Las buenas relaciones que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aparenta tener con los sectores evangélicos de Nicaragua comienzan a tener fisuras: la guillotina aplicada a organizaciones católicas ya es usada contra iglesias y oenegés protestantes. El pasado 19 de mayo fue cancelada la personería jurídica de la Asociación Misión Cristiana Verbo, una de las más importantes del país, ya que bajo su tutela funcionan 27 templos y proyectos humanitarios, entre ellos el orfanato “Casa Bernabé”.
El Ministerio de Gobernación (Migob) solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) el traspaso de los bienes muebles e inmuebles de la Asociación a nombre del Estado de Nicaragua, tal como ha ocurrido con asociaciones y medios de comunicación de la Iglesia Católica.
El régimen justificó la cancelación de la ONG aduciendo que Verbo obstaculiza, “a través de sus proyectos, el control y vigilancia de la Dirección General del Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro del Migob y del Ministerio de la Familia como ente garante de la protección de niños, niñas y adolescentes de Nicaragua, desconociéndose actividades que se realizan en esta casa de internamiento”.
Cinco días luego de haber sido pública la resolución que hacía efectiva la expropiación del organismo, el Comité Nacional de Ancianos de las Iglesias Verbo de Nicaragua emitió un comunicado por medio del cual rechazaba lo publicado por distintos medios de comunicación sobre el tema. Sin embargo, en la misiva —que tiene un tono similar al usado por Rosario Murillo en sus comunicaciones oficiales— omitieron referirse a la cancelación de la personería jurídica.
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“Este comité rechaza toda noticia sesgada que se publique a través de las redes sociales o cualquier otro medio de comunicación tomando el nombre de nuestra organización (Iglesias Verbo), queriéndose aprovechar de la situación actual para utilizarla conforme a intereses mezquinos de desestabilización”, reza el comunicado con fecha del 24 de mayo. Fuentes allegadas a la iglesia evangélica explicaron que hay temor en Verbo y esperan poder mediar para revertir la decisión de Gobernación.
La estructura evangélica detalló que, supuestamente, el Estado de Nicaragua “no ha tomado ninguna acción en detrimento” de su libertad de culto, “ni ha ejecutado ningún tipo de intervención” a las iglesias que componen la organización. No obstante, queda la incógnita de cómo los templos afectados aún permanecen operando, sin ser tomados por las autoridades de la dictadura, como ya ha sucedido con otros organismos cancelados y confiscados.
Intentan diseñar religiones a su medida
La abogada e investigadora en temas religiosos, Martha Patricia Molina, sostiene que el régimen Ortega-Murillo pretende someter en su totalidad las religiones del país para someterlas bajo su control absoluto, sin importar que un sector evangélico ha mantenido silencio ante las acciones represivas en Nicaragua. A ello se suma la complacencia que ciertos pastores han mostrado con la pareja presidencial para obtener prebendas.
“La iglesia protestante también ha sido atacada por el sandinismo desde 2018, pero en menor medida que la católica. El sandinismo intenta crear una religión a su medida, una religión que no hable de la palabra de Dios que dice la verdad y señala a corruptos y criminales; quiere una sociedad sin valores religiosos que vea al Frente Sandinista de Liberación Nacional como su única religión y los dictadores como sus dioses”, advierte Molina.
Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, quien ha seguido de cerca el cierre masivo de organismos no gubernamentales a nivel nacional, también afirma que los castigos impuestos a las organizaciones evangélicas corresponden a un sometimiento general de toda organización que represente un espacio de expresión, como lo son los templos de diferentes denominaciones religiosas.
“Primero hay que diferenciar que no todo el sector evangélico estaba respaldando a Ortega (…) más bien la acción está más vinculada a qué puedo controlar y qué no… de modo que todo lo que no puedan controlar lo van a cancelar. Esa es la discriminación que hace el régimen Ortega-Murillo cuando decide ir en contra de las organizaciones de la sociedad civil”, señala Ruiz.
“Fragilidad” del régimen expuesta
Estas agresiones a la libertad de asociación han eliminado casi por completo todo espacio de crítica y de expresión individual de libertad de pensamiento, explica Carlos Sandoval, catedrático y sociólogo de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Sandoval, quien tiene vasta experiencia trabajando en temas relacionados a la sociedad nicaragüense, interpreta que la dictadura ha venido cercando todo espacio, “llegando al último reducto” que son las organizaciones de corte religioso que, en países de tradición muy cristiana, resultan fundamentales en la estructura sociocultural.
“Los espacios religiosos de distintas denominaciones son espacios de sociabilidad y de proyectos comunitarios. Es una gran pena que esto disminuya, porque muy a menudo estos esfuerzos religiosos llevan a cabo lo que debería de ser una obligación del Estado, pero que no lo asume. Te hablo de proyectos educativos, de salud y trabajos con jóvenes… de manera que con estas cancelaciones, toda la población pierde. Esto contribuye a un aislamiento estatal que, en vez de mostrar poder, demuestra fragilidad”, concluye el sociólogo.
Los datos que recopila la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG advierten que, desde que Daniel Ortega regresó al poder en 2007 hasta la fecha, 3,416 organizaciones sin fines de lucro han sido decapitadas.
Del total de organismos clausurados según la red de ONG, 360 son organizaciones religiosas entre evangélicas y católicas de las cuales, dos fueron cerradas en 2020, 318 en 2022 y 40 en el 2023.