El Salvador vivió una jornada sin precedentes este 22 de noviembre: La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), instituciones afines al presidente Nayib Bukele, allanaron siete organizaciones civiles críticas de la administración de Nuevas Ideas. Luego de que los diputados oficialistas emitieron un aviso, a través de una comisión especial que investiga el destino de fondos públicos asignados a oenegés en legislaturas anteriores, las autoridades irrumpieron en con una autorización del Juzgado Primero de Paz de San Salvador.
Las organizaciones son investigadas por supuesta corrupción, algo que defensores de derechos humanos catalogaron como “persecución política”. Estos allanamientos ocurren en momentos en que organismos internacionales han advertido del “hostigamiento” a voces críticas en El Salvador mediante una ley de agentes extranjeros, comparada con la de Daniel Ortega en Nicaragua.
En horas de la mañana de este lunes, las organizaciones alertaron sobre la presencia de policías y militares fuertemente armados junto al fiscal que intervino en las instalaciones. Las diligencias se extendieron hasta horas de la noche en las sedes del movimiento de mujeres “Las Mélidas”, la Asociación Mujeres Tecleñas, Fundación Salvadoreña para las Víctimas y afectados por Pandillas “Una Mano Amiga”, Asociación Pro-Vida, Asociación de Proyectos Comunales (PROCOMES), la Fundación Salvadoreña para la Democracia (FUNDASPAD) y la Asociación Ambientalista (FUNDASAN).
Dirigentes de las organizaciones han denunciado que no han evadido los controles estatales, ya que por años se han sometido a diversas rendiciones de cuentas por parte del gobierno. Joaquín Rodríguez, apoderado legal de la Asociación PRO-VIDA, dijo que los allanamientos eran innecesarios, ya que la Fiscalía no hizo ninguna solicitud para que la organización entregara la información voluntariamente. Es decir que era necesaria una orden judicial e intervención policial.
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De hecho, la asociación se somete a tres auditorías anuales, según Graciela de García, directiva de Pro-Vida. Una es una auditoría externa contratada por la asociación, una del Ministerio de Salud y una de la Corte de Cuentas de la República. Misma opinión dio Azucena Ortiz, directora de Las Mélidas, una organización feminista fundada por la ex diputada del FMLN, Lorena Peña. Ortíz aseguró que las acusaciones de los diputados eran “infundadas” y que año con año se someten a una revisión permanente del Ministerio de Educación, institución que emite los fondos por los que están siendo investigadas.
Ortíz también dijo que tres auditoras de la Corte de Cuentas se encuentran instaladas desde agosto en la sede de Las Mélidas haciendo revisión de los estados financieros desde hace semanas, una persecución similar a la que sufre el diario El Faro, investigado por supuesto lavado de dinero. Ortíz sostuvo que en el año 2019 les realizaron tres auditorías, la última enviada por parte de la actual ministra de educación, Karla Hananía de Varela, bajo el mando del actual presidente Nayib Bukele. “No sabemos a ciencia cierta el porqué han hecho este gran show mediático de venir aquí a allanar la información”, concluyó.
La mañana del 23 de noviembre la organización denunció en un comunicado que en los allanamientos la policía incautó toda la documentación original de la contabilidad, correspondiente de los años 2012 al 2016. En el llamado a la comunidad nacional e internacional denunciaron que esto las deja sin documentos originales para posteriores gestiones ante posibles demandas judiciales.
Persecución desatada
La jueza que autorizó el allanamiento a oenegés es ex esposa del fiscal general impuesto por el oficialismo, Rodolfo Delgado. La jueza primero de Paz, Haydeé Lisett Flores, fue electa el pasado 26 de septiembre por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero según una investigación de Revista Factum, no fue sometida a un proceso de selección.
Organizaciones y defensores de derechos humanos se han pronunciado ante los allanamientos en las sedes de la sociedad civil. David Morales, jefe de justicia transicional de Cristosal, dijo que estas acciones son muestra del quiebre en la separación de poderes. “No hay controles de lo judicial y la Fiscalía es servil a los intereses de la presidencia”, dijo.
Una integrante de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos que estuvo presente en los allanamientos, y que solicitó hablar en condición de anonimato, dijo que le pareció excesiva la presencia policial y militar armada que utilizaron para ingresar a las sedes. Además, opinó que los allanamientos buscan justificar mediáticamente la Ley de Agentes Extranjeros mediate la cual Bukele quiere asfixiar a las organizaciones civiles y a la prensa independiente con impuestos del 40 %. La normativa también establece penas de prisión de 2 a 5 años a quienes “ejecute actos que contravengan el orden público, la seguridad nacional o soberanía del Estado, valiéndose para ello de fondos recibidos por mandante extranjero”.
La comisión que investiga a oenegés, y que solicitó la investigación fiscal fue juramentada en mayo de 2021, propuesta por el diputado y jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, mismo que a solicitud de Bukele recibió el anteproyecto de la Ley de Agentes Extranjeros la semana pasada. La comisión está compuesta en su totalidad por diputados aliados del presidente Nayib Bukele y ha citado a diferentes a ex diputados y ex funcionarios a quienes interpelan por la asignación de fondos para organizaciones y fundaciones sin fines de lucro.