Centenares de exmilitares, expolicías y reos peligrosos se han convertido en pieza indispensable para el mantenimiento del régimen orteguista. Fuertemente armados, su misión es reprimir a sangre y fuego las protestas que desde 2018 exigen el fin del Gobierno sandinista. De su lealtad depende en buena parte la suerte de Ortega y su círculo cercano. Este es el perfil de los paramilitares que han sembrado dolor y muerte en Nicaragua
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Tres hombres observan en lo alto de un cerro el avance de un grupo de encapuchados fuertemente armados. Uno de ellos es Manuel*, que con el pecho en la tierra y el dedo en el gatillo de un rifle Dragunov, aguarda para ejecutar su misión: disparar el fusil de guerra y eliminar a la persona que se encuentre en el camino. Los superiores, que deciden quién deben morir, son los dos que están con él. Ellos siguen de cerca todo lo que ocurre con sus binoculares: Sobre la calle no hay personas armadas, la mayoría corre entre las barricadas porque son superados en número y armas por los encapuchados. Unos cuantos tratan de contener el ataque. Desde lo alto, el francotirador recibe la orden. Con ayuda de la mira telescópica fija al objetivo. Está a punto de convertirse en dios: dejar vivir o eliminar. Todo transcurre con rapidez. Es 19 de junio de 2018, la Operación Limpieza dirigida por la Policía Nacional en Masaya está en desarrollo.
Manuel recuerda esta escena perfectamente. La cuenta en el asiento trasero de un vehículo. No responde de inmediato si alcanzó a matar a una o más personas en Masaya, donde trabajó bajo las órdenes de la Policía Nacional y militares cubanos y venezolanos. Él fue parte del grupo armado que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo organizó en mayo de 2018: hombres armados como un ejército para desmontar las barricadas que los ciudadanos levantaron en protesta por la represión oficial.
— No, no lo hice— dice con aplomo. — No tuve el valor—.
Ese día la Operación Limpieza dejó al menos seis personas muertas en Masaya, según informes de organismos de derechos humanos de Nicaragua.
Manuel hace una breve pausa, toma un trago de agua, y prosigue: “yo hice todo lo que hice obligado. Me amenazaron con desaparecer a mi familia. Tuve miedo”.
Dos años y seis meses después de su participación en la Operación Limpieza en Masaya, Manuel está desempleado y tampoco puede aprovechar cualquier oportunidad laboral bien pagada. “Ellos no quieren que agarre un buen trabajo porque creen que voy a escapar a Costa Rica con mi familia”, insiste. En el sur se encuentran más de 80.000 nicaragüenses exiliados, de acuerdo a registros de organizaciones de derechos humanos como el colectivo Nicaragua Nunca +.
La institución que controla a Manuel es la Policía Nacional. Desde que se derribó la última barricada en 2018, fue enviado a su casa con un teléfono que debe cargar a dónde vaya. El aparato es rastreado desde Managua y su obligación es contestar en cualquier momento del día. Manuel es un expolicía que tuvo entrenamiento militar y varios cursos de preparación táctica. Salió de las filas de la Policía porque no sentía vocación.
Aunque no cargue un fusil de guerra como en la etapa más activa de la Operación Limpieza, continúa siendo una pieza importante dentro del aparataje paramilitar del régimen orteguista. “Yo entreno a los nuevos paramilitares”, confiesa con resignación.
El 22 de octubre circuló un video en redes sociales de un grupo de civiles que presuntamente estaban recibiendo entrenamiento para conformar brigadas de policías voluntarios. En las imágenes se observan a hombres y mujeres trotando, cantando y pronunciando loas a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Manuel confirma la veracidad del reclutamiento y detalla que esto ocurre en distintas partes del país, con mayor frecuencia a partir de junio de este año.
Como entrenador de paramilitares, Manuel asegura que no recibe ninguna paga. Su servicio lo realiza porque está “amenazado” y porque desobedecer una orden significa la “eliminación de su familia”. Los últimos meses ha viajado a la academia policial Walter Mendoza, en Managua, para “capacitar” a civiles. Les ha enseñado “técnicas básicas de patrullaje” y también han aprendido a “desarmar y armar un arma”.
— Están preparándolos para las elecciones — afirma. Teme un escenario de muchos enfrentamientos durante esos meses cruciales para Nicaragua. —Si hay elecciones y Daniel pierde, van a desestabilizar todo— asegura.
Lejos de la academia y de los campos de entrenamientos, este hombre de piel tostada, cuerpo fibroso y ojos oscuros se dedica a trabajar de lo que sea. Un día está de ayudante de albañilería, otro vendiendo ropa. Trabaja en cualquier tipo de actividad económica que genere dinero para sostener a su familia. A veces cuida fincas en Matagalpa y procura que no se roben el ganado.
Manuel no se considera un paramilitar, aunque participe directamente en el entrenamiento de los nuevos civiles que apuntan a engrosar la lista de estos grupos armados que el Gobierno califica como policías voluntarios. “Soy un rehén de la Policía”, insiste mientras observa el paisaje de una montaña de Matagalpa, una zona ganadera de Nicaragua ubicada a 138 kilómetros de la capital.
Sobre estos nuevos paramilitares que ha entrenado, Manuel asegura que son jóvenes en riesgo apresados por la Policía en redadas en los distintos barrios del país. “Hay gente que vino de La Modelo (el sistema penitenciario más grande del país). Son los delincuentes más peligrosos”, expresa.
No todos los paramilitares están en la misma situación que Manuel. Hay quienes están disfrutando las mieles de la obediencia. Estos fueron premiados con puestos en oficinas gubernamentales y otros, aunque fueron apresados, juzgados y condenados por la justicia orteguista, recibieron su libertad y caminan por sus anchas porque el sistema así lo decidió. También amenazan a los que se oponen al Gobierno de Ortega y celebran las intimidaciones del régimen.
Pierson Gutiérrez Solís es el único paramilitar juzgado por el sistema judicial de Nicaragua. Fue acusado del asesinato de la estudiante brasileña Rayneia Lima y condenado por este delito a 15 años de prisión. Los magistrados sandinistas firmaron su orden de libertad amparados en la Ley de Amnistía que aprobó el régimen sandinista en junio de 2019.
Alejado de los reflectores, Gutiérrez Solís organiza campamentos de taekwondo para niños, adolescentes y jóvenes. También fundó la “Academia Do”, que cuenta con una matrícula de al menos cincuenta estudiantes.
El último campamento que organizó fue en Bluefields, en la Región del Caribe Sur de Nicaragua. Ocurrió el primer fin de semana de noviembre y compartió con más de diez adolescentes. “Agradecido con Dios porque todo el viaje salió bien. Pude ver en sus rostros [de los alumnos] el deseo de aprender”, escribió en su perfil de Facebook.
Gutiérrez Solís cambió su apariencia al salir de prisión: se cortó el pelo, dejó crecer su barba y poco después la recortó. Fuentes policiales y políticas vinculadas al Frente Sandinistas que fueron consultadas por DIVERGENTES para este reportaje, aseguraron que recibió una camioneta de parte del Gobierno y una casa sobre la carretera a León, en las afueras de Managua. Esta información no pudo ser corroborada por este medio.
—Fue premiado— dice Manuel, quien detalla que no conoce personalmente a Gutiérrez Solís, pero que tiene cierta información de él porque en el círculo “todo se sabe”.
El “premio” es distinto dependiendo del trabajo represivo realizado. Rubén, por ejemplo, tiene otro beneficio.
Días antes de la rebelión de abril, él estuvo a punto de marcharse del país. La situación económica estaba ahogando su vida y la de su familia. Cuando las protestas cívicas explotaron y Managua estaba alzando barricadas, el secretario político de su barrio, localizado en Granada, le propuso que le ayudara a desmontar los tranques en la capital, le ofreció un salario de 300 córdobas por día y se sumó a otros jóvenes que, al igual que él, formaron parte de los primeros paramilitares.
El nacimiento de los paramilitares ocurrió cuando la Policía Nacional se percató que no tenía efectivos suficientes para derribar las barricadas instaladas en todo el país. Una fuente policial consultada para este reportaje relató que el Gobierno recurrió a exguerrilleros que combatieron contra la dictadura de Somoza y la llamada contra, grupos armados financiados por Estados Unidos para derrocar al gobierno sandinista en la década de los ochenta.
Para ello buscaron a viejos cuadros como Edén Pastora, el controvertido “Comandante Cero”**, y otros excombatientes que se reunieran con desmovilizados del Ejército de distintas partes del país. También exmiembros de la Dirección General de Seguridad del Estado y simpatizantes sandinistas. El objetivo, según consta en notas publicadas en el portal oficialista El 19 Digital, era “recuperar la paz”.
La fuente policial agregó que para acuerpar a los oficiales y desmovilizados del Ejército, el régimen convocó a su militancia en las instituciones del Gobierno y en los barrios de varias ciudades del país. Había trabajadores de las distintas alcaldías, miembros de la JS y pandilleros. Estos fueron entrenados por expolicías como Manuel en la academia Walter Mendoza.
Rubén tiene veintitantos años y apenas logró obtener su título de primaria. Durante su adolescencia se involucró en pandillas y grupos delincuenciales que fueron el azote de su barrio. No se avergüenza de su pasado, pero asegura que cambió y que ha dejado esos “malos pasos”.
Participó en la Operación Limpieza de Managua, Masaya y Carazo.
—Yo quité barricadas. Anduve armado por seguridad, pero no maté a nadie— asegura.
Es cauteloso. Aceptó esta entrevista a cambio de que no dijéramos su verdadero nombre, porque tiene miedo de que lo echen. Tampoco se asume como paramilitar, él dice que es un policía voluntario.
Al igual que varios de esos primeros hombres que fueron armados, su recompensa fue un trabajo en una institución de Gobierno, una moto y un bono “solidario” (cupones de combustibles entre 300 y 800 córdobas) que recibe mensual por su disposición “al llamado”. Rubén dice que él no ha hecho nada malo, está convencido de que hizo un bien al país y que “la derecha” quiso dar un golpe de Estado.
Su rutina transcurre con normalidad. Dice que le quitaron el arma que le entregaron aquellos primeros días de junio, pero asegura que otros la conservan. No logra explicar el motivo, pero siente que es mejor así. “No me gusta andar armado”, responde mientras revisa su teléfono y busca una foto.
Al final la encuentra y la muestra. Viste camisa azul, no tiene pasamontañas, pero sí una gorra. “Fue en Carazo”, indica. Lo muestra como si se tratara de un excelente recuerdo. “Luchamos por la paz y ojalá que sigamos así”, dice. El discurso de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha calado bastante. Rubén es uno más de esos “héroes de la paz” —como los ha llamado el régimen— que se armaron y provocaron muerte, destrucción y zozobra.
Las armas de estos grupos paramilitares fueron entregadas por la misma institución policial que las tienen en su poder porque son para uso en el servicio o porque fueron decomisadas y están bajo resguardo. Manuel confirmó que esas armas las entregaron a policías que estaban vestidos de civil y a los paramilitares que habían sido reclutados.
La estructura paramilitar que el régimen orteguista creó en 2018 continúa funcionando de la misma forma que cuando ejecutaron la primera Operación Limpieza en Managua. Si bien el bajo perfil no permite identificar las principales acciones que ejecutan estos grupos armados, fuentes policiales y analistas de seguridad consultados para este reportaje confirmaron que la función primordial en estos momentos es realizar vigilancia política.
Pero no todos ejecutan este tipo de trabajo. Es un grupo reducido, que recibió entrenamiento policial de este tipo, el que se dedica a perseguir a los principales líderes de la oposición. “Informan dónde está, con quién, sí visitó alguna comunidad o estuvo recibiendo visitas”, dice una fuente policial.
Otro grupo acuerpa a oficiales de la Policía Nacional cuando estos asedian plantones, intentos de marchas o de reuniones de la oposición en los departamentos del país. No tienen orden de disparar, solo de tomar fotos, de grabar videos y de azuzar para lograr una reacción, quizás violenta, en los opositores.
El grueso de paramilitares reclutados en 2018 no está en las calles. Si bien están dispuestos a salir en cuanto reciban la orden, para ejecutar el trabajo de los dos primeros grupos, no se necesita a todos los hombres. “La Policía tiene el control, no están sobrepasados como al inicio. Incide eso y el factor económico”, dice un analista de seguridad que prefiere omitir su nombre por temor a represalias.
La estructura de este cuerpo armado responde principalmente a la jefatura de la Policía Nacional. Aunque es la institución policial que organiza, coordina y solicita cualquier tipo de colaboración a estos grupos, las órdenes, como en la forma política, tienen un flujo vertical.
Dentro del grupo armado organizado y estructurado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, existe una variedad de paramilitares. Para este reportaje se solicitó el apoyo de expertos en seguridad y fuentes policiales para caracterizar el perfil del grupo al que pertenecen.
Se realizó un análisis de imágenes y videos que los propios nicaragüenses compartieron en sus redes sociales. También se recopiló información publicada por otros medios de comunicación, incluido los oficialistas, y se consultó dicha información con fuentes ligadas al régimen.
Está conformada por jóvenes de los distintos barrios de Nicaragua. Son muchachos cuya escolaridad no supera el tercer año de secundaria. Algunos son integrantes de la Juventud Sandinista. Otros son parte de la fuerza de choque de esta misma organización. También están en este grupo jóvenes con problemas de consumo de droga y alcohol.
Integrado principalmente por excombatientes que pertenecieron al Ejército Popular Sandinista. La mayoría son adultos con secuelas de guerra que tienen entre 50 y 65 años. Ellos reclutaron a campesinos y jóvenes de zonas rurales que, por su lealtad al comandante, decidieron limpiar tranques. Fueron armados por la Policía y entrenados.
Estructurado por trabajadores de las distintas alcaldías de los municipios de Nicaragua. Fueron reclutadores y participaron en labores de coordinación. Realizan un trabajo coordinado con la Policía. En la etapa de la operación limpieza ofrecieron pagos en efectivo, comida y gasolina a los jóvenes y desmovilizados convocados.
Dirigido por oficiales de la Policía Nacional. Acuerpados por exmilitares en retiro. Reclutaron a expolicías, desmovilizados, exagentes antinarcóticos y oficiales que fueron dados de baja. Entrenaron a los grupos armados que estaban encargados de la represión a protestantes en las barricadas.
*Algunos de los nombres usados en este reportaje son ficticios a petición de las fuentes, que hablaron con DIVERGENTES a cambio de proteger su identidad.
**En 1978 Pastora se convirtió en un héroe nacional al dirigir, junto a otros guerrilleros, la mítica toma del Congreso somocista, que significó uno de los más duros golpes a la dictadura.