Guatemala es un país hambriento. Esta expresión no se reduce a las penosas cifras de desnutrición crónica que alcanza a la mitad de la niñez menor de cinco años. Esta es una necesidad básica, vital, humana que ha marcado la agenda mediática de las tres campañas electorales de la última década en el país sin ningún fruto en políticas públicas certeras.
No, además de la principal acepción de este término, Guatemala es un país hambriento de liderazgos, es un país hambriento de esperanza y la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, el pasado lunes solo marcó una clara pauta de que el gobierno del presidente Joe Biden continúa con la narrativa sistemática de aquel país que persigue sus propios y únicos intereses.
A pesar de que todos los puntos clave de esta reunión de Harris con el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei se deben leer entre líneas, la expectativa de la sociedad atenta a la coyuntura política era muy elevada. Había hambre de propuestas, de ajustes, tal vez de un somatón de mesa para un gobernante que mantiene una aprobación menor al 30 por ciento y que se ha entremezclado con distintos grupos de políticos, empresarios, militares y narcotraficantes que se amalgamaron para conformar un pacto de mafias que tiene al país en regresión democrática.
La vicepresidenta Harris conoce este escenario, un panorama oscuro que conjuga represión, cooptación de la justicia, persecución de políticos opositores, críticos y periodistas no es grato para la administración demócrata. Sobre todo porque este conjunto de prácticas potencia con más fuerza las razones estructurales que conllevan a la migración de los guatemaltecos hacia Norteamérica.
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La prioridad que, desde la Presidencia de la República, el Congreso y las altas cortes se le ha impregnado a esta batalla por desmantelar cualquier esfuerzo en contra de su cruzada por la cooptación del Estado, tiene a este grupo de mafias completamente cegado de los problemas sustantivos del país. Estar en medio de una pandemia no alcanza para mitigar la estrategia de este pacto. Todo lo contrario, se aprovecha la crisis sanitaria para potenciar la opacidad.
Pero como la diplomacia estadounidense hay que leerla entre líneas y desenredar los nudos de la comunicación, es necesario echar una vista atrás. Ese pasado del que Biden fue protagonista entre 2014 y 2015 cuando era el vicepresidente de la administración de Barack Obama. Ese etapa marca la primera de tres en la que Estados Unidos ha desestabilizado a Guatemala en menos de una década.
Era el segundo período de Obama y la niñez y adolescencia no acompañada que llegaba a la frontera sur de Estados Unidos amenazaba con convertirse en una crisis humanitaria sin precedentes. Y así fue. Miles de menores migraron desde Guatemala, Honduras y El Salvador para reunirse con sus familiares en aquel país. La arremetida del gobierno de Obama fue condicionar a los tres países del llamado Triángulo Norte a aprobar una estrategia que atacara las causas estructurales de la migración, el mismo discurso de Harris.
De ese momento histórico nació el Plan de la Alianza para la Prosperidad que comenzó a implementarse en 2017 y se canceló en 2019. En total, el programa contó con más de US$2 mil millones para proyectos enfocados en dinamizar el sector productivo, desarrollar capital humano, mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia y el fortalecimiento de las instituciones.
Ese ambicioso plan de la administración Obama-Biden fue luego catalogado en Estados Unidos como una estrategia propagandística, pues la ejecución no tuvo frutos que desarrollaran la narrativa de que algo había cambiado en el norte de Centroamérica. Sin embargo, otro bastión prioritario del pasado gobierno demócrata fue impulsar el financiamiento robusto y presionar al entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina a firmar la prórroga del mandato de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Estados Unidos sabe que desmantelar las estructuras corruptas incrustadas en el aparato estatal de Guatemala es una apuesta para fomentar el desarrollo del país y atacar por fin la tan odiada migración hacia esa nación. La primera que cayó fue la propia de Pérez Molina que incluso lo llevó a renunciar a él y a la vicepresidenta Roxana Baldetti acusados de múltiples casos de lavado de dinero, amaño de contratos públicos, recepción de sobornos, defraudación aduanera y narcotráfico.
Embestida contra la CICIG
Pero la embestida que daría la CICIG entre 2014 y 2017 contra estas redes de poder acabaría por desatar la segunda etapa de la desestabilización política y social de Guatemala. Entre 2016 y 2019, el expresidente Jimmy Morales se vio acorralado por la comisión tras revelarse que el financiamiento de su campaña electoral contenía anomalías por no haber registrado donaciones de grandes empresarios de la élite económica del país.
Morales aprovechó los recursos del Estado para aproximarse al expresidente Donald Trump y ofrecerle apoyo incondicional a cambio de que el republicano desestimara ese apoyo a la CICIG que se había conseguido durante el gobierno de Obama. El expresidente guatemalteco, con la ayuda de empresarios y políticos logró su cometido. En 2018 anunció el final de la comisión internacional y prohibió el ingreso de su director, el exjuez colombiano, Iván Velásquez. Ante una medida arbitraria y favorecedora de la impunidad, el gobierno trumpista volteó la mirada.
Sin embargo, poco más de un año antes de que Biden asumiera su mandato como presidente, las instituciones estadounidenses ya volvían a girar la brújula hacia Guatemala y comenzaron a emitir señales de lo que sería la antesala de la administración demócrata. El Departamento de Estado impuso sanciones a políticos y empresarios guatemaltecos que están involucrados en múltiples casos de corrupción como Gustavo Alejos Cámbara y Alejandro Sinibaldi.
Es aquí donde comienza esta tercera etapa de Estados Unidos tratando de controlar su seguridad interna a través de imposiciones y sanciones a los funcionarios guatemaltecos.
Y es aquí cuando volvemos a la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a suelo guatemalteco. Con tan solo cuatro meses y medio en el cargo, la funcionaria prioriza a Guatemala y a México como su primer viaje al extranjero. La crisis humanitaria de migración en su frontera sur continúa y la sombra del trumpismo atiza las presiones de los electores más conservadores que necesitan grandes gestos de fortaleza contra las que ellos llaman amenazas en su territorio.
Entonces la retórica de Harris es dicotómica. Emite un discurso político para los estadounidenses y otro con más tinte institucional y que refleja el verdadero objetivo de su visita. Por una parte, en la conferencia de prensa junto a Giammattei se dirigió a los guatemaltecos que anhelan migrar y enfatizó “do not come, do not come (no vengan, no vengan)”.
Una frase que desalentó la esperanza, pues la funcionaria recibió críticas de políticos y analistas estadounidenses y guatemaltecos. Una frase que se aísla dentro de un gran contexto de crisis humanitaria reflejó la insensibilidad de la vicepresidenta y su poco tacto para tratar el tema frente a millones que ven en ella una guía para cambiar el rumbo del país.
Sin embargo, por otro lado, Harris ha sido enfática en que la lucha contra la corrupción en Guatemala y la región es un objetivo claro a trabajar. Por eso llama la atención que durante sus reuniones con empresarios, sociedad civil y con el mismo presidente Giammattei ella priorizara este eje de su visita.
Por ejemplo, el mandatario guatemalteco enfatizó su preocupación por la aprobación de una ley que pretende fiscalizar y neutralizar a las ONG de manera arbitraria. También le habló sobre la escalada estrategia para cooptar las instituciones de justicia como el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones, la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral. Además, fue enfática en mostrar su apoyo al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, quien ha sufrido amenazas, intimidaciones, denuncias e intentos de bloqueo desde el propio Ministerio Público en su trabajo legado de la CICIG y que pone en jaque al pacto de mafias aceitado por el presidente Giammattei con recursos del Ejecutivo.
Para lograr este objetivo, la vicepresidenta Harris anunció una fuerza de tarea anticorrupción que se encargará de apoyar técnicamente a las fiscalías del Triángulo Norte. En el caso de Guatemala, la fiscalía liderada por Sandoval será priorizada para reforzar dentro de este nuevo grupo de trabajo que además busca contrarrestar los delitos transnacionales como el tráfico de personas, el contrabando y el narcotráfico.
Este apoyo es crucial en el marco en el que la nueva Corte Constitucional integrada por personajes vinculados y seleccionados por la alianza oficialista tiene en sus manos un recurso interpuesto por abogados de personajes señalados por esta fiscalía que pretende desmantelarla por considerarla inconstitucional. Incluso, pocos días antes de su reunión con Harris, Giammattei declaró en una entrevista con Reuters que el fiscal Sandoval tiñe sus investigaciones con ideología izquierdista.
En este gran escenario de declaraciones, discursos, acciones, apoyos y sanciones todo parece apuntar a que el primer gran gesto de Kamala Harris con Guatemala es articular acciones que fomenten cambios estructurales. Todo parece indicar que la vicepresidenta necesita resultados inmediatos y profundos y eso solo se consigue con medidas fortísimas que hagan tambalear al gobierno y los aliados de Giammattei.
Todo parece recordar aquellos somatones de mesa que Biden propinó siendo vicepresidente. Porque si no es con un somatón estadounidense, ni los posibles electores de Harris ni los guatemaltecos que pretenden migrar hacia Estados Unidos tendrán suficientes elementos para considerar que en este país aún existe la esperanza.
Porque irónicamente, la mejor solución a los problemas estructurales de Guatemala la tiene la potencia que los provocó.