Para miles de niñas nicaragüenses su vida ha sido truncada tras haber sufrido violencia sexual y como resultado hacerse cargo de un embarazo no deseado. En zonas rurales del país, la población sigue creyendo que el destino de una mujer es ser madre, mientras que el Estado no cumple con su obligación de proteger a las niñas y adolescentes. Divergentes presenta historias de jóvenes que han sufrido el suplicio de la violación y la maternidad temprana. Nicaragua se mantiene como el segundo país de la región con la mayor tasa de embarazo adolescente
“Criar a mi bebé no ha sido fácil, no tengo experiencia…, pero lo hice porque no tenía otra opción”, cuenta cabizbaja la joven de iniciales J.Z. A la par de ella está su pequeña, tiene un año y medio, y constantemente le dice “mamá, mamá” durante esta entrevista. Era octubre de 2018 cuando tuvo a su hija, ella tenía 16 años. Meses antes de su embarazo cursaba sexto grado de primaria en una escuela pública en el centro de Nicaragua. Para esta adolescente convertirse en madre a corta edad ha sido lo más “lindo y difícil a la vez”.
Su vida de niña dio un giro radical hace cinco años. Tenía 13 cuando conoció al que se convertiría en el papá de su hija. Él es cuatro años mayor que ella. Se hicieron novios y un año después se fueron a vivir juntos. J.Z no quería mudarse a la casa de él, pero se sintió obligada a hacerlo. “Me sentí muy mal, presionada, ya después estaba arrepentida, pero ya estaba metida allí…”, afirma.
Abandonó la escuela, cambió los cuadernos y libros por una vida de pareja que con el paso de los años se tornó violenta. “Fue una relación bastante violenta porque sufrí maltrato. Fue como pasar una condena, no podía salir, tenía restringidas muchas cosas”, expresa. Cinco años convivió con él.
Ella es la hija mayor de sus padres, quienes la acogieron junto a su niña en su hogar, tras finalizar la relación violenta en la que estaba. “Siempre he contado con el apoyo de mis padres, que me han estado aconsejando, solo que no he sido muy madura para agarrar sus consejos y tomarlos como bien”, dice, culpándose de una manera tácita.
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Ama a su pequeña, pero admite que la maternidad la ha obligado a aprender “cosas que no sabía” y que ha enfrentado, “porque soy mamá, tengo una gran responsabilidad”.
La prima de J.Z. también se convirtió en madre siendo adolescente. Vive en la misma comunidad, en el centro de Nicaragua. A sus 15 años se enteró que tendría un hijo producto de la relación que sostenía con un hombre de 31, el doble de su edad. “Cuando yo le dije que estaba embarazada él me dijo ‘¿cómo puede ser?’ yo no lo podía creer, porque él no tiene hijos con otra persona, yo pensé que él se iba a alegrar… Desde ese entonces él vino cambiando conmigo, todo me cuestionaba. La verdad es que mi embarazo fue horrible, me enfermé, fue un proceso largo”, explica. Ella estaba ilusionada en su relación y tenía un año de habitar en la misma casa con él.
La joven de iniciales E.S, que habita en la misma comunidad rural, tuvo su primera hija a los 14 años producto “de una aventura”. El papá “nunca se hizo responsable de mi hija”. E. S. cursaba primer año de la secundaria y pese a su embarazo continuó estudiando, pero abandonó la escuela tres años después cuando se enteró que esperaba a su segunda hija. Es madre soltera y ahora, con dos niñas, se ha visto obligada a salir del país en dos ocasiones para trabajar, y asegurar la alimentación y vestimenta de sus pequeñas.
En Nicaragua, un 18% de mujeres se convierte en madre antes de los 19 años, según la última Encuesta de Demografía y Salud (Endesa). Tres de cada diez ha tenido al menos un hijo antes de cumplir 18, de acuerdo a un estudio de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
Las estadísticas del Ministerio de Salud (Minsa), por su lado, han reportado anualmente cerca de 1,700 nacimientos en niñas de entre 10-14 años. Según el Compendio Estadísticas Vitales, entre 2014 y 2019 alrededor de 10 mil146 niñas se convirtieron en madres. Las cifras se elevan a 193 mil 904 entre la población de 15-19 años. América Latina y el Caribe continúan siendo las subregiones con la segunda tasa más alta en el mundo de embarazos adolescentes, según un informe divulgado en 2018 por la Organización Panamericana de la Salud.
“El embarazo en adolescentes es un tema estructural, en el que coinciden varios factores, entre ellos la pobreza, el machismo, patriarcado, lo que tiene que ver con algunos patrones culturales, a nivel social, pero también la falta de estrategias sostenidas por parte del Estado para disminuir los embarazos en niñas y adolescentes”, afirma un especialista en derechos de la niñez, que pide no identificarse para este reportaje por seguridad personal. “¿Por qué se da? Todos los esfuerzos que hace el Ministerio de Salud están enfocados a disminuir la mortalidad materna e infantil, no para disminuir el embarazo en niñas y adolescentes”, añade.
La feminista y socióloga María Teresa Blandón explica que el embarazo en niñas y adolescentes afecta muchos aspectos de la vida, especialmente a nivel psicológico. “El embarazo, que en cualquier mujer adulta puede ser una causa de alegría, de satisfacción, incluso de realización personal, en las niñas y adolescentes produce mucho miedo. Hay adolescentes que se han suicidado producto del embarazo y el terror que eso genera, porque evidentemente son personas que apenas están empezando la vida, que no están preparadas para un tema tan complejo como el embarazo y la maternidad”, sostiene Blandón.
Según la Endesa, apenas dos de cada cinco adolescentes usan algún método anticonceptivo en la primera relación sexual. Este indicador muestra un gran desafío en términos de información y empoderamiento de la juventud. Además, en los últimos años en Nicaragua el porcentaje de niñas que tienen su primera relación sexual antes de los 17 años ha aumentado, e inclusive se ha duplicado la cantidad de niñas cuya relación sexual fue antes de los 13 años, cita el informe.
“Un embarazo temprano tiene grandes consecuencias en el ciclo de vida de las chavalas, se ven forzadas a asumir responsabilidades de adulto cuando en realidad todavía son niñas. La falta de alternativas de vida para las niñas es una cuestión que obstaculiza su desarrollo, explica un especialista en derechos de la niñez que prefiere el anonimato.
El embarazo a temprana edad tiene como consecuencias mayor deserción escolar de las adolescentes y, por lo tanto, se ven obligadas a sumirse en mayores condiciones de pobreza. La discriminación que sufren en las escuelas las obliga a abandonar los estudios, aunque estén en el último año de bachillerato.
El suplicio que viven las niñas y adolescentes con embarazos a temprana edad tiene uno de sus momentos más dramáticos en el quirófano, cuando sus cuerpos enfrentan la labor de parto. De acuerdo al Estado de la Población Mundial publicado en 2020, “las niñas no están física, emocional, intelectual ni económicamente preparadas para ser madres a edades tan tempranas. Tienen más probabilidades de morir a causa de complicaciones durante el embarazo y el parto que las mujeres en la veintena, y también de que sus hijos nazcan muertos o mueran durante su primer mes de vida”. Sin embargo, en Latinoamérica se registran 66.5 nacimientos por cada 1,000 niñas de entre 15 y 19 años.
La ginecobstetra Gabriela Martínez explica que hay una serie de factores físicos que se toman en cuenta para concluir que una adolescente no está preparada para un embarazo. “Hablamos de tamaño, peso, estado nutricional”. También influye el estado emocional, “porque si una adolescente no está preparada para llevar a cabo su embarazo podemos tener incluso hasta puerperio (el tiempo que le toma al cuerpo materno volver a las condiciones pregestacionales), trabajo de parto y gestiones completas depresivas”.
La probabilidad de riesgo de muerte materna en adolescentes es aproximadamente un 28% superior en las madres de entre 15 y 19 años que para las madres de 20 a 24 años, concluyen especialistas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que “las complicaciones derivadas del embarazo y el parto están entre las principales causas de muerte de las adolescentes de 15 a 19 años”.
Las organizaciones feministas critican que desde la llegada del régimen de Daniel Ortega al país se ha reducido la información que evidencia los abusos contra las mujeres. Incluso, ha disminuido la cantidad de muertes maternas de forma “increíble”. En 2006, el Minsa detalló que en ese año fallecieron 93 mujeres por cada 100 mil niños nacidos y se redujo a 59 fallecidos en 2011, y en 2016 fueron 38 mujeres por cada 100 mil nacimientos. Los registros del Minsa hasta septiembre de 2020 contabilizan 30 decesos maternos en total. “Nosotras no usamos estas estadísticas porque sabemos que las niñas no pueden ser madres, aunque la sociedad se empeñe en clasificarlas de tal manera”, aclara María Teresa Blandón.
El 31 de julio de 2021, el Minsa reportó la muerte materna de una niña de 13 años por un “shock hipovolémico”, provocado por una “hemorragia post parto por desgarro uterino más atonía uterina”, según describió el diagnóstico. Su mamá relató al diario La Prensa que el deceso de su hija fue por negligencia médica. “Yo digo que se lentearon (demoraron), porque a ella le pusieron el oxígeno hasta cuando estaba agonizando, ya nada había que hacer”, dijo al diario.
“No llegaba a la casa, no pidió permiso, sino que a escondidas tuvimos la relación; no jalamos mucho y él rapidito me dijo que me fuera y me fui”. Cuando A.C era una niña de 13 años salió de su casa a la de “Francisco”, el hombre con el que tuvo su primera unión. Él es cinco años mayor que ella, tenía 18 años en ese entonces. Trabajaba en los cafetales de La Jungla, una comunidad rural fronteriza con Honduras. “Ahí nos conocimos. Era una finca donde se quedaban ellos y ahí él empezó a molestarme, y yo como era una chigüina, me enamoré”, recuerda.
Estaba cursando quinto grado de primaria en una escuela rural de la zona. Es la tercera hija. A.C no hizo nada diferente a sus hermanas, ellas también abandonaron su hogar a los 13 y 14 años, respectivamente. Salieron huyendo del maltrato de su papá, no porque estaban enamoradas. “Él ya no quería ni darme el estudio, nada, me decía que buscara trabajar”, narra.
La socióloga y feminista María Teresa Blandón explica que “está naturalizado” en la sociedad que hombres adultos seduzcan “de forma ilegítima e ilegal a las niñas. Muchas veces se aprovechan de las condiciones de pobreza de las que viven estas niñas, se las llevan a hacer estas uniones que son profundamente peligrosas y generadoras de violencia, porque son criaturas que no tienen ninguna información, que no tiene una red de apoyo, que se van engañadas, que se van por miedo y a veces por la fuerza porque se las roban de sus casas”, describe.
El temple de A.C cambia cuando habla sobre su progenitor. No hay recuerdos agradables sobre él. Al contrario, su mamá siempre la defendió, pero él insistió en responder con pleitos, humillaciones y malos tratos que la empujaron a la calle. “Yo decía, para que se quede tranquilo, me voy a ir… entonces me fui”.
Huir le ha costado mucho sufrimiento en silencio y soledad. Tiene 21 años y tres relaciones. Cuando tenía 18 “me hice de otro hombre, estuve solo cinco meses con él”. Él tenía 30 años. No le gustaba que ella trabajara ni estuviera en la calle. “Era celoso, decía que los hombres me miraban, yo era bien hermosa”. Su pareja actual tiene 32 años, es el papá de su hijo, la viola y también le impide laborar.
“En la montaña las mujeres sufren porque se van chiquitas, no saben a lo que van, porque a mí me tocó eso”, reflexiona. “¡Uh, mire, si ese cuarto hablara! Yo ahí me encierro a llorar”, añade.
Especialistas coinciden que el matrimonio infantil y las uniones a temprana edad conllevan, en la mayoría de los casos, dinámicas de violencia física, verbal, psicológica, emocional y económica, porque son una “práctica nociva”, según el Informe Estado de la Población Mundial 2020 de UNFPA. De todos los países de la región, Nicaragua cuenta con la segunda tasa de prevalencia más alta.
En Nicaragua todavía persiste en el imaginario social que la finalidad para la mujer es casarse y ser madre a menor edad. El estudio Fecundidad Adolescente en Nicaragua: Tendencias, Rasgos Emergentes y Orientaciones de Política. Series de Población y Desarrollo, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2007, muestra que las adolescentes con mayores índices de pobreza están más propensas o son obligadas a casarse. Para ellas, la probabilidad de un matrimonio infantil es tres veces más alta.
Las adolescentes son presionadas desde la familia a establecer relaciones sexuales con hombres mayores con el propósito de obtener beneficios económicos para sus núcleos. Son utilizadas como “mercancía de intercambio” para obtener prebendas, dadas las condiciones de pobreza extrema en que viven, explica un experto en derechos de la niñez.
El UNFPA concluye en su estudio sobre uniones a temprana edad que la gran mayoría de las niñas fue objeto de estupro o violación en su primera relación sexual. Sólo 18% tuvo su primera relación sexual con un hombre menor de edad siendo ellas menores de edad. Incluso, de las mujeres de 18 a 24 años que fueron violadas o forzadas a tener su primera relación sexual, tres de cada cinco (61%) se unieron a temprana edad.
El Código Penal de Nicaragua establece en el artículo 168 que cuando la adolescente tiene menos de 14 años debe presumirse la falta de consentimiento y, por tanto, la violación. Por su parte, el artículo 171 del mismo Código indica que si la relación sexual se da sin violencia entre un hombre mayor de 18 años y una mujer, mayor de 14 años, pero menor de 16, a este delito sexual se le considera estupro y se impondrá la pena de 12 a 15 años. Sin embargo, el Anuario Estadístico 2020 de la Policía Nacional apenas registró seis denuncias de “estupro agravado”.
Una especialista en víctimas de violencia, que pide anonimato por seguridad personal, explica que los estereotipos de género deciden que las niñas y adolescentes “no puedan desarrollarse ampliamente, tener otras aspiraciones”, pues son causas estructurales, culturales, sociales y también económicas. Sin embargo, las condena a quedar atrapadas en el ciclo negativo de embarazos y de altos niveles de desnutrición infantil.
Una de las consecuencias más visibles para las niñas es la maternidad impuesta, incluso cuando esta es producto de violencia sexual. En Nicaragua, al menos el 50% de los embarazos en adolescentes son producto de violencia sexual, según una encuesta del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (Mifan).
Con el paso de los años “se han normalizado los embarazos producto de una violación e incluso se les ha responsabilizado y se ha obviado que detrás de cada embarazo hay una historia de abuso sexual, exonerando de esta manera a los agresores”, señala la especialista que trabaja con víctimas y que por seguridad pide confidencialidad en su identidad. “En el barrio, en la comunidad, no es posible que no nos moleste o no nos importe que una niña salga embarazada. ¡Cómo vamos a creer que eso fue por voluntad propia, es un delito!”, reclama.
El Anuario Estadístico de la Policía Nacional detalla que en el año 2020 recibió 2 mil 282 denuncias de “delitos contra la libertad e integridad sexual”, de esas 487 corresponde a “violación a menores de 14 años”. Esta cifra es mayor al registrado en la categoría “violación” que acumula 423 casos e incluye el rango de mujeres mayores. Por otro lado, las estadísticas de la Policía registran 1,098 denuncias de “abuso sexual” en general, pero no especifican cuántas de estas corresponden a niñas.
El Grupo Estratégico para la Despenalización del Aborto Terapéutico (Gedat) concluyó en su estudio Embarazo interpuesto por Violación: niñas-madres menores de 14 años que las estadísticas oficiales “son en realidad una mínima fracción de lo que realmente ocurre” y apenas un 5% “logra poner la denuncia”. De acuerdo a la Endesa de 2011/12, entre las mujeres que reportaron el antecedente de violación antes de los 15 años, la gran mayoría, siete de cada diez, no buscó ayuda.
El riesgo de un embarazo en niñas después de una violación es mucho más alto en comparación con mujeres adultas, según coinciden especialistas. La Endesa 2011/12 reveló que “existen casos de maternidad no deseada, que es la realidad de más del 40% de las adolescentes embarazadas” en Nicaragua. Este estudio evidenció que el 36.1% de mujeres entre 15 y 19 años no deseaba su embarazo en ese momento y un 5.1% manifestó que definitivamente su embarazo fue no deseado. Los datos que registra el Minsa sobre embarazos adolescentes en Nicaragua son los mismos de parto, es decir de egresos hospitalarios, no especifica cuántos de esos fueron producto de una violación, a pesar de la Normativa 031, Normas y Protocolos para la Prevención, Detección y Atención de la Violencia Intrafamiliar y Sexual.
El estereotipo social, cultural y religioso para la mujer es ser madre, este patrón incluso se aplica cuando son embarazos producto de una violación. Sin embargo, las consecuencias son fatales. “Cuando se embarazan producto de la violación, muchas chavalas quieren suicidarse”, otras intentan interrumpir el embarazo por su cuenta. “Ingieren sustancias tóxicas, algunas se golpean, otras se tiran por las escaleras; una cosa horrorosa por terminar con eso que no pidieron o para lo que no están preparadas”, cuenta la especialista que ha laborado durante varios años con víctimas de violencia sexual.
Amnistía Internacional condenó en 2009 que en Nicaragua las víctimas de violación que quedan embarazadas se enfrentan a una “elección desmesurada” que implica continuar con el embarazo, independientemente del peligro para su vida, su salud, bienestar o buscar un aborto clandestino poco seguro, que pone en peligro su vida y las puede enviar a la cárcel.
La penalización absoluta del aborto es, probablemente, una de las más claras evidencias de la falta de compromiso del Estado nicaragüense con la vida y la salud de las adolescentes y las mujeres en general, considera Blandón. “Cuando una niña o una adolescente sale embarazada primero no se puede presumir libre consentimiento. Segundo, son embarazos que ponen en riesgo su salud, su vida y también su futuro, porque no están preparadas para eso ni tienen las condiciones para hacerlo”, añadió.
El Mapa Nacional de Salud en Nicaragua registró en 2020 la hospitalización de 8 mil 797 casos de “embarazos terminados en aborto”, no obstante no hay detalle sobre el grupo poblacional al que corresponden estas mujeres y los motivos que conllevaron a esta interrupción.
En 2016, el Grupo Estratégico para la Despenalización del Aborto Terapéutico (Gedat) e Ipas Centroamérica divulgaron el estudio Embarazo interpuesto por Violación: niñas-madres menores de 14 años y evidenciaron que más del 60% de la población opina favorablemente para que se revierta la penalización total del aborto terapéutico y que se permita la interrupción en situaciones donde peligra la vida la vida, la salud y sea producto de una violación. Presentaron la iniciativa a las autoridades, pero fue rechazada.
Era 2014 cuando “Frania”, una mujer que se practicó un aborto clandestino en Nicaragua, supo que estaba embarazada. Tenía 27 años, la noticia la invadió de pánico y mucho miedo. Si algo ella ha tenido muy claro en su vida es que “nunca he tenido la idea de ser mamá”. Pero interrumpir el desarrollo del feto fue un proceso “violento”.
Tenía una pareja estable en ese momento, la relación en ese entonces llevaba seis años. Ella usaba métodos de planificación para impedir un embarazo, pero este ocurrió. Ninguno de los dos quería asumir el rol de padre o madre. Su situación económica no era apta para tener un hijo. “Y todo lo que se te viene a la cabeza en ese momento es horrible, es no saber qué hacer, a quién acudir”, cuenta.
“Empezás a pensar de quién es mi cuerpo, por qué me está pasando esto y por qué no puedo simplemente decidir que no quiero y ya, con calma poder ir a algún lugar a que me practique un procedimiento que para mí es casi como que te quiten un tumor, yo de verdad así lo siento”, añade.
Ocho años antes el Estado de Nicaragua terminó de abolir cualquier forma de aborto, incluido el terapéutico tras una petición de la Iglesia católica y evangélica. Desde el año 2007, ninguna mujer o niña puede interrumpir el embarazo, más bien castiga a quienes participen de este proceso. El Anuario Estadístico 2020 de la Policía Nacional judicializó tres de cuatro denuncias recibidas por aborto.
El Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas considera que la prohibición del aborto en el país expone a mujeres y niñas a la “tortura y trato cruel”, y representa una “amenaza” constante de violaciones graves de sus derechos, especialmente cuando la continuación del embarazo supone un riesgo para su vida, o cuando es consecuencia de una violación.
“Esto es violatorio de los derechos humanos de las mujeres. Nuestra biología no puede ser una condena y si lo es, es porque vivimos en una sociedad autoritaria, donde los fundamentalismos se convierten en una especie de condena para las mujeres y las niñas, y donde el Estado es nuestro carcelero, nuestro juez y finalmente nuestro verdugo”, reflexiona Blandón.
En este país centroamericano se desconoce la cantidad exacta de niñas, adolescentes y mujeres que abortan en condiciones inseguras. Sin embargo, es una realidad que muchas viven a la sombra del silencio, por el temor a ser juzgadas por la sociedad. “¿Cómo es posible que no pueda tomar simplemente la decisión de no ser mamá y que eso no me sea una carga económica, emocional y de miedo de enfrentarse a la justicia?”, se pregunta ahora “Frania”.
A juicio de Blandón, en los grupos más conservadores que operan en la sociedad y el Estado hay un discurso “muy falso” en relación a que el aborto provoca traumas a las mujeres o a las adolescentes que recurren a él. “Lo que se convierte en traumático es precisamente la condición de clandestinidad, es el hecho de que la sociedad y el Estado las vigilan, las persiguen y las sancionan moralmente, pero también las pueden sancionar con cárcel”, valora.
“Frania” tuvo dos procedimientos para interrumpir su embarazo. El primero “no me funcionó”. Durante una semana padeció de “unos dolores horribles” y una “hemorragia bastante abundante”. Pese a sus dolencias no se quedó quieta y acudió a otras personas “para que me ayudaran a sacar los restos que habían dentro”.
Siete años después de aquel episodio, “Frania” cree que si no hubiera tenido los recursos económicos, no lo hubiera logrado. “Esto de imponernos a ser madres, de crearse toda un estigma acerca del aborto es bastante frustraste y en mi caso lo único que me generó fueron muchas ganas de seguir ayudando a otras mujeres que estén pasando por lo mismo, porque estamos solas. Si no somos nosotras las que nos ayudamos nadie lo va a hacer”.
Durante 15 años las organizaciones feministas han presentado ante la Corte Suprema de Justicia 38 recursos por inconstitucionalidad en contra de la Ley 103, Ley de derogación del artículo 165 del Código Penal, y 72 recursos contra la Ley 641 del Código Penal que en sus artículos 143, 144 y 145 castiga el aborto en todas sus formas. En todos estos años, “las autoridades no han respondido”, cuenta Blandón.
El embarazo y la maternidad en adolescentes se relacionan estrechamente con la falta de condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y la ausencia de medidas de protección ante situaciones de riesgo, consideran los expertos en derechos de la niñez.
Los esfuerzos realizados por el Minsa no corresponden a la magnitud del problema. La falta de transparencia en datos oficiales se da en diversas instituciones: Minsa, Mifan, Policía Nacional y el Instituto de Medicina Legal, no establecen en sus protocolos si la causa del embarazo en la niña o adolescente es consecuencia de una violación. La Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, en su artículo 20 afirma que las instituciones del Estado son responsables de “detectar, documentar y brindar la información a la autoridad competente sobre los hallazgos físicos y psíquicos, ocasionados por la violencia en las víctimas, que acuden a los servicios de salud pública y de justicia para la sanción y recuperación del daño”.
El Ministerio de Educación tiene un compromiso en la prevención de la violencia y el embarazo en adolescentes, y la implementación de la Estrategia Escuela de Valores, pero “no se conoce” cómo ejecuta su rol desde la Dirección de Consejerías de las Comunidades Educativas (CCE).
A juicio de una de las especialistas en víctimas de violencia consultadas para este reportaje, urge una “alianza” entre organizaciones, la empresa privada, el Estado y las instituciones religiosas para echar andar un plan de educación integral de la sexualidad para prevenir los embarazos en las adolescentes, la violencia sexual y uniones a temprana edad.
A su criterio, la formación debe estar enfocada no solo a niñas, también a varones “tiene que enfrentarse con los prejuicios y estereotipos sexistas para dar orientaciones y consejos a los niños”. También el Estado debe de comprometerse a trabajar de forma integral con las familias, “ellos son sus referentes, en la casa se debe de hablar de sexualidad porque no solo la escuela es responsable”, sugiere la especialista. “No se trata de impulsarlos a que usen métodos anticonceptivos, sino que conozcan que existe y de las consecuencias que existe tener relaciones sexuales sin ninguna protección”, explica.
Por otro lado, es fundamental trabajar en el empoderamiento de las adolescentes. “Aspirar a una vida que tiene sentido, que no solamente es la maternidad o la paternidad se lo dan”, dice la especialista. Es clave enseñarles autonomía emocional y enfatizar en que las “chavalas que pueden ser emprendedoras, lideresas, que ser buena estudiante significa que podés tener más posibilidades para tu vida”, recomienda.
También se hace necesario trabajar con los hombre mediante grupos de reflexión sobre masculinidades no violentas, “que cambien ese patrón que hay de relación que nos han dicho que las mujeres son menos que los hombres y que a nosotras solo nos toca obedecer, cuando en realidad hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y merecemos respeto ambos géneros”, finaliza.