Viaje a la frontera blindada de Donald Trump: “¡No vengan…! o habrá consecuencias”

Primera escala | Mount Pleasant, a 2.1 millas de la Casa Blanca

A solo 2.1 millas de la Casa Blanca, ocupada por segunda ocasión por Donald Trump, en el colorido y bullicioso vecindario de Mount Pleasant, Charlie atiende mesas en la terraza de un restaurante asiático. Es una tarde de junio y el sol del verano ha teñido de jovialidad el noroeste de Washington D.C.: mesas llenas, cócteles de colores tropicales, cervezas frías y ráfagas de sol que se reflejan en los anteojos oscuros de la clientela variopinta de esta capital, en la que confluyen funcionarios y diplomáticos de todo el mundo. Es joven, apuesto, musculoso, tiene un apellido hispano y habla un español pedregoso. Nos escucha hablando sobre las políticas antinmigratorias del presidente republicano, en español, y su rostro adopta un gesto de alarma… se acerca y del bolsillo del delantal saca una pequeña tarjetita amarilla que me acerca con discreción por debajo de una servilleta. 

“Léalo. Hace dos semanas tuvieron ellos”, advierte Charlie. “¿Quiénes son ellos?”, le pregunto. “¡ICE! ¡ICE! Los de ICE”. 

Le decimos que no se preocupe, que somos turistas. Que tenemos papeles. El chico respira aliviado y, esforzándose con su español aprendido en el seno de una familia latina, cuenta cómo lograron burlar a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mejor conocidos por sus siglas en inglés: ICE, los oficiales más temidos en estos momentos en Estados Unidos. Los agentes irrumpieron sin previo aviso en el restaurante asiático en una redada antinmigrante, cerca de la Casa Blanca, donde emanan estas órdenes que han trastocado a un país cuyo “sueño americano” se sustenta, en demasiada medida, en la migración. 

Los oficiales del ICE entraron y avasallaron a los meseros que estaban en el salón y la barra. Uno de ellos era Charlie. No se dejaron atrapar y salieron corriendo hacia la calle de Mount Pleasant. “Pero todos los que salimos corriendo somos estadounidenses”, cuenta. “Y entonces, ¿por qué corrieron?”, le pregunto y su respuesta es cortísima: “Para despistar ICE…”. 

La finta de los meseros les dio tiempo a los cocineros hondureños y salvadoreños para huir por la puerta trasera del restaurante. A ellos, migrantes sin papeles, era a quienes buscaban los agentes del ICE para deportarlos. Charlie dice que no fue improvisado, sino una treta ensayada para proteger a sus compañeros. Funcionó. Y desde ese día se han organizado mejor contra las redadas. Repartir la tarjetita amarilla —del tamaño de una de presentación— se ha vuelto una forma silenciosa de advertencia frente a una política de Estado altisonante, que siembra miedo y causa horror en comunidades migrantes, en especial la hispana.

Una política federal que, bajo el segundo mandato de Trump, ha roto el equilibrio de las comunidades migrantes en Estados Unidos, pero más por lo estridente de sus formas que por sus resultados: entre enero y el 11 de junio de 2025, 106 mil 463 personas han sido deportadas, de acuerdo a datos del ICE que, a cuenta gotas, difunde esas estadísticas. 

Un número distante de los “millones y millones” que Trump prometió expulsar en su segundo discurso de investidura. Esas cantidades han disgustado al mandatario republicano y exigido a su aparataje político e institucional redoblar la cacería de inmigrantes para poder arrebatar a Barack Obama el título de “deportador en jefe”.

Para aterrizar la comparación con Obama, Trump deportó en abril de 2025 a 17 200 personas. Sin embargo, 17 200 deportaciones al mes es menos de la mitad del ritmo necesario para alcanzar la cifra récord de 430 000 deportaciones en un solo año, establecida por el expresidente demócrata en 2013. Sin embargo, el magnate trabaja a marcha rápida para que sus amenazas incendiarias no solo generen pavor, sino que tengan la mayor efectividad posible y cumplir con una de sus principales promesas, planteada en el tono hiperbólico que le caracteriza: “La deportación masiva más grande de la historia”. 

Recientemente, el multimillonario logró una victoria clave en el Congreso con la aprobación de la ley One Big Beautiful Bill , que establece un incremento presupuestario sin precedentes para ICE: de 10 000 millones, a más de 100 000 millones de dólares anuales hacia 2029. La norma contempla una inversión enorme en detención, deportación, contratación de agentes, infraestructura fronteriza militarizada y la construcción de nuevos centros de detención que expandirán drásticamente la capacidad operativa del aparato migratorio. Con esos millones aprobados, las amenazas de Trump adquieren colmillos más afilados, y los meseros de Mount Pleasant lo saben.

“Usted tiene derechos constitucionales. NO ABRA LA PUERTA. NO CONTESTE NINGUNA PREGUNTA. NO FIRME NADA. ENTREGUE ESTA TARJETA AL AGENTE. Si usted está dentro de su casa, muestre esta tarjeta o pásela por debajo de la puerta”, se lee en la tarjetita, en español de un lado y en inglés del otro, que reparten en el restaurante asiático. Porque nadie, dice Charlie, está a salvo de esta política de deportación masiva que se activó desde el primer día en que Trump regresó a la Casa Blanca.

“Hay menos gente que quiere trabajar. Mucho miedo. Mucho”, resume Charlie, quien —como una especie de activista con delantal— prefiere que no lo identifiquemos. En apenas seis meses del mandato Trump 2.0, Estados Unidos es otro país en materia migratoria. Si bien las redadas en distintas ciudades, incluidas aquellas consideradas santuarios, han sido lo más visible de su obsesión por las deportaciones, la ofensiva ha sido trazada en todos los niveles federales: el reforzamiento del ICE, el endurecimiento del sistema judicial, la expansión de zonas militarizadas en la frontera y el blindaje total del muro, que físicamente no solo divide a Estados Unidos de México, sino también de América Latina, del Caribe y de ese otro mundo (asiático y africano) que también usa como paso Mesoamérica para alcanzar el “norte”. 

Incluso antes de contar con los recursos para redoblar su empeño antinmigrante, la retórica de Trump surtió efecto casi inmediato en las frontera sur de Estados Unidos: desde enero pasado, el flujo migratorio cayó casi un 90 % en el borde sureste, hacia donde viajamos para entender estos cambios que, según el presidente republicano, su gabinete e incluso los agentes de la Patrulla Fronteriza en Texas, Nuevo México y California, pueden resumirse en una sola y muy ensayada frase: “No vengan… o habrá consecuencias”.

Segunda escala | Sunland Park, a 1 971 millas de la Casa Blanca

El 23 de junio de 2025, el oficial de la Patrulla Fronteriza Refugio Corrales inició su turno antes del amanecer en Las Cruces, un sector estratégico para esta dependencia adscrita a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Esta zona, situada entre El Paso, Texas, y el estado de Nuevo México, concentra una parte importante de los esfuerzos de vigilancia federal, al ser uno de los principales corredores de cruce irregular de migrantes. Cuando dejamos atrás la vista lateral de Ciudad Juárez, esa urbe mexicana intensa como los despechos de Juan Gabriel, y cuyos barrios siguen creciendo como un hongo de concreto sobre las elevaciones del desierto chihuahuense, la patrulla dobla hacia Sunland Park. Entonces aparece el muro, como la serpenteante cresta dorsal de un dragón dormido, hundido en las montañas salpicadas de rocas.

“Allá están los de la Guardia Nacional. Vinieron hace unos meses a ayudarnos a proteger la frontera”, dice el oficial Corrales, un hombre alto y muy fornido. Habla un español entrecortado, pero con un acento marcado que delata su ascendencia mexicana. Asegura que en los últimos meses, específicamente desde enero de 2025 cuando llegaron los militares, las mañanas han sido tranquilas, como la de este lunes. No hay migrantes intentando traspasar el muro. Y si los hay, son poquísimos. 

Es el bramido de un tren de mercancías —que parece sinfín— lo que termina de despabilar el amanecer y convoca a un sol que empieza a calentar las huellas cada vez más borrosas de una migración que las políticas de Trump han espantado: botellas de agua vacías, latas de refresco chatas, harapos de ropa pegados en las serpentinas de alambre y, al otro lado de la valla, perros recién amanecidos que deambulan entre los basureros pegados al muro de la colonia Anapra, una de las zonas más peligrosas de Ciudad Juárez.

Muestra de la peligrosidad de Anapra, como advierte el oficial Corrales, es ese altar a la Santa Muerte levantado por los “coyotes”, los traficantes de personas; una señal inequívoca para los migrantes de que ellos operan en asocio con esa calavera, iluminada por una titilante luz roja en su nicho de bloques de concreto. La caída del flujo migratorio ha golpeado el “negocio de los coyotes”, que, con el blindaje fronterizo ordenado por Trump, han elevado el precio de sus servicios ilegales: entre 8 y 9 mil dólares por persona. Cualquier migrante que intente cruzar por esta frontera necesita tener un contacto con estos grupos delincuenciales, ya sea para pagar por el servicio del cruce o para pagar piso. De no hacerlo, la pena puede ser la muerte, la desaparición o la violación. Pero nunca menos que eso. Los carteles que se mueven en esta frontera sureste son el de Sinaloa, La Línea y La Empresa. 

A los traficantes les toca ahora encontrar otras rutas de paso, porque la presencia de los militares ha reforzado la vigilancia de la Patrulla Fronteriza. Los soldados están apostados en la zona limítrofe con sus Stryker: vehículos blindados de ocho ruedas, equipados con cámaras de grado militar que hacen zoom en blanco y negro, incluso durante la noche, para detectar cualquier movimiento. Estos blindados cuentan con otros artilugios: parlantes que emiten ondas sonoras que paralizan, inhibidores de drones y, por supuesto, las armas que los soldados pueden disparar si se sienten amenazados, ya sea por un migrante o un coyote.

Los soldados pueden accionar contra cualquier civil que “invada” el terreno que protegen, de acuerdo con un par de decretos firmados por Trump en abril pasado, mediante los cuales se establecieron dos zonas militares de “defensa nacional”, con el objetivo de frenar la llegada de migrantes en la frontera sur. 

La primera, es una franja dentro de la Reserva Roosevelt que se extiende desde Nuevo México hasta Arizona, con una superficie de 440 kilómetros cuadrados. La segunda fue delimitada en 101 kilómetros de colindancia entre Nuevo México y Texas, donde el coronel Jack Campbell, de la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur, dice a DIVERGENTES que 550 soldados están desplegados en el borde sureste para “proteger el territorio soberano de los Estados Unidos”.

Si bien los militares se limitan a detener migrantes y entregarlos a la Patrulla Fronteriza, su impronta en el borde fronterizo intimida con efectividad, a juzgar por el desplome de detenciones en este sector de Sunland Park y el área conurbada de El Paso: pasaron de un promedio de 2700 personas al día, a apenas 90 o 60. Pero más allá de que un soldado detenga a un migrante, el asunto de fondo con las zonas militarizadas proclamadas por Trump es que “invadirlas” implica cometer un delito federal.

Para un migrante desesperado es difícil saber cuándo cruza esa línea militar en medio del paraje desértico, y mucho menos conocer la magnitud de hacerlo: una pena de hasta 18 meses de prisión y una multa de hasta 100 000 dólares. Un delito que se suma al otro delito federal insoslayable: el ingreso irregular a Estados Unidos, sancionado por el Título 8, que acarrea otros seis meses de cárcel y una multa de 5 000 dólares.

De modo que la presencia de la Guardia Nacional día y noche, en conjunto con la vigilancia de la patrulla fronteriza por tierra y aire en los helicópteros Black Hawk, han blindado una de las fronteras más transitadas del mundo. Y por si fuera poco, Trump logró gracias a chantaje arancelarios que el Gobierno de México enviase 10 000 efectivos de la Guardia Nacional en su frontera norte, principalmente en las zonas de Ciudad Juárez y Tijuana. 

“Hacemos patrullaje espejo con los colegas del Ejército mexicano”, especifica el oficial Corrales. Los miembros de la Patrulla Fronteriza se muestran complacidos con el desplome del flujo migratorio, que ha aliviado sus labores logísticas: ya no tienen que gestionar tantos refugios, ni atender a migrantes heridos, menores no acompañados o personas vencidas por los trayectos, ya sea por el calor abrasador del verano, la sed, la inclemencia del invierno o ataques de animales salvajes, como las culebras. 

Desde octubre de 2024, cuando inició el año fiscal 2025, la Patrulla Fronteriza detuvo a 615 249 migrantes hasta el mes de junio. Sin embargo, la curva comenzó a caer en picada a partir de enero de 2025, tras el regreso de Trump al Despacho Oval y el desate de su cruzada antinmigrante: las detenciones en todas las fronteras del país se redujeron a 25 228. Y es una cifra que sigue a la baja.

“Esa teoría de Catching Release (capturar y liberar), como se conocía, ya no existe más”, dice Claudio Herrera, oficial portavoz de la Patrulla Fronteriza. Es mexicano de origen y tiene dominio total del escenario: antes fue reportero de televisión. Es apuesto y tiene la pinta de un actor de películas de vaqueros. “Antes estábamos sobresaturados. La única vía legal que teníamos era presentarte con un juez de migración para que pudiera decidir tu situación. Sin embargo, esto ya no es así. Estamos arrestando y deportando de manera inmediata”.

El oficial Corrales asiente, mientras Herrera lanza las advertencias a las cámaras sobre la sarta de peligros que implica migrar de forma irregular a Estados Unidos, específicamente a través de la frontera con México. Aunque suenan intimidantes, no sé si logren disuadir por completo a quienes huyen de la miseria y la exclusión desde que nacen; de la violencia permanente, la extorsión, la persecución política… en fin. A pesar de la andanada de amenazas de Trump, quedan esos 60 o 90 migrantes que a diario siguen intentando burlar el muro por Las Cruces. A la desesperanza no la desalientan las amenazas estridentes. No del todo.

Luego veo al oficial Corrales y me resulta inevitable pensar en la contradicción de su primer nombre, Refugio, frente a su ascendencia mexicana y el trabajo que realiza: impedir que otros como sus familiares logren coronar “el sueño americano”. 

“Servir en la Patrulla Fronteriza es un honor. Es un honor defender las fronteras de nuestro país”, me dice. Luego guarda silencio, mientras observa el horizonte árido, serpenteado por el muro: esa cresta dorsal que recuerda a un dragón que ahora duerme hasta más tarde, porque hay menos migrantes intentando domarlo para brincar al norte.

Tercera escala | Corte Federal del Distrito Occidental de Texas, a 1962 millas de la Casa Blanca

José Juan Madrigal, atado de pies y manos por una gruesa cadena, espera a que la jueza Kathleen Cardone llegue a la audiencia en la que dictará su sentencia. El hombre, originario de Michoacán, tiene 40 años, pero su rostro aún parece el de un jovencito. Con anteojos redondos y un perenne gesto de susto recuerda al personaje Milhouse de Los Simpson, el mejor amigo de Bart. No tenía antecedentes penales, pero terminó en esta Corte Federal del Distrito Occidental en El Paso, Texas, acusado de reingresar ilegalmente a Estados Unidos. Un delito penal bajo la ley federal, según el Título 8. 

Si hay días en que la suerte abandona, eso bien lo sabe Madrigal. Llevaba 15 años viviendo en Chicago, después de haber ingresado por segunda vez de forma irregular a Estados Unidos. Durante todo ese tiempo llevó la vida típica del migrante: trabajaba de jornal en jornal, compró un carro, tuvo un hijo estadounidense y logró construir una casa en Michoacán. Cuando escuchó la nueva ofensiva de Trump contra los migrantes, decidió que era tiempo de regresar a México. ¿Qué más daba ya? Tenía la casa lista en el terruño y, más importante que cualquier otra cosa, su hijo ya se valía por sí mismo. “Y antes de que me agarren, mejor me voy”, le contó a la judicial.

Emprendió el viaje de retorno a México por tierra. Bajó desde Chicago hasta llegar a un puente internacional, cuyo nombre no especificó en su último alegato ante la jueza Cardone, y fue interceptado por las autoridades. Al revisar su récord, descubrieron que era su segundo reingreso ilegal y lo enviaron al sistema de justicia penal, aunque él solo quería largarse a Michoacán. “Lo lamento, pero que me deporten a México”, clamó el hombre en la audiencia, básicamente no porque ese fuese a ser su destino final, sino para intentar que la jueza no le impusiera dos años de prisión. 

La jueza Kathleen Cardone escuchó las palabras finales de Madrigal con la ayuda de la intérprete de la corte. También atendió la petición de la Fiscalía: imponerle la pena máxima, como en los otros cuatro casos migratorios que revisó aquella tarde de junio. A pesar de su perfil severo, acentuado por haber procesado en El Paso al poderoso narcotraficante mexicano Ismael “El Mayo” Zambada, Cardone impuso a Madrigal la pena mínima: seis meses de prisión. De algún modo, y quizás por su larga trayectoria con casos migratorios, la jueza parece conservar una sensibilidad particular hacia los latinos.

Pero más allá de la jueza Cardone, una fuente judicial estadounidense dijo a DIVERGENTES, bajo condición de anonimato, que condenar estos casos es una prioridad para la administración Trump. Una vez que los migrantes cumplen sus penas de prisión, son transferidos a la custodia del ICE para ser deportados. “Es casi seguro que los van a deportar. Tienen poquísimas posibilidades reales de quedarse”, asegura la fuente. “Cuesta un dineral traer estos casos a la jurisdicción penal, pero se están trayendo igual”, agrega el jurista.

Después de concluida la audiencia de sentencias presidida por la jueza Cardone, DIVERGENTES se reunió con Ian Martínez Hanna, uno de los fiscales más prominentes en la frontera sur de Estados Unidos y codirector de la Fuerza de Tarea Conjunta Alpha (JTFA), para hablar sobre las nuevas tendencias del contrabando humano que atañen la migración irregular. Hanna desestimó la idea de que los tribunales estén saturados por la cruzada antinmigrante del magnate republicano, aunque sí reconoció un aumento en los casos penales contra migrantes que ingresan a las zonas militares en la frontera.

“El sistema no está atrofiado. Estos casos son prioridad y se están aplicando los recursos necesarios para moverlos”, afirmó el jurista, originario de El Paso, vestido pulcramente con traje y botas texanas. Con el sistema judicial engrasado bajo la administración Trump, los nuevos recursos asignados al ICE y la Patrulla Fronteriza reforzada por la Guardia Nacional, el blindaje fronterizo impulsado por el presidente es casi total. Incluso desde el primer eslabón de la cadena, uno de los más significativos: la nueva administración republicana ha enterrado la posibilidad de solicitar asilo al momento de cruzar la frontera de forma irregular.

Antes, bajo el Gobierno de Biden, los oficiales fronterizos estaban obligados a preguntarles a los migrantes si temían ser retornados a sus países de origen. Era el protocolo conocido como Credible Fear Screening. Aunque no existía un método infalible para demostrar ese temor, bastaba con que el solicitante mostrara un mínimo indicio —se hablaba de un umbral tan bajo como un 10 % de posibilidad— para que fuera detenido, liberado y citado ante un juez de inmigración. Sin embargo, con el regreso de Trump, los agentes de la Patrulla Fronteriza ya no están obligados a hacer esa pregunta. Y más aún: el umbral de credibilidad exigido para activar el proceso se ha endurecido drásticamente, superando el 50 %, según organizaciones defensoras de migrantes en El Paso.

Bajo Trump 2.0, un migrante debe gritarle su miedo creíble al agente, pero eso no garantiza que será escuchado. Todo depende de si el oficial repara —o quiere reparar— en ese alegato desesperado. Pero no está sucediendo. La orientación es clara y se repite como un mantra: “No vengan. Deportación inmediata. Ahora hay consecuencias: 100 % detención”, dice Alfonso Martínez, otro portavoz de la Patrulla Fronteriza. Es un cambio primario pero sustancial, que ilustra con crudeza el nuevo blindaje migratorio de Trump: porque el muro no son solo las vallas, sino también esta política federal que lo refuerza desde adentro. “Para eso están los consulados en los países, para demostrar temor, pero no se debe cruzar ilegalmente. La meta es: orden y seguridad en la frontera”, zanja el oficial.

Cuarta escala | Park Haven Avenue, a 1 953 millas de la Casa Blanca

“Órale, la bronca del ICE no está tan fuerte aquí en El Paso, pero sí he sabido que han hecho retenes en las orillas. Allá por Tornillo, la semana pasada. Ese pueblo que se llama Tornillo”, cuenta Vicente, con un acento mexicanísimo, cargado hasta el tope. “Luego anda el rumor de que van a empezar la semana que entra… Bueno, uno ya nunca sabe con las redes sociales, ¿no?”. 

Vicente vive desde hace años en El Paso. En sus ratos libres maneja para Uber, recorriendo los largos freeways de la ciudad, donde los autos fluyen con velocidad y orden, en contraste con el hormigueo caótico de Ciudad Juárez, al otro lado. Tiene un estatus legal en Estados Unidos y se siente a salvo de la política antinmigrante de Trump. Es más: votó por el republicano. En su momento, le atrajo la promesa de campaña de blindar la frontera. Vicente comparte la visión del movimiento político MAGA: cree que Biden fue “un desastre” en materia migratoria. Se describe como “local”, de El Paso, y desde esa concepción opina.

“Cuando vinieron todos los venezolanos, empezó a subir la delincuencia. La gente se metió en pánico. Yo no estoy en contra de la inmigración, pero sí de cómo fue la inmigración. Soy de Juárez, claro, todos venimos de allá, no lo critico… pero creo que se hizo mal al abrir la frontera así, sin filtro. El señor (Biden) abrió las puertas a lo bruto”.

Como en todo el discurso de Trump, sus críticas a Biden se basan en medias verdades. Pero Elliot Spagat, editor nacional de inmigración de la agencia AP, con décadas cubriendo la frontera, se remite a los hechos: en marzo de 2020, durante su primer mandato, Trump invocó el Título 42 como medida sanitaria para expulsar rápidamente a migrantes sin trámite, debido a la pandemia de Covid-19. Biden lo heredó y lo mantuvo dos años más. No fue sino hasta mayo de 2023 que lo derogó, reemplazándolo con un nuevo enfoque basado en el Título 8, que endurecía las “consecuencias” para quienes cruzaran irregularmente.

Tras la pandemia, Estados Unidos vivió una de las recuperaciones económicas más rápidas del mundo. La administración Biden generó más de 13 millones de empleos nuevos, sobre todo en sectores de baja remuneración como la agricultura, la construcción o los servicios. Eso atrajo en masa a migrantes desde América Latina y el Caribe, en un contexto donde también se reactivaban las caravanas y se agudizaba la crisis de menores no acompañados en la frontera.

La política migratoria de Biden osciló entre el discurso humanitario y la continuidad de medidas trumpistas. Aunque prometió desmontarlas, durante sus primeros dos años mantuvo tanto el Título 42 como el protocolo de “Quédate en México”. La confusión fue tal que miles de migrantes se agolparon en la frontera sureste esperando poder cruzar.

Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), entre los años fiscales 2023 y 2024 hubo más de seis millones de “encuentros” con migrantes en las fronteras del país (6 103 286 en total). “En 2023, el flujo estaba fuera de control”, recuerda el periodista.

Ese mismo año se registraron más de 478 000 solicitudes de asilo. La presión política creció y, en 2024, la administración Biden suspendió en la práctica el acceso al asilo para la mayoría de migrantes, endureciendo las reglas y condicionando el proceso al uso obligatorio de la app CBP One. En paralelo, lanzó el programa de parol humanitario, limitado a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua con patrocinadores.

Las medidas dividieron aguas: para la derecha eran débiles; para la izquierda, demasiado represivas. Trump, mientras tanto, escalaba en las encuestas impulsado por su retórica antinmigrante. El golpe final llegó cuando Biden se retiró de la contienda presidencial y Kamala Harris asumió su lugar. La derrota fue contundente. En sus primeras 72 horas de regreso a la Casa Blanca, Trump reformuló casi todo el sistema migratorio. Su nuevo mensaje no necesitó demasiados matices: “La deportación masiva más grande de la historia”.

Para Vicente todo eso estaba “bien”, hasta que el ICE “empezó a meterse con la gente que estaba dentro”. “Eso es lo malo. Mire, yo tengo una fe, un pensamiento, muy mío”, confiesa mientras conduce su Uber. “No sé si estoy bien o mal, pero yo creo que cuando vas a limpiar algo que está muy sucio, a veces te tenés que llevar entre las patas dos o tres cosas. Si te entregan una cocina muy sucia, vas a tener que quebrar un plato. Algo va a pasar para dejarla bien. Eso siento que está pasando. Era una política migratoria tan mala la de Biden, que ahora lo que estamos viendo es una respuesta igual de enérgica, pero de la ultraderecha”.

Vicente pide no ser identificado y acepta ser grabado de costado. La sensación de que él, con papeles en mano, estaba al margen de la vorágine antinmigrante de Trump se ha disipado con el paso de los primeros seis meses del nuevo gobierno republicano. 

“Está fuerte, porque ya se están metiendo con la gente trabajadora. Ya van al campo, a las construcciones… ya no están respetando. Esa gente, quieras o no, influye en la economía. Con todo respeto, no soy racista ni mucho menos, pero ni los negros hacen esos trabajos. Y ahora a los latinos, sobre todo a los mexicanos, se los está llevando parejo”, lamenta el hombre.

Conduce sobre el freeway en línea recta, pero sus ideas sobre Trump dan varias curvas. “Uno puede decir que cerró la frontera y bajó la delincuencia. Eso es bueno. Pero influye su grado de racismo, de lo discriminatorio que es Trump… La gente está dividida. Yo lo apoyo, en realidad. Pero pienso que debería bajarle un toque. Que se enfoquen en los malos, no en los trabajadores. Él puede decir que son indocumentados, pero si nos vamos a la historia de este país, se forjó con eso. Y no todo el que viene indocumentado es delincuente”.

De hecho, los datos desmienten la narrativa de Trump. Numerosos estudios confirman que los migrantes —documentados o no— no cometen más delitos que los ciudadanos estadounidenses. En muchos casos, incluso menos. La Universidad de Stanford analizó más de 200 000 sentencias penales en Texas entre 2012 y 2018 y concluyó que los indocumentados tienen tasas de criminalidad similares o más bajas que los ciudadanos. En delitos violentos, su participación fue incluso menor. Instituciones como el Cato Institute y datos del FBI han corroborado lo mismo: la inmigración no está asociada con un aumento en la criminalidad.

En Park Haven Avenue, donde el Hope Border Institute opera en unas oficinas prestadas por la Diócesis Católica de El Paso, la joven Aimee Santillana sostiene numerosos datos en mano —y muchas interrogantes— sobre la política antinmigratoria de Trump. Ella es analista de migración de esta oenegé, dirigida por mexicanos y centroamericanos, especialmente por hondureños, a juzgar por los pósteres de la activista Berta Cáceres, asesinada en 2016.

Santillana reconoce que durante el flujo migratorio alto hubo demasiadas muertes de migrantes en el desierto, pero también le parece terrible que Trump haya extendido las redadas de ICE a lugares protegidos, como cortes de inmigración, iglesias y colegios. Además, en El Paso y en el estado de Texas ha habido importantes acuerdos entre sheriffs y ICE, orientados a ampliar la capacidad para detenciones y deportaciones expeditas. “Hay tanto miedo que la gente ni siquiera le abre las puertas a los sacerdotes que llegan a golpearles para ayudarles”, resume la analista de migración del Hope Border Institute. 

Santillana se pregunta si el gasto de las redadas y la judicialización de los casos se equivale a lo que los migrantes aportan económicamente, por ejemplo, en El Paso, su localidad: “Un 85 % de la población en El Paso es inmigrante. La mayoría sin documentos o en familias mixtas. En 2019, los inmigrantes aportaron a El Paso 440.7 millones de dólares en impuestos locales”, explica. Un planteamiento que, a nivel nacional, ha tomado fuerza en sectores clave: desde las empacadoras de carne en Omaha, Nebraska; los campos agrícolas en Georgia; los hoteles y restaurantes de Nueva York; hasta la construcción y manufactura en estados como Texas, Illinois y Florida. Y, por supuesto, en California —nuestro siguiente destino— donde los migrantes sostienen industrias enteras, particularmente en el sur del estado. 

Quinta escala | Harbor Island, San Diego, a 2 657 millas de la Casa Blanca

En uno de los muelles de Harbor Island, en la calmada y azulada bahía de San Diego que moja los pies de sus colinas forradas de elegantes residencias californianas, la Dirección de Operaciones Marítimas de la Patrulla Fronteriza mantiene fondeadas sus poderosas lanchas. Cuando es momento de salir, las embarcaciones patrullan este brazo marítimo que colinda con México, allí donde el muro se desdobla en dos vallas paralelas y termina, rompiendo las heladas y turbulentas aguas del Pacífico. Al otro lado de la valla está la Tijuana, con su Colonia Libertad, donde los bañistas toman el sol en la arena oyendo esos desesperantes corridos tumbados.

Esta es una de las secciones más emblemáticas del muro, donde se ubica el Parque de la Amistad y, en otros tiempos, las familias divididas se saludaban a través de la reja. Más hacia el interior, en la zona de Otay Mesa —uno de los cruces fronterizos más activos por el comercio, pero también una ruta frecuente para los narcotraficantes que excavan túneles—, el muro es doble siempre. Sin embargo, hay tramos donde simplemente no hay valla, sobre todo en lo alto de estas montañas áridas que permiten una vista panorámica de una de las zonas más deprimidas de Tijuana. El recio viento que sopla desde el sur arrastra hasta el lado estadounidense las voces de las baratas que compran chatarra en esas calles polvorientas.

En algunos tramos de esta zona todavía se pueden ver restos del primer muro que separó a Estados Unidos de México y, simbólicamente, de toda Latinoamérica: una barrera erigida por el gobierno de Bill Clinton con láminas metálicas reutilizadas de las pistas de aterrizaje portátiles que el ejército estadounidense usó durante la guerra de Vietnam. Incluso en la génesis de este muro hay rastros de violencia: una marca bélica que ha sabido perpetuar el dolor. Como toda guerra, divide. Y la división se alarga aún más en el sector de Otay Mesa, donde Trump ordenó retomar la construcción de la valla que había sido pausada por Biden.

Incluso aquí, en este terreno escarpado, los ingenieros de la empresa Horrocks Construction levantan los enormes postes de metal rellenos con concreto que conforman el muro de Trump: más alto que todos los anteriores construidos por administraciones estadounidenses desde los años noventa. Es su forma de dejar claro que él tiene el muro más grande: 32 pies de altura, coronado con alambre serpentino, filoso, donde —según la Patrulla Fronteriza— miles de migrantes han dejado un pedazo de carne en su intento de burlar una de las fronteras más vigiladas del planeta. 

Desde esta elevación en Otay Mesa se alcanza a ver la inmensidad del Pacífico, que enlaza las bellas playas de Baja California con la costa californiana, célebre por las vistas que ofrece la Pacific Coast Highway y por playas glamurosas como Malibú, en el condado de Los Ángeles, a unas 100 millas náuticas. Hasta allí, según autoridades de la Patrulla Fronteriza, los coyotes han logrado llevar embarcaciones sobrecargadas de migrantes.

Alex Rentería, supervisor de interdicción marítima de la Patrulla Fronteriza, explica que, a diferencia del borde terrestre, donde el flujo migratorio se ha desplomado, los cruces y encuentros en la zona marítima se han mantenido constantes. En cambio, las agencias asociadas al Mecanismo Regional de Coordinación de California (ReCoM) han detectado y detenido a 1104 migrantes traficados en el entorno marítimo a lo largo de la costa de California durante el año fiscal 2025. Esto se compara con 897 migrantes durante el mismo período en el año fiscal federal 2024, lo que representa un aumento del 23 % en las detenciones.

Con los nuevos cambios impulsados por Trump, los coyotes hacen creer a los migrantes que es más seguro tomar el mar y elevan aún más el precio del cruce, que puede llegar hasta los 15 000 dólares por persona. Es una suma considerable que tampoco ofrece garantías, porque los oficiales fronterizos mantienen una vigilancia igual de implacable y los peligros del océano siguen acechando: desde el frío del Pacífico hasta el riesgo permanente de un naufragio.

En la ciudad de Chula Vista, la vida binacional se percibe desde el primer vistazo. El español firme de los tijuanenses predomina, al igual que la inquietud por las redadas del ICE, más presente que el temor a los cruces fronterizos irregulares. En toda California, el estado demócrata más emblemático de Estados Unidos, sucede lo mismo. Las violentas capturas del ICE han llevado la tensión hasta el desborde, y ese aire pausado y vibrante, despreocupado pero ambicioso que caracteriza a ciudades californianas ha sido alterado por el choque directo con Trump y su política de deportaciones.

El enfrentamiento más crudo ocurrió a inicios de junio en Los Ángeles y llevó a Trump a desplegar dos mil efectivos de la Guardia Nacional y al menos setecientos marines. Su argumento fue proteger edificios federales y restaurar el orden. La militarización, inédita en este contexto, tensó aún más la relación entre el presidente y el gobernador demócrata Gavin Newsom, y desató una espiral de conflicto entre el Gobierno federal y el estatal.

Unas semanas después de aquellas protestas contra ICE, visitamos San Diego. La tensión todavía flotaba en el ambiente. Las imágenes de una redada en un restaurante italiano en South Park, ocurrida a finales de mayo, siguen indignando. Los agentes parecían un equipo SWAT de asalto: ejecutaron el operativo con táctica militar, portaban pistolas en la cadera, chalecos tácticos, cascos, rifles automáticos y granadas aturdidoras. Casi todos llevaban el rostro cubierto.

El encono se ha mantenido. En respuesta, los senadores californianos impulsan una propuesta de ley que prohíba a los agentes —ya sean locales, estatales o federales— cubrirse el rostro durante operativos oficiales. En medio de esas disputas, el miedo campea entre las comunidades latinas, en especial la mexicana, la más predominante en este Estado. Las taquerías están desiertas, así como los estacionamientos de los Home Depot, donde los migrantes encuentran trabajo informal como jornaleros. 

Con su triunfo en el Congreso que aprobó la “One Big Beautiful Bill”, Trump parece ir ganando la contienda en casi todos los frentes. Por ejemplo, datos recopilados independientemente por Thomas Cartwright, quien forma parte del grupo de activistas migratorios Witness at the Border, revelan que en el mes de junio salieron 209 vuelos de expulsión, el mayor número desde el año 2020.

Cartwright también notó un incremento en los vuelos operados por ICE Air Operations, la aerolínea de deportación del Gobierno, usados para trasladar inmigrantes entre centros de detención o agrupar personas con órdenes de deportación hacia un mismo destino. El aumento fue del 65 % en comparación con el promedio de los seis meses anteriores. Para cabrear aún más a sus detractores —especialmente en California—, Trump ha llegado a insinuar la reapertura de la cárcel de Alcatraz en la bahía de San Francisco para encerrar a “delincuentes viciosos, violentos y reincidentes”, etiquetas con las que suele referirse a los migrantes. 

Pero Trump, fiel a ese estilo hiperbólico, comenzó enviando migrantes a la temida cárcel de Guantánamo, en Cuba, como un gesto ejemplarizante, pero también como una medida para aliviar la saturación de los centros de detención. En respuesta, la ley One Big Beautiful Bill contempla un incremento drástico en la capacidad de estos centros: de 42 000 a 100 000 espacios disponibles en todo el país. Hasta junio de 2025, los últimos datos disponibles en la página web del ICE reportan 66 886 personas recluidas en centros de detención migratoria, de las cuales 913 son nicaragüenses en espera de deportación. DIVERGENTES solicitó al ICE información más actualizada, pero no obtuvo respuesta al cierre de este reportaje. 

Consultados sobre las redadas del ICE, el jefe de comunicaciones de la Patrulla Fronteriza, Alfonso Martínez, evita hablar de ello, porque no le compete. Insiste en que están cumpliendo “con la meta” que la Casa Blanca, ubicada a 2654 millas de distancia de su oficina en Chula Vista, les encomendó; una meta que él describe en términos distintos a la estridencia del presidente: “Una frontera calmada”.

Última escala | Bayside, Miami, a 1 158 millas de la Casa Blanca

Enrique trabaja como cocinero en un popular restaurante de Bayside, uno de los centros comerciales al aire libre más turísticos de Miami, ubicado frente a la calurosa bahía de Biscayne, donde turistas se mezclan con locales –inmigrantes también– entre tiendas de marcas globales, bares con música en vivo y yates que van y vienen. La cocina no era lo suyo; en Nicaragua trabajaba como cajero en un banco. Sin embargo, desde que llegó con su pareja a Estados Unidos en junio de 2023, gracias al parole humanitario abierto por la administración Biden, ha hecho de todo: trabajó en construcción, levantando escombros, cargando losetas… hasta que, harto de que allegados lo explotaran y le pagaran mal, encontró este puesto en la cocina. 

El permiso de trabajo que le concedía el parole era una oportunidad que no podía desaprovechar, sobre todo porque, apenas dos meses después de llegar a Estados Unidos, nació su hija: una pequeña risueña, de ojos achinados, que desde entonces se convirtió en su mayor motivo para resistir un entorno cada vez más angustiante ante las amenazas del entonces candidato Donald Trump contra los migrantes, en especial contra el parole que benefició a 96 000 nicaragüenses.

La noche en que Trump ganó las elecciones, Enrique y su pareja, Alicia, no pudieron dormir. Les resultó aterrador ver cómo el mapa electoral estadounidense se iba tiñendo de rojo. “Nos sentimos a un paso del abismo… pensábamos en lo que venía, que Trump cumpliera su promesa de terminar lo que él llamaba el abuso del parole”, narra Alicia. El miedo no era abstracto. El 25 de marzo pasado, el republicano acabó con el programa. El estatus legal de dos años que tenían esta pareja de nicaragüenses venció el 31 de mayo de 2025. Antes de esa fecha, habían solicitado asilo político, como una esperanza de poder sostener su nueva vida en Estados Unidos, porque a Nicaragua, dicen ambos con desasosiego, no pueden volver.

Enrique vivía muy cerca de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) en 2018 y fue muy activo apoyando a los estudiantes que allí protestaban contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Lo mismo su cuñado, hermano de Alicia, estudiante en esa época. Dado su activismo, comenzaron a ser hostigados por paramilitares sandinistas. Incluso Alicia —quien no estuvo en la Upoli— fue blanco de acoso, debido a que proviene de una familia identificada como “liberal”, es decir, no sandinista, cuyos antepasados —ya fallecidos— tuvieron nexos con la estructura de seguridad de la dictadura de Somoza.

“Uno no tiene nada que ver con lo que hicieron nuestros familiares ni tenemos que ver con esos tiempos, porque nacimos después, pero siempre nos han marcado por eso, incluso antes de 2018”, dice la mujer, mientras sostiene en su pierna a la beba. La pareja pensó migrar de manera irregular, pero por el embarazo y los peligros por la ruta por México decidieron esperar. Entonces surgió la oportunidad del parole. Cimentaron su nueva vida en Miami, una de las ciudades estadounidenses con mayor comunidad nicaragüense. Sin embargo, toda la cruzada antimigrante de Trump les revivió temores parecidos a los que experimentaban en Nicaragua, sobre todo el de persecución. 

“La ansiedad es constante. En el trabajo hay miedo. En la calle andamos vigilantes. Nos hemos planteado incluso irnos a Suiza, donde tengo una hermana. Pero lo que más nos retiene es nuestra hija. Por ella estamos aquí. Porque en Nicaragua no hay futuro. La canasta básica cuesta más de lo que ganábamos. Ni siquiera podríamos mantenerla allá… y aquí la niña va a poder acceder a una educación que en Nicaragua no podríamos darle”, reflexionan Enrique y Alicia, quienes piden mantener el anonimato porque todavía poseen propiedades en Nicaragua y temen que les sean confiscadas.

Desde que los agentes del ICE merodean las ciudades de Estados Unidos, Enrique ya no sale de casa sin su mochila. Pero no es por costumbre ni por trabajo: es por puro miedo. Allí guarda los únicos papeles que, según él, podrían salvarlo si algún agente migratorio decide pararlo en la calle. “Tengo que andar con los papeles impresos de la solicitud de asilo porque mis documentos del parole ya expiraron”, dice. Comenzó a vivir en ese limbo que mencionan tanto. “Andar en la calle da miedo. Ver un policía da miedo. Tener esta cara morena… también da miedo”, resume Enrique. Su pareja asiente: “Vivimos el día a día, esperando que no pase nada malo”.

Pero lo “malo” sucede todos los días para los migrantes en Estados Unidos, incluidos los nicas. El pasado 8 de julio, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que protegía de la deportación a miles de hondureños y nicaragüenses. El miedo a ser expulsados se volvió más tangible en junio, cuando DIVERGENTES hizo este recorrido. Datos del ICE establecen que sus agentes arrestaron a unos 30 000 inmigrantes ese mes —la mayor cifra desde el regreso de Trump al poder—, de los cuales 18 000 fueron deportados.

En el caso de los nicaragüenses, el Departamento de Estado ha reportado que desde enero de 2025, Nicaragua ha recibido 22 vuelos con 2 527 personas deportadas. “Pero el limbo se hace más grande todos los días”, lamenta Enrique, en especial tras una de las últimas noticias que vieron en CNN, a finales de junio: que Trump planea tomar nuevas acciones que afectarían directamente a los solicitantes de asilo dentro del país, quienes podrían enfrentarse a una deportación exprés sin siquiera tener derecho a una audiencia.

De acuerdo con la cadena estadounidense, la administración republicana planea denegar las solicitudes de asilo de cientos de miles de personas. Los afectados serían migrantes que entraron de forma irregular y luego pidieron protección. Aunque técnicamente Enrique y Alicia ingresaron de forma legal, con parole, Trump ha insistido en calificar este mecanismo como una “ilegalidad” creada por su predecesor.

Enrique y Alicia temen que, al tener vencido su parole y su permiso de trabajo, puedan ser considerados como “presentes sin estatus legal”. “Ya no hay seguridad, porque ni lo que dicen los jueces están respetando”, sostiene la madre. “Perdón que lo repitamos, pero tenemos mucho miedo. Salir de la casa es no saber si vamos a regresar. Más ahora que abrieron aquí cerca ese centro de detención, que más bien parece un campo de concentración. El que se llama Alligator Alcatraz. Sabemos que si nos agarran, somos candidatos para ir a parar allí. No sabemos por cuánto tiempo…”.

A ese miedo se suma otra incertidumbre más profunda: ¿Qué pasará si los deportan a Nicaragua? “Podemos caer presos”, resumen Enrique y Alicia. 

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