En los seis meses posteriores al primer contagio reportado de covid-19 en Nicaragua (18 de marzo), el país continuó siendo el único en América Latina que no aplicó ninguna restricción a la movilidad como medida para contener el virus. Las autoridades se negaron a enfrentar la pandemia como una emergencia nacional; tampoco se implementaron planes específicos para contrarrestar la violencia hacia la mujer.
Entre marzo y junio de 2020, mientras toda la región se encontraba en cuarentena, 17 mujeres fueron víctimas de femicidios en Nicaragua, según una verificación de datos propia a partir de cifras recopiladas el Observatorio Voces. Esta cifra, sin embargo, difiere de los datos publicados por la Policía Nacional para un periodo más amplio: según la institución, que no respondió a una solicitud de información realizada por Distintas Latitudes, entre febrero y agosto de este año solamente se habían reportado 11 femicidios.
Para hacer un contraste: en 2019 el Observatorio Voces reportó 63 femicidios, mientras la Policía reportó 12 casos.
La diferencia radica en que la Policía y las instituciones nicaragüenses solamente consideran femicidios a los cometidos por las parejas y exparejas de las víctimas, tipificando como homicidio o asesinato los crímenes que cometieron conocidos o desconocidos en el ámbito público. La muerte de una niña de once años, violada y asesinada por dos cirqueros, no cuenta como un femicidio; tampoco la muerte de una joven de 19 años, lanzada a un pozo tras resistirse a una agresión sexual.
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Para Nancy Mora, feminista miembra de la Red de Mujeres del Norte Analucila, el interés de las autoridades al hacer esta diferenciación es ocultar el grave problema de violencia contra las mujeres que se vive en el país. “Ponen las estadísticas a conveniencia, quieren parecer a nivel internacional como un país que está bien, que aquí hay igualdad y que no hay tanta violencia, es una falta de reconocimiento de una problemática que nos afecta a todos y a todas”, advierte.
Pero el aumento de las situaciones de violencia en los meses de mayor incidencia de la pandemia no solamente se evidencia en los femicidios. Aunque no se logró acceder a cifras oficiales de denuncias atendidas por las Comisarías de la Mujer —28 de ellas reabiertas en lo que va del año—, la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV), reportó un 30% de aumento en las atenciones en sus 29 centros de mujeres distribuidos en todo el país, incluidos 4 albergues para mujeres en situaciones de riesgo.
Marycé Mejía, enlace de la RMCV, cuenta que a partir de la amplia demanda en los centros de mujeres durante los meses de auto-cuarentena, y ante la imposibilidad de atender todos los casos de forma presencial, en junio se abrió una línea de atención telefónica para apoyar a mujeres con acompañamiento emocional y con asesoramiento legal.
El medio feminista Media Cuartilla encontró que además de la línea de atención de la RMCV, desde mediados de año, también brindan atención telefónica a mujeres la Red de Mujeres del Norte Analucila, sobre todo a mujeres de tres departamentos del norte del país, y la Universidad Evangélica Nicaragüense, con énfasis en la población capitalina, ambas gestionadas por voluntarias y voluntarios, por lo que tienen algunas limitaciones de horarios.
Según Nancy Mora, la Red de Mujeres del Norte recibe llamadas de mujeres que han vivido violencia sexual, física y psicológica, y a nivel legal últimamente han recibido muchas llamadas sobre la ruta para denunciar incumplimiento de deberes alimenticios. Hasta la fecha han atendido más de 400 casos.
En Nicaragua no hay una línea estatal para atender situaciones específicas de violencia contra la mujer, como sí existe en diferentes países de América Latina, sino que es la línea 118 de la Policía Nacional la que recepciona estos casos, junto con todas las demás denuncias de actividad delictiva, por lo que no hay atención con enfoque de género ni de apoyo psicológico.
Marycé Mejía relata que a la RMCV las mujeres llaman “desesperadas” porque las autoridades muchas veces ni siquiera les toman la denuncia: “las están mandando a mediar, las están mandando a las Consejerías Familiares en las comunidades, que son las mismas estructuras del Gobierno que no están preparadas y que no tienen conocimiento sobre el tema, porque más bien culpabilizan a las mujeres y las mandan a perdonar a su agresor, que a lo mejor les ha hecho hasta amenaza de muerte”.
Las cifras oficiales confirman la versión de Mejía. Según los datos publicados por la Policía Nacional, entre febrero y agosto de este año las Comisarías de la Mujer remitieron al Ministerio Público y al Poder Judicial 7,900 expedientes con denuncias por delitos y faltas penales contra las mujeres. El 80% de esos casos (6,320), según las autoridades, fueron resueltos por mediación, y solo el 14% de los denunciados (1,100) enfrentaron procesos por delitos como violaciones, abuso sexual, estupro, lesiones graves y femicidios.
Por otro lado, en lo que va del año y en el contexto de la pandemia, el Ministerio de Gobernación ha dejado en libertad a unos 8 mil reos comunes, entre los cuales las organizaciones de mujeres han identificado al menos a 500 que habían sido condenados por violaciones sexuales, abusos sexuales, proxenetismo, explotación sexual y femicidio.
“Estamos preocupadas porque estos hombres están llegando a las comunidades, además de que las víctimas se sienten en riesgo, las propias defensoras también, porque ellas son las que han acompañado a estas víctimas”, señala Nancy Mora, también integrante del Grupo Venancia.
Las defensoras consultadas coincidieron en que tanto las liberaciones de agresores de mujeres como el bajo índice de judicialización en casos de violencia contra la mujer, configuran un mensaje de impunidad para los criminales y desmotivan a las mujeres a acudir a las autoridades en busca de protección y justicia.
En contraste, la Policía y el Poder Judicial persiguen constantemente a ciudadanos opositores, y desde 2018 han detenido y procesado a cientos por motivos políticos. La crisis de derechos humanos, la crisis económica y la crisis sanitaria han agravado la situación de las mujeres y niñas nicaragüenses, pero al mismo tiempo las autoridades se han negado a atender la problemática de manera oportuna.
“En Nicaragua hay un conflicto social de raíces profundas, de daños profundos: emocionales, económicos, de todo, donde las niñas y las mujeres son las que están pagando con su cuerpo y su sangre”, reflexiona Marycé Mejía.
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“Violentadas en cuarentena”, publicada en Distintas Latitudes, es una investigación colaborativa regional realizada en 19 países de América Latina y el Caribe sobre la violencia contra las mujeres por razones de género durante la cuarentena por la covid-19. Esta investigación fue apoyada por el Fondo Howard G. Buffett para Mujeres Periodistas de la International Women’s Media Foundation.