El pleno del Parlamento Europeo instó este jueves a la Unión Europea (UE) a sancionar a los jueces responsables de la represión en Nicaragua, e instó a liberar inmediatamente a todos los presos políticos y al retorno de los exiliados. En una resolución aprobada por 524 votos a favor, 17 en contra y 29 abstenciones, la quinta sobre Nicaragua en esta legislatura, los eurodiputados denunciaron la detención abusiva, la falta de garantías procesales y las condenas ilegales de presos políticos que se han producido en el país.
El Parlamento Europeo condenó la persecución de la oposición, la prensa y la sociedad civil en Nicaragua, donde la privación de libertad por razones políticas, señalada por los organismos humanitarios, se viene acentuando desde 2018, cuando los nicaragüenses salieron en masa a protestar contra el presidente, Daniel Ortega, y fueron reducidos con ataques armados.
Según la Eurocámara, las sentencias judiciales ilegítimas confirman la deriva represiva del régimen nicaragüense “con la patente connivencia del poder judicial”, dirigida a silenciar a los disidentes.
El texto de la resolución apunta a que la falta de separación de poderes y el control total de las instituciones por parte del régimen ha dado lugar a la subyugación del poder judicial y de la Fiscalía a la voluntad del régimen, “con el fin de establecer una dictadura”.
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“Los jueces se han convertido en un brazo represor responsable de violaciones de los derechos humanos”, señalan los eurodiputados, que piden al Consejo de la UE que inicie inmediatamente el procedimiento para sancionar a más de una decena entre ellos. Igualmente, la resolución subraya que hay al menos 182 opositores políticos encarcelados “en condiciones inhumanas”, siete de ellos, precandidatos presidenciales a las elecciones de 2021.
En ese contexto, denuncia los abusos sistemáticos y tortura de los que han sido víctimas y resalta el caso del antiguo líder rebelde Hugo Torres, muerto en prisión, así como la reciente detención del padre Manuel Salvador García.
En su opinión, la gravedad de la situación justifica la apertura de una investigación formal sobre Nicaragua y Ortega a través de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes contra la humanidad.
El Parlamento Europeo reiteró asimismo su petición para que Nicaragua derogue diversas leyes aprobadas en los últimos años que restringen el espacio cívico y democrático, en particular la Ley Especial de Ciberdelitos, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley sobre la Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, así como la reforma del Código Procesal Penal.
Los eurodiputados también insistieron en que, a la vista de las circunstancias, la UE debe activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica, que puede llevar a su suspensión en caso de faltas graves a los derechos humanos.
La Eurocámara también lamentó que Managua votara en contra de la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por las atrocidades cometidas por sus fuerzas en Ucrania, y que se abstuviera en la votación de la resolución que condenó en marzo el ataque contra Ucrania y exigió el fin de la invasión.