El aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro fue detenido por la Policía Nacional y se convirtió en el cuarto precandidato de la oposición que el régimen Ortega Murillo arresta en menos de una semana. El exdirector de la Alianza Cívica es investigado por el Ministerio Público en el marco de la Ley 1055, “Ley para la Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”.
Chamorro anunció por la tarde a través de sus redes sociales que el Ministerio Público lo había citado para una entrevista este miércoles por la mañana por una causa en contra de Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), sin embargo, los oficiales de la Policía llegaron a su vivienda para allanar y detenerlo.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia también denunció el arresto del expresidente del Cosep, José Adán Aguerri. En sus redes sociales informaron sobre la detención sin ofrecer mayores detalles.
Previo a la detención de Chamorro, el régimen capturó por la tarde a Félix Maradiaga, aspirante presidencial de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). Al politólogo le aplicaron la misma Ley 1055, al igual que Arturo Cruz, arrestado el sábado cinco de junio cuando regresaba de Estados Unidos. Cristiana Chamorro, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios, fue la primera precandidata presidencial en ser detenida por el régimen Ortega Murillo.
Maradiaga fue arrestado minutos después de brindar una entrevista en la Fiscalía que duró alrededor de cuatro horas. De acuerdo a la narración de su abogado, al momento de su detención, fue fuertemente golpeado por los oficiales que interceptaron el vehículo en el que se trasladaba.
La nota de prensa de la Policía Nacional señala que Maradiaga es investigado por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación.
Maradiaga se convierte en el tercer precandidato presidencial de la oposición que enfrenta un proceso investigativo, y el segundo al que le aplican la “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”. El primero fue Arturo Cruz, detenido en el aeropuerto internacional Augusto César Sandino, el pasado sábado cinco de junio.
El precandidato de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), llegó al Ministerio Público a eso de las 8:40 de la mañana acompañado de su abogado Róger Reyes. “Miedo solo a Dios y miedo también a que se atornille una dictadura. Ese es el único miedo que debemos tener”, dijo Maradiaga antes de entrar por el pasillo estrecho por el que han desfilado más de veinte personas que también han sido citadas por esta institución pero por el caso de lavado de dinero, bienes y activos, en contra de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro.
“El régimen no puede secuestrar a seis millones de nicaragüenses que quieren libertad. Esto no es un proyecto individual, aquí no estamos hablando de candidaturas. Ya el régimen ha demostrado que ni siquiera con un proceso electoral amañado está dispuesto a someterse a la voluntad popular”, expresó Maradiaga.
Cuatro horas después Maradiaga salió por el mismo pasillo estrecho y explicó que estaba siendo investigado en el marco de la Ley 1055 y también por su relación con el Instituto de Estudios Estratégicos de Políticas Públicas (IEEPP), los viajes que realizó durante los últimos tres años, el vínculo que tiene con las organizaciones civiles en Nicaragua y su relación con la prensa independiente.
“No estoy inhibido”, exclamó el precandidato presidencial antes de montarse a la camioneta que los llevaría a su casa. Minutos después de marcharse, su equipo de prensa informó de su detención y la misma Policía hizo oficial el arresto a través de un comunicado que circuló primero en los medios afines al Gobierno sandinista.
Posterior a la captura de Maradiaga, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció que el régimen Ortega Murillo emplea un nuevo modelo represivo: citar sin decir por qué a quienes considera enemigos políticos, entrevistarlos, dejarlos salir de la Fiscalía para luego detenerlos camino a casa o ya adentro.
La tarde de este martes el también precandidato opositor Juan Sebastián Chamorro informó sobre una citatoria en el Ministerio Público programada para este miércoles a las 8:30. La causa por la que citan al exdirectivo de la Alianza Cívica tiene que ver con la “Fundación Funides”.
Primero Cristiana Chamorro y luego Arturo Cruz
La primera precandidata detenida por el régimen orteguista fue Cristiana Chamorro, quien desde el 20 de mayo fue señalada por el Ministerio Público de los delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica por “inconsistencias en los registros financieros” de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), organización que dirigía hasta inicios de este año tras el cierre de operaciones para no someterse a la Ley de Agentes Extranjeros, aprobado por el parlamento sandinista a finales de 2020.
En el caso contra la FVBCh y Cristiana Chamorro han desfilado una veintena de periodistas llamados “en calidad de testigos” por la Fiscalía. El Ministerio Público también ha citado a proveedores y empresas privadas que han prestado sus servicios a la Fundación. El último periodista que compareció fue Wilfredo Miranda, corresponsal de El País y Univisión, quien sostuvo al salir que la fiscal que le entrevistó le preguntó sobre sus fuentes de información y su relación con la Fundación. “La Fiscal en un momento dijo que yo mentía, les molestó mucho un reporte publicado en Divergentes”, expresó Miranda.
Chamorro está recluida en su casa desde el tres de junio. La jueza Karen Chavarría Morales, jueza noveno del distrito penal, ordenó su captura y allanamiento de morada. Desde ese día se mantiene el cerco alrededor de la vivienda y tampoco permiten a los periodistas acercarse.
El otro precandidato investigado es Arturo Cruz, aspirante presidencial por la Alianza Ciudadana quien fue arrestado por la Policía el cinco de junio cuando regresaba de un viaje de Estados Unidos. La policía comunicó que el catedrático estaba siendo investigado por “realizar actos que incitan la injerencia extranjera”. Un día antes, Estados Unidos anunció el arribo de sanciones.
“Estas acusaciones infundadas, a solo cinco meses de las elecciones generales, forman parte de una campaña tendiente a inhibir a los opositores para el ejercicio de cargos de elección popular, por parte de un régimen que trata de mantenerse a toda costa en el poder”, dijo la ACxL en un comunicado.
El Ministerio Público emitió un comunicado en el que se oficializó el arresto del académico debido a que “está siendo investigado por la Policía Nacional por contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley No. 1055, ‘Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz’, por lo cual, dentro de los términos de ley, será presentado ante la autoridad competente”.
Según el equipo de prensa de Cruz, este se encuentra detenido en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ). El siete de junio el Ministerio Público amplió el plazo hasta de 90 días de detención al precandidato presidencial.
A través de un comunicado informó que dentro del plazo de 48 horas de su detención, fue puesto a la orden del Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencias. Simultáneamente la Policía allanó el apartamento de Cruz y mantuvo retenido a parte de su equipo de prensa hasta altas horas de la noche.
“Se dispara quinta etapa de la represión”
A nivel internacional, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), exigió desde su cuenta de Twitter, la liberación inmediata de un nuevo precandidato presidencial preso en Nicaragua. “El régimen de Daniel Ortega debe cesar las violaciones de los derechos fundamentales de sus ciudadanos y los principios de la Carta Democrática Interamericana”, señaló.
Un vocero del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, dijo a la Voz de América que “Estados Unidos condena en los términos más inequívocos las detenciones arbitrarias de la oposición política en Nicaragua. Este es un asalto a la democracia nicaragüense”.
Julie Chung, subsecretaria adjunta principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, calificó de arbitrario el arresto contra el opositor Félix Maradiaga.
“Debería resolver cualquier duda restante sobre las credenciales de Ortega como dictador. La comunidad internacional no tiene más remedio que tratarlo como tal”, señaló.
José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, posteó en sus redes sociales el comunicado de la Policía Nacional e hizo énfasis en la detención de un tercer precandidato presidencial en una semana.
Por su parte, Paulo Abrão, exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , alertó que en Nicaragua se disparó la quinta etapa de la represión que consiste en eliminar e inmovilizar toda la oposición política. “Urge implementar la Carta Democrática, que sigue siendo desmoralizada”, agregó.
El partido Ciudadanos por la Libertad condenó la detención del opositor Félix Maradiaga y señaló que estas son acciones en el marco de la escalada represiva del régimen contra líderes opositores.
“Demandamos la liberación de Félix Maradiaga y de todos los presos políticos y reafirmamos nuestro llamado al pueblo nicaragüense a no desistir en esta lucha cívica por alcanzar la libertad”, reza el comunicado de ese partido.
Félix Maradiaga recientemente se acercó a ese partido con interés de participar junto a otros precandidatos en la elección de un candidato único de la oposición, tras quedarse sin casilla la Coalición Nacional.
Por su parte el partido, Unión Democrática Restauradora (Unamos), antes MRS, también se solidarizó con la detención del opositor. “La dictadura está agonizando y lanzando zarpazos. Seguimos en resistencia hasta lograr la libertad y justicia. Esta dictadura está en fase terminal”, señaló desde sus redes sociales.
Maradiaga es el precandidato presidencial de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), organización opositora que condenó el arresto de su líder y demandó también la liberación de 120 presos políticos.
“Violar los derechos de un nicaragüense es violar los derechos de todos”
Este martes la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua, divulgó un comunicado en el que expresa que, como colaboradores de Dios en la obra social de los pueblos y naciones, no están exentos ante la agresividad con que se está actuando contra el ejercicio ciudadano de las libertades públicas, además de tener el derecho y la obligación de velar por el bien del país.
“Entre estos deberes y derechos están el de acceder a la cedulación ciudadana y el de elegir y ser elegidos en cargos públicos de manera libre y justa. Por lo cual animamos a buscar los canales por medio de los cuales la voz de los ciudadanos sea escuchada. No deja de ser preocupante la abierta violación que se está dando de estos derechos. Violar los derechos de un nicaragüense es violar los derechos de todos.
Previo a este comunicado, la mañana de este 8 de junio, monseñor Jorge Solórzano, obispo de la Diócesis de Granada, dijo desde su cuenta de Twitter que “frente a la violencia, la injusticia, la opresión, no podemos encerrarnos en nosotros mismos o escondernos en nuestras seguridades; la Iglesia tampoco puede encerrarse en sí misma, no puede abandonar su misión de evangelización y servicio, de ser sal y luz”.
La Arquidiócesis de Managua, en la misiva exhortó que nadie tiene autoridad para privar arbitrariamente a persona alguna de sus derechos, incluyendo los de expresarse, movilizarse y actuar libremente. “En nuestro país este tema es doloroso. Hemos vivido años de irrespeto a la libertad y a la vida”, reza el escrito.
El pronunciamiento de la Iglesia Católica coincide con la detención de tres precandidatos presidenciales: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, y Félix Maradiaga.
La Alianza Ciudadana luego que reabrió la inscripción de precandidatos del 31 de mayo al 3 de junio, de cuatro formalmente seleccionados, la cifra creció a diez. Sin embargo, disminuyó a siete con el arresto de tres precandidatos presidenciales, y se encamina a tener menos aspirantes ya que la Fiscalía citó este martes a Juan Sebastián Chamorro.