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Valdrack Jaentschke, cocanciller de Nicaragua durante una visita el lunes 7 de septiembre en el megatemplo de la iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Managua, aseguró que en Nicaragua “se puede expresar la fe con libertad, con amplitud, sin restricciones”, pues “somos un país abierto, receptivo y donde se puede expresar la fe, con libertad, con amplitud, sin restricciones”. Sin embargo, sus declaraciones son falsas.

Organismos de derechos humanos como Human Rights, en su informe mundial de 2025, enfatizaron que el Gobierno de Nicaragua intensificó su campaña contra las instituciones religiosas, especialmente la Iglesia católica, y se extendió a grupos protestantes y evangélicos. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un comunicado emitido en abril de 2026 estableció que  “persisten diversos patrones de violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias y persecución política y religiosa, perpetradas incluso más allá de las fronteras”, por lo que, instó al Estado de Nicaragua cesen todas las violaciones a los derechos humanos, liberar a todas las personas encarceladas por motivos políticos y restablecer la democracia.

Vigilancia, prohibiciones y persecución

La Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional
(USCIRF, por sus siglas en inglés) detalló en su informe de 2025 que las condiciones de libertad religiosa en Nicaragua continuaron deteriorándose al seguir encarcelando, exiliando a líderes religiosos y fieles, cancelando arbitrariamente el estatus legal de las organizaciones religiosas y fieles y consolidando su poder para intimidar a los feligreses. El informe detalla que en enero de 2025, el régimen disolvió 15 organizaciones de corte religioso sin fines de lucro, como la Fundación Misionera Cristiana Ebenezer, la Fundación Ministerio Pentecostal Cristo Viene y la Fundación de Monjas Dominicas de Nicaragua, entre otras.

Asimismo, el Gobierno restringió drásticamente las celebraciones de Semana Santa. “Los fieles reportaron una fuerte vigilancia y la restricción de las actividades a las instalaciones de las iglesias, y se desplegaron hasta 14 000 policías a nivel nacional para impedir las procesiones. A fines de 2025, surgieron informes de que, durante varios meses, el Gobierno nicaragüense prohibió a los viajeros que ingresaban al país llevar Biblias”, dice el informe. 

Menciona que actores de la sociedad civil documentaron la prohibición de más de 16 500 procesiones y actividades religiosas desde 2018 hasta este informe, así como más de 1000 actos de represión contra la Iglesia católica, incluyendo la confiscación de propiedades, cierres arbitrarios y amenazas públicas. Según la publicación, se registraron menos ataques en 2025 en comparación a años anteriores, pero según defensores de la libertad religiosa se atribuye al miedo generalizado a denunciar y a la falta de cobertura en los medios independientes.

El informe también menciona la detención y muerte en custodia de dos detenidos en 2025. En julio, el pastor Rudy Palacios Vargas, crítico del régimen, fue arrestado junto a algunos familiares y Mauricio Alonso Petri, un amigo de Palacios, miembro del equipo de adoración del pastor. “Alonso murió bajo custodia del Estado un mes después de su arresto, y el gobierno ordenó a su familia enterrarlo de inmediato bajo vigilancia policial”, reporta la USCIRF.

Días después de la muerte de Alonso, Carlos Cárdenas Zepeda, el asesor legal de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), también murió bajo custodia del Estado tras su propia detención en agosto. Al igual que Petri, según el informe, las autoridades devolvieron el cuerpo en un ataúd sellado e impidieron que su familia celebrara el funeral. 

En ese mismo año también fueron detenidas las laicas católicas Lesbia Gutiérrez y Carmen María Sáenz Martínez, quienes fueron puestas bajo arresto domiciliario tras casi 16 meses de detención en régimen de incomunicación.

Exilio y expulsión de líderes religiosos

En marzo 2026 se dio a conocer el mandato del Grupo Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias sobre la situación que vive en el país sobre las graves violaciones de derechos humanos, incluidas violaciones del derecho a la libertad de religión o de creencias.

La comunicación informa que más de 9600 procesiones religiosas fueron probidad entre 2018 y 2024. En zonas rurales e indígenas, los pastores deberían someter homilías y sermones a aprobación previa del Estado, además de estar sujetos a una “mordaza institucional” que les prohíbe realizar actividades públicas.  

Asimismo, detalla que 11 pastores de la iglesia Puerta de la Montaña habrían sido forzados al exilio; y que desde 2018 al menos 56 sacerdotes y 4 obispos habrían sido detenidos y posteriormente exiliados y despojados de su nacionalidad, quedando apátridas. 

Entre noviembre de 2022 y enero de 2025, el régimen impidió, según el documento,  la entrada al país a al menos 12 líderes religiosos, incluidos residentes extranjeros y nacionales nicaragüenses. Asimismo, en junio de 2025, a una monja de avanzada edad con enfermedades crónicas se le dio un ultimátum de 30 días para abandonar el país. 

Anteriormente, el 28 de enero de 2025, 30 monjas del Monasterio de las Hermanas Pobres Clarisas Franciscanas (Managua), del Monasterio de los Sagrados Corazones de Jesús y María (Las Grecias, Chinandega) y del Convento Santa Clara “Las Clarisas” (Ciudad Darío, Matagalpa) habrían sido expulsadas por la fuerza. 

El Grupo de Expertos también informan que durante 2023-2024 al menos 21 personas habrían sido privadas de su libertad por razones políticas o religiosas. 

Hasta el momento, el régimen mantiene bajo custodia al padre Frutos Constantino Valle Salmerón, de la Diócesis de Estelí y las diócesis de Matagalpa, Estelí, Siuna y Jinotega sin su máximo jerarca católico, dado que, los obispos Rolando Álvarez, Isidoro del Carmen Mora Ortega y Carlos Herrera se encuentran en el exilio.