El costo de la vida en Nicaragua desborda por completo la capacidad de compra de las familias. Según la más reciente encuesta del organismo Hagamos Democracia, el 74% de los ciudadanos considera que el precio de la canasta básica ha subido de forma considerable en los últimos tres meses, alcanzando los 21 019 córdobas, mientras que el 87.78% asegura que sus ingresos no son suficientes para cubrirla.
Productos de consumo cotidiano son los que más golpean el presupuesto familiar. Nueve de cada diez personas señalaron que la carne ha subido de precio, seguida del queso (82%), aceite (77%), frijoles (68%) y productos esenciales como el jabón, los detergentes y la tortilla.
La situación se agrava con el encarecimiento de otros alimentos básicos como el arroz, el azúcar y los vegetales, así como con el alza en medicinas, artículos de higiene y útiles escolares. El informe apunta que estos incrementos no se corresponden con mejoras salariales, lo que “impacta directamente en la economía familiar, reduciendo el poder adquisitivo de los hogares”.
A pesar que el porcentaje de personas que perciben un aumento abrupto en los precios bajó en comparación con una encuesta previa en enero de 2025 —pasando de un 84% a un 74%—, también se redujo significativamente el número de quienes creían que los precios se mantenían estables.
La mayoría se mueve ahora hacia una percepción de incremento moderado, lo cual reafirma que los costos siguen subiendo, aunque de forma más escalonada. Lo que no cambia es la conclusión de que cada mes, el dinero en Nicaragua alcanza para menos.
Nicaragüenses sobreviven entre el desempleo y la informalidad
El costo promedio de la canasta básica ronda los 21 000 córdobas, pero el 46.63% de los encuestados reporta ingresos inferiores a los 7000. Apenas un 21.70% gana más de 11 000 córdobas, y dentro de este grupo, poco más de la mitad logra cubrir sus gastos esenciales. El desajuste entre ingreso y gasto es tan profundo que ni siquiera tener empleo formal garantiza que una persona pueda solventar sus necesidades mínimas.
“La mayoría no puede adquirir la totalidad de los productos que componen la canasta básica, independientemente de si tienen empleo formal o trabajan por cuenta propia”, advierte el informe. La consecuencia directa es una precariedad que no solo vulnera el derecho a una alimentación adecuada, sino que además pone en riesgo la salud, la educación y la estabilidad de las familias.
A este escenario se suma el deterioro del empleo formal. Solo un 34.66% de los encuestados reporta tener un trabajo estable, mientras un 44.64% sobrevive en el sector informal. Esta última cifra aumentó con respecto al trimestre anterior, lo que refleja una tendencia sostenida hacia formas de subsistencia sin garantías laborales ni acceso a la seguridad social.
El desempleo también va en alza. Un 20.70% de los consultados respondió que no tiene trabajo, tres puntos más que en la medición del trimestre anterior. La combinación entre informalidad y desempleo no solo reduce la capacidad de compra, sino que empuja a miles de personas a buscar alternativas fuera del país.
Migración: la salida inevitable
El 25% de las personas consultadas afirmó que algún familiar cercano ha migrado en los últimos tres meses. Aunque representa una reducción de seis puntos en comparación con el trimestre anterior, esta cifra sigue siendo alta y refleja que la crisis sigue expulsando población del país. Lo más llamativo del estudio es el cambio en el perfil etario de quienes migran. Por primera vez en esta serie de encuestas, la mayoría no son los jóvenes, sino los adultos entre 36 y 50 años.
“La fuga de capital humano podría ser irreversible”, advierte el informe. El país pierde no solo mano de obra, sino experiencia, productividad y cohesión social. La raíz de esta migración, insisten los encuestados, está en la falta de oportunidades laborales justas, el estancamiento económico y el deterioro de los derechos civiles.
Frente a este panorama, las remesas se han convertido en el principal salvavidas para muchas familias. El 43.89% de los encuestados recibe dinero del extranjero, principalmente desde Estados Unidos, Costa Rica y España. Según cifras del Banco Central de Nicaragua, el país recibió más de 5243 millones de dólares en remesas en 2024, un aumento del 12.5% respecto al año anterior.
Sin estos envíos, la economía nacional estaría en números rojos. “El impacto de las remesas es tan significativo que, sin ellas, el crecimiento económico podría ser negativo”, concluye el informe. No obstante, esta dependencia también favorece al régimen Ortega-Murillo, que se beneficia indirectamente del esfuerzo de quienes abandonaron el país.
Metodología de la encuesta
Esta consulta ciudadana, realizada en un contexto de represión y crisis política, forma parte de una serie de mediciones independientes que buscan contrastar la narrativa oficial de normalidad y prosperidad que impulsa el régimen orteguista.
En medio de un trimestre marcado por el destierro de más de 200 personas, y la aprobación de una reforma constitucional que consolida el control absoluto del Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado, la encuesta de Hagamos Democracia recoge las percepciones de la población sobre la situación política, económica y social del país. Se trata de la décima consulta desde diciembre de 2022 y fue aplicada a 400 personas en 40 municipios del país durante el segundo trimestre de 2025.
El instrumento contó con 45 preguntas que abordaron temas como el alto costo de vida, el desempleo, los salarios insuficientes, la migración, la recepción de remesas, la seguridad ciudadana y la calidad de los servicios públicos. Las personas encuestadas —cuyas edades oscilan entre los 17 y los 84 años— representaron una muestra diversa de profesiones y oficios, desde comerciantes, docentes y agricultores hasta operarios de zona franca y trabajadores informales.
Además, se priorizó entrevistar a individuos capaces de aportar una visión más allá de su núcleo familiar, lo que permitió obtener un panorama más amplio sobre las condiciones de vida en sus comunidades. El resultado es un retrato integral del país, donde la preocupación por la economía y la inseguridad lidera la lista de inquietudes ciudadanas.