En la tarde del martes 6 de diciembre, dos horas antes de que el gobierno de Xiomara Castro lanzara un Estado de excepción para combatir las extorsiones, Nelson* fue detenido por tres policías cuando se dirigía a comprar a una pulpería de la colonia La Peña. «Ponete firme, podés cantar», le dijeron. Con el verbo «cantar», los policías pretendían que este joven de 20 años confesara un supuesto vínculo con la pandilla Barrio 18 controla ese sector. Él negó todo, y aún así, sin pruebas a la mano, le ordenaron que se subiera a una patrulla. Nelson conocía de antemano, por amigos y familiares, lo que le pasa a aquellos que se han subido a las patrullas: 24 horas en la posta policial, un día perdido y estar en las manos de una institución cuya violencia es percibida por la población como un problema equiparable al de las pandillas, según las encuestas. Nelson se resistió y pidió que le explicaran la razón de su arresto. Al final, los tres policías también desistieron, pero se llevaron sus documentos de identidad.
Dos horas más tarde, movido por la curiosidad, recorrió casi un kilómetro hasta la Alemán, la colonia vecina, un «barrio caliente» al sur de Tegucigalpa. Ahí, cerca de una cancha, más de 600 policías posaban para las cámaras que televisaron la medida que suspende seis garantías constitucionales para combatir la extorsión y «delitos conexos» ligados a las pandillas.
Rodeado por agentes que portaban armas largas, chalecos antibalas y gorros pasamontañas, el comisionado general Gustavo Sánchez, director de la Policía Nacional, le decía al pueblo hondureño que tenía que «confiar en su policía». Según Sánchez, «el 99% de la población no será afectada por este estado de excepción parcial», ya que la institución tenía «perfilados a los delincuentes». El gobierno de Honduras reeditó un mensaje que había sido utilizado ocho meses atrás por el gobierno salvadoreño en una medida similar: «los ciudadanos honrados» no tienen nada que temer.
Pero entre el público curioso había uno que sí temía.
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«No es correcto que ellos vengan a decir “vos sos 18”. Le están acusando de una forma incorrecta. Primero, deberían investigar a las personas y aportar pruebas», dijo Nelson a escasos metros de los agentes.
Su temor no es infundado. Una medida que da amplias facultades a los cuerpos de seguridad para ingresar a colonias dominadas por pandillas es un caldo de cultivo para los abusos como se ha evidenciado a lo largo y ancho del triángulo norte de Centroamérica.. Para Nelson, que ha sufrido abusos policiales con anterioridad, el miedo es que estos empeoren.
«Una vez, estaba jugando a la pelota con mis amigos y nos pusieron a todos contra la pared; no es justo que estén tocando mis partes íntimas. Me ha pasado cinco veces en la misma colonia, con diferentes policías. Siempre termina igual, dicen “que sea la última vez que te veo por ahí”, y lo golpean a uno. No es justo que hagan eso. Somos personas civilizadas».
En la primera noche del estado de excepción, Contracorriente presenció los operativos en la zona de La Peña y San Isidro, pero la medida llegó a más de 70 barrios y colonias de la capital listados como supuestos nidos de pandilleros. Agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) detuvieron a los transeúntes y a los choferes que circulaban y los catearon buscando armas o droga. Mientras tanto, un policía comunicaba el número de identidad a través de un walkie talkie para saber si esa persona se encontraba en alguna base de datos.
En este escenario, una madre arrastraba a su niño de la mano para regresar a casa, pero el hijo se quedaba pasmado:«Mamá, mira, es la televisión ¡es HCH [canal informativo hondureño]!»
En algún momento de la noche, las cámaras apuntaron hacia un joven en un barrio llamado «El hoyo»: brazos estirados, cara contra la pared, los policías le pidieron que dijera su número de identidad. Quizá por los nervios, tardó en recordarlo. «Otra vez», ordenaron los policías. Lo repitió sudando. Lo soltaron y, mientras ponía los brazos en las mangas de su camisa, corrió, mientras un policía amagaba con una eventual persecución si este no se apuraba: «Cuatro, tres, dos, uno…», contaba el policía en voz alta.
Aquella primera noche, el estado de excepción en Honduras se presentó como un show televisado en el que no hubo capturas. Pero tres meses después, el Gobierno registra más de tres mil, aunque casi nadie confía en los datos oficiales. Desde diciembre, Contracorriente y la Redacción Regional han recorrido los barrios, hablado con vendedores, jefes policiales, empresarios, defensores de derechos humanos, una experta en análisis de la violencia, jueces y hondureños que viven en territorios de pandillas. Un informe del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH, adelantó para el primer mes de la medida lo que pareciera ser un constante en Honduras: el estado de excepción dista mucho de ser una medida exitosa como plantea el Gobierno, y en realidad rebalsa de capturas con signos de arbitrariedad y ya tiene denuncias de abusos por «uso indebido de la fuerza» al interior de las postas policiales. Pese a las miles de capturas, en los juzgados especializados los casos no llegan ni a la media centena y jueces han evidenciado detenciones sin pruebas, policías que no recordaban los motivos por los que capturaron a una persona o detenidos que nada tenían que ver con el hecho presuntamente denunciado. Y mientras las cifras no cuadran, la violencia en Honduras se mantiene.
El confuso pretexto para el estado de excepción
El 24 de noviembre, el Gobierno de Xiomara Castro declaró una «emergencia nacional de seguridad» porque Honduras estaba sufriendo por el embate de las extorsiones. Faltaban dos semanas para el estado de excepción cuando nació el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos. Desde entonces, las redes sociales del Estado y los chats de la policía hondureña promovieron los mensajes #EstadoDeExcepción o #GuerraContraLaExtorsión, acompañados del número de supuestas detenciones realizadas cada día.
Ese plan parecía responder a la percepción de la opinión pública y fue presentado tan solo diez días después de que Mateo Yibrín, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), alertó en un tuit que «El delito de extorsión se está saliendo de las manos en Honduras[…]».
Sin embargo, el supuesto auge de la extorsión no se refleja en las cifras de denuncias y capturas registradas. Según la División de Criminología de la Policía Nacional, las personas detenidas por este delito sumaron 33 en 2022 (un poco más que en el 2021 cuando se registraron 29 detenidos). Esta misma institución indicó que en 2022 hubo solo 13 denuncias contra 176 en 2021.
Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), un referente a la hora de entender la violencia, coincide en que las cifras no señalan un aumento de casos, pero apunta a que el problema es real. «El detonante del estado de excepción fue la situación de violencia ligada a la extorsión, pero según el Observatorio, en 2022, la violencia no estaba aumentando. Al contrario, la proyección que hemos hecho era de 37 homicidios por cada 100.000 habitantes», dijo.
A un año de su toma de posesión, la presidenta Xiomara Castro resaltó una «baja histórica de los homicidios» bajo su mandato, pasando de una tasa de 41,70 % en 2022 a 35,79 % en 2022. En enero de 2023, Honduras registró 145 homicidios menos que el año anterior. Sin embargo, en los primeros 15 días de febrero ya había alcanzado 134 homicidios, superando los 133 de febrero del año pasado.
El sector de transportistas públicos, históricamente el más golpeado por la violencia derivada del delito de la extorsión, tampoco tenía cifras al alza. Según Ayestas, de enero a septiembre de 2022, 85 transportistas fueron víctimas de muerte violenta. En el mismo periodo de 2021, se registraron 141.
«El delito es un delito real. El punto es que debe haber una estrategia en conjunto con los empresarios de transporte para poder disminuirlo», dijo Ayestas, y luego señaló que en lo que va de 2023 ya hay 12 transportistas asesinados.
El delito, además, impacta en otros rubros. Según estimaciones de la Secretaría de Seguridad, en 2022 los empresarios pagaron 2,600 millones de lempiras (105,604,200 dólares) en extorsiones. Un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) dedicado al «impuesto de guerra», establece que sólo el 1% de las víctimas denuncia y que, de los casos judicializados, menos del 1% atañe a un individuo «involucrado en planificar el delito». Lo demás corresponde a personas que amenazan, reciben o transportan el dinero.
Contracorriente intentó múltiples veces entrevistar a Ramón Sabillón, el Ministro de Seguridad y a Julissa Villanueva, la Viceministra, para entender la justificación y estrategia del estado de excepción, basado en cifras oficiales que no cuadran con el discurso. Pero las citas fueron canceladas. En una entrevista otorgada a El Faro, Sabillón declaró que «la gente quiere puño duro».
«Extorsionistas» que no eran extorsionistas
A principios de enero, a un mes de su instauración, Adonay Hernández Vásquez, jefe de la Unidad operativa de la zona norte, anunció la captura de más de 600 miembros de estructuras criminales, la emisión de 700 órdenes de captura, el desmantelamiento de 40 bandas criminales y el decomiso de 500 armas.
Días después, el viernes 6 de enero, el gobierno dio 45 días más a la medida vía decreto ejecutivo, porque ha «rendido muy buenos resultados para combatir la criminalidad». Para 2023, el Gobierno ha destinado mil millones de lempiras (USD 40,668 millones) sólo para este plan, muy por encima de los fondos asignados a otras secretarías por un año, como la de Derechos Humanos o la de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Pero los datos del Gobierno generan incertidumbre. En La Prensa, una nota de primera plana habló de «más de 8,000 detenidos, pero ninguno por el delito de extorsión», una información que ha sido desmentida por las autoridades.
Según la Policía Nacional, en casi dos meses, se habían capturado a 3, 954 personas por «delitos conexos a la extorsión» (robo, tráfico de droga, tráfico y portación de armas, homicidios), según declaró a este medio el vocero de la institución, Miguel Martínez.
Desde el 6 de diciembre hubo 88 capturas en flagrancia – es decir cuando un testigo protegido entrega el dinero al recolector de la extorsión – y 1,322 personas arrestadas que tenían una orden de captura pendiente.
Pero estas cifras fueron duramente cuestionadas por el CONADEH. En el primer mes, la entidad logró identificar que un 60% de las intervenciones policiales reportadas como acciones con éxito por parte de la Dipampco tuvieron lugar en localidades distintas a Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula. «¿Qué nos dice eso? Que no era necesario ampliar geográficamente el estado de excepción para tener intervención policial efectiva en esos territorios», sostuvo el abogado Joaquín Méndez, autor del informe. La institución plasma también que, pese a que el Gobierno asegura haber detenido a 652 ‘miembros de maras y pandillas’ en el primer mes de la medida, los observadores sólo pudieron confirmar 159 capturas en Tegucigalpa. Y entre ellos, se encontraban «una considerable cantidad de personas que habían sido detenidas por faltas (que realmente no podían comprenderse “conexas” a la extorsión) y, consecuentemente, fueron liberadas en un término de 24 horas».
En un pronunciamiento publicado el 23 de febrero, el CONADEH actualizó su revisión del primer mes de la medida. Con información oficial proveída por el gobierno «19 días después» de emitida la primera prórroga, la entidad concluyó que solo «25 de las 1,348 detenciones» realizadas en esa primera etapa «se refieren a delitos de extorsión o conexos a ella» .
Según la entidad, el Comisionado remitió una recomendación el 19 de febrero pasado para que el gobierno se abstenga «de realizar una nueva ampliación del Estado de Excepción, siempre que no se demuestre con precisión la proporcionalidad de la medida en los términos de idoneidad y necesidad por medio de un ejercicio obligatorio de ponderación oportunamente argumentado”.
Dos días después de la recomendación del CONADEH, la Policía Nacional anunció una nueva prórroga de la medida que estará vigente hasta el 6 de abril.
Pero los supuestos éxitos que ha generado el estado de excepción tampoco convencen a los empresarios. «La gente nos llama para decirnos que siguen siendo extorsionados a pesar del estado de excepción. El problema es que se estableció esa medida, pero nadie la está evaluando. Se supone que con el estado de excepción, iba a ser más fácil investigar a los autores intelectuales, sin embargo, no hubo informe a raíz del primer mes», se quejó el abogado Armando Urtecho, Director Ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).
En barrios como la Alemán o la colonia La Peña de Nelson, la gente tampoco percibe cambios. Dos meses después del lanzamiento de la medida en la Alemán, nos reunimos con Nelson en un restaurante de comida rápida cerca del anillo periférico de Tegucigalpa. Llegó acompañado por su novia, Ana, de 19 años. «Desde el día en que nos conocimos no hemos vuelto a ver policías patrullando. Fue como decir[…] una bomba de humo», dijo Nelson. Ana confirmó con la cabeza. «¿Y sus documentos, los ha recuperado?». Ambos respondieron moviendo la cabeza de lado a lado, en señal de negación.
Los casos que se caen
En Honduras, dos juzgados tienen competencia para conocer los casos de extorsión, uno está en la capital Tegucigalpa y otro en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del país. En conjunto, esas dos sedes han recibido solo 49 requerimientos fiscales desde principios de diciembre, cuando arrancó el estado de excepción. A diferencia de las cifras que promueve el Gobierno, sólo han llegado 25 casos por extorsión a San Pedro Sula y 24 a Tegucigalpa.
Jorge Octavio Nuñez Solórzano es juez especializado del circuito antiextorsión desde 2017, el año en que este fue fundado. Él cuenta que últimamente está lejos de estar abrumado por el trabajo que llega a Tegucigalpa. «Voy a ser honesto, desde el cambio de Gobierno, han mermado bastante los requerimientos fiscales en comparación con los años anteriores. En 2022 recibimos 107 requerimientos fiscales, lo que antes representaba la cantidad de un solo mes», dijo.
Nuñez Solórzano consideró que la suspensión de garantías – entre ellas la inviolabilidad del domicilio (Art.99) y la necesidad de presentar una orden de captura para arrestar a alguien, salvo cuando se trata de un delito en flagrancia (art 84) – es « bastante preocupante» e innecesaria en el combate contra la extorsión porque «la policía puede ingresar a cualquier casa de estas denominadas zonas calientes con tan solo una denuncia donde a lo mejor no siempre va a ser verdadera».
De hecho, los requerimientos fiscales se aprovechan de la suspensión de garantías ya que «En esos últimos casos, en mayoría, no hay flagrancia. Es mero suponer, lo que va a llevar a casos muy débiles, sin elementos probatorios», aseguró el juez quien, además, opinó que « supuestamente los policías ya saben dónde viven los extorsionadores, dónde trabajan, pero si ellos ya saben eso ¿por qué no lo llevan a cabo? ¿Por qué hay una necesidad de restricción de garantías para detener a las personas? En realidad, no habría esa necesidad si se hiciera una buena labor investigativa».
A diferencia de lo que ocurre en El Salvador, donde el sistema de justicia ha sido rediseñado a conveniencia del oficialismo de Nayib Bukele y procesa bajo reserva y sin mayores trámites la mayoría de las capturas —que superan las 65 mil en 11 meses —, en Honduras hay jueces que cuentan las anomalías en los procesos. Nuñez Solórzano, por ejemplo, cuenta que uno de los sobreseimientos dictados fue por un «error garrafal» cometido por la Policía y el Ministerio Público. Mientras en la acusación aseguraron haber detenido a un extorsionador en la calle, el hermano del imputado explicó otra versión de la captura: los policías entraron en su casa, sin orden, lo botaron todo y lo golpearon a él y a su hermano. Los llevaron a las oficinas de la Dipampco y a su hermano lo dejaron detenido, acusado de extorsión. Al que quedó libre, le dieron una carta de la Policía fechada el día de la captura, donde le decían que él quedaría en libertad y sin cargos. La incongruencia entre las dos escenas y la prueba de una segunda captura errónea sirvió de base para desmeritar el caso.
«Eso fue un caso contundente que pasó durante el estado de excepción y, efectivamente, el imputado quedó libre», dijo el juez.
El 6 de febrero, cuando se cumplieron dos meses de la medida, Contracorriente presenció una audiencia inicial en el juzgado en materia de extorsión de Tegucigalpa. La Fiscalía acusaba a una joven de 19 años presuntamente detenida en flagrancia por seis agentes de la Dipampco el 31 de enero. Según el testigo protegido, desde hacía dos meses estaba siendo extorsionado por la acusada «trigueña, delgada, con trenzas», quien llegó en diciembre a su negocio en la colonia El Álamo para anunciarle que sería extorsionado. Según la acusación, ella se presentó como miembro activo de la pandilla Barrio 18 y le exigió 1,000 lempiras semanales. Le amenazó con esas palabras «te vamos a matar, te vamos a hacer picadillo».
Según la defensa, era imposible que la acusada fuera extorsionista pues cuidaba tres niños y estudiaba de noche el bachillerato en contaduría y finanzas, según una constancia del instituto al que asistía y su libreta de notas. La defensa también presentó un listado con firmas de vecinos que aseguraban conocerla bajo este perfil, y no bajo el de una extorsionista.
El 31 de enero, a las ocho de la mañana, la víctima fue a poner una denuncia en las oficinas de la Dipampco y una hora después, a las nueve, se realizó una supuesta entrega controlada del dinero en su negocio. El ministerio público presentó como medio de prueba el acta de vigilancia de los agentes de la Dipampco y el testimonio de uno de ellos, el agente que levantó la denuncia. Pero durante su declaración, este no supo contestar las preguntas que hacían la defensa y el juez acerca de las diligencias realizadas. Tampoco se efectuó el seriado de dinero por «falta de tiempo» y las fotocopias hechas a los billetes de la entrega controlada no se presentaron como medio de prueba. Cuando el juez preguntó por qué, el agente de la Dipampco, con 11 años de experiencia, se quedó callado y luego de un minuto y medio terminó contestando «no sé». La defensa abogó que la investigación era incompleta y el juez le dio la razón. En su resolución manifestó «Vuelve a quedar evidenciada la negligencia en la investigación, vimos titubear al agente de la Dipampco y nos ofreció silencios penetrantes. Dudó y nos hizo dudar. Deja mucho que desear la acusación». Por no existir elementos objetivamente confiables, el juez liberó a la imputada.
Desde la Dipampco se maneja un discurso diferente. Mario Fu, el vocero de esta dirección, afirmó a Contracorriente que «el 96% de las personas capturadas [habló de más de 600 capturas] están guardando prisión en un centro penal y al 96% de ellas se les ha dictado auto de formal procesamiento con la medida de detención judicial preventiva».
Hicimos una solicitud de información al Instituto Nacional Penitenciario, INP, para saber cuántos detenidos habían ingresado a los centros penales de Honduras en el marco del estado de excepción, pero no hubo respuesta.
La Dirección del INP tampoco nos brindó las estadísticas de los ingresos que corresponden a los detenidos y encarcelados bajo el estado de excepción. Su subdirector, Marvin Vieda Carrasco, aseguró que «hay un auge de la población carcelaria», pero no dijo de cuánto.
«Si la policía ha remitido 600 detenidos en los centros penales, no le puedo asegurar que todos estén adentro ni cuántos quedaron después de los seis días [el plazo máximo entre la declaración de imputados y la audiencia inicial], son datos dinámicos» justificó el subdirector.
Durante el primer mes del Estado de excepción, las estadísticas disponibles en el portal abierto del INP contradecían a la Dipampco. A finales de noviembre, los privados de libertad hondureños sumaban 19,348; a finales de diciembre la cifra fue de 19,313.
Hasta el 31 de enero pasado, el INP reportó un total de 19,477 privados de libertad en las 25 cárceles del país. El dato tampoco coincide con las cifras de la Dipampco.
Los que prefieren protegerse «solos»
En el mercado Álvarez de Comayagüela, la ciudad gemela y empobrecida de Tegucigalpa, no se roba ni se extorsiona «gracias a Dios». Es lo que afirman unánimemente los vendedores.. Pero la ausencia de delitos no es una consecuencia de las acciones emprendidas por el Gobierno de Xiomara Castro. Una vendedora de productos de belleza dijo que «personas particulares» vigilan el laberinto de callejones atiborrados de fruta, carne y ropa. Porque «policías aquí, no hay».
En el mercado Álvarez los vendedores aseguran que los policías solo han llegado una vez a patrullar en el marco del estado de excepción. Foto CC/Jorge Cabrera
Según los comerciantes, un grupo de policías patrulló una vez antes de la Navidad; prometieron hacer rondas, se tomaron fotos, dejaron un número de teléfono en el cual ahora «no contestan». Desde ese día, no regresaron. Del estado de excepción nadie tiene algo que decir. Hasta cuesta que entiendan de qué estamos hablando, como si éste no existiera.
Para saber quiénes son exactamente los que cuidan el lugar, vale acercarse a una vendedora con 41 años en el mercado, una lidereza a quien llamaremos María Pavón. Ella tiene una sonrisa tierna, una gorra con inscripción religiosa — «Jesús es un todo» — y unas sofisticadas uñas de plásticoque esconden dedos manchados de negro ya que esta mujer de 64 años maneja la pala y la piocha trabajando en la novena extensión del mercado. Está involucrada en todos los asuntos de la vida de comerciante. Cuenta los incendios y los huracanes que «trataron de acabar con [su] mercado», pero que siempre vuelve a levantarse, más fuerte, más limpio, más «bendito» que antes.
En una oficina del mercado hay tres pantallas que difunden imágenes en vivo de las 56 cámaras esparcidas entre los puestos. «Hemos aprendido mucho a raíz de tantos problemas que hemos sufrido. Hace seis años la extorsión era espantosa. Si no teníamos el dinero, Los Chirizos le decían a uno “quiero 20 pares de zapatos, echémelos aquí”. A veces le dejaban a uno el puesto vacío. Mataban a los vendedores, los llevaban al río y los disparaban. La gente vivía en la zozobra».
«Los Chirizos» es una banda criminal que se formó en 2010 tras la muerte de Héctor Portillo, alias el Gato Negro, un narcotraficante que controlaba la zona de los mercados de Comayaguela. Si bien su presencia no se ha extendido a nivel nacional,es un grupo que la policía tiene en la mira por el delito de extorsión junto a otras nuevas estructuras como «El Combo que no se deja», »los Puchos» y «los Aguacates» que se suman a las estructuras criminales históricas, el Barrio 18 y la MS-13.
Según María, esa situación de terror terminó cuando otra banda criminal tomó el control del mercado.
Inicialmente, María Pavón presenta el cambio de mando criminal de forma imprecisa: «Una mara saca a la otra, ¿me entiende? Vinieron los de la Mara 13, los que están ahorita. No extorsionan a nadie, cuidan la zona, y cuando hay ladrones que asaltan a la gente, ellos mismos los controlan. Advierten la primera vez; a la segunda, matan. Tampoco es bueno ¿verdad? pero es la ley. A veces he llegado a pensar que protegen más que la Policía. Da dolor decirlo porque nosotros queremos nuestra policía, pero parece que son las maras las que ponen más seguridad a la ciudadanía».
Finalmente, como si se hubiera recordado de algo importante, María admitió que la policía, bajo el Gobierno de Juan Orlando Hernández, tuvo «mucho que ver» con la expulsión de «los Chirizos», un movimiento que dejó la plaza abierta que al final terminó controlada por la Mara Salvatrucha. «Los policías agarraron a muchos Chirizos, los principales de la mara, y – Pum Pum– los desactivaron. Entonces entraron los otros» dijo María.
Ahora la Policía Nacional juega un papel más que periférico en la vida del mercado. Y eso no cambió con el estado de excepción. María dijo que le gustaría volver a «aquellos tiempos en los que nadie gobernaba nada», cuando la Policía estaba presente. Pero en medio de la frase se detuvo y vaciló: «[…] pero es cierto que la Policía era corrupta también. Si no son los mareros, son los policías que piden dinero. Mire, allá – señala un lugar lejano – por el palo de hule, están cobrando a los buses, es su forma de hacer negocio también. Los buseros les dan algo para que los dejen hacer cola en la calle. De eso estamos acostumbrados. Pobrecito mi país».
La empresa privada también se protege a su manera. El Cohep comunicó a Contracorriente que las empresas pagan entre 2,500 y 3,000 millones de lempiras al año por servicios de seguridad. Eduardo Facussé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de San Pedro Sula, afirmó que de un 5 a 10 % del costo de ventas de las empresas equivale al dinero invertido en seguridad privada y que el gasto es más incidente en empresas dedicadas a los rubros de distribución y venta al detalle. En un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) del 2017, se alertaba sobre la expansión de las empresas de seguridad privada que, en ese entonces, sumaban más de 700 empresas y 60,000 agentes contratados.
Una policía temida sin rumbo claro
En El Salvador, el régimen de Nayib Bukele apuntó claro: pretende erradicar a las maras y pandillas. Y usa la suspensión de garantías como tal desde hace 11 meses. La policía y el ejército capturaron y encarcelaron a miles de salvadoreños por presuntamente pertenecer a una estructura pandilleril en medio de denuncias por abusos a derechos humanos, desapariciones y una investigación por ejecución extrajudicial en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos salvadoreña.
En Honduras, el blanco es el mismo, en teoría, pero en práctica la medida pierde su foco.
El decreto que avaló la medida señala que se busca perseguir el delito de extorsión y los «delitos conexos», pero dos meses de ejecución muestran una realidad diferente pues apuntan a un régimen que lo abarca todo y aprieta poco.
Al sur de Honduras, cuatro ciudades del departamento de Choluteca han sido integradas en la lista de los territorios afectados por las extorsiones. Choluteca, la cabecera del departamento homónimo, es un municipio caluroso e históricamente pobre en donde se han reportado 50 homicidios en 2022, según datos de la policía. El comisionado Jorge Rodríguez Montoya, Jefe Departamental, se alegra de que la medida llegue a su territorio, uno en el que los delitos más comunes son el robo de ganado, el contrabando de camarón y el tráfico de migrantes y de droga. «Nosotros sabíamos que el estado de excepción iba a ampliarse de acuerdo al mapa de calor de cada municipio. Ahora estamos hablando el mismo idioma entre policías, fiscales y jueces para detener y requerir a los delincuentes» .
Cuando se le consultó sobre qué hace una medida que persigue a las extorsiones y las pandillas en un territorio que carece de ese fenómeno, Montoya respondió que hay «delitos conexos» y que «no solo hay que perseguir a las maras». Eso plantea la problemática del catálogo de delitos que pueden ser considerados «conexos» al delito de extorsión y, por lo tanto, contemplados en el marco del estado de excepción.
Carlos Joaquín Méndez, el abogado del informe del Conadeh que evaluó el primer mes del estado de excepción, enfatizó que en los libros de detención — aquellos especialmente hechos para registrar las capturas en el marco del estado de excepción — se registra que muchas personas habían sido capturadas por faltas como el irrespeto a la autoridad o el escándalo en la vía pública, lo que fue aún más visible en las estadísticas el 24 de diciembre y el 31 de diciembre cuando, es sabido, la gente toma más alcohol.
Miguel Martínez, el vocero de la Policía Nacional, admitió que 2,283 personas fueron capturadas tan solo por faltas desde el 6 de diciembre, y «por lo tanto liberadas en un plazo de 24 horas».
«No podrían considerarse como detenciones de personas pertenecientes a grupos de crimen organizado. Esta incoherencia en los datos resulta altamente preocupante, siendo que podría significar un error o una manipulación de la información», alertó el Conadeh.
Entre los capturados sin pruebas, el Conadeh registró 13 quejas por malos tratos y uso desproporcionado de la fuerza. Una de ellas fue presentada por un hombre quien contó cómo, tras haber sido capturado por una falta, fue llevado detrás de un carro en el parqueo de una posta policial y fue golpeado por un agente de la Dipampco mientras este intentaba sacarle información.
Por casos como este es que nadie quiere ser detenido y pasar tiempo con los policías en una posta policial.
En Honduras, la violencia azota tanto a la población que esta ya no sabe quién, entre el Estado y las pandillas, es la organización más temible. El último sondeo de opinión pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), muestra un empate en la percepción del pueblo hondureño entre la violencia generada por pandillas y aquella proveniente de las fuerzas de seguridad. A la pregunta «¿Cuál es el principal problema de Honduras?», un 0.7% de los encuestados mencionó que las Maras y Pandillas y otro 0.7% designó la violencia de policías y militares.
Nelson lo tiene claro. «Ellos [los pandilleros] hacen la justicia. Si tengo una pelea, puedo hablarlo y ellos van a buscar quién tiene la razón. Le corrigen al que tiene un mal comportamiento. Los de la pandilla investigan, buscan la verdad y cuando castigan no es por nada. Tienen sus altas y sus bajas, pero es más justa la ley de ellos».
La desmilitarización fallida
El 6 de diciembre, cuando arrancó oficialmente el estado de excepción en la cancha de la colonia Alemán, no había un solo policía militar entre las filas. El gobierno intentaba hacer ver que prescinde de la Policía Militar del Orden Público, un cuerpo de seguridad percibido por la población como el menos confiable según la encuesta del ERIC.
Sin embargo, la PMOP es parte de las fuerzas de seguridad que implementan el estado de excepción y su apoyo sí es requerido aunque en un segundo plano.
La PMOP fue creada en 2013 por el Congreso Nacional bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández, financiada por un nuevo impuesto — la tasa de seguridad — y justificada por la crisis de la Policía Nacional embarrada en escándalos de corrupción y lazos con el narcotráfico. Pero a partir de 2014, cuando JOH asumió el cargo de Presidente de la República, esta institución sirvió de instrumento de represión de las protestas sociales.
Un documento desclasificado del Departamento de Estado de EE.UU, redactado en octubre de 2014, perfila la PMOP y justifica que no recibirá dinero del gobierno de Estados Unidos por las denuncias procedentes de organismos de derechos humanos. El informe apunta que la PMOP no cuenta con «una formación adecuada para operar en áreas urbanas con una numerosa población civil».
Una de las promesas de Xiomara Castro era reformar este cuerpo armado para que no siguiera operando en las calles, pero incluso antes de que se decretara el estado de excepción, la PMOP ya realizaba operativos de seguridad.
José Coello, capitán y vocero de las Fuerzas Armadas justificó la participación del ejército en el combate al narcotráfico, el narcomenudeo y las pandillas. «La primera línea es la Policía Nacional, pero las Fuerzas Armadas se involucran en apoyo a la labor de seguridad ciudadana. No pasa sólo con Honduras. Si usted mira El Salvador, han utilizado sus fuerzas armadas para tratar de combatir las maras y pandillas.»
Como en El Salvador, el presupuesto del Ejército es más alto que el de la cartera de seguridad pública.
En el discurso oficial, el estado de excepción es la apuesta de seguridad pública de Xiomara Castro, pero en su discurso de rendición de cuentas del primer año de gestión apenas y lo mencionó. «[…] ha generado excelentes resultados», dijo el 31 de enero pasado.
La violencia, sin embargo, está muy lejos de desaparecer en Honduras y llega a todos los rincones. Apenas dos semanas antes del primer aniversario de Castro en la presidencia, el 11 de enero, en frente de la Casa Presidencial, un joven de 19 años fue acribillado con un fusil AR15 y una pistola nueve milímetros. Según un comunicado de la Secretaría de Prensa, una nota fue dejada cerca del cadáver que decía «eso le pasa por sapo». En pleno estado de excepción, enfrente de la casa más protegida del país, mataron a un hondureño.
Este reportaje forma parte de República Finquera, un proyecto de cobertura del autoritarismo en Centroamérica y México de la Redacción Regional , una alianza entre medios y periodistas de la región, entre ellos Contracorriente.