En medio de las fricciones diplomáticas desatadas por la inclusión de Panamá en la lista de territorios no cooperadores a efectos fiscales del Consejo Europeo, el Ministerio Público (MP) investiga las exenciones fiscales otorgadas a la filial local de una naviera holandesa por presunta evasión.
Según documentos de la Dirección de Ingresos (DGI) obtenidos por OCCRP, la compañía de buques cisterna VT Shipping International puede haber evadido millones de dólares en impuestos a lo largo de más de una década a través de exenciones fiscales otorgadas de manera inadecuada por el anterior jefe de la autoridad, Publio De Gracia.
Los documentos revelan que VT Shipping recibió una exención fiscal y otros incentivos aplicables a una zona libre de petróleo, a pesar de que esta exención no debió haberse otorgado, dado que la empresa solo transportaba combustible. Al conceder esta exención a VT Shipping, fuentes de esta investigación consideran que De Gracia pudo haber abusado de su autoridad y excedido sus funciones.
En diálogo con esta alianza, el ex director de la DGI evitó referirse al caso específico, por confidencialidad, pero recordó que durante su administración hubo varios procesos de empresas interesadas en recibir exoneraciones, y que cada caso pasó por revisión, cumpliendo con la debida diligencia. “Cualquiera situación de denuncia, nosotros iniciábamos las investigaciones pertinentes”, dijo.
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Hoy, martes 26 de noviembre de 2024, el MP realizó una diligencia de inspección en la DGI en el marco de otro proceso, de la Fiscalía Anticorrupción, para ubicar documentos que sustenten los beneficios fiscales y exoneraciones reconocidos a la empresa, según informó La Prensa.
La investigación y el clima político
En una carta del 17 de agosto obtenida por OCCRP, el MP de Panamá solicitó a la DGI información sobre las cuentas financieras de la empresa.
La carta fue enviada tres meses después de la elección del presidente José Raúl Mulino, quien ha criticado públicamente a los países que señalan a Panamá como centro de evasión fiscal y lavado de dinero. La “defensa del prestigio del país en contra de las listas discriminatorias” es uno de los pilares de la gestión Mulino.
El 30 de octubre pasado, cuando el país había sido incluida en la lista del Consejo Europeo como territorio no cooperador, publicó en sus redes sociales una queja contra Países Bajos y advirtió que sus empresas no podrán participar en actos públicos en el país.
Luego de eso, el canciller, Javier Martínez Acha, se reunió con el embajador de Países Bajos en Panamá y bajaron el nivel de las tensiones.
Mulino, además, saludó la decisión judicial de julio de absolver a 28 personas que enfrentan cargos relacionados con los Panama Papers, una investigación periodística de 2016 basada en documentos filtrados del bufete de abogados local Mossack Fonseca, acusado de facilitar la corrupción.
El impacto de la investigación, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, se sintió en todo el mundo, provocó investigaciones de corrupción en algunos países y la renuncia del primer ministro de Islandia.
VT Group se defiende
Un portavoz de VT Group, un operador de petroleros fluviales con sede en Rotterdam, dijo que la compañía no tiene conocimiento de la investigación fiscal panameña.
“El gobierno nos controla con regularidad, casi todos los años, y no se ha descubierto que estemos haciendo nada ilegal. Hemos cumplido con todos los requisitos de licencia y reglamentación desde que comenzamos nuestras operaciones en 2009”, dijo el portavoz por teléfono.
Un abogado de la filial panameña de la compañía holandesa, VT Shipping International Inc., proporcionó a OCCRP una copia de su exención fiscal emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El abogado dijo que la compañía ha cumplido con todos los requisitos legales para su negocio de entrega de combustible por barcaza.
“Las actividades que realiza VT Shipping, tal como lo autoriza su Permiso para Suministrar Productos Petrolíferos a Través de Barcazas, están exentas de impuestos… Esto ha sido reconocido además por la Autoridad Tributaria de Panamá”, dijo el abogado en una respuesta enviada por correo electrónico a las preguntas.
Publicado en Revista ConColon