La crisis social en El Salvador se agudiza a medida que pasan los días en un régimen de excepción sin precedentes desde el fin de la guerra. La polémica medida que el presidente Nayib Bukele prolongó el pasado 25 de mayo ha provocado el desplazamiento forzado de 85 personas, según un comunicado difundido por la organización de derechos humanos Cristosal.
“En el 81.5 por ciento de casos los victimarios fueron las pandillas; y en un cuatro por ciento agentes estatales”, aseguró el organismo este lunes. Los casos fueron documentados entre el 26 de marzo y el 15 de junio de 2022. “De ellos, 50 casos son de mujeres y 35 de hombres. Al desglosarlos por edades, 34 corresponden a niños, niñas y adolescentes; mientras que los restantes 51, a personas adultas. Otro dato relevante es que 14.1 por ciento de los casos son de población LGBTIQ+”, informó Cristosal.
Bukele, que llegó al poder con un discurso antisistema y derrotó el bipartidismo en su país, no ha titubeado al aprobar acciones que, según organismos internacionales, son autoritarias. El autodenominado “presidente más cool” se convirtió desde su llegada al poder en un fenómeno de redes sociales por su peculiar forma de imponer decretos a punto de tuits. Desde el inicio de su mando ha sido frontal hacia la prensa, a quien acusa reiteradamente de mentir para proteger los intereses de “los mismos de siempre”.
El régimen de excepción se aplicó en El Salvador a mediados de marzo, como una medida que Bukele envió a la Asamblea Legislativa para detener la ola de asesinatos ejecutados por las pandillas. Los diputados de Nuevas Ideas –el partido de Gobierno que controla el Parlamento– ratificaron la disposición el 27 de marzo. Con él, policías y militares se tomaron las calles y las principales colonias del país para realizar redadas masivas de supuestos pandilleros. No obstante, se han reportado detenciones de personas inocentes y graves violaciones a los derechos humanos.
“A través de su plataforma de protección, Cristosal también ha recibido denuncias por violaciones a derechos humanos a 2,077 personas durante el régimen de excepción, entre el 27 de marzo y el 13 de junio de 2022. Es preocupante que 62 personas padecen enfermedades crónicas, 13 tienen algún tipo de incapacidad física e incluso hay una persona embarazada”, reportó Cristosal.
El organismo también aseguró que la mayoría de las víctimas son hombres, con un 86.3 por ciento; mientras que las mujeres un 11.9 por ciento. Al dividir los casos por edades, la mayoría de las personas se ubican entre los 18 y 30 años, con un 58.5 por ciento, seguidos por el rango entre 31 y 41 años, con un 24.2%.
Asimismo, los principales hechos violatorios denunciados son detenciones arbitrarias en un 97.4 por ciento, un 22 por ciento de allanamientos ilegales, 17.3 por ciento de secretismo en los procesos judiciales y un 12.1 por ciento de torturas, maltratos, tratos crueles, inhumanos y degradantes. “La razón de los porcentajes anteriores es que en la mayoría de las denuncias reportaron más de un hecho violatorio”, dijo la organización en su comunicado.
Bukele justifica la medida como su lucha contra las maras
La prolongación del régimen de excepción es justificado por el Gobierno salvadoreño como la única medida para lidiar la violencia. El Salvador es uno de los países con más homicidios en Centroamérica, debido a la presencia de tres pandillas. La MS-13, el Barrio 18-Sureños y Barrio 18-Revolucionarios se han disputado durante décadas el territorio, provocando un baño de sangre y decenas de políticas de mano dura terminadas en fiasco.
La victoria de Bukele estuvo marcada por la promesa de luchar frontalmente contra estos grupos. Entre todos los enfoques de su plan de Gobierno, el Plan de Control Territorial fue el que tuvo mayor publicidad. Compuesto de siete fases (la mitad de ellas sin darse a conocer), fue presentado como la medida final para reintegrar a los pandilleros y a la vez reforzar el control en las calles. Sin embargo, su opacidad despertó la crítica de la prensa y la sociedad civil salvadoreña.
Bukele logró bajar los homicidios gracias al diálogo tras bambalinas que sostuvo con los representantes de las pandillas, según reveló el periódico El Faro. Las negociaciones fueron documentadas por la Fiscalía General de la República a través de audios, fotografías, documentos y testimonios, antes de ser destituidos por los diputados del Partido Nuevas Ideas.