El pasado 20 de mayo, el juez de Luisiana Robert Summerhays, nominado en su momento por Trump, anuló el intento de Biden de acabar con el Título 42, una política de expulsión de indocumentados amparada en la pandemia de la Covid-19.
Por otro lado, este 31 de mayo entrará en vigor una nueva política, que otorga poderes discrecionales temporales a los agentes de asilo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) para conceder la protección humanitaria, una tarea que hasta ahora solo era administrada por los jueces de inmigración.
¿Qué dice el Título 42?
Esta excepción de la Ley de Salud de Estados Unidos refiere que el gobierno estadounidense puede expulsar de forma inmediata a cualquier extranjero que presente el riesgo de introducir una enfermedad al país.
Esta normativa data desde el año 1940. Puede afectar el ingreso a territorio estadounidense tanto a personas indocumentadas como a aquellas que cuenten con visa y demás papeles migratorios en regla.
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La polémica medida, vigente desde marzo de 2020, permite deportar automáticamente a la mayoría de los migrantes indocumentados que cruzan la frontera sur, sin darles la oportunidad de solicitar asilo, al considerarlos un riesgo sanitario.
La batalla de Biden
Se esperaba que la medida dejara de aplicarse el pasado 23 de mayo, sin embargo, el juez Robert Summerhays ordenó al gobierno de Joe Biden no terminar con el Título 42.
El Gobierno apelará la sentencia, pero el Título 42 permanecerá intacto mientras no se resuelva la batalla legal, que podría alargarse hasta el año 2023.
“El Título 42 es un fracaso como política de gestión de la frontera. (…) Ha generado un mayor caos y más cruces fronterizos”, afirmó Aaron Reichlin-Melnick, experto en migración del American Immigration Council.
Esta normativa de 2020, ampliamente criticada por defensores de derechos humanos, obliga a los solicitantes de asilo a esperar su audiencia en territorio mexicano, donde muchos aguardan meses o años hacinados en campamentos y expuestos a la violencia.
Biden la suspendió en su primer día en la Casa Blanca, en enero de 2021, pero la Justicia también le obligó a reinstaurarla.
“Ahorita no hay una forma de entrar a pedir asilo de una manera digna o legal. Y hay que recordar que el asilo es un derecho humano”, explicó a EFE Crystal Sandoval, miembro de Las Américas, organización que asesora legalmente a los migrantes desde la fronteriza ciudad de El Paso (Texas).
Sandoval explicó que las normativas de Trump han forzado a muchos migrantes a cruzar la frontera por “áreas rurales remotas”, donde “corren un mayor riesgo”.
Además, muchas expulsiones son “discrecionales” en función de la nacionalidad de la persona.
El caso de los migrantes nicaragüenses y cubanos
Otros migrantes quedaron exentos del Título 42 por razones, en gran parte, fuera del control de la administración Biden: las autoridades mexicanas limitan la cantidad de no mexicanos que aceptarán, por ejemplo, especialmente grupos familiares, citando limitaciones de capacidad de alojamiento en sus ciudades fronterizas. El gobierno mexicano generalmente rechaza el regreso de migrantes de países que no hablan español fuera del hemisferio occidental. Muchos de estos inmigrantes han llegado en números especialmente grandes desde que el presidente Biden asumió el cargo.
Si bien las autoridades estadounidenses pueden usar el Título 42 para repatriar a los migrantes directamente a sus países de origen en “vuelos de expulsión”, el aterrizaje de los aviones requiere la cooperación de otros gobiernos. Por ejemplo, los solicitantes de asilo y los migrantes de Nicaragua, Venezuela y Cuba están llegando a niveles récords, pero las tensas relaciones de Estados Unidos con los líderes de esos países dificultan o imposibilitan los vuelos de expulsión, por lo que generalmente son liberados en Estados Unidos.
No obstante, a inicios de mayo el medio estadounidense The Washington Post publicó que la administración de Biden comenzó silenciosamente a expulsar a cubanos y nicaragüenses a México bajo la orden de salud pública del Título 42.
Estados Unidos llegó a un acuerdo con México para expulsar hasta 100 cubanos y 20 nicaragüenses por día de San Diego, El Paso y el Valle del Río Grande en Texas, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato.
“Esto se hizo debido al aumento exponencial de llegadas de ambos países a México y Estados Unidos”, dijo un funcionario mexicano a The Washington Post.
De los 78 mil 903 cubanos detenidos por Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) a lo largo de la frontera sur entre el primero de octubre de 2021 y el 31 de marzo, solo 737 fueron expulsados bajo el Título 42, según muestran los registros.
Solo 2 mil 200 de los 79 mil 066 nicaragüenses que llegaron en ese mismo lapso fueron rechazados por la orden de salud pública. En contraste, alrededor del 65 por ciento de los centroamericanos de Guatemala y Honduras fueron expulsados bajo el Título 42 durante ese tiempo, según las últimas cifras disponibles de CBP.
La nueva regla
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ) informaron que comenzarán a implementar la nueva disposición para asegurar que aquellas personas sujetas a remoción expedita que son elegibles para el asilo reciban alivio rápidamente, y aquellos que no lo son sean removidos inmediatamente.
La regla final provisional (IFR) de marzo de 2022 titulada “Procedimientos para la Verificación de Temor Creíble y Consideración de Asilo, Suspensión de Deportación y Solicitudes de Protección CAT por parte de los Oficiales de Asilo” (a veces denominada regla del oficial de asilo) autoriza al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) a considerar las solicitudes de asilo de ciertas personas sujetas a remoción expedita que demuestran un temor de persecución o tortura durante su verificación requerida.
La regla será puesta en marcha este 31 de mayo con el objetivo de acortar el proceso administrativo de años a varios meses. Las personas que cualifican para asilo recibirán protección más rápidamente, y aquellos que no son elegibles serán expulsados de inmediato en lugar de permanecer en Estados Unidos durante años mientras sus casos están pendientes.
La regla “aplica prospectivamente y solo a adultos y sus familias que son colocados en procedimientos de remoción expedita, e indican la intención de solicitar asilo, temor de persecución o tortura, o temor de regresar a su país de origen, después de la fecha de vigencia de la regla”. La regla no aplica a los menores no acompañados.
La implementación se llevará a cabo de manera gradual, comenzando con un pequeño número de personas y crecerá a medida que USCIS desarrolle la capacidad operativa. A partir del 31 de mayo, DHS tendrá como objetivo referir aproximadamente a unos pocos cientos de no ciudadanos cada mes a USCIS para una Entrevista de Méritos de Asilo (AMI) después de una determinación positiva de temor creíble.
Por otro lado, este 31 de mayo activistas preparan una nueva protesta en el Consulado de los Estados Unidos en Tijuana; ya que consideran que se debe eliminar la Ley del Título 42 que no permite a los migrantes iniciar sus procesos de solicitud de asilo.
Al medio día llegarán a las oficinas consulares para exigir desde la frontera que sean eliminadas las leyes que solo ponen en riesgo a los migrantes. En esta protesta se enviará una carta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden para que intervenga y se logre el cruce de migrantes.
(Con información de EFE).