La promesa de una “Tercera República” instalada por Laura Fernández tras su triunfo electoral ha abierto un debate que va más allá de la retórica de campaña y toca el corazón del poder en Costa Rica: ¿qué habilita realmente el mandato que salió de las urnas? Con un 48.3% de los votos y una bancada oficialista de 31 diputados, el chavismo interpreta el resultado como aval para un cambio profundo, mientras las reglas institucionales marcan límites claros a cualquier intento de refundación del Estado.
Para Alberto Cortés, coordinador de la Cátedra Centroamérica de la Universidad de Costa Rica (UCR), el concepto de “Tercera República” funciona, ante todo, como una operación discursiva. “El mandato obtenido no posibilita reformas constitucionales sustantivas”, advierte, y sitúa la paradoja central del nuevo gobierno de Fernández: proclamar una ruptura simbólica con la Segunda República —el marco democrático vigente desde 1949, basado en la abolición del Ejército, el Estado social de derecho y una institucionalidad robusta— sin contar con la mayoría calificada necesaria para rediseñar la arquitectura institucional que dicen querer superar.
En esta entrevista con DIVERGENTES, Cortés desgrana los alcances reales del proyecto chavista, los riesgos de deterioro democrático sin un giro autoritario pleno, la resiliencia —y fragilidad— de las instituciones costarricenses y los márgenes de autonomía que tendrá Fernández frente a la influencia persistente del presidente Rodrigo Chaves. Su lectura es contundente: el resultado electoral dio luz verde a la continuidad del proyecto político en el poder, no a una transformación estructural del régimen democrático.
En su primer discurso como presidenta electa, la noche del primero de febrero, Laura Fernández anunció la “inauguración de la Tercera República”. ¿Qué significa eso y qué oportunidades tiene ante el músculo legislativo de 31 diputados con el que gobernará?
La referencia de la presidente electa a la “Tercera República” constituye fundamentalmente un ejercicio de construcción discursiva destinado a legitimar una ruptura con el orden político previo, la denominada “Segunda República”. Desde una perspectiva de análisis institucional, este concepto opera en dos niveles simultáneos:
Por un lado, en el nivel discursivo-simbólico, Fernández busca capitalizar el agotamiento evidente del sistema político de la Segunda República, caracterizado por el colapso del bipartidismo histórico (Partido Liberación Nacional-Partido Unidad Social Cristiana), el rechazo al Partido Acción Ciudadana (PAC), la fragmentación extrema del sistema de partidos y la erosión de la cultura política consensual que sostuvo la estabilidad democrática costarricense durante décadas.
Por otro lado, en el nivel institucional-programático, la viabilidad real de una agenda maximalista de reformas para lograr la “Tercera República” dependía de si el proyecto político lograba una mayoría muy calificada en el congreso, para lograr construir una arquitectura institucional realmente nueva. Ello requería al menos 38 votos, que el oficialismo no obtuvo. Logró un número alto, 31 congresistas, pero muy lejos de la mayoría requerida para cambios constitucionales.
Aquí surge la paradoja principal: el mandato electoral de 48.5% que le dio el pueblo a Fernández representa esencialmente la continuidad del proyecto del presidente Chaves, no luz verde para una transformación de la arquitectura institucional. Es decir, el mandato obtenido no posibilita reformas constitucionales sustantivas, rediseño del sistema electoral, o reestructuración profunda de las relaciones entre los poderes del Estado.
El proyecto del continuismo enfrenta una contradicción estructural: proclaman la fundación de una República nueva mientras operan dentro de las mismas estructuras institucionales deterioradas que critican, y sin contar con la mayoría constitucional necesaria para reformas profundas. En este contexto, la “Tercera República” corre el riesgo de convertirse en retórica vacía.
¿Qué lecciones debe sacar Costa Rica tras este triunfo arrollador del chavismo y si cree que, como temen muchos, el país se enrumba hacia el autoritarismo?
Es crucial distinguir analíticamente entre deterioro democrático, democracia iliberal y autoritarismo competitivo para evaluar adecuadamente la trayectoria costarricense. Las lecciones principales que emergen de esta coyuntura son varias y significativas. Primero, Costa Rica demuestra que la fragmentación partidaria extrema sin desarrollo paralelo de nuevas instituciones de intermediación política genera vacíos de gobernabilidad que actores políticos outsiders pueden aprovechar con notable eficacia.
Segundo, el deterioro sistemático y acumulativo en sectores fundamentales como salud, educación, seguridad y capacidad estatal, así como el aumento de la desigualdad social y territorial general creó las condiciones estructurales para el rechazo masivo al establishment político tradicional.
Tercero, observamos que no todas las instituciones se erosionan uniformemente; hay una resiliencia diferenciada donde instancias como la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Elecciones mantienen mayor legitimidad relativa que el sistema de partidos o la Asamblea Legislativa.
Respecto al posible “giro autoritario”, debemos ser analíticamente precisos. No observamos, al menos hasta este momento, las características clásicas del autoritarismo competitivo tal como lo definen Levitsky y Way: no hay captura sistemática de árbitros electorales, clausura de espacios mediáticos independientes, ni persecución judicial sistemática de opositores políticos.
Lo que sí observamos claramente es un estilo político plebiscitario-confrontacional que erosionan normas y valores democráticos fundamentales: ataques retóricos constantes a instituciones de control y personas opositoras o que no se alinean con las posiciones del presidente, personalización extrema del poder ejecutivo, y tendencias preocupantes hacia la concentración de poder en la figura presidencial. Esto representa deterioro de la calidad democrática, no una transición hacia un autoritarismo pleno.
Los indicadores críticos que debemos monitorear incluyen posibles intentos de reforma del TSE o la Sala Constitucional, presión sobre medios independientes mediante controles económicos indirectos, uso del aparato estatal para perseguir actores políticos, económicos y sociales, y debilitamiento progresivo de mecanismos de rendición de cuentas horizontal.
¿Tendrán las instituciones ticas la capacidad de soportar frente al embate autoritario del chavismo?
Costa Rica posee más de 75 años de institucionalidad democrática ininterrumpida, con una Sala Constitucional establecida en 1989 que ha actuado históricamente como garante efectivo de derechos fundamentales y límite real al poder ejecutivo. También persiste en Costa Rica, aunque erosionada, una cultura política con valoración arraigada de la institucionalidad democrática.
Respecto a la capacidad de resistencia institucional específica, el TSE mantiene autonomía técnica y legitimidad social significativas, sin que observemos intentos serios de captura o subordinación directa. La Sala Constitucional ha bloqueado históricamente iniciativas ejecutivas que exceden límites constitucionales, y su composición mediante designación legislativa compleja dificulta su captura partidaria. La Contraloría General, aunque debilitada presupuestariamente, mantiene capacidad de fiscalización efectiva. La estructura mediática permanece plural con medios independientes viables, sin concentración monopólica estatal, a pesar de los ataques del presidente.
Los riesgos específicos que se deben identificar y vigilar son la erosión incremental de pesos y contrapesos mediante la presión presupuestaria sobre órganos de control, nombramientos partidarios estratégicos en instituciones autónomas, y deslegitimación retórica sistemática de instancias independientes y críticas, como las universidades públicas.
No es un secreto, pero también porque así lo ha demostrado, que la presidenta electa ha sido la heredera elegida por el presidente Chaves, pero él todavía tiene total influencia. ¿Puede tener Laura Fernández autonomía para gobernar?
La cuestión de la autonomía política de la presidenta electa debe analizarse considerando restricciones estructurales, no meramente características personales o especulaciones sobre voluntad individual. En esa línea, hay varios factores que podrían limitar su autonomía. Primero, Laura Fernández debe su capital político fundamentalmente al presidente Chaves; el 48.5% obtenido representa continuidad del proyecto chavista, no un mandato personal independiente, lo cual genera dependencia estructural significativa. Si el presidente Chaves y su círculo inmediato mantienen control efectivo de la estructura del partido gobernante, los márgenes de maniobra reales de desviación programática o estratégica resultarán muy limitados.
A diferencia de líderes que construyen autonomía mediante capital político personal acumulado a través de trayectoria previa o movimientos sociales propios, Fernández emerge directa y exclusivamente del proyecto Chaves, sin base política independiente.
Sin embargo, existen también factores que podrían potencialmente generar espacios de autonomía. El imperativo de gobernabilidad efectiva ante crisis acumuladas en inseguridad, el deterioro de servicios públicos y la presión fiscal podría generar necesidades pragmáticas que podrían requerir distanciamiento de posturas puramente confrontacionales. Si necesita construir coaliciones legislativas que excedan el núcleo chavista duro, deberá necesariamente negociar con actores políticos que exigirán distanciamiento del estilo confrontativo del presidente Chaves. Además, cuatro años de ejercicio presidencial permiten acumulación de capital político propio, especialmente si logra resultados tangibles en seguridad o economía que le permitan reivindicar logros personales.
Mi evaluación es que el escenario más probable es que observaremos autonomía táctica pero dependencia estratégica: tendrá márgenes para decidir “cómo” implementar políticas específicas, pero no “qué” implementar en términos de orientación fundamental del proyecto político. La verdadera prueba de autonomía vendrá cuando sus intereses personales y la construcción de su legado propio, entren en contradicción directa con los intereses políticos del presidente Chaves y su círculo.
Pero vemos a la presidenta electa siguiendo la misma lógica chavista, sobre todo en el tema de seguridad, que es de extrema urgencia para los ticos. Sin embargo, el oficialismo ahora no podrá usar la muletilla que la Asamblea Legislativa obstruye sus esfuerzos en seguridad. ¿Qué ruta puede seguir?
Con mayoría legislativa conquistada, el Gobierno de Fernández enfrenta efectivamente el imperativo político de mostrar resultados tangibles sin poder recurrir a la excusa de obstrucción legislativa. Sin embargo, la “megacárcel” como solución emblemática representa una aproximación peligrosamente simplista a un problema muy complejo. Este enfoque no aborda los factores fundamentales: la inseguridad en Costa Rica se correlaciona fuertemente con desigualdad territorial marcada, ausencia estatal en zonas marginalizadas urbanas y rurales, penetración creciente del narcotráfico transnacional, y debilidad crítica de sistemas de prevención y reinserción social.
Para que la mayoría legislativa se traduzca efectivamente en resultados sostenibles, el Gobierno requiere desarrollar una ruta integral que incluya varios componentes esenciales. Primero, fortalecimiento sustantivo de capacidades de inteligencia policial, dado que la capacidad actual de investigación criminal es críticamente débil y requiere inversión significativa en tecnología, formación especializada y coordinación interinstitucional efectiva.
Segundo, reforma profunda del sistema de justicia penal, pues los cuellos de botella en Fiscalía y tribunales generan impunidad estructural; sin acelerar el procesamiento judicial, más infraestructura carcelaria resulta insuficiente. Tercero, estrategias territorializadas de prevención que impliquen inversión focalizada en zonas de alto riesgo con presencia estatal integral, no solamente policial, incluyendo servicios sociales, espacios públicos de calidad y oportunidades económicas legítimas.
Cuarto, desarrollo de una política de drogas racional que abra el debate sobre despenalización del consumo y políticas de reducción de daño para desvincular consumo problemático de criminalidad violenta organizada. Quinto, profesionalización policial sostenida en el tiempo mediante mejoras salariales significativas, formación continua de calidad y depuración sistemática de corrupción interna.
La evaluación de viabilidad debe considerar que la mayoría legislativa elimina la excusa política, pero persisten dos restricciones críticas: la restricción fiscal, pues existe capacidad limitada de financiar expansión significativa de seguridad sin reforma tributaria profunda, y la restricción de capacidad estatal, dado que la debilidad institucional acumulada dificulta la implementación efectiva de políticas complejas que requieren coordinación interinstitucional sofisticada.
El riesgo principal es que, presionados por la demanda ciudadana legítima de resultados inmediatos y visibles, el Gobierno opte por soluciones mediáticamente efectivas como la megacárcel y retórica de mano dura, pero estructuralmente insuficientes para abordar las causas profundas, perdiendo así la ventana de oportunidad política que ofrece la mayoría legislativa para implementar reformas profundas y sostenibles del sistema de seguridad y justicia.
El verdadero test del proyecto de “Tercera República” será, en definitiva, si logra trascender el ciclo de deterioro institucional mediante la construcción efectiva de capacidad estatal, o si reproduce, con un nuevo rostro y retórica las dinámicas de debilidad institucional, populismo coyuntural y erosión democrática incremental que caracterizaron precisamente el agotamiento de la “Segunda República” que quieren superar.