Carmela tiene 83 años y hace dos y medio que su marido falleció. Quedó viuda. Después de superar el duelo, fue a las oficinas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) con su acta de matrimonio a solicitar su pensión de viudez. El trámite pronto se volvió engorroso. “Me bolearon de un lado a otro”, cuenta la anciana. “Luego, después de muchos reclamos, me dijeron que no me darían la pensión porque había otra reclamante. Nunca me dijeron quién era esa supuesta reclamante y se negaron por completo a darme más información. En las mismas oficinas del INSS me enteré que no era la única viuda a la que le dijeron lo mismo”, sostiene.
Carmela se sintió desamparada porque dependía económicamente de su esposo y la pensión que él recibía. Ella recibe una jubilación de cinco mil córdobas (135 dólares al cambio oficial) y con eso no le alcanza para pagarle a un abogado para estirar más el reclamo de su pensión de viudez. “Apenas me alcanza para mis medicamentos y, a no ser por mis hijos, pues ya me hubiera muerto de hambre”, reclama la abuela. “Entonces, ¿para qué reclamar más?”.
La Fundación Puentes para el Desarrollo ha publicado un informe sobre el estado de la seguridad social en Nicaragua, en específico sobre la dimensión que ocupa la vejez. Entre los datos recabados por los economistas, hay uno que atañe a Carmela: La pensión de viudez promedio es de apenas C$3,730.72, “una cantidad miserable”, dice la organización en el exilio.
El documento agrega que solo el 8.6% de las mujeres mayores de 60 años recibe una pensión de viudez, y que únicamente el 16% accede a una pensión completa de vejez. “Estas cifras revelan un sistema que falla en proteger a quienes más lo necesitan, dejando a muchas en la pobreza absoluta. La vejez tiene rostro de mujer, y también la desigualdad”, concluye Puentes para el Desarrollo.
Más allá de las cifras, el informe dibuja una debacle silenciosa del sistema de seguridad social, con impactos que atraviesan no solo los bolsillos, sino la dignidad de miles de ancianos. Las políticas del INSS, marcadas por recortes, opacidad y abandono, han erosionado el poder adquisitivo de las pensiones, reducido los subsidios funerarios y limitado los medios de asistencia como sillas de ruedas, bastones o audífonos. En otras palabras, el envejecimiento en Nicaragua se ha vuelto una condena a la pobreza.
Envejecimiento acelerado del país
Puentes para el Desarrollo alerta que Nicaragua envejece rápido. Hace veinte años, las personas mayores de 60 años representaban apenas el 4.77 % de la población. Diez años después, en 2014, el porcentaje subió al 7 %, y para 2024 alcanza el 9.77 %. En números absolutos, esto equivale a unas 671 ,724 personas adultas mayores, un crecimiento que continúa año con año y que plantea un desafío que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo parece ignorar.
El informe advierte que este proceso de envejecimiento tiene implicaciones profundas: menor productividad, aumento de los gastos en salud y medicamentos, dependencia económica y un incremento sostenido de la pobreza. Pero el dato más revelador está en la cobertura del sistema previsional: sólo el 20 % de la población de la tercera edad recibe una pensión completa de vejez. El resto, es decir más de medio millón de personas, queda fuera del sistema, dependiendo de familiares o de empleos informales para sobrevivir.
A esa precariedad se suma un fenómeno estructural: “la feminización de la vejez”. Según el informe, el 54.3 % de las personas mayores son mujeres, frente al 45.7 % de hombres, y la brecha se ha ampliado en la última década. En los últimos diez años, el porcentaje de mujeres adultas mayores creció 3.12 puntos porcentuales, mientras que el de varones apenas aumentó 2.43 puntos.
Puentes para el Desarrollo denuncia que el INSS ha reducido drásticamente la entrega de medios auxiliares, como sillas de ruedas, bastones, muletas entre 2015 y 2023. En 2015, el sistema de seguridad social entregó 323 sillas de ruedas; en 2023, apenas una. Las muletas pasaron de 123 a una, y los bastones de 662 a 22. “¿Se volvieron los jubilados atletas de la noche a la mañana o el INSS está ahorrando a expensas del calvario de los ancianos?”, cuestiona el informe.
Ni siquiera la muerte escapa al ajuste. Los subsidios funerarios pasaron de 8,428 en 2021 a 6,013 en 2023, una reducción del 28.6 %. El ahorro, denuncia la organización, “se hace a costillas de los fallecidos”.
Mientras tanto, el poder adquisitivo de las pensiones se derrumba. En 2020, la pensión promedio era de C$ 6,052.09, lo que cubría el 41.6 % del costo de la canasta básica. En 2024, pese a un ligero aumento a C$ 6,397.47, esa cobertura cayó al 31.6 %. En el caso de los alimentos, la pérdida fue del 18 % en cinco años. Traducido a la vida cotidiana: “menos frijoles, menos queso, menos tortilla en las mesas de los jubilados”, lamenta Puentes para el Desarrollo.