El Informe 100 días de Régimen de Excepción en El Salvador 2022 fue presentado este miércoles por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de El Salvador (OUDH). Este documento se realizó en el margen temporal del 27 de marzo al cuatro de julio de 2022, que analiza el estado de los derechos humanos bajo el régimen.
El informe fue expuesto por Danilo Flores, coordinador general del OUDH, Natalia Ponce Rubio, investigadora del OUDH y Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA.
El cuatro de julio se cumplieron los primeros 100 días de Régimen de Excepción y hasta el 26 de julio se contabilizaron un total de 47,789 personas privadas de libertad. En cuanto a las denuncias de detenciones arbitrarias, la organización Cristosal reporta 1,941 casos, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) 1,981, los medios de comunicación registraron 306 y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) 219 casos.
Para el 18 de julio, se contabilizaron 39,752 detenciones provisionales, que contribuyó a un aumento del hacinamiento en cárceles del 24.7 %. En total, se estima que la capacidad del sistema penitenciario es para 30,864 reclusos, es decir que actualmente hay una sobrepoblación de 247.6%.
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El estudio encontró diversas irregularidades al momento de las detenciones. Una de ellas es la ficha policial, que son elaboradas mediante visitas previas a la captura. Otra inconsistencia es el acta de detención y de entrevista, que posee información falsa y no coincide con los hechos. Asimismo, se señala la existencia de engaños por parte de agentes policiales y denuncias de violencia física y verbal en contra de niños, niñas y adolescentes, así como falta de resguardo ante la captura de sus padres.
Irregularidades en el acceso a la justicia
Según el informe de OUDH, la falta de independencia judicial ha provocado 93 audiencias masivas que dejaron como resultado 18,215 personas imputadas en el período investigado. A su vez, hasta el cuatro de julio se identificaron 36,614 personas detenidas provisionalmente.
Por otro lado, hasta el cinco de julio, el estudio registró 552 habeas corpus o denuncias por capturas arbitrarias. Según un estudio de Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), que el informe toma en cuenta, en el segundo mes del Régimen de Excepción, el 81% de habeas corpus presentados, no tenían resolución.
A partir de denuncias recibidas por el IDHUCA, el informe detalla que hasta junio, se detectó en juzgados la denegatoria a defensores de acceso a expedientes, así como la reducción a un formalismo en la actuación de procuradores auxiliares. También se recibieron denuncias de que las únicas pruebas para acusar a un detenido son las actas de detención y entrevistas a agentes captores. Asimismo, se identificó que los requerimientos fiscales se presentan en formatos que se limitan al contexto del Régimen de Excepción.
“En El Salvador hay tortura”
Según datos proporcionados por la PDDH de El Salvador, en el período investigado se identificaron 306 casos de torturas y otros tratos o penas crueles e inhumanas. A su vez, se registró que un 75.4% de 231 casos pueden constituir desapariciones forzadas.
El informe concluye que han habido 63 víctimas de tortura cuyo principal victimario es la Policía Nacional Civil de El Salvador, que ha estado presente en un 66.6 % de los relatos periodísticos analizados.
Durante los primeros 100 días del Régimen de Excepción, el OUDH registró 59 muertes de privados de libertad. El 35.5 % tenían 42 años o más. Mientras que el 27.1 % tenían de 18 a 30 años y el 27.1 % de 31 a 41 años.
En cambio, Cristosal ha registrado hasta el 19 de julio, 63 muertes bajo la responsabilidad del Estado. “En El Salvador hay tortura, las denuncias que se han recibido en el IDHUCA dan fe de hechos de tortura”, aseguraron los expertos.
“Hay una criminalización de la juventud y las comunidades pobres, lo cual evidencia que hay un problema social aunque haya manifestaciones criminales de las pandillas. Ninguna mega cárcel va a terminar con el problema de fondo”, afirmó el vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano.
Los expertos expusieron las razones por las que el Gobierno extiende el Estado de Excepción, una de ellas es el respaldo social. También que el presidente Nayib Bukele no tiene otra medida para seguir trabajando la imagen de su Administración, además que la prórroga permite al Gobierno seguir evadiendo control para uso del dinero.
“Cada vez son más las denuncias que recibe el IDHUCA donde se dice: ‘estamos de acuerdo con que se lleven a los que son (culpables), pero que no se lleven gente inocente’”, señaló Serrano.
Las recomendaciones de los expertos
Una primera recomendación es que la Asamblea Legislativa deje sin efecto el Régimen de Excepción, restituyendo las garantías procesales y derechos fundamentales limitados. La segunda, que la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional investiguen exhaustivamente, y en apego a la ley, los distintos delitos atribuidos a miembros de maras o pandillas.
Como tercera recomendación es que la Fiscalía, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Unidad de Asuntos Internos de la Policía (UAI) y la Inspectoría General de Seguridad Pública (IGSP) investiguen de manera independiente e imparcial las denuncias de violaciones a los derechos humanos atribuidas a la Policía Nacional Civil y a las Fuerzas Armadas de El Salvador.
Por último, que la PDDH ejerza con firmeza y prontitud la vigilancia y protección de los derechos humanos de toda la población, utilizando los medios y acciones que le faculta la Constitución y demás leyes.
“El Régimen de Excepción en El Salvador está viciado”, concluye el informe.