Este miércoles la dictadura Ortega-Murillo dio la última estocada a Yatama como partido político. El Consejo Supremo Electoral (CSE) suspendió la personería jurídica del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka, (Yatama o “Hijos de la Madre Tierra”, en lengua miskita), cinco días después de la detención de su líder y único representante ante la Asamblea Nacional, el diputado indígena Brooklyn Rivera.
El CSE acusó al partido de “actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación; incitando a la injerencia extranjera en los asuntos internos, demandando incluso la aplicación de sanciones económicas en perjuicio del Estado de la República de Nicaragua, pidiendo intervención de otros Estados e instancias extranjeras en los asuntos internos del país”.
“En flagrante violación a la Ley N° 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz; y que en particular en relación a su representante legal, ciudadano Brooklyn Rivera Bryan y demás personeros directivos, han estado manifestando públicamente un discurso que tergiversa y falsea la realidad del país”, añade el documento del CSE.
Rivera fue detenido el viernes 29 de septiembre por la Policía Nacional, denunció su familia. Luego, el 1 de octubre fue detenida su diputada suplente y presidenta regional del partido indígena Yatama, Elizabeth Henríquez James.
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Ambos fueron eliminados de la lista de legisladores que aparece en el sitio web de la Asamblea Nacional, en el cual ya no se visualiza ningún diputado de Yatama, dado que ese partido solo tenía un escaño, que corresponde a un diputado propietario y un suplente.
La Policía Nacional, que no se ha referido a las detenciones, también allanó la sede de Yatama en los municipios de Bilwi y Waspán, ambos en el Caribe Norte.
El nacimiento de Yatama
Yatama tiene sus raíces en dos organizaciones político-militares que participaron en la guerra de los Contras, adversos al gobierno sandinista, en los años 80 del siglo pasado:
- Misurasata (Miskito Sumo Rama Sandinista AslaTakanka), “Unidad de Miskitos, Sumos, Ramas y Sandinistas”.
- Misura/Kisan “Unidad Indígena de la Costa Nicaragüense”.
En 1988, después de los acuerdos de paz, dirigentes de Misurasata y Misura/Kisan en Honduras, Costa Rica y Miami formaron Yatama, uniendo por primera vez a los líderes miskitos Steadman Fagoth y Brooklyn Rivera.
La abogada y experta del Mecanismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos indígenas, Anexa Alfred, asegura que Yatama surgió con el objetivo de reivindicar los derechos territoriales de los pueblos indígenas en la Costa Caribe, y promover el autogobierno comunal por medio de una especie de democracia comunitaria.
“Desde esa época, la organización Yatama ha sido un emblema a la vanguardia en la lucha por la reivindicación de los derechos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, y eso se debe a distintos mecanismos que se utilizó: legales, políticos e incluso militares, en el ámbito nacional e internacional, para el efectivo reconocimiento de los derechos fundamentales”, explica.
Yatama surge como partido político hasta 1990. Ese mismo año, logró su mejor resultado en las elecciones en la Costa Caribe, ganando 26 de 90 escaños en el Consejo Regional Autónomo del Norte.
Brooklyn Rivera y su pasado con el Frente Sandinista
Brooklyn Rivera es originario de Lidaukra, una pequeña comunidad miskita en el litoral noreste. Rivera regresó al Caribe después de graduarse en Educación en una universidad de Managua.
Se integró en 1979 a la Alianza para el Progreso de los Miskitos y Sumus (Alpromisu) con fe en las promesas de los revolucionarios, posteriormente se renombró a Miskitos, Sumos y Ramas Sandinistas Unidos (Misurasata).
Pero, la agenda de los revolucionarios decepcionó a los caribeños y al confrontarlos, Rivera y otros líderes indígenas de Misurasata fueron arrestados en 1981, año del inicio de operativos militares en tierras miskitas y el desplazamiento forzado de decenas de comunidades en enero de 1982.
Rivera fue el primer líder contra en negociar con los sandinistas en 1984, a expensas de sus aliados en la Resistencia Nicaragüense. Firmó un cese al fuego y forzó la autonomía que quedó anclada en la Constitución de 1987.
Esto no le impidió participar en la unificación de las fuerzas armadas indígenas del Caribe como eran Misura, Misurasata y Kus Indian Sut Asla Nicaragua ra (Kisan, Unidad de Indígenas de la Costa de Nicaragua), que en 1987 formó Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, hijos de la Madre Tierra).
Con el triunfo electoral de Violeta Barrios en 1990, Rivera fue nombrado ministro director del Instituto Nicaragüense para el Desarrollo de las Regiones Autónomas (Indera).
La fractura de Yatama con la Coalición Nacional
El abogado Juan Diego Barberena y miembro del consejo político de la Unidad Azul y Blanco, opina que es evidente que Brooklyn Rivera ha sido un aliado del Frente Sandinista, cimentado en un acuerdo político en 2007.
Rivera fue uno de los diputados del Frente Sandinista, en alianza con Yatama en el Caribe. Posteriormente, esa alianza se rompe cuando lo destituyeron como diputado ante la Asamblea Nacional, por presuntas acusaciones de tráfico ilegal de tierras en el año 2015.
En 2016, Yatama participa como partido regional en las elecciones parlamentarias y Rivera es electo diputado. “Hay que recordar que hubo un nuevo pacto, propiamente con el Frente Sandinista, pero singularmente con Lumberto Campbell, de parte de Brooklyn Rivera, para la elección de los magistrados al Poder Electoral. Brooklyn Rivera fue uno de los diputados que votó a favor. En ese entonces Yatama era parte de la Coalición Nacional, lo que pone de manifiesto una suerte de pacto”, recuerda Barberena.
Sin embargo, Barberena también sostiene que es innegable que Brooklyn en algunos momentos ha luchado por la prevalencia de Yatama como fuerza política indígena en el orden electoral y jurídico.
“Yatama por eso continuaba siendo un partido político, pero como en algunos momentos él mismo (Rivera) ha dicho públicamente, han tenido que negociar algunas posiciones con el Frente Sandinista. Precisamente, porque la realidad del Caribe Norte, la realidad de las comunidades indígenas, es totalmente distinta a la realidad que nosotros vivimos en el Pacífico-Centro del país”, añade.
Yatama como herramienta para lograr la demarcación territorial
Yatama firmó en el año 2007 una alianza política con el Frente Sandinista. Alfred asegura que existían tres puntos específicos que tenían que ver con el tema de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. El más importante era el tema de la demarcación y titulación de las tierras.
“A partir del acuerdo del 2007 es que se avanza en el proceso de demarcación y titulación de tierras, pero hoy en día y viendo en retrospectiva lo que pasó en el primer período con Ortega, lo que él quería era vender la imagen de que sí había unidad”, recuerda Alfred.
“Hoy en día se han demarcado y titulado 23 territorios indígenas. No todo responde a las demandas de las comunidades. Sabemos ahora donde llega un territorio y donde finaliza, pero los problemas continuaron, porque el proceso de demarcación y titulación tiene cinco etapas y la última no se llevó a cabo”, explica.
“Lo supimos cuando Ortega exige revisar ese punto de los acuerdos. Ahí es donde despojan de la inmunidad a Brooklyn Rivera y lo expulsan de la Asamblea Nacional y le inician un proceso penal, que no llevó a nada. Entonces hay que ver las cosas como son. Fue necesario ese proceso para poder al menos hoy en día tener 23 títulos territoriales”, explica la abogada.
La importancia de las sentencias de la CIDH
Existen dos sentencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son referentes en cuanto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Una es la sentencia del caso Awas Tingni versus Nicaragua en temas de derechos territoriales. En el 2001, la Corte IDH ordenó al Estado de Nicaragua que velara por la demarcación y titulación de las tierras, aunque esto no sucedió durante el Gobierno de Enrique Bolaños.
También está la sentencia caso Yatama versus Nicaragua, que nace a raíz cuando le quitan la personería jurídica al partido en el año 2000. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que el Estado debe garantizar la participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe desde sus propias instituciones y acuerdos, sus costumbres y su forma de organización.
Yatama sigue vigente, aunque desaparezca como partido político
“Además de que los últimos acontecimientos generan un incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto va tener consecuencias a nivel internacional para la dictadura Ortega-Murillo, ya que ante Naciones Unidas, por ejemplo, habían estado vendiendo la idea de que estaban salvaguardando los derechos de los pueblos indígenas, algo absolutamente falso y este hecho lo comprueba”, opina Barberena.
“Lo más importante acá es que los pueblos indígenas y afrodescendientes tenemos el derecho de seguir participando en la vida política basadas en nuestras propias formas de organización social. No necesitamos de un partido político para tomar decisiones en lo que compete al desarrollo del país, como en el desarrollo propio como pueblos indígenas”, asegura por su parte Alfred, quien también es miembro del directorio de Yatama.
“Decir con que se le ha revocado la personería jurídica, va a desaparecer la organización, no. Por eso se debe conocer de cómo nace Yatama. Esto se basa en las formas tradicionales de organización, en las estructuras de las comunidades indígenas, así que tiene múltiples dimensiones. Yatama se volvió un partido político para llenar un mecanismo, para llevar a cabo los procedimientos políticos”, resalta.
Dictadura desestimó antecedentes históricos de Yatama
Por otro lado, Barberena considera que el arresto de Rivera y la anulación de la personería jurídica de Yatama va a tener consecuencias en las comunidades indígenas de la Costa Caribe Norte.
Esto porque principalmente Rivera, dentro de la cosmovisión de los pueblos indígenas, es considerado un líder máximo y Nancy Henríquez, como la segunda líder de este partido, lo que podría desencadenar movilizaciones en la zona.
“La dictadura se equivoca porque no está tomando en cuenta el antecedente histórico de la movilización armada. No estoy tratando de decir que se va dar una movilización armada, pero no está considerando como antecedente histórico, que estas comunidades indígenas, los miskitos, fueron uno de los primeros cuerpos armados en rebelión en contra de la Revolución Sandinista en los años 80”, puntualiza Barberena.
“Fue también el primer cuerpo armado que logró firmar la paz (en los años 80), porque precisamente el régimen político de ese entonces, al igual que el régimen político actual, no tomó en cuenta su cosmovisión y sus propias reivindicaciones históricas, que trajo consecuencias adversas al grupo del poder político en Nicaragua”, advierte el miembro del consejo político de la Unidad Azul y Blanco.
Ilegalidades en los arrestos de Rivera y Henríquez
Barberena también plantea que con las capturas de Rivera y Henríquez se han cometido diversas ilegalidades, como el hecho que fueron detenidos sin orden de arresto y argumentando mentiras.
“Estamos hablando de que han sido capturados dos diputados ante la Asamblea Nacional y por tal condición, son protegidos por el escudo de la inmunidad parlamentaria, que primeramente requiere y exige que para que una persona sea investigada, detenida y procesada penalmente, necesita que se aplique el desafuero parlamentario. Se le ha privado de esa inmunidad y eso solamente es con una suerte de juicio político parlamentario, y eso no ha pasado”, explica.
Por lo tanto, el abogado refiere que toda acusación penal ejercida en contra de Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez por cualquier delito es una acusación que carece del requisito de procedibilidad, precisamente porque no han sido declarados en desafuero, y privados de su inmunidad parlamentaria.
“Eso es una vulneración a las reglas del debido proceso que vicia de nulidad absoluta todo lo que está haciendo el régimen Ortega-Murillo con su Policía y su Fiscalía”, sentencia Barberena.