recibido una cifra mayor: 752 437 kilogramos de esta especie, lo que eleva el exceso a más de 72 000 kilogramos.
En 2022, la diferencia entre ambas fuentes se invirtió. Nicaragua reportó exportaciones de 762 636 kilogramos frente a una cuota de 703 080, un exceso de 59 556 kilogramos. Los importadores registraron 711 142 kilogramos, aunque 11 340 de ellos tenían a Honduras como país de origen; la carne de origen nicaragüense que declararon recibir, unos 699 800 kilogramos, quedó dentro de la cuota.
Los países importadores continuaron registrando la llegada del producto un año después. En 2023 declararon importaciones de 560 964 kilogramos de carne de caracol rosado nicaragüense, y en 2024, de 744 649 kilogramos, lo que representa un salto de 32.7% respecto al año anterior. Solo esta última cifra ya supera en más de 41 000 kilogramos la última cuota que Nicaragua comunicó a la CITES.
Aun así, lo que reportan los compradores es menos de lo que el BCN atribuye a las exportaciones nacionales. Entre 2023 y 2024, los importadores registraron 1.31 millones de kilogramos de carne de caracol de origen nicaragüense; los planes del BCN suman unos 1.63 millones. Esto significa que, la diferencia, de más de 300 000 kilogramos, es mayor en 2023, el primer año en que Nicaragua dejó de reportar a la Convención.
Estados Unidos, principal destino de carne de caracol
El caracol rosado está incluido desde 1992 en el Apéndice II de la CITES. Eso significa que cada exportación necesita un permiso del país de origen, que solo debe emitirse si la extracción no perjudica a la especie y si el producto se obtuvo legalmente.
El país comprador exige ese permiso a la llegada. Después, cada uno reporta por separado sus operaciones en informes anuales que alimentan la base de datos de comercio de la Convención. Por eso, aunque el exportador deje de informar, sus ventas siguen apareciendo en los registros de los compradores. En Nicaragua, la autoridad administrativa de la CITES es el Marena.
En 2022, el último año en que Nicaragua reportó sus exportaciones a la CITES, los países compradores declararon 699 802 kilogramos de carne de caracol rosado. Estados Unidos recibió 699 122 kilogramos, el 99.9%; el resto, 680 kilogramos, fue a México. Ese año, Estados Unidos registró además 11 340 kilogramos de caracol hondureño que llegaron desde Nicaragua y quedó dentro de la cuota.
Estados Unidos continuó comprando el molusco después de que Nicaragua dejó de reportar. En 2023 fue el único país que declaró importaciones de carne de caracol rosado nicaragüense, con 560 964 kilogramos. Para 2024, registró 742 381 kilogramos, el 99.7% del total; México declaró los 2268 restantes. Ese año volvieron a llegar desde Nicaragua otros 10 341 kilogramos de caracol con origen en Honduras.
El aumento de 2024 coincidió con un cambio en la protección de la especie en Estados Unidos. En febrero de ese año, el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas de la NOAA declaró al caracol rosado especie amenazada bajo la Ley de Especies en Peligro, con vigencia desde el 15 de marzo de 2024. La medida no impuso nuevas restricciones a las importaciones, a pesar de las disposiciones tomadas.
Conchas y perlas: un comercio sin trazabilidad ni cuentas claras
Más allá de la comercialización de la carne del caracol rosado exportado por Nicaragua, también existe un mercado paralelo de subproductos. Entre 2020 y 2022 comunicó a la CITES cuotas anuales de 4.5 millones de conchas, 4.5 millones de opérculos —la “uña” del caracol— y 301 649 kilogramos de recortes. En 2022 añadió una cuota de 100 perlas.
Una fuente del sector exportador confirmó a DIVERGENTES que el mercado asiático, particularmente China y el Medio Oriente, es el principal comprador de las perlas del molusco, un producto de alto valor determinado por su tamaño y color. Pese a este flujo comercial constante, los ingresos generados por estas perlas y conchas permanecen invisibilizados en los reportes macroeconómicos del Banco Central.
En 2021, Nicaragua reportó exportaciones de 260 perlas, 245 a Bahamas y 15 a Hong Kong, sin haber comunicado una cuota para ese producto. En 2022 exportó otras 77 a Bahamas, dentro de la cuota de 100 que estableció ese año.
Desde 2023, como ocurre con la carne, Nicaragua no ha reportado estas exportaciones, pero los compradores sí. En 2023, Emiratos Árabes Unidos declaró importaciones de 5013 kilogramos de conchas y 545 de derivados procedentes de Nicaragua, y Arabia Saudita, de 2100 kilogramos de conchas.
En 2024, Emiratos registró 4537 kilogramos de conchas y 7460 de derivados, casi 14 veces más que el año anterior. Como esos países reportan en kilogramos y la cuota nicaragüense se fija en unidades, no es posible saber si esas compras se ajustaron al límite.
Tampoco es posible saber cuánto dinero dejan estos subproductos. Los planes del BCN y los reportes de Inpesca no desglosan los ingresos por conchas, opérculos y perlas.
Aunque la información de los países importadores permite identificar operaciones que no aparecen reflejadas en los registros de exportación nicaragüenses disponibles en esa base, aunque esta discrepancia no permite establecer por sí sola sus causas ni determinar si hubo incumplimientos.
A ello se suma una limitación económica: los datos públicos consultados del BCN y de Inpesca no permiten desglosar los ingresos nacionales derivados de la comercialización de conchas, opérculos y perlas. Por tanto, aunque los registros de la CITES permiten identificar parte de los movimientos comerciales, la información disponible no basta para reconstruir la trazabilidad completa de estas operaciones ni establecer su aporte económico al país.
Nada de esto aparece en el balance del Marena. En su comunicado de junio, la institución presentó la exportación de vida silvestre como un ejemplo de “uso sostenible y conservación”. Los registros muestran otra cosa: Nicaragua no ha publicado cuotas de exportación de caracol rosado desde 2022, no entregó a la CITES su informe de comercio de 2023 y retiró las estampillas de seguridad de sus permisos en 2025.
Mientras tanto, la extracción continúa. Según Inpesca, la captura del molusco alcanzó en 2024 los 26.7 millones de libras, por encima del promedio de los cinco años anteriores, y Estados Unidos, el país que ese mismo año lo declaró especie amenazada, sigue siendo su principal comprador.
La fuente del sector exportador, indicó a este medio que la permisividad estatal frente a las sobreexplotación del recurso tiene raíces políticas. Señala que la extracción y exportación del caracol rosado funciona como un feudo económico controlado por Lumberto Campbell, coordinador de la Secretaría para Asuntos de la Costa Caribe, a través de las grandes procesadoras como Central American Fisheries S.A. (CAF), Compañía Pesquera Charly, S.A. (Copescharly, S.A.) y Promarnic.
“Ninguna operación comercial avanza sin su visto bueno”, dice, aunque este sector es ejecutado institucionalmente a través de Edward Jackson”, titular de Inpesca.
Buzos expuestos a riesgos mortales por precariedad laboral
Las cifras récord de exportación celebradas por el Gobierno descansan sobre condiciones laborales infrahumanas. Los buzos y tripulantes de los botes y pangas operan en la precariedad extrema, utilizando compresores de aire de uso industrial en lugar de equipos de respiración humana para abaratar costos, exponiéndose a graves riesgos de descompresión y toxicidad. Además, la industria recurre a dinámicas de coerción física y psicológica.
Testimonios del sector revelan que, presuntamente, las faenas en alta mar suelen interrumpirse sistemáticamente para abastecer de drogas a los buzos, fomentando una dependencia que asegura que los pescadores continúen sumergiéndose pese a las condiciones deplorables y los ingresos irrisorios que perciben.
Un informe del Programa de Monitoreo del Caracol Rosado Strombus gigas en el Mar Caribe de Nicaragua en el Período de mayo a junio del 2005, reflejó en ese momento la crisis humanitaria que hoy continúa
Las operaciones continúan sin garantizar la “seguridad marítima, higiene y salubridad abordo”, dice el informe del Centro de Investigaciones Pesqueras y Acuícolas (CIPA). Al igual que la fuente consultada por DIVERGENTES vinculada a este rubro, la falta de equipos pone en riesgo director a la vida de los operados bajo el agua, a esto se suma una denuncia que lleva años en el sector pesquero: la existencia de una crisis de salud ocupacional, vinculada a los buzos discapacitados, víctimas del síndrome de descompensación. Además de la falta de seguridad social que impide que estos trabajadores discapacitados gocen de los beneficios de ley.
La situación para los pescadores empeora con las jornadas extenuantes y el hacinamiento en las embarcaciones, así como, el “deplorable” modelo de pago que fomenta la autoexplotación. El informe del CIPA refleja que los buzos son “asalariados, pagados en función de sus capturas”, es decir, bajo este modelo de destajo solo ganan dinero si sacan el producto, por lo que, se ven forzados a bajar al fondo del mar tantas veces como puedan, ignorando los límites biológicos de descompresión humana y asegurar así el ingreso mínimo, reforzando lo mencionado por la fuente de DIVERGENTES, al tener que recurrir a estimulantes o drogas para soportar el ritmo de trabajo.
Otro informe presentado por Sergio Martínez, llamado el “Estado actual de la pesca de caracol gigante del Caribe (Strombus gigas) en Centroamérica” y publicado en el portal del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), explica que la extracción del caracol rosado la realizan los pescadores dedicados a la langosta mediante el buceo autónomo, es decir, utilizan compresores de aire y mangueras. Explique que la dinámica es que un barco nodriza llega a la zona de pesca, y luego los buzos deben descender en cayucos o botes pequeños.
El informe del SICA explica que la zona de pesca de este molusco se da a grandes profundidades que varían entre los 10 y 100 pies. En 2005, afirman que los buzos operaban a una profundidad de 65 pies, registrando inmersiones máximas de hasta 96 pies y mínimas de 24 pies. Las zonas de mayor abundancia y mejores capturas se encontraron en el estrato de los 60 a 70 pies de profundidad.
Cabe mencionar que el caracol rosado, según los informes compartidos y la fuente consultada por este medio, rara vez llega entero a tierra. Generalmente, la carne es extraída de su concha desde el fondo del mar.
El reporte regional del CIPA recalca que esta práctica sistemática de destazar al animal y desechar la concha en alta mar hace inútil que los Estados fijen regulaciones biológicas sobre el tamaño del caparazón o el grosor del labio, pues a las plantas procesadoras y puertos desembarca única y exclusivamente la carne.