Primeramente, tengo que decir, que la pregunta planteada como título en el presente artículo no tiene ninguna relación con lo dicho, sobre el mismo tema, por el dictador Daniel Ortega el pasado 19 de julio. No. Este es un problema más complejo que trasciende la demagogia y el discurso de un anciano con decrepitud intelectual. Lo que se coloca, entonces, es la grave situación de separación y rechazo de las principales potencias mundiales (Estados Unidos, Rusia, China, Israel) y sus países-instrumento (El Salvador, Argentina, Nicaragua) de las normas, órdenes, medidas y reglas internacionales contemporáneas que propugnaban unas interacciones más o menos armónicas entre los Estados.
No en vano, fecundos pensadores –como los profesores Fernando Mires y Jürgen Habermas– han expuesto que a nivel internacional rige la Ley de la Selva, es decir, la del más fuerte, en donde los intereses corporativos son sobrepuestos a la primacía de la persona y el derecho. Los análisis parecen partir de un hito que sucedió hace escasamente seis meses (aunque parecen años): el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca en compañía de los magnates del mundo, y a partir de donde busca erigirse emperador.
Sin embargo, la crisis del orden internacional viene de muy atrás. Basta echar un vistazo: en los últimos veinte años, los horrores vividos en medio oriente; la agresión de otro remedo de emperador –Putin– en contra de Ucrania; o el genocidio en Gaza que algunos, haciendo de cómplices, niegan o esperan consumación, como si de un delito de barrio se trátase. No obstante, sí es inimpugnable, que tras el retorno de Trump ha aumentado la deriva antisistema en contra del orden jurídico internacional previamente establecido.
En ese orden de ideas, hemos visto a Trump exigiendo la devolución del canal de Panamá; erigiéndose como mediador en los conflictos de Gaza y Ucrania, buscando como sacar réditos, proponiendo, por un lado, una limpieza de los gazatíes, y, por otro lado, el derecho de explotación de los “minerales raros”. Estados Unidos se ha salido de la OMS, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y este 23 de julio anunció su salida de la Unesco. En eso, no tiene mayor diferencia con los Ortega-Murillo. Ha renegado la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, ha sancionado a sus integrantes, y últimamente, también sancionó a la relatora de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos y a un par de políticos costarricenses –los hermanos Óscar y Rodrigo Arias– opositores al gobierno de Rodrigo Chaves. Y para cerrar el triángulo, Putin y Netanyahu, no han parado de bombardear Ucrania y Gaza, respectivamente, sin que nadie los frene.
El actual ordenamiento internacional que impone distintos tipos de obligaciones a los Estados, unas de ius cogens y otras más declarativas o de soft law, surge como reacción al totalitarismo nazista y fascista, que despreció y abolió a la dignidad humana. Tal orden su proyecta en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, que fundó el concierto internacional contemporáneo, con el objetivo de “preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”, dice el Preámbulo de la Carta.
Y en busca de la consecución de ese fin, de encauzar al mundo a la paz y a evitar los conflictos, los países fueron asumiendo y suscribiendo Pactos internacionales de suma importancia para la plena vigencia de los derechos humanos. Como bien ha señalado el Profesor Luigi Ferrajoli, la Carta de Naciones Unidas ha sido una suerte de Constitución del mundo, que normativamente ha limitado la soberanía externa de los Estados, sujetándolos a los imperativos de la paz y la garantía de los derechos humanos establecido en las cartas internacionales. Y nos guste o no, nunca antes la humanidad había vivido, más o menos, sometida al imperio de un orden internacional que evitase la barbarie, y ello era posible sin necesidad de que las normas internacionales tuviesen plenas capacidades coercitivas, porque existía un consenso jurídico universal que al ser estas una polémica al pasado, la comunidad de Estados iba a observarlas.
Y eso fue así –y entonces floreció el Multilateralismo– hasta que la ausencia de una jurisdicción internacional capaz de censurar los actos de Estados y de organismos que violaran gravemente los derechos humanos, evidenció que el sistema internacional tenía enormes vacíos que hoy están dando cuentas.
Al perder capacidad Naciones Unidas y sus normas de evitar los horrores del pasado, queda de manifiesto que estamos ante el fin de este paradigma que únicamente fue uno embrionario. Ha dejado de ser el orden internacional creado luego de la segunda guerra mundial un programa para el futuro. ¿Qué futuro puede garantizar si no logra detener una guerra en la cual cada día son asesinados 28 niños? ¿Cómo puede reafirmar la dignidad, cuando Trump, sin impedimento alguno, suscribe arrendamientos carcelarios con Bukele, y este encarcela, sin juicio previo, a ciudadanos extranjeros que son degradados? Son preguntas que no tienen respuestas porque la humanidad vive, ochenta años después, sus peores momentos por las guerras militares y económicas.
Al estar colapsado y agotado el actual orden jurídico internacional, tras perder, todo su complejo sistema de normas, valores y principios, capacidad de observancia, se debe reflexionar en un nuevo sistema universal, que no solo límite a los países que siempre persiguen dominar sus áreas de influencia, sino también que pueda sujetar al poder corporativo, que desbocado, se convierte, junto con el poder político, en actor principal en la disputa mundial (no en balde Trump hizo dupla con Musk y el resto de tecno oligarcas).
Un sistema con Tribunales Internacionales con la suficiente capacidad de apremio que hagan rendir cuentas a los perpetradores de graves ilícitos internacionales, y que la obligatoriedad en el acato de las resoluciones vaya más allá del principio de buena fe internacional, o del pacta sunt servanda del derecho de los tratados.
Sobre todo, un orden jurídico internacional con capacidad, en los distintos foros, tanto universales como regionales, de actuar contra los totalitarismos de nuevo cuño que han sepultado en sus países el Estado de derecho, los derechos humanos y la soberanía popular, sin mayor alegato en contrario. Se debe repensar Naciones Unidas, pero también la OEA y sus diferentes órganos. En síntesis, la humanidad necesita un orden jurídico en el cual ella sea el presupuesto, aunado con los valores democráticos y de plena vigencia de los derechos humanos, que solo será posible con la sujeción de todos los poderes: políticos, económicos, tecnológicos, criminales y militares a la normatividad que rija el mundo venidero.
Sé que no es un asunto simple, porque la realidad es compleja y principalmente porque forma parte del universo de las antinomias. Esa eterna contraposición entre el “Ser y el Deber Ser”, entre la “Autonomía y la Heteronomía”.

Al pie del instrumento: ¿Es este escenario de devaluación del régimen internacional favorable a la dictadura Ortega-Murillo?
En una coyuntura en la que el rechazo al multilateralismo es la regla general, y que consiste, entre otras cosas, en salirse de los organismos internacionales de promoción y defensa de los derechos humanos, los Ortega-Murillo juegan en un terreno que les favorece.
La dictadura nicaragüense ha dado un portazo al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a la Unesco, mismos foros que Trump ha rechazado. Se le suma la salida de Nicaragua de la OEA, OIT y OIM. Estos movimientos no son meros arrebatos, sino actos y movimientos políticos bien calculados en cuanto al costo –que es cero– y los intereses de los actores geoestratégicos en disputa. A ninguno le interesa la materia de trabajo de los organismos de los que el grupo en el poder se ha ido fustigando. Como dice el refrán: “en río revuelto ganancia de pescador”, y ante un contexto de impunidad total, hasta los matoncitos de comarca salen bien librados. Sin embargo, la dictadura por dentro se carcome. Ojalá el furibundo trumpismo nicaragüense inicie a pensar en estos temas. Los verdaderos temas.
ESCRIBE
Juan-Diego Barberena
Abogado. Máster en Derecho por la Universidad de Cádiz. Miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco.