“Ver entrar a una tropa policial a una casa de habitación es angustiante, rebasa las emociones”, dijo una fuente que presenció el allanamiento a la casa de Cristiana Chamorro, aspirante presidencial que ahora es perseguida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La fuente narra que el contingente policial llegó a eso de las 11:40 de la mañana de este miércoles con una orden de allanamiento y detención firmada por la jueza Karen Chavarría Morales. El operativo fue dirigido por el comisionado mayor Luis Pérez Olivas, de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).
La fuente calcula que “una veintena de policías” ingresaron a la vivienda de la precandidata la mañana del 2 de junio, minutos antes que Cristiana Chamorro diera una conferencia de prensa virtual para referirse a la inhabilitación ordenada por el régimen. Tras presentar la orden, los oficiales “pidieron revisar todas las habitaciones de la casa, incluyendo las de servicio, baños, roperos, cocinas, salas, comedor, oficina, escritorios, archivadores, en fin, toda la casa”.
Ya en posesión de la vivienda, los oficiales cortaron los servicios de internet y el circuito de cámaras de seguridad. Pidieron todos los celulares, incluso los del personal de servicio. “Desde el inicio cortaron el servicio de internet y requisaron los equipos: router, cajas de cables TV, computadoras, caja principal de seguridad y monitor, y todos los celulares, incluyendo los del personal de servicio”, narró la fuente.
Se llevan chequera de doña Violeta
“En medio de la angustia, surgió la impotencia: ver que se llevaron la chequera con que se cubren los gastos de la casa de doña Violeta Barrios de Chamorro, de 91 años de edad, postrada en una cama. En esas circunstancias, no hay argumento que los convenza. Se llevaron toda la papelería que encontraron en la casa, documentos legales, finanzas familiares, papelería en general, todo. Llenaron como seis bolsas plásticas, de esas que se utilizan para la basura”, sigue la fuente.
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Dos grupos de policías allanaron el inmueble: unos 12 en el primer piso y otro, “de menor cantidad”, el segundo. “El jefe Pérez se mantuvo sentado en uno de los sillones de la sala, vigilando, respondiendo a consultas de sus subordinados y levantándose para hablar constantemente por celular”, describe.
Pérez Olivas es el director de la DAJ, señalado de “plantar pruebas” a los manifestantes encarcelados. En reiteradas ocasiones, a este oficial superior se le ha visto compareciendo en la presentación de líderes detenidos. Pérez Olivas suele presentar como pruebas diapositivas de PowerPoint en las que expone cuestionados diagramas y fotografías de baja calidad obtenidas por investigadores de la DAJ del WhatsApp o Facebook de los arrestados.
Los oficiales advirtieron al personal de la casa de Cristiana Chamorro que debía mantenerse alejado. Les indicaron que permanecieran en el patio y por la noche solo a una persona le permitieron entrar a la casa a dormir. El resto tuvo que quedarse afuera.
“Cuando terminaron, cinco horas después, leyeron el acta de allanamiento, pidieron la firma, pero sin entregar copia de la misma, igualmente, sucedió con el recibo de los equipos y documentos que se llevaron: se firmaron, pero no dejaron copia”, narra la fuente.
Luego, la persona que presenció el allanamiento asegura que el oficial Pérez recibió una llamada e informó que la detención sería “domiciliar”, explicando así las regulaciones: prohibición de visitas, exceptuando hijos y hermanos. A la abogada defensora también le han impedido el ingreso a la casa, que todavía sigue rodeada de oficiales de la Policía Nacional. Chamorro está incomunicada.
Imponen arresto domiciliar
Después de más de cinco horas en su morada, la Policía Nacional impuso arresto domiciliar a la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, retractándose hasta ahora de la orden inicial de arresto dictada por la jueza sandinista. No obstante, se mantiene el cerco alrededor de la vivienda y tampoco permiten a periodistas acercarse. Chamorro vive una nueva escalada represiva en su contra tras haber anunciado su aspiración a la presidencia de Nicaragua a inicios de este año.
En el mismo día que la precandidata llegó a la sede del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) para iniciar un proceso de inscripción en dicho mecanismo de selección de candidatos, el Ministerio Público lanzó un comunicado donde se le prohibió su participación en cargos públicos, y en el que también se le impuso restricción migratoria y prohibición de reunión. Un día después, la jueza Karen Chavarría Morales, jueza noveno del distrito penal, ordenó su captura y allanamiento de morada.
La jueza Chavarría ha sido una pieza clave en el Poder Judicial controlado por Ortega y Murillo. Desde las protestas de abril de 2018 se ha caracterizado por condenar a manifestantes opositores. Desde entonces, Chavarría se ha encargado de procesar a unos 50 presos políticos. Entre ellos, Sergio Beteta, los hermanos Fajardo (Cristhian y Santiago); María Adilia Peralta, Jaime Navarrete, entre otros manifestantes de Diriamba, Estelí y la Isla de Ometepe.
La solicitud de detención fue a pedido del Ministerio Público a través de un escrito presentado en los juzgados capitalinos, en el que también solicitó la tramitación compleja de la causa y la medida cautelar de prisión preventiva para Chamorro, quien “una vez aprehendida y puesta a la orden de la autoridad judicial”, se le realizará la respectiva audiencia.
Desde el 20 de mayo, la aspirante fue señalada por el Ministerio Público de los delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica por “inconsistencias en los registros financieros” de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), organización que dirigía hasta inicios de este año tras el cierre de operaciones para no someterse a la Ley de Agentes Extranjeros, aprobado por el parlamento sandinista a finales de 2020.
Expertos en derecho han señalado que el proceso contra Chamorro es ilegal, porque ninguna medida precautelar concibe la inhabilitación a un cargo público si no se es funcionario estatal. El Ministerio Público tampoco tiene potestad para inhibir a ningún aspirante a la presidencia. Y como tercer punto, no existe ninguna sentencia firme contra ella.
En el caso contra la FVBCh y Cristiana Chamorro han desfilado una veintena de periodistas que son llamados por la Fiscalía “en calidad de testigos”. Hasta el momento, el Ministerio Público también ha citado a proveedores y empresas privadas que han prestado sus servicios a la Fundación. El último periodista llamado a comparecer fue Octavio Enríquez, de Confidencial, quien sostiene que toda relación con la FVBCh ha sido en “total transparencia”.
Hasta el momento, dos exfuncionarios de la organización han sido apresados por la Policía Nacional. Walter Gómez y Marcos Fletes permanecen arrestados en la DAJ a la espera de los resultados de la “investigación”, que según las recientes reformas al código penal tienen un plazo no menor a 15 días ni mayor a 90.
El dilema de la oposición
Tras la excarcelación de Chamorro, la oposición nicaragüense ha quedado en una disyuntiva en la que tendrá que definirse entre cerrar filas alrededor de la candidata con mayor valoración popular o seguir con las reglas del régimen en un proceso que los analistas ya han tildado de viciado.
Politólogos y juristas llaman a la Alianza Ciudadanos por la Libertad a no reconocer las órdenes de Ortega y Murillo a través del Ministerio Público, y cerrar filas. Consideran que la mejor estrategia de la oposición es continuar con el proceso de selección de la aspirante y que sea el régimen “quien asuma el costo político de la inhibición”.