Tres organizaciones con amplia experiencia en la promoción de la democracia y asuntos electorales concluyeron la semana pasada que en Nicaragua debían suspenderse y reprogramarse las elecciones sin competencia, de este siete de noviembre. En su informe “Elecciones 2021: un plan doloso para acabar con la democracia”, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, en conjunto con Urnas Abiertas, señalaron que el proceso electoral carece de “legitimidad y competencia política”.
Los investigadores siguieron de cerca todo lo ocurrido en Nicaragua durante un año: la aprobación de leyes represivas como la Ley de Ciberdelitos, y la captura de siete precandidatos presidenciales y una treintena de opositores entre campesinos, estudiantes, activistas, políticos y empresarios. Así como, la aprobación de una reforma electoral y la elección de magistrados leales al sandinismo.
DIVERGENTES conversó con Pedro Salvador Fonseca, uno de los investigadores que participó en la elaboración de este informe. En esta entrevista el internacionalista y politólogo analiza los resultados del documento. Expone de forma más personal las implicaciones de la continuidad de la dictadura familiar de los Ortega-Murillo. También, habla sobre el papel de los partidos colaboracionistas, la importancia de la unidad de los sectores sociales del país y el rumbo que lleva Nicaragua gobernada por un régimen violento.
“Se consideró el tema de suspender las elecciones, porque se parte de la premisa de que este proceso electoral no tiene legitimidad desde el día cero. No se tiene una Ley Electoral en función de la Constitución ni apegada a ninguna normativa internacional en materia de democracia. El árbitro electoral carece de integridad para poder desarrollar sus funciones. Y por otro lado, tomamos en cuenta todos los hechos registrados en materia de integridad electoral, de violencia política y de derechos humanos”, expresó Fonseca.
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Daniel Ortega nunca ha tenido la intención de suspender las elecciones, ¿por qué lo proponen?
La idea de proponer la suspensión de este proceso es más bien una recomendación porque sabemos que, de hecho, no va a suceder. Por parte del régimen, suspender las elecciones implicaría reconocer que todo lo que han venido haciendo, por lo menos en el último año, no tiene ningún sentido. Y yo creo que lamentablemente el Gobierno no está en condiciones de hacer eso, porque implica reconocer que los magistrados fueron nombrados porque son familiares, parientes y amigos del partido. Conviene reconocer que la Asamblea Legislativa es controlada totalmente por el régimen y que hay violaciones a los derechos humanos; hay persecución política, policial y judicial. Nos hemos basado en la experiencia a lo mejor, y un poco también en aquel porcentaje de ilusión que se tiene que mantener siempre en situaciones tan complejas como estas.
Ustedes analizaron todo el proceso electoral este año. ¿Cuáles fueron las principales anomalías que encontraron?
Este proceso se caracterizó por una sistemática violación a los derechos humanos y unos índices sin precedentes de violencia política. Entonces, eso ya tira de lado todo lo que entendemos tradicionalmente por anomalía electoral o irregularidad electoral. ¿En qué país del mundo se detiene y se procesa a toda una lista de personas aspirantes a candidaturas presidenciales? Probablemente para Nicaragua no sorprenda porque estamos acostumbrados a tener personas presas políticas, pero internacionalmente eso es escandaloso, eso es inadmisible. Nicaragua viene fermentando fenómenos de violencia política desde el año 2018 o incluso antes. La interpretación que se hace es que el Estado hace uso excesivo de la fuerza a través de sus brazos coercitivos, que son la Policía Nacional y la inacción de las Fuerzas Armadas.
No tiene sentido que estemos hablando de las boletas o de la tinta del dedo cuando tenemos violaciones a los derechos humanos en nuestras narices todos los días.
Los gobiernos de Nicaragua siempre han usado recursos del Estado para sus actividades políticas. ¿La investigación que ustedes realizan ofrece esta misma percepción?
Sí, comparado con los últimos 30 años esto no tiene precedentes. ¿Por qué? Porque, ninguna estructura familiar o partidaria o de gobierno había cooptado todas las instituciones, incluso han avanzado más allá, porque controlan todos los sectores sociales. Es un poder más allá del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, que es el órgano de control de los procesos electorales. Hablamos de que tienen el control de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Esta estructura de corrupción familiar, partidaria y de gobierno tiene control sobre lo que hace la gente en sus barrios, en sus comunidades y ha llegado incluso a tener cierto control sobre las vidas, incluso de las personas. Entonces, estos detalles nunca se habían visto con ningún otro Gobierno. No tiene precedentes, y por eso es que hablamos de que estamos en un contexto electoral distinto, único para Nicaragua y para América Latina.
Daniel Ortega tiene el control de todo. Este proceso es una mesa servida por el propio Daniel Ortega para continuar en el poder. ¿Por qué hacer una farsa si tiene todo a su mano?
Es precisamente el fin de esta pantomima dizque electoral. Este es un medio transaccional con el objetivo de que el régimen en su mente adquiera legitimidad para continuar en el ejercicio del poder político. Esto, obviamente, desde su perspectiva, porque desde una perspectiva normativa, desde una perspectiva política, democrática e internacional, esto es imposible. Pero el objetivo es ese… entonces no habría necesidad ni siquiera de crear agrupaciones partidarias, de crearse una falsa campaña, de crearse todo este ruido electoral. Pero, al final el resultado de adquirir legitimidad ante la comunidad internacional, va a ser más bien mediocre.
Y ese juego de legitimidad, ¿se la están otorgando los partidos políticos en la boleta de este siete de noviembre?
Partidos políticos no son. Incluso podría llegar a definir a estos sectores como agrupaciones con intereses particulares. Yo les llamaría casi que mercenarios, porque técnicamente son eso, personas pagadas para desarrollar una labor que en este caso es de imagen política. Hay que entender la naturaleza de los partidos políticos. Los partidos políticos emanan no en el marco de un juego electoral, si no con el fin de, en principio, representar los intereses de ciertos sectores sociales en un escenario que está respaldado por una serie de leyes y una serie de condiciones políticas. En Nicaragua ninguna de estas agrupaciones, en principio no representa ningún sector social, porque si te fijás, no hemos sido capaces siquiera de conocer cuáles son las propuestas políticas o sus planes de gobierno. No compiten contra el partido de gobierno. Al contrario, creo más bien que le favorece. Yo supongo que habrán fines económicos o intereses de cualquier otro tipo en temas de influencia, en temas de poder, y que claramente contraviene la naturaleza de cualquier proceso democrático.
Hay una duda en la ciudadanía: salir a votar para marcar nulo, salir a votar para poner cualquier tipo de frase en señal de protesta, o quedarse en casa y abstenerse. ¿Cuál es la recomendación que debería adoptar la población, tomando en cuenta que esta es una farsa electoral?
Desde el Observatorio Electoral y desde el Consorcio de Organizaciones que hemos preparado este último informe, hemos decidido no llegar a una conclusión específica en materia de qué recomendar a la ciudadanía para el siete de noviembre, porque puede que estemos ignorando una serie de condiciones en materia de seguridad y de riesgo para la ciudadanía. Entonces, en este sentido no hemos concluido una recomendación. Los niveles de inseguridad y de violencia política en Nicaragua pueden elevarse, especialmente este día. La población, claro, hará lo que estime conveniente, y ojalá que sea sin poner en riesgo su dignidad y su integridad humana. Nosotros entendemos que hay partidos y organizaciones que están haciendo sus propias recomendaciones. Nosotros, como científicos e investigadores que hemos preparado este informe, recomendamos a la ciudadanía, a la gente, a las personas en particular, que tomen en consideración esta información, y que personalmente decida que es lo que más le conviene, que es lo que más estima positivo sin poner en riesgo sus vidas.
¿Qué sigue después del 7 de noviembre?
Entendemos que la comunidad internacional está comenzando a intensificar las presiones en contra del régimen. Probablemente, esto continúe y avance, porque en los últimos días se han dado pasos como el avance de la Ley Renacer en el marco de Estados Unidos. Probablemente, como un efecto común de esta medida, la Unión Europea y otros organismos multilaterales adopten acciones similares. Probablemente, siendo muy optimista, empecemos a ver declaraciones oficiales de Estados, sobre todo regionales, desconociendo los resultados de este proceso electoral fallido e incluso desconociendo, declarando la ilegitimidad de origen y de ejercicio del Gobierno de Nicaragua.
Esto va a llevar consigo de pronto rupturas de relaciones diplomáticas, puede que haya reuniones en organismos multilaterales, en organismos políticos, y un posicionamiento clave en materia de derechos humanos. Las presiones y las sanciones pueden llegar incluso a afectar directamente a Daniel Ortega, lo que hasta la fecha todavía no ha sucedido. Probablemente, las cosas a lo interno no cambien porque Nicaragua se mantiene en una especie de control tranquilo, pero tenso debido al control de la policía y de los paramilitares. Pero internacionalmente habrá más movimientos.