El periodista Gerall Chávez acudió hace dos años al consulado de Nicaragua en San José para renovar su pasaporte. Entregó los documentos, cumplió los requisitos, esperó. Pero cuando el plazo venció y nadie le avisaba nada, decidió preguntar. La respuesta no llegó. Solo el silencio —y luego, una frase que confirmaría sus sospechas—: “Si quiere pasaporte, vuelva a Nicaragua”.
Volver a Nicaragua, según el director del medio Nicaragua Actual, significaría exponerse “a una situación peligrosa”. “Cárcel o incluso muerte”, específica.
“Mi familia también solicitó mi partida de nacimiento en la alcaldía del municipio de El Rosario, en Carazo, pero la respuesta fue que no se la iban a entregar. Que debo ir yo. Quería estudiar en Costa Rica, pero no se puede porque no tengo estos documentos. Es una situación que nos preocupa… Hemos documentado al menos 20 periodistas en esta misma condición, pero hay más colegas que no denuncian por temor a represalias”.
Aunque el ensañamiento ha sido mayor contra periodistas y opositores con alta exposición pública, la negación de pasaportes en el exilio y de documentos de identidad dentro de Nicaragua se ha convertido en una de las prácticas represivas más silenciosas —y efectivas— del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para castigar a sus críticos.
Desde hace dos años, Chávez quedó atrapado en un limbo migratorio: la “apatridia de facto”, esa táctica que denunció el Grupo de Expertos para Nicaragua de Naciones Unidas en su más reciente informe.
Reed Brody, abogado estadounidense y miembro del Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua, dijo a DIVERGENTES que esta táctica “es una de las más crueles del Gobierno nicaragüense”.
“Se utiliza como una forma de persecución transnacional para intimidar e intentar silenciar las voces críticas, a quienes denuncian las violaciones de derechos humanos. Es negarles la entrada a Nicaragua o impedirles acceder a servicios consulares vitales, como la renovación del pasaporte. Esto los deja en un limbo legal y los priva de las protecciones jurídicas y sociales necesarias para seguir adelante con sus vidas. Es como condenarlos a una muerte civil”.
Tras desatar una ola de condenas internacionales al desnacionalizar por ley a más de 400 personas, el oficialismo cambió de táctica en 2023. En lugar de quitar la nacionalidad de forma explícita —con todo el costo político que eso conllevaba— comenzó a aplicar la “apatridia de facto”.
Aunque no existen cifras oficiales sobre cuántas personas se encuentran en situación de apatridia de facto, el fenómeno es más amplio de lo que parece. Muchas víctimas no denuncian por miedo o con la esperanza de que, en algún momento, podrán renovar sus documentos. Sin embargo, centenares reportan haber quedado varados, sin posibilidad de viajar o identificarse legalmente.
El alcance de esta táctica represiva no es menor. Solo entre enero y mayo de 2025, más de tres mil nicaragüenses fueron impedidos de ingresar a su propio país por órdenes de las autoridades migratorias. Desde ese momento, inicia una cuenta regresiva para el vencimiento de sus documentos, lo que implica quedarse varado en el país donde se han acogido o viven bajo el estatus temporal de turista.
“La estrategia va más allá del acto formal de desnacionalización. Las autoridades han negado la renovación de documentos de identidad, han reportado pasaportes como ‘robados’ sin justificación y han bloqueado el acceso a certificados básicos como partidas de nacimiento o antecedentes penales. Incluso han notificado a autoridades extranjeras la supuesta invalidez de pasaportes, provocando detenciones o restricciones en aeropuertos. Estas maniobras administrativas se convierten en un mecanismo sofisticado de exclusión y silenciamiento, en el que las víctimas no solo pierden su país, sino su existencia legal”, recoge el informe de Naciones Unidas.
Lanzan SOS a España
La semana pasada, en San José, un grupo de siete periodistas nicaragüenses —entre ellos Gerall Chávez— lanzaron un SOS a la comunidad internacional, en específico a España para que les conceda una nacionalidad. Argumentan, en un comunicado, varias razones para hacerlo: “la privación de pasaportes, cédulas de identidad y otros documentos esenciales para la vida civil nos somete a una exclusión social y jurídica extrema, impidiéndonos acceder a servicios de salud, empleo formal y educación. Esta desnacionalización de facto nos condena a una muerte civil, sin reconocimiento legal ni protección estatal”.
“Solicitamos no solo la solidaridad internacional, sino acciones concretas de estos países democráticos comprometidos con la libertad de prensa y la democracia para que contribuyan a la protección de estos periodistas nicaragüenses exiliados y a la restauración de sus derechos fundamentales, con base en los acuerdos internacionales sobre apatridia”, agregan los siete periodistas afectados.
El primer eco que han tenido en España ha sido en la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). El organismo español respaldó la demanda de estos periodistas y pidió al Ejecutivo de Pedro Sánchez que los escuche.
“Esta asociación pide al Ejecutivo que considere a este grupo de informadores como desnacionalizados de facto, ya que sus pasaportes fueron confiscados o no se les renovó y se les impide entrar de nuevo en Nicaragua. Como recuerdan los periodistas afectados, se encuentran exiliados debido a la persecución y acoso que sobre ellos ejerce el régimen Ortega-Murillo, que además ha confiscado o destruido sus medios de comunicación”, dice el comunicado de la APM.