Si nada lo impide, el 3 de agosto Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, se volverá a sentar frente a un juez. Esta vez lo hará en Tegucigalpa, pero sin esposas, como en abril de 2022, cuando la policía de su país lo detuvo para extraditarlo a Estados Unidos, donde un juez lo sentenció por narcotráfico a 45 años de cárcel. Acudirá como un hombre libre, indultado por el presidente Donald Trump, esta vez a responder por presunto fraude y lavado de dinero, en un proceso que la fiscalía hondureña reactivó apenas se conoció su libertad. El propio Hernández anunció en un video publicado en sus redes sociales que regresará el domingo 26 de julio, aprovechando que la Corte Suprema hondureña desactivó la alerta roja de Interpol para que pudiera regresar sin ser detenido.
Hasta hace poco, este nuevo escenario era un imposible. Al fin y al cabo, en 2024 un jurado federal en Manhattan lo había declarado culpable de conspirar para introducir cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Es más, la fiscalía lo describió como el responsable de una de las mayores operaciones de narcotráfico patrocinado por el Estado jamás procesadas por la justicia estadounidense.
Alimentaron el caso varios testimonios de narcotraficantes cooperantes, libros contables con pagos a “JOH y su gente” y el relato de un soborno de un millón de dólares entregado personalmente por el narco Joaquín “El Chapo” Guzmán. Para el Departamento de Justicia el expediente era tan sólido que logró una sentencia de 45 años, una virtual cadena perpetua, contra el expresidente hondureño.
Pero en la era Trump todo es posible. En diciembre de 2025 la sentencia quedó sin efecto cuando el presidente estadounidense firmó un indulto con el que Hernández salió el mismo día de la prisión de máxima seguridad en West Virginia. El mandatario estadounidense borró de un plumazo las evidencias y justificó su controvertida decisión en que el hondureño, “según muchas personas a las que respeto profundamente, ha sido tratado con gran dureza e injusticia”.
Al indulto lo precedieron una carta, un lobista y una elección presidencial. Cinco semanas antes, Hernández escribió a Trump una misiva —en la que se refería a él como “su excelencia”— en la que alegaba ser un perseguido político del gobierno de Joe Biden. Pero ese no fue el único elemento que ablandó el juicio del magnate.
Roger Stone, un consultor político y cabildero con una enorme influencia sobre Trump, llevaba meses presionando por la revisión del caso. Sostenía que Hernández era víctima de un lawfare (persecución judicial) orquestado por la izquierda hondureña. El propio Stone le dijo al medio estadounidense Axios que el mismo día del indulto le explicó a Trump que perdonar a su viejo aliado Hernández revitalizaría las posibilidades de triunfo del candidato de su Partido Nacional, Nasry Asfura, a dos días de las elecciones presidenciales.
Más allá del perdón judicial y del espaldarazo de Trump a Asfura, la movida demostró que para la Casa Blanca no todos los narcos son iguales ante las leyes y que la política antidrogas de Washington también responde a intereses geopolíticos. Para la prueba, por la época del indulto a Hernández, el mandatario estadounidense ya había ordenado más de dos decenas de ataques con drones a presuntas narcolanchas en el Mar Caribe, con un saldo de más de 100 muertos.
Y un mes más tarde, desplegó una operación militar en Venezuela para capturar al entonces presidente, Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo. Rebecca Bill Chavez, presidenta del Diálogo Interamericano y exsubsecretaria de Defensa de Washington dijo a la BBC que esas acciones de la Casa Blanca hacen que la misión antinarcóticos “parezca mucho más selectiva y motivada por razones políticas”.
Esto no es enteramente nuevo, pero durante el segundo mandato de Trump, Estados Unidos cambió radicalmente la forma de abordar el problema del tráfico de drogas. Apenas unos días después de su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025, firmó una orden ejecutiva en la que designó a las principales organizaciones criminales de México, Colombia y Venezuela –como el Cartel de Sinaloa, el de Jalisco (CJNG) y el de los Soles– como organizaciones terroristas extranjeras.
Adam Isacson, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), puntualizó que actualmente 18 grupos de crimen organizado y narcotráfico conforman su lista de grupos terroristas. Y no se trata de algo cosmético porque, jurídicamente, ese cambio convierte a los carteles en una amenaza similar a la de Al Qaeda o el Estado Islámico, lo que abre la puerta a combatirlos con fuerzas armadas y no por la vía judicial. La nueva Estrategia Nacional Antiterrorista de Trump sitúa como principal prioridad de seguridad del país la eliminación de los cárteles que operan en el continente americano, por encima del yihadismo.
Y como señaló Isacson, “no parecen tener la misma energía, el mismo deseo de combatir el narcotráfico como tal, ese narcotráfico que se viste de corbata y, especialmente, el narcotráfico que tiene conexiones políticas con movimientos que apoya Trump o cercanos a Trump que están recibiendo un trato mucho menos fuerte”, señaló Isacson.
Los otros “Juan Orlando”
El indulto al expresidente de Honduras no es el primer episodio en que la lucha antinarcóticos queda subordinada a la geopolítica. En 2020, durante el primer mandato de Trump, la agencia estadounidense de control antidrogas (DEA) arrestó en Los Ángeles al general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa de México, acusado de proteger a un cartel a cambio de sobornos. Un mes después, el Departamento de Justicia retiró los cargos tras fuertes presiones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Cienfuegos volvió a México y allí fue exonerado e, incluso, condecorado. El periodista Tim Golden reconstruyó para el medio ProPublica ese capítulo a partir de entrevistas con agentes de la DEA y fiscales del Distrito Este de Nueva York que habían sustentado el caso. Según sus testimonios, el entonces fiscal general de Estados Unidos, William Barr, habría actuado por su cuenta, sin consultar con Trump, porque consideró que había que preservar a toda costa la cooperación antidrogas entre los dos países.
Isacson recordó también dos ejemplos más recientes: el del expresidente paraguayo Horacio Cartes y la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Ambos están relacionados con aparatos estatales ligados al narcotráfico y fueron sancionados, aunque no directamente señalados por su responsabilidad en un esquema de drogas. En el caso de Cartes, la sanción estuvo ligada a su papel para obstruir una investigación internacional sobre crimen transfronterizo para protegerse a sí mismo y a un socio criminal no identificado, además de hechos de corrupción. Mientras tanto, Rodríguez estaba sancionada por ser una figura clave del entorno de Maduro. La Casa Blanca eliminó las sanciones contra ambos.
“El mensaje es si usted es un político o tal vez un narcotraficante que se porta mejor, no es tan violento, apoya el movimiento MAGA (Make America Great Again) y, tal vez, tiene contactos importantes con gente como Roger Stone, puede evitar cualquier sanción y ser visto como un amigo de Estados Unidos”, explicó Isacson a CONNECTAS.
Y, aunque con un objetivo distinto, también está el caso de Efraín Campos y Francisco Flores, los llamados “narcosobrinos” de Maduro, sobre quienes pesaba una sentencia de 18 años por tráfico de drogas. En 2022, el entonces presidente Joe Biden liberó a ambos a cambio de siete estadounidenses detenidos en Venezuela por razones políticas. El representante de WOLA marcó una distinción entre ambos casos porque detrás de la acción de Biden había una lógica de canje humanitario más que un indulto sin condiciones. “El Estado hondureño no estaba pidiendo la devolución de Juan Orlando Hernández, por lo menos el Estado durante el gobierno (de Xiomara) Castro. Entonces sí creo que es distinto”, dijo.
¿Quién será el próximo?
La expresión máxima del giro de la Casa Blanca llegó el 3 de enero de 2026, cuando una operación militar en Caracas culminó con la captura de Maduro, quien se declaró “prisionero de guerra” e inocente de los cargos de narcoterrorismo como presunto líder del Cartel de los Soles. Pero en este caso, para Isacson, Maduro no tiene ninguna esperanza de perdón. “Marco Rubio odia tanto a Nicolás Maduro que no lo veo posible. Y la estabilidad de Venezuela es muy importante: volver a Maduro la puede desestabilizar bastante, hasta llegar a un punto en que el gobierno de Trump sienta la necesidad de enviar tropas”, expresó.
Y lo que es peor, Isacson añade un elemento que parece surrealista pero a la vista de los antecedentes, no se puede descartar: “Si yo fuera Nicolás Maduro y sus cercanos, estaría contactando a Roger Stone y a todos los que son muy cercanos a Trump, que tienen la posibilidad de pedir un trato mejor. Si Nicolás Maduro se empieza a poner una gorra MAGA y a sacarse fotos y hablar bien de Trump… quién sabe, quién sabe realmente”.
Genaro García Luna, el funcionario mexicano de más alto rango que Estados Unidos ha procesado, representa otro caso llamativo. El sistema judicial lo halló culpable de recibir millones de dólares del Cartel de Sinaloa, mientras oficialmente dirigía una guerra contra esa organización, y lo sentenció a 38 años de prisión. Sigue apelando su condena sin mayores esperanzas, porque su caso no fue objeto de la misma presión diplomática que el de Cienfuegos.
En medio de todo, el gran afectado es el sistema judicial estadounidense, cuyas decisiones han quedado supeditadas a intereses diferentes a la justicia. De hecho, es posible que ahora los gobiernos de la región sean menos proclives a extraditar a figuras delictivas de alto perfil porque nada garantiza que sus esfuerzos no terminen en un indulto presidencial. Por eso, Isacson destacó que terminar en una prisión estadounidense ya no es el peor desenlace posible, como sí lo era cuando el grupo Los Extraditables, del Cartel de Medellín, en los años ochenta soltó su famosa frase: “prefiero una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos”.
Por todo eso, congresistas tanto demócratas como republicanos han cuestionado el indulto a Juan Orlando Hernández, descrito un año antes por el propio Departamento de Justicia como responsable de “una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo”. Ahora, la nueva regla no escrita empieza a tener vigencia: la aplicación de la ley puede ser un instrumento negociable. El expresidente hondureño lo entendió antes que nadie: bastaron una carta, un lobista y una elección para que 400 toneladas de cocaína se esfumaran como por encanto.
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