Grupos que pertenecieron a la oposición armada contra el sandinismo en los ochenta están exiliados en Upala, Costa Rica, cerca de la frontera con Nicaragua. Sobreviven sembrando un futuro que les es incierto y añorando un cambio de gobierno en su patria, aunque ahora por la vía pacífica.
Texto: Wilfredo Miranda Aburto | Fotos: Carlos Herrera
Para Divergentes y Connectas
18 de agosto 2022
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José Francisco Urbina Hernández llega a la cima de la colina y tira el saco de estacas de abacá que viene colgando de su hombro derecho. Se sacude el sudor de la frente y lanza una mirada circunspecta hacia el horizonte. “El lago está ahí nomás. A unos veinte kilómetros está la frontera con Nicaragua”, señala el campesino. Disimula la nostalgia de los exiliados que se posa sobre su rostro áspero y risueño. “Estamos cerca de nuestro país… pero mientras esté el gobierno de Daniel Ortega no hay posibilidades de regresar pronto”, sentencia con la mirada siempre hacia el norte, donde, a decir verdad, es poco lo que se divisa debido al calor y la humedad que vaporizan este confín de Costa Rica llamado Upala.
“Esta mata de abacá se parece al plátano pero lo que da es una fibra para hacer bolsas y que la pagan muy bien aquí”, dice Urbina Hernández para cambiar de forma abrupta de tema. Hablar de su país y el gobierno que lo persigue desde hace décadas no es que lo incomode, pero tampoco le fascina. Habla lo justo, en esencial aquello que todavía lo remece: la lucha de los campesinos contra el fallido proyecto del canal interoceánico de Daniel Ortega y el empresario chino Wang Jing, ya que su ley creadora –la 840, todavía vigente– atenta contra sus tierras y ponía en riesgo el Cocibolca, el gran lago que señala este hombre y cuya brisa refresca a cada tanto Upala.
José Francisco Urbina fue preso político del régimen Ortega-Murillo y se exilió en Upala, donde sobrevive de la siembra. Carlos Herrera | Divergentes.
El proyecto canalero fue presentado por el régimen sandinista como una panacea a la pobreza histórica del país: vendía la ilusión del progreso –comparando con Panamá y su canal– que en principio entusiasmó. Sin embargo, con la aprobación de la ley 840 la promesa se disolvió por las condiciones onerosas para Wang Jing, convirtiendo el territorio concesionado en un enclave que afectaría a 13 municipios en los que viven más de 370 mil personas. De ellas, 120 mil –en su mayoría campesinos– serían desplazadas. Es decir, perderían sus tierras que les serían pagadas a precio de catastro y no de mercado. La mecha que encendió el descontento campesino contra los planes canaleros.
Urbina Hernández llegó a Costa Rica el 12 de enero de 2019, después de estar preso quince meses en una prisión del régimen Ortega-Murillo por participar en protestas sociales. El campesino fue puesto en libertad condicional y regresó a su natal Nueva Guinea, un municipio eminentemente agrícola del Caribe Sur de Nicaragua. El acoso policial y paramilitar en su contra se mantuvo y, como muchos otros miles de nicaragüenses, tiraron al otro lado de la frontera sur, al exilio, para protegerse. Él llegó a uno de los principales núcleos de campesinos exiliados: el de Doña Francisca ‘Chica’ Ramírez, una de las lideresas anticanal más bravas y persistentes.
A finales de 2018, Costa Rica recibió la primera oleada de más de 90 mil exiliados que huían de la venganza de Ortega-Murillo por haber participado en las masivas protestas sociales que cimbraron a Nicaragua ese año. Los campesinos, que por veredas llegaron a Costa Rica, se instalaron en Cartago, una provincia montañosa al este de San José. Pero se desesperaron meses después: las tierras de Cartago son más dadas para el cultivo del café, hortalizas y delicadas orquídeas que para los tubérculos y los frijoles rojos que sembraban y cosechaban en abundancia en la Nueva Guinea de suelos arcillosos y bien drenados. Lo peor es que muchos campesinos trabajaban en el mercado Hortícola Nacional de la ciudad como peones y ayudantes de los productores locales. No se sentían autónomos. Los aguaceros helados de Cartago los frizaron.
Gracias al liderazgo ganado a pulso en las más de cien protestas anticanal –que fueron el precedente más significativo del levantamiento popular de 2018, y en las que también el campesinado participó, sobre todo en las barricadas que se levantaron para repeler la represión paramilitar–, ‘Chica’ Ramírez logró un arriendo de tierra de 65 hectáreas de tierras en Upala. Se trata de una zona fronteriza cuyo clima es muy parecido al que sopla en la cuna de estos campesinos.
La líder campesina Francisca ‘Chica’ Ramírez es quien dirige el campamento campesino en Upala, donde la producción de frijol rojo es una de las principales cosechas. Carlos Herrera | Divergentes.
Upala ha sido una tierra fértil desde el siglo diecinueve y, desde entonces, sus árboles de caucho atrajeron a los nicas que fueron de los primeros pobladores de este cantón. En la actualidad, con una población binacional instituida, estos campesinos se exiliaron en estas tierras que les dan frijol, yuca, malanga y abacá para consumo propio y para comerciar en pequeñas cantidades. En San José de Upala funciona el campamento campesino que mejor se conoce como el “campamento de Doña Chica”. El campamento es a decir verdad una serie de casas de retazos de madera techadas con zinc alrededor de una nave del mismo material más grande que cumple varias funciones: ser un pequeño laboratorio de computación, cocina comunal y sede de las asambleas campesinas en el exilio.
En esa nave principal, constituida sobre tambos (pilares de madera enanos), hay varios afiches que reclaman la liberación de los suyos que consideran presos políticos del régimen Ortega-Murillo, como el precandidato presidencial Medardo Mairena, Freddy Navas, Pedro Mena y otros 17 campesinos más, quienes participaron en las protestas de 2018, específicamente en las barricadas ciudadanas para repeler el embate policial y paramilitar. Hay otros afiches que repiten lo que es el mantra de este campamento poblado por 32 familias: “Produciendo la tierra desde el exilio, para resistir y luchar para alcanzar la libertad. ¡Solo el pueblo salva al pueblo!”.
Esta es la nave principal del campamento campesino en Upala, donde las familias se reúnen a comer y a tener reuniones políticas y logísticas. Foto: Carlos Herrera | Divergentes.
El contrato inicial de arriendo era por tres años. Se vencía cerca de noviembre de 2021. Una fecha tope que los campesinos pusieron como fecha tentativa de retorno a Nicaragua. La posibilidad de volver recayó en las elecciones generales de ese año, pero la nueva escalada represiva que los Ortega-Murillo desataron para anular los comicios con el sofocamiento de toda voz crítica desarticuló la esperanza en el campamento. De modo que el tiempo de arriendo fue ampliado, así como la cantidad de tierras (ahora son 237 manzanas) para producir más y tener mayor capacidad de recibir a los nuevos exiliados, quienes deben adaptarse a la lógica del campamento: sembrar para sustento propio, intercambiar con las otras familias granos y vender el resto en el mercado local.
“Ellos ya se quedaron en el poder. Se ha hecho de todo por sacarlos y pues siguen consolidados. No veo posibilidades pronto de eso, ni mucho menos de regresar”, insiste Urbina Hernández. El sentimiento de desazón es compartido por los campesinos y se entremezcla con las dificultades propias del exilio: preocupación por los familiares que son perseguidos en Nicaragua, las normas institucionales de Costa Rica para vender la cosecha que no conocen cabalmente, la falta de financiamiento para sembrar y la impotencia de no poder generar un cambio político en su país.
“Yo creo que los términos ya están agotados”, advierte Elias Rúiz Hernández, campesino de 43 años, inquieto y suspicaz. ¿Qué más se puede hacer? Muchos creyeron que siempre hay que darle una opción al adversario y que, entonces, el dictador iba a dar oportunidad de elecciones libres. Pero los campesinos siempre hemos estado claro que Daniel Ortega no va a salir con elecciones. Se hicieron diálogos y nada, se salió de la OEA y nada, es un gobierno aislado y nada, lo sancionan y nada, uno protesta y nada. ¡Hay que sacarlo por la fuerza! Muchos no lo dicen porque se escucha feo, pero al sacarlo por la fuerza puede haber derramamiento de sangre, que muchos vamos a morir… pero a estas situaciones nos llevan las dictaduras. Miren en Europa, en países que se dicen de primer mundo, hay una guerra provocada por una dictadura (Rusia). Es lo único que causan las dictaduras”.
Ruíz Hernández reconoce, casi de inmediato, que una salida armada no es viable ni encontrará, como en el pasado con el apoyo de Ronald Reagan a la Contra, apoyo. “El mundo ha cambiado”, agrega con desazón porque al final ha perdido la fe en un cambio democrático, ante la tozudez del régimen de cerrar cualquier espacio cívico, imponiendo un modelo de partido único en Nicaragua. Eso abarca las repetidas denuncias de fraudes electorales de parte de organismos internacionales, la destrucción de la institucionalidad y la represión totalitaria, materializada en 2013 con el rechazo tajante de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a 31 recursos de institucionalidad interpuestos por el campesinado en 2013, la persecución contra ellos que ha implicado asesinatos y exilio.
El campesino Elias Ruíz Hernández. Su padre fue de la Contra y él también es férreo opositor a Daniel Ortega. Foto: Carlos Herrera | Divergentes.
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El papá de Elias Ruiz Hernández fue parte de la Contra, la guerrilla irregular financiada por el expresidente estadounidense Ronald Reagan en la década del ochenta y que se enfrentó a la Revolución Sandinista. Fue una guerra fratricida en Nicaragua, cruenta en ambos bandos, cargada de atrocidades de un lado y otro, con un saldo estimado –pero que podría ser mayor– de 150 mil víctimas fatales. Ruiz Hernández, que en aquel entonces era un muchacho, vivió la ferocidad de los combates y el antisandinismo se le volvió intrínseco. Un sentimiento común en los miles campesinos que habitan en el denominado “Corredor de la Contra”, un grupo de municipios tradicionalmente antisandinistas en el Norte del país, esencialmente en el departamento montañoso de Jinotega. Aunque la zona de influencia de esos grupos también se extendía a otras zonas rurales al sur, como Nueva Guinea y Río San Juan, vastas áreas agrícolas y ganaderas que eran afectadas directamente por el trazo del proyecto de Canal Interoceánico.
Nicaragua es un país con heridas mal cicatrizadas. Con resentimientos en ambos extremos. La revolución sandinista perdió el poder en los noventa cuando la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro venció en las urnas a Daniel Ortega. En ese momento, el desgaste por el conflicto armado y tanta madre llorando a sus hijos, provocó la instalación de una paz asediada por el sandinismo. Nicaragua se dividió en dos facciones políticas predominantes: sandinistas y liberales. Esta última fue la mayoría que llevó al poder a dos presidentes que se impusieron a Ortega. El pacto político del caudillo sandinista en 1998 con el mandatario Arnoldo Alemán le facilitó su regreso al poder con una rebaja del techo electoral en 2006.
La presidencia de Ortega causó resquemor en el campesinado, sobre todo a partir de los fraudes electorales nacionales y municipales perpetrados por el aparataje sandinista y el Consejo Supremo Electoral. El régimen de Ortega inició una persecución institucional y política en las zonas rurales que seguían siendo abiertamente anti sandinistas, sobre todo para arrebatarles el poder local. Surgieron, como ocurrió por ejemplo en 2013 en el Cerro Kilambé, supuestos grupos de rearmados contra el gobierno orteguista.
Las pequeñas células fueron aniquiladas por el Ejército de Nicaragua o la policía, en enfrentamientos que las fuerzas armadas catalogaron como combate a la delincuencia común. Sin embargo, fue el proyecto del Canal Interoceánico lo que desbordó el descontento campesino con más de cien marchas multitudinarias que pusieron en jaque el controvertido proyecto. Las confiscaciones establecidas por la ley 840 tocaron otra fibra delicada del campesinado: la relación íntima con sus tierras. Una cosmovisión en la que ellos cultivan y se nutren de las parcelas, en una relación que los dota de autosuficiencia.
La “lucha”, como le llaman los campesinos a su oposición al proyecto canalero, fue autofinanciada por ellos mismos. La mayoría de los líderes anti canal eran productores prósperos, dueños de centenares de hectáreas, con varios camiones para sacar la producción y una diversificación de productos que llenaban los principales mercados nicaragüenses con tubérculos, frijoles y queso. Una autosuficiencia que ahora echan de menos con amargura en el exilio.
A muchos de los campesinos que viven en Upala los conocí cuando recorrí la ruta del canal en 2015. Eran amables, bondadosos y orgullosos, como Lury Sequeira con sus negocios de engorde porcino, un lavacarros y venta de ropa en El Tule, Río San Juan. Ahora que la encuentro, más flaca y ojerosa, la mujer me cierra las puertas del cuarto en el que se hacina en el campamento de ‘Doña Chica’. Nada que ver cuando abría su casa de par en par a los reporteros que llegamos a preguntar por la oposición campesina al canal. Puedo decir al menos, por lo que sentí en Upala, que el orgullo lo tienen maltrecho. “Si uno ve la casita desde afuera, pues ya se imagina lo de adentro”, me dice Lury cuando me invita a la nave central del campamento para conversar.
La líder campesina Lury Sequeira vive con su familia en un pequeño cuarto de madera en el campamento de Upala. Foto: Carlos Herrera | Divergentes.
Sin embargo, los campesinos no han perdido la capacidad infinita de compartir el plato de frijol, la cuajada y la tortilla recién palmeada. Las ganancias que ahora no tienen en Costa Rica fueron las que prendieron con protestas anti canal las calles de Nicaragua. Hubo represión contra los campesinos en esos años: manifestaciones reventadas con uso excesivo de la fuerza y prisión, pero en una intensidad más baja a la brutalidad que 2018 deparaba.
El proyecto canalero fracasó, sobre todo después que se conoció que la fortuna del misterioso inversionista chino, Wang Jing, se desplomó en la bolsa de valores asiática. Si bien la ley 840 se mantiene en vigencia, los campesinos sintieron alivio porque el gobierno hizo a un lado el mega proyecto. En 2018, con el estallido de las protestas estudiantiles, los campesinos se sumaron al descontento nacional por la imposición de una reforma a la seguridad social y la represión. Levantaron barricadas en sus ciudades y fueron atacados por los paramilitares y su arsenal de armas de guerra.
Jairo López es un campesino de 50 años de edad y combatió en la Contra. En 2018 se sumó a la defensa de las barricadas y quedó shockeado por la saña paramilitar. “Después de la orden ‘Vamos con todo’ vienen los paramilitares, la ‘Operación Limpieza’, y eso yo le puedo decir, uno que sabe de armas, fue bien coordinado entre la policía, el Ejército y retirados del Ejército Popular Sandinista… es que se acoplaron y los francotiradores tiraban al cuello de los niños, a la inocencia de esos muchachos; contra gente sin armas de fuego. Un ataque indiscriminado”, relata López, un hombre que todavía usa el machete y carga quintales de granos con soltura pese a su edad. “Si bien en los ochenta éramos los mismos nicaragüenses en pleito, eso fue otra cosa… Éramos dos grupos militares armados, de igual a igual, pero en 2018 fue a la sociedad civil a la que atacaron y los de las armas pesadas eran ellos”, prosigue el campesino.
Los meses de junio y julio de 2018 fueron los más violentos de la rebelión de abril. En ese periodo, los paramilitares asesinaron a 152 de las 354 personas ejecutadas en todo ese año. La fuerza represiva del régimen rompió los tranques campesinos al norte y sureste de Nicaragua, lo que provocó que miles de campesinos, aún heridos, se fueran en guinda por veredas hacia Costa Rica. Mientras quienes se quedaron en Nicaragua sufrieron los embates de una post persecución en el campo que, según una investigación de Confidencial en alianza con CONNECTAS, causó el asesinato de al menos 30 campesinos por razones políticas entre octubre de 2018 y diciembre de 2019.
Fue en esa fecha que Elias Ruíz Hernández huyó. “El 27 de diciembre de 2019”, señala este campesino con una exactitud cargada de solemnidad, como quien pierde algo invaluable. “La patria…”, agrega.
Una de las cosas que más agradecen los campesinos exiliados a Costa Rica es la educación gratuita y de calidad que reciben sus hijos. Foto: Carlos Herrera | Divergentes.
“Daniel Ortega lleva años persiguiendo a los campesinos. Persiguió a mi papá, que enfrentó al sandinismo en los ochenta, y ahora a mí”, dice Hernández. Me hago esta pregunta: ¿o te aferras a morir aquí en el exilio, a dejar todos tus bienes botados en Nicaragua, tu historia, tu pensamiento, tus ideas, tu gente, tu pueblo o haces un esfuerzo por regresar a tu país? Lo más importante es que la gente esté clara a lo que nos estamos enfrentando, segura de los riesgos que tenemos que correr… Si pensamos que hay algo por qué luchar, pues hay que hacerlo. Si uno lee la historia, esto no solo ha pasado en Nicaragua sino que en casi todo el mundo”.
Jairo López está harto de que todas las salidas cívicas para enfrentar a Daniel Ortega se den de bruces con la represión. ¿Qué más puede hacer la gente que fue masacrada? ¿Qué más puede hacer la comunidad internacional más allá de sus sanciones? ¿Qué más pueden hacer ellos como campesinos? Son algunas de las preguntas que masca en su cabeza mientras combate con su machete la alta maleza que rodea el campamento. El campesino cree que el caudillo sandinista apunta a hartarlos para que ellos busquen “el camino de las armas”. “Suena fácil”, me dice, “pero hoy es otro mundo. Nadie nos va a dar armas y tampoco nosotros queremos”. Jairo López vivió la guerra y no quiere experimentarla otra vez. El ‘no’ es rotundo.
“No podemos caer en un escenario del pasado como fueron los ochentas… Fue demasiado duro, demasiado largo; una resistencia que dejó demasiadas víctimas. Hemos hecho todo lo posible para luchar pacíficamente, para que no se repita la violencia. Por eso estamos dispuestos a luchar cívicamente y hacer presión ante la OEA, organizándonos en el exilio. Es decir, haciendo presión cívica que es válida en todo momento. No estamos pensando en presión militar. Eso Nicaragua ya no lo quiere”.
Aunque sobre estos campesinos que fueron de la Contra recae el estigma de que buscan reeditar un conflicto militar en Nicaragua, cuando uno conversa con ellos se entiende que la vía armada es una opción muy remota. De hecho, los mayores como Jairo López –los que sí vivieron la guerra– de plano la descartan. Irónicamente son quienes no lucharon en los ochenta, los más jóvenes, los que se plantean esa salida… pero al mismo tiempo no es su opción principal. “Es la última de las últimas opciones”, dice Elias Ruíz Hernández.
Los campesinos llegaron primero a la ciudad, a Cartago, donde no se adaptaron. Necesitaban la tierra para poder sobrevivir. Foto: Carlos Herrera | Divergentes.
Estos campesinos exiliados, y otros diseminados en San José, la capital “tica”, asisten a talleres de reflexión sobre el papel de su movimiento en la lucha por la democracia y la cultura de paz en Nicaragua. La socióloga y experta en seguridad Elvira Cuadra es quien imparte estos encuentros que resultan ser una catarsis para estas mujeres y hombres del campo.
“Realmente hay una profunda vocación de paz entre la mayoría de los líderes e integrantes del movimiento campesino”, explica Cuadra. “Eso quedó evidenciado en diferentes momentos y en discusiones de fondo que tuvieron ellos en relación a la situación del país y los caminos para resolver la crisis en Nicaragua. Entre ellos, algunos plantearon el tema de la de la vía de la violencia pero fueron personas muy específicas, muy aisladas… La mayoría planteó que la estrategia debía de ser cívica, que las condiciones eran diferentes y que la gente en realidad lo que quería era un cambio pacífico. Que no quería más guerra y menos en las zonas rurales, donde ya conocían, por ejemplo, los efectos o las consecuencias de la violencia sobre las familias y sobre la vida de las poblaciones campesinas”.
La frustración de seguir en el exilio y perseguidos en Nicaragua después de tantos años es el principal sentimiento que hace que algunos campesinos sueñen con armas sin que los desvele. Han perdido todo, les han confiscado fincas, tractores, se han exiliado, aparte de haber perdido todos los derechos sociales y políticos, como es el voto y la libertad de asociación. Algo que la socióloga Cuadra encontró en los talleres en Costa Rica.
“Los que están aquí en el exilio efectivamente tienen un sentimiento de pesadez porque dejaron muchas cosas atrás. No todos eran precisamente campesinos pobres, eran pequeños productores que tenían fincas, que tenían animales, una actividad económica más o menos importante en sus comunidades”, explica la experta. “Aquí les ha tocado comenzar de cero, entonces eso les puede provocar como un sentimiento de, digamos, cansancio. Pero en términos generales, el posicionamiento de la mayoría de ellos es de mantener una estrategia de acción cívica para el cambio político en Nicaragua”.
La lideresa Francisca ‘Chica’ Ramírez es como una madre superiora en el campamento y corrige a los hombres cuando hablan de violencia. “Así no es la cosa”, les recuerda. “Es bastante confuso porque hemos estado trabajando en resoluciones de conflicto, en derechos humanos, en la lucha cívica y pacífica. Pero cuando un campesino te hace la siguiente pregunta y te dice ¿‘dígame un ejemplo en cuál país del mundo una dictadura tan mala como la de Daniel Ortega se ha sacado con una bandera, que ya en Nicaragua está prohibida? Entonces allí es donde no sabes cómo responderle, porque quieres hacer un mundo diferente, que no sea con un arma que se luche”, dice ‘Doña Chica’.
Francisca Ramírez se hizo una líder durante las protestas contra el Canal Interoceánico prometido por Daniel Ortega. Foto: Carlos Herrera | Divergentes.
La irresolución de la crisis en Nicaragua se combina con el hartazgo que se acumula en cuatro años de exilio para estos campesinos. Costa Rica tiene muchas reglas para vender la producción campesina, algo que en Nicaragua no era tan burocrático. Era una comercialización más directa. Todos estos productores gozan de estatus de solicitantes de refugio, algo que también dificulta la gestión de trámites ante las instituciones, pese a la buena voluntad de los ticos para con la población exiliada.
“Llegamos a un país donde no sabíamos que debíamos inscribir cada quintal de frijol cosechado. Reglas que no conocemos pero que nos hemos ido capacitando gracias a la solidaridad de la UCR (Universidad de Costa Rica), pero tampoco ayuda estar en trámite de refugio. En la institución presentas el carné y todo cuesta más”, se queja ‘Doña Chica’, quien ha logrado un crédito para un camión que le permite a los del campamento vender en una feria del agricultor en Upala.
Aún así, las ganancias no dan para tanto. Muchos jóvenes campesinos se van a trabajar a los piñales (Costa Rica es el principal exportador de piña fresca en el mundo) y reciben una mala paga por su situación migratoria. Eso, me dice Lury Sequeira, combinado con el alto costo de la vida en Costa Rica ha empujado a muchos campesinos a migrar hacia Estados Unidos. El norte es el nuevo destino de miles de nicas que saben de la alta tasa de desempleo que dejó la pandemia de Covid-19 a la economía tica, también saturada por la cantidad de refugiados que ha acogido desde 2018.
“No creo que se pueda hacer mucho en este momento. Mientras no tengamos una ruta clara, porque siento que la oposición está muy débil con tanto grupo que ha salido, la gente se va a seguir yendo del exilio en Costa Rica a Estados Unidos”, afirma Lury. “Más de cien liderazgos campesinos se han ido en el último año, porque allá en Estados Unidos hay más estabilidad económica, más oportunidades laborales.. Hay desesperación, más cuando se sabe que en nuestro país tenemos tierras, recursos”.
Algunos campesinos no trabajan en el campamento de Upala, sino que se van a las plantaciones de piñas para obtener más ingresos. Foto: Carlos Herrera | Divergentes.
La tentación por volver con Ortega en el poder ha empezado a arrinconar a varios de estos campesinos. No por solo por la nostalgia del exiliado que se le posa a José Francisco Urbina Hernández en la cima de la colina llena de matas de abacá, sino porque creen que podrían sortear las dificultades económicas echando a trabajar sus tierras abandonadas al otro lado de la frontera con Upala. Sin embargo, no es una decisión sencilla. Persiguen una manera que no cuaja.
“Hemos pensado incluso en un sistema de autodefensa. ¿Por qué? Por ejemplo, si la gente sale a manifestarse en Nicaragua, Ortega les va a responder con plomo. Entonces nosotros decimos que en la misma desesperación hay que buscar cómo defenderse, porque la defensa está permitida también”, explica Lury. “La gente se siente ya con el agua hasta el cuello, porque también nuestras familias en Nicaragua que se dedican a la ganadería están siendo víctimas de abigeato. Hay muchos recursos que nos faltan y aquí (Costa Rica) no es como allá, donde están mis familiares, mi finca para producir”.
La idea de “comandos de autodefensas” es algo que muchos campesinos comparten en voz baja, pero es una idea desdibujada, ambigua, sin forma clara. “En unos talleres algunos mencionaron la conformación de ‘comandos de autodefensa’… Pero las interpretaciones o el sentido de esos comandos de autodefensa eran variados”, relata la socióloga Elvira Cuadra. “Algunos lo veían como grupos organizados para protegerse de la represión gubernamental, usando medios pacíficos, medio cívicos. Otros lo interpretaban como una forma de responder a la violencia gubernamental con un cierto nivel de violencia también. Pero eso es algo, como digo, que estaba bien focalizado en algunas personas”.
La hora de almuerzo se acerca en el campamento y unas mujeres terminan de aliñar una inmensa olla de cerdo adobado con achiote. Elias Ruíz Hernández apura a terminar la plática con nosotros para ir al platanar a cortar algunos frutos para el bastimento. Él, que suele pensar también en los “comandos de autodefensa”, tampoco tiene claro cómo proceder. “No sabemos nada y equivocarse tampoco es malo. Es normal, es de humanos la equivocación”, insiste y hace una pausa para saludar a los niños del campamento que a esa hora regresan del colegio en Upala. “¡Mire!”, regresa el campesino a la plática, “a eso es lo que le tiene más miedo Daniel Ortega, incluso más que a las armas, a la educación… Por eso esta larga lucha no termina con sacar al dictador Daniel del poder, sino que apenas comienza, porque ha crecido un modelo corrupto que calla a los pensadores, dándoles un cargo o echándoles presos. Eso es lo que hay que combatir de verdad, una lucha a largo plazo para transformar a Nicaragua: dar educación para que la gente no baile al son que le toquen”, termina el hombre dando un cinchazo con su machete sobre la banqueta.
