Elsa y el Pacífico: lanzarse al mar para huir de la dictadura en Nicaragua

En los últimos años, sólo los ciudadanos de Afganistán han tramitado más solicitudes de asilo que los de Nicaragua. Con la crisis económica de Costa Rica, su habitual refugio, el éxodo nicaragüense ha seguido los pasos de sus vecinos del Triángulo Norte en busca del sueño americano. Atrapados entre el régimen de Daniel Ortega, las políticas migratorias y los peligros del camino, algunos han optado por embarcarse para llegar al destino. Esta es la historia de Elsa Valle y su bebé, que llegaron a Estados Unidos, también la de los peligros que hicieron desaparecer a otros en medio del océano.


“El que cae, se queda”, escuchó Elsa Valle antes de abordar la lancha que la llevaría hasta México. 

Esta historia es sobre los peligros del océano, pero para entender por qué una mujer pagaría cientos de dólares para lanzarse al mal llamado Pacífico con su bebé en brazos, hay que comenzar con las leyes en tierra. 

La represión en Nicaragua  

Elsa Valle se atrincheró en abril de 2018 junto con cientos de estudiantes y vecinos más en la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI, hoy Universidad Politécnica Nacional), que resistieron durante tres meses los ataques de paramilitares afines al régimen de Daniel Ortega. Cuando en julio la represión logró dispersar las protestas en el campus, Elsa regresó a su hogar. Unos días después, se reunió con otras personas que habían participado en el atrincheramiento en una casa en la parte trasera de la universidad. Un grupo de policías interrumpió la reunión y le dijeron a Elsa que estaba detenida. Lo que no le dijeron es por qué. En aquellos tiempos se desarrollaba la cacería que el régimen nicaragüense perpetró después de las masivas manifestaciones de aquel año, que acabaría con 45 estudiantes asesinados. 

Elsa recuerda que sintió mucho miedo. Antes de que la detuvieran, ya había escuchado sobre las torturas y las condiciones crueles que el régimen sometía a los presos políticos. En los primeros días en prisión para mujeres La Esperanza, en Managua, los oficiales le negaron hacer una sola llamada a su familia. Cuenta que le dijeron que “no tenía derecho por terrorista”. 

Elsa Valle estuvo 75 días presa. Algunas custodias, dice, la amenazaron con agredirla sexualmente. Un día tuvo un tropiezo y le fracturó su pierna izquierda. El Poder Judicial la liberó de la cárcel mediante una “suspensión” de su proceso. El régimen solía liberar a ciertos presos políticos cada tanto. Las cárceles eran una puerta giratoria en la que salían y entraban ciudadanos detenidos por razones políticas. La mayoría de los detenidos de aquel entonces fueron liberados en 2019, bajo una amnistía que el régimen aplicó, y que de paso dejaba los crímenes cometidos por las autoridades en la impunidad. Pero Elsa Valle, como suele ocurrir a con expresos políticos de la dictadura, sufrió una muerte civil fuera de los muros de la cárcel. 

Elsa y el Pacífico: lanzarse al mar para huir de la dictadura en Nicaragua
 Los focos de protestas en abril de 2018 se centraron, al principio, en los alrededores de los recintos universitarios. Foto: Jorge Torres | EFE.

“Me quedé sin opciones. No pude estudiar ni trabajar”, dice rememorando aquellos días. “Por ser perseguida política estaba manchada. Aunque quisieran contratarme, no lo hacían por temor a represalias”. 

Su opción fue migrar hacia Estados Unidos. 

El 5 de noviembre de 2022, una semana antes de abordar una lancha en la frontera entre Guatemala y México, Elsa partió de Managua con su bebé de tres meses. Aquel día, cuando ya había cruzado a Honduras, la policía llegó a la casa familiar de los Valle y se llevó a su padre, Carlos. Era la segunda vez que lo arrestaban. 

El ‘muro’ mexicano

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Migrantes en Ciudad de México hacen fila todos los días para obtener uno de los 200 cupos diarios que ofrece la Comar con el fin de iniciar su proceso de refugio. Foto: Franklin Villavicencio | Divergentes.

Llegar a las seis de la mañana a la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (Comar), en la calle Versalles de Ciudad de México, es llegar tarde. “Si quiere estar adelantito de la fila, tiene que venir a las tres”, dice Sara*, una mujer cubana de cincuenta años que fuma un cigarro mientras se queja del frío. Es lunes 23 de enero de 2023. Hace más de dos semanas Estados Unidos amplió el Parole –un permiso de permanencia temporal–, que ya existía para los migrantes venezolanos, a las personas que huyen de Nicaragua, Haití y Cuba. Según la administración de Joe Biden, el programa busca una migración “ordenada y regular”: a cambio de que los migrantes dejen de cruzar la frontera por puntos ciegos, el gobierno estadounidense promete otorgarles asilo. Si siguen cruzando irregularmente, promete deportarlos. 

En México, la Comar es la institución encargada de tramitar la promesa: los migrantes pueden obtener un visado que les permita estar legalmente en México para después optar a los beneficios de la medida del gobierno de Estados Unidos. Antes de que salga el sol, la fila da la vuelta a la cuadra del edificio situado en el número 49 de esta calle en la Colonia Juárez, uno de los barrios de moda de Ciudad de México, donde se han afincado muchos estadounidenses desde la pandemia. La fila es una sucesión de personas que huyen de dictaduras, de la violencia, de países que los expulsaron. 

Para llegar hasta aquí, algunos migrantes, sobre todo haitianos, que llevan semanas o meses en el camino, apenas han tenido que moverse porque pernoctan en estas calles. El éxodo de Haití se agudizó luego del asesinato del entonces presidente, Jovenel Moïse, en julio de 2021, y de que las pandillas tomaran el control de las principales ciudades del país. 

Casi al final de la cuadra está un grupo de afganos. Casi todos son hombres menores de 30 años. Casi no entienden una palabra de español, pero logran decir en inglés que vienen de Afganistán: “Ya sabes, los talibanes”. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en 2021, después del regreso de los talibanes al poder, los ciudadanos afganos son los que más solicitudes de asilo tramitaron en el mundo. El segundo lugar lo ocupan los nicaragüenses con más de 116,000 solicitudes.  

Justo detrás del grupo de afganos está Ramón, un nicaragüense que ha llegado hasta aquí desde una casa en la periferia de Ciudad de México, donde tiene techo gracias a la solidaridad de un migrante hondureño.  “Estaba por moverme para el norte cuando supimos de la noticia (del Parole). Ya no quise intentar”, dice bajo la condición de no publicar su nombre real, porque ante las dificultades del camino no descarta regresar a la Nicaragua de Daniel Ortega y Rosario Murillo de la que escapó. 

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Tapachula, en el Estado mexicano de Chiapas, es otra de las ciudades en las que los migrantes permanecen varados, a la espera de que la Comar reconozca su condición de refugiado. La mayoría provienen de Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala y Haití. Foto: Juan Manuel Blanco | EFE.

Las víctimas de la dictadura nicaragüense, como Elsa y Ramón, han cambiado su ruta migratoria desde la vecina Costa Rica hacia el norte. Después de la pandemia, el Banco Central de Costa Rica reportó una contracción económica del 4,5%, una cifra que no se vía desde la década de los ochenta. Una encuesta realizada por la Fundación Arias en 2020 arrojó que en abril de ese año el 87% de los nicaragüenses refugiados en suelo costarricense no tenían trabajo. Como sus vecinos del Triángulo Norte de Centroamérica, ahora caminan en busca del sueño americano. 

El objetivo de los cientos de personas de la fila de la calle Versalles es obtener uno de los 200 cupos diarios para ser atendidos en la Comar. Están ansiosos de encontrar una salida que evite los peligros del camino. Pero los números no cuadran. Hasta febrero de 2023, 11,637 personas han sido beneficiadas con el Parole, según datos proporcionados por la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Solo en 2022, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, 635,323 personas provenientes de las cuatro nacionalidades cruzaron hacia Estados Unidos. 

En la fila, los migrantes definen a México como “peligroso”, “violento”, “difícil”. Una encuesta realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Universidad Nacional Autónoma México (UNAM), muestra que los tres principales problemas a los que se enfrentan son robos, secuestros, crimen organizado y redadas migratorias. 

Al llegar a la frontera de Guatemala y México, Elsa Valle tenía dos opciones: desembolsar más de 1,000 dólares para cruzar por tierra o pagar 450 dólares para cruzar por el Pacífico. A través del agua, le prometieron los coyotes y le dijeron algunos conocidos que habían elegido esa ruta antes que ella, no tendría que pasar hasta dos meses detenida en la trampa de Tapachula. El Pacífico parecía una opción rápida y menos accidentada. 

Las rutas del mar

“El que se cae, se queda”, dijo el coyote el 12 de noviembre de 2022 en Puerto Ocós, en la frontera entre Guatemala y México, antes de embarcarse en un viaje hacia Puerto Paloma, en la costa de Oaxaca.

Cuando escuchó esa sentencia, Elsa Valle, 24 años, sostenía en brazos a su bebé. Enfrente, una lancha pesquera con capacidad para tres personas. Al lado, una decena de migrantes, algunos nicaragüenses como ella, todos con un objetivo fijo: cruzar un tramo de México que les salvara de algunos de los peligros de la tierra para acercarse más a Estados Unidos, el final del periplo, donde se entregarían a las autoridades para pedir asilo político. La lancha, con un motor modificado para alcanzar más millas por hora, no tenía chalecos salvavidas. Ni siquiera un arnés para agarrarse. En las rutas marítimas, para que los augurios de los coyotes no se cumplan, los migrantes se toman entre ellos las manos y los brazos en una especie de cadena humana. 

La ruta desde Puerto Ocós a puntos de la costa pacífica mexicana (Chiapas, Oaxaca, Michoacán) ha sido utilizada desde hace años para traficar drogas y personas, y aunque no llega al trasiego de la ruta del Mediterraneo, en la que  entre 2014 y 2022 murieron 19,340 personas–,  organizaciones nicaragüenses de migrantes, como Texas Nicaraguan Community (TNC) y Nicaragüenses en México alertaron en diciembre de 2022 sobre el aumento del uso de rutas por el Pacífico, debido a su “bajo costo económico”.

Elsa en la lancha. Créditos: Cortesía Elsa Valle.

“Aunque nuestro sentido común nos diga ‘cómo crees, es más horrible’, aunque la racionalidad nos haga pensar que es el peor camino, cuando los peligros y toda la violencia se ha desarrollado en la tierra, el mar se vuelve opción”, dice Gerardo Talavera, director de Casa Refugiado.

El 18 de noviembre, una semana antes de que Elsa Valle tomara la embarcación, una lancha con 30 personas naufragó entre el límite estatal de las costas de Chiapas y Oaxaca. La organización 1800Migrante y las autoridades mexicanas reportaron la muerte de una niña ecuatoriana de 9 años y la desaparición de siete personas de esa nacionalidad. El 22 de mayo pasado, un bote que también transportaba migrantes se volcó tras recibir el impacto de una ola en la playa Tonalá, en Veracruz. “Una lancha pequeña volcó y por eso la gente apareció en la orilla. Nos trasladamos a ese lugar y confirmamos que había cuatro personas vivas, una de ellas menor de edad de 12 años. Posteriormente iniciamos la búsqueda y rescate”, dijo David Esparza, director de Protección Civil del municipio de Agua Dulce a los medios locales. Tres personas murieron.

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Elsa Valle previo a tomar la embarcación que la acercaría a México con su bebé. Foto: Cortesía | Elsa Valle.

Estos episodios muestran los peligros de la ruta del mar, pero no existen datos certeros. Si los migrantes siempre son invisibles, en la inmensidad del Pacífico todavía más. 

Justin Ochoa, una nicaragüense que radica en Arizona y colabora para (TCN), afirma que en su dominio tiene una lista de 22 nicaragüenses desaparecidos durante 2022, pero desconoce si alguno desapareció en el mar. Una fuente de la sociedad civil mexicana, que pidió mantener su nombre y su organización bajo anonimato con el fin de no entorpecer los pocos canales de comunicación con los consulados nicaragüenses en México, dijo que en una ocasión solicitó esa información a la delegación diplomática de Managua en la ciudad de Tapachula, pero el cónsul a cargo no la quiso brindar. Este medio envió vía correo electrónico una solicitud de entrevista a este cónsul, Denis Antonio Ruiz Castillo, con el fin de solicitarle esas cifras. “En lo que concierne a su solicitud de entrevista para abordar el tema de migración, le comunico que no es de mi competencia hablar sobre temas migratorios”, respondió.  

Elsa Valle y su bebé llegaron al destino diez horas después, en lugar de las cuatro prometidas. Ella cree que se internaron mar adentro para evitar ser interceptados por las autoridades. Los 450 dólares que pagó al coyote incluían un último traslado en coche desde Puerto Paloma hasta San Pedro Tapanatepec, a unos 20 kilómetros. 

En aquellos días de noviembre de 2022, el Instituto Nacional de Migración había habilitado un campo deportivo que llegó a albergar a 12,000 migrantes. Durante unas semanas podían pedir un permiso para transitar por México y así llegar a la frontera con Estados Unidos. Pero el sistema colapsó. El 12 de diciembre, el Gobierno de México anunció el cierre del campo. El 4 de enero, un día antes de que Joe Biden anunciara la ampliación del Parole,  más de dos mil migrantes protestaron contra la Comar, en Tapachula, cansados de esperar su pase de tránsito. 

Elsa Valle fue una de las afortunadas que logró recibir uno de esos permisos. Estuvo una semana más en San Pedro Tapanatepec, y a partir de ahí siguió su camino por tierra hacia Ciudad Juárez, donde se entregó a las autoridades de la frontera estadounidenses e inició su proceso de asilo. 

“De haber sabido lo peligroso y horrible que fue todo, mil veces hubiera seguido por tierra”, dice Elsa Valle vía llamada telefónica desde California, recordando su ruta por el mar.  “Pero estoy alegre de que mi hijo crecerá bajo otras condiciones, bajo un ambiente de mayores libertades”. 

Mientras su solicitud de asilo sigue en proceso, Elsa Valle recibió una buena noticia. Su padre, Carlos fue uno de los 222 presos políticos excarcelados y desterrados por el régimen de Ortega y Murillo el 9 de febrero. Después de que ella cruzara la primera frontera cuando él fue arrestado en Managua, los dos se reencontraron en Los Ángeles al final del camino. 

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