A menos de cinco días para las próximas elecciones regionales en Nicaragua, los comicios han sido nombrados por el régimen Ortega-Murillo como “Elecciones victoriosas Caribe 2024”, con el objetivo de asegurar la mayoría o incluso la totalidad de los 90 cargos que conforman los gobiernos regionales.
El pasado 3 de enero, la presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), Brenda Rocha, hizo promesa de ley a los integrantes de los Consejos Electorales Regionales y destacó sus responsabilidades durante los comicios en la Costa Caribe Norte y Sur.
Rocha también recalcó que con la reforma a la Ley Electoral, por primera vez, se elegirán también los suplentes de los miembros de los Consejos Regionales en las Regiones Autónomas de la Costa del Caribe Sur y Norte.
Según los últimos datos del CSE, para los comicios regionales a celebrarse el primer domingo de marzo, están convocados a ejercer su derecho al voto 500 000 personas, quienes podrán acudir a las 751 Juntas Receptoras de Votos ubicados en 308 centros de votación, a pesar que Rocha, informó inicialmente que serían 745 y 310, respectivamente.
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Los partidos políticos de la boleta: los colaboracionistas de siempre
A pesar que la propaganda del CSE afirma que son unas elecciones inclusivas, autónomas, libres y en paz, esto se contradice con las acciones realizadas por el régimen en los últimos meses.
La dictadura tiene el control total en estas elecciones y todo apunta que se consolidará como el partido político único en todo el país. Esto tras cancelar al partido indígena Yatama y encarcelar a sus dirigentes.
El 29 de septiembre de 2023, la Policía secuestró al diputado Brooklyn Rivera, máximo líder y fundador de Yatama. Dos días después, ejecutó el secuestro de la diputada suplente Nancy Henríquez, presidenta de la organización política indígena. Luego, fue publicada la cancelación de la personería jurídica del partido político indígena Yapti Tasba Masraka Nonih Aslatakanka (YATAMA – Hijos de la Madre Tierra) en lengua miskita.
Aunque Yatama históricamente ha colaborado con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), para muchos sectores de la población del Caribe, este representaba la única esperanza de la representación de alguna propuesta política que impulsará o defendiera algunas reivindicaciones de los pobladores de la Costa Caribe, dado que las Regiones Autónomas siempre han sido un campo de lucha política para los grandes partidos nacionales.
Según el organismo internacional Transparencia Electoral, los partidos políticos que participan del proceso no tienen posibilidades de ganar una elección, ya que “participan en el proceso electoral regional como colaboradores del FSLN. En otras palabras, son partidos satélites que encubren el fraude electoral que va a acontecer el 3 de marzo del 2024”.
Los partidos que van a participar en el proceso electoral de este domingo son:
- Partido Liberal Constitucionalista (PLC) – Casilla No. 1.
- Alianza Frente Sandinista de Liberación Nacional – Casilla No.2.
- Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional;
- Partido Liberal Nacionalista (PLN);
- Partido Alternativa por el Cambio (AC);
- Partido Unidad Cristiana (PUC);
- Partido Resistencia Nicaragüense (PRN);
- Partido Indígena Multiétnico (PIM);
- Partido Autónomo Liberal (PAL);
- Partido Político Yapti Tasba Masraka Raya Nani (MYATAMARAN);
- Partido Movimiento Indígena Progresista de la Moskitia (MOSKITIA PAWANKA).
3. Partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) – Casilla No. 9.
4. Partido Alianza por la República (APRE) – Casilla No.10.
5. Alianza Partido Liberal Independiente (PLI) – Casilla No.13.
- Partido Liberal Independiente (PLI);
- Partido Movimiento Unidad Costeña (PAMUC).
El abstencionismo: un problema desde 1998
El observatorio electoral Urnas Abiertas calculó que un 55% ha sido el promedio de abstencionismo en las elecciones regionales entre 1998 y 2019 en las Regiones Autónomas del Caribe Norte y Sur de Nicaragua.
Asimismo, el nivel de participación en las Regiones Autónomas es más bajo que el que se registra para el resto de elecciones que se realizan en Nicaragua, de manera que para ambas regiones, el porcentaje de participación ha venido decreciendo desde un 78.45% en 1990, hasta un 34.88% en el 2019.
A pesar de que el Consejo Supremo Electoral (CSE) dejó de publicar la información de la participación electoral en cada circunscripción, un análisis de los datos histórico realizado por el organismo de observación ciudadana Urnas Abiertas, evidencia que las circunscripciones en donde se registra una mayor participación son las 1, 2, 3, 4 y 5 de la RACCN, y la 10 y 11 de la RACCS, las cuales tienen una mayor población indígena y afrodescendiente.
Según el observatorio, han sido múltiples razones que han generado el alto grado de abstencionismo en estas regiones:
- En el caso de 1998, influyó el pacto entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega. Aquí se reformó la Ley Electoral para favorecer al FSLN y el PLC (los grandes partidos nacionales) y dificultó, al mismo tiempo, la participación política de los actores regionales. Además, “puso fin a la posibilidad de grupos o partidos locales de postularse a la Presidencia”.
- Esta política que inició en 1996, luego se vio reforzada en los últimos años. Dicha política ha fomentado que los líderes políticos en Managua hayan impuesto paulatinamente su control sobre la política costeña.
- A esto se suma la decepción de la población ante la falta de institucionalidad y viabilidad, tanto de la Ley de Autonomía (28), como la Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas (445).
- Desde 1998, la intromisión del Gobierno central ha mermado la autonomía de las poblaciones indígenas y afrodescendientes, haciendo que las poblaciones locales pierdan espacios de participación política.
- Con respecto a la Ley 445, lo más preocupante ha sido el apoyo tácito en los últimos años del gobierno liderado por el FSLN en aprobar títulos fraudulentos de propiedad y el despojo de tierras a favor de colonos o empresas extractivas. En vez de un saneamiento prometido por la ley, desde el 2009 las poblaciones del Caribe han sido testigos de la rápida deforestación llevada a cabo por Alba Forestal, entre otras empresas. Esta deforestación ha alcanzado, incluso, a la Reserva de Bosawás.
Las primeras irregularidades en las elecciones regionales
Una de las irregularidades iniciales en este proceso de 2024 fue el calendario de campaña electoral, que inició el 9 de febrero y finalizó este 28 de febrero. El observatorio Urnas Abiertas señala que se reportó en distintos medios oficialistas que el FSLN inició una campaña adelantada, haciendo uso de recursos públicos para promover una narrativa favorable a sus candidatos y a la pareja presidencial, lo cual es un delito electoral, según la legislación vigente.
Ejemplos de estos casos son las visitas a diferentes municipios de la presidenta del Consejo Regional Autónomo de la Costa Caribe Sur (CRACCS), Judy Abraham Omier. La ciudadanía señala que estos eventos, con fines partidarios, están siendo financiados con fondos públicos asignados por el Consejo Regional.
Tanto Abraham, como miembros de la estructura partidaria Juventud Sandinista, han usado pangas del Consejo para llegar a las actividades relacionadas con la campaña electoral del FSLN. Además, la ciudadanía ha observado que se pagan viáticos a los participantes y, en las visitas partidarias del FSLN, se llenan las “fichas únicas de registro”.
El caso de Sandy Bay Sirpi, ilustra el uso y abuso de recursos públicos en complicidad con el régimen autoritario dirigido por Ortega y Murillo en Nicaragua. La presidenta Abraham ha visitado durante varios días este municipio, en donde históricamente ha ganado Yatama, con el objetivo de completar fichas de militancia sandinista y ejercer una campaña adelantada con recursos del Gobierno regional.
En este mismo municipio se ha desplegado la entrega de “estímulos” por parte de Abraham y miembros de la juventud sandinista. Páginas oficialistas indican que son obsequios enviados por el “comandante Daniel Ortega para jóvenes indígenas”.
Los partidos políticos colaboracionistas informaron que durante el período se prohibió la realización de mítines y reuniones, así como perifoneos móviles.
También el lunes 29 de enero, el Ministerio del Interior inició la convocatoria a policías electorales. En elecciones pasadas (2021 y 2022) estos cargos fueron ocupados por fieles operadores al FSLN, fuerzas de choque y hasta paramilitares, convirtiendo esta labor cívica en otro ejercicio de control y vigilancia sobre la población civil.
Asimismo, en el pasado se recibieron denuncias de acoso a ciudadanía opositora dentro de los recintos de votación por parte de estos agentes, según el registro de Urnas Abiertas.
Esta sería la primera vez que la convocatoria sale desde el recién reactivado “Ministerio del Interior”, después de la subordinación del Ministerio de Gobernación y sus direcciones a la Policía Nacional. La Ley Electoral continúa señalando que la autoridad a cargo de dicha convocatoria es el desaparecido Ministerio de Gobernación (artículo 176).
Fichas de control sandinista
Desde los primeros días de enero, el FSLN desplegó una jornada de levantamiento de información mediante las denominadas “Fichas Únicas de Registro”. En la ficha, las personas deben brindar información de contacto, puesto de trabajo actual, experiencia laboral, datos académicos, datos socioeconómicos, historial partidario y político, experiencia electoral, así como información de sus cónyuges, hijos, padres y hermanos.
Urnas Abiertas tiene reportes de que a la población le han dicho que el llenado de la ficha también funciona como Verificación Ciudadana (VC). Esto es una irregularidad, ya que la VC es una actividad institucional, mientras que la ficha es una iniciativa partidaria promovida por el FSLN. Además, a diferencia de la VC, la ficha no permite identificar a cuál CV tiene que acudir la persona para ejercer su derecho al voto.
Otros reportes señalan a las autoridades de indicarle a las personas que, si acceden a llenar la ficha y recibir el carnet del FSLN, podrán salir sin problema del país, pues al presentar el carnet en cualquier puesto fronterizo, podrán entrar sin problema alguno. En esta línea, se han recibido denuncias de quienes no accedan a carnetizarse reciben amenazas de perder su trabajo.
El 5 de febrero, el Consejo Supremo Electoral publicó la lista definitiva de candidaturas, Urnas Abiertas documentó 47 denuncias sobre irregularidades en las candidaturas en 8 de las 30 circunscripciones y en las dos Regiones Autónomas. La principal denuncia señala que militantes del FSLN están corriendo como candidatos en los otros partidos colaboracionistas, siendo APRE el partido más señalado por esta situación.
El Consejo Supremo Electoral ha puesto énfasis a las organizaciones políticas participantes en este proceso electoral a cumplir con la Constitución Política de Nicaragua; la Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros; Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz.