Nicaragua tiene uno de los rezagos en educación más importantes de Centroamérica. En promedio, la población nicaragüense apenas llega a seis años de educación por persona, expone Ana Quirós, defensora de derechos humanos y experta en salud y educación, durante la presentación del informe Percepción de la Realidad Política, Social y Económica de Nicaragua realizado por Hagamos Democracia.
De acuerdo con Quirós, la brecha de estudios en la población nicaragüense es tan grande, que aunque muchas personas hayan estudiado durante más de 20 años, la cantidad de quienes no acceden a los estudios o no tienen muchos años de estudio es mucho mayor.
“Uno puede decir que tiene 20 años estudiados, entonces imagínese la cantidad de personas que deben haber para que el promedio de años estudiados en la población solo sean seis años”, explica.
El informe refleja que el 18.8% de las personas consultadas no tienen miembros de su familia que estudian actualmente. Mientras que el 81.2% restante que sí estudia, considera que la educación es mala o muy mala.
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El 43.7% de las personas valoran que la educación es de mala calidad, el 32.5% lo considera muy malo y sólo el 23.9% hace una buena valoración.
La mayoría de las personas encuestadas que consideran que la educación es mala estudian en centros públicos, siendo las razones principales la politización de la enseñanza y deficiencia de los maestros.
“La formación básica en Nicaragua es deficitaria y ello responde a varios factores como el político y la ausencia de cuerpos docentes con capacidades y cualidades académicas”, señala el informe de Hagamos Democracia.
Pobre inversión educativa
Por su parte, Quirós resaltó que Nicaragua tiene una de las inversiones educativas más bajas de la región, ya que apenas el 3% del gasto público es destinado a la educación.
Esto se ha traducido en un déficit de más de 8 000 aulas escolares y en una gran cantidad de menores de edad que no pueden asistir a la escuela, ya sea porque no hay centros educativos en sus comunidades o quedan muy lejos.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, lejos de destinar más presupuesto a la educación, ha cerrado espacios académicos con la cancelación de personerías jurídicas de organizaciones que brindaban servicios académicos, así como con la confiscación de al menos 30 instituciones de educación superior en los últimos años.
Una investigación de DIVERGENTES revela que cerca del 16% de las entidades canceladas —de las 5 163 afectadas desde 2018— corresponden a instituciones que trabajan temas educativos, y el cierre de estas ha comprometido el futuro de 600 000 niñas, niños y jóvenes.
Estas acciones por parte del régimen no han hecho más que profundizar la brecha educativa entre las personas nicaragüenses y desperdiciar el bono demográfico que actualmente vive el país.
El bono demográfico significa que hay más personas que producen, que personas que no producen y dependen económicamente de otras, y puede ser aprovechado por los Estados para mejorar la economía, al invertir en educación y trabajo en la población que produce. En Nicaragua este fenómeno inició en los años 2000 y se espera que culmine en 2040.
“Ya se está acabando el bono y más bien se ha bajado la inversión en salud y en educación. Se han cancelado las personerías jurídicas y se han cerrado las universidades, mientras el mundo se prepara para la inteligencia artificial. Hemos malgastado el bono productivo”, expresa Quirós.
Nicaragua el tercer país de la región con menos inversión en la salud pública
La mayoría de las personas encuestadas en el informe de percepciones tienen una valoración negativa sobre la calidad del sistema de salud público. Al menos el 42.2% de las personas consultadas consideran que la calidad es mala, el 20.8% la consideran muy mala y el 33% la valoran como buena.
Según Hagamos Democracia, esto tiene implicaciones negativas en la calidad de vida de las personas y en su situación económica, ya que, al no recibir un servicio eficaz y oportuno, muchos se ven obligados a pagar servicios de salud privada.
Nicaragua es el tercer país de la región que tiene menos inversión en salud pública, expone Quirós en su análisis. Los otros países que superan a Nicaragua en menor inversión en salud son Honduras y Haití.
Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los Estados financien el 9% del Producto Interno Bruto (PIB) a la salud pública para garantizar su acceso universal, Nicaragua apenas ha invertido el 3.5% en promedio durante los últimos cinco años.
Quirós señala que el 80% del presupuesto destinado a la salud se ocupa en gasto corriente, es decir, en el pago de salario de trabajadores y en comprar medicamentos y materiales médicos de reposición; y menos del 20% se utiliza para el mejoramiento de la infraestructura de las instituciones.
“En Nicaragua, las instituciones de salud son viejas. Las unidades de salud, centros de salud, incluso los hospitales son viejos, entonces les han ido poniendo parches”, afirma. “Esto hace que la red de salud sea poco funcional y no sea suficiente”, agrega Quirós.
La deficiencia en la salud pública también incluye falta de personal médico en esta área, ya que, en los hospitales públicos ha habido una considerable reducción de personas médicas año con año a partir de 2018. Desde entonces, se estima que más de 2 000 médicos salieron del sistema público, detalla el informe.
La OMS recomienda que haya un médico por cada 1 000 habitantes para garantizar una atención adecuada a la población, pero en Nicaragua no llega ni siquiera al 0.7%, indica la defensora.
Corrupción local, un problema para la población
Casi la totalidad de las personas consultadas en el informe conocían actos de corrupción ejecutados en sus municipios, con el 85.3% de individuos que lo afirmaban. Solo el 14.7% señaló no conocer esto. Este dato superó la encuesta realizada por Hagamos Democracia en el trimestre de este año.
“Esto indica el ascenso, no solo de la percepción ciudadana sobre la corrupción, sino del conocimiento de los actos de corrupción como tal, lo cuales son ejecutados al amparo del poder local que ejerce el Frente Sandinista en todas las alcaldías del país, y los secretarios políticos, y que estos también son parte de los problemas que la ciudadanía identifica y les imputan al gobierno tanto local como central”, expone el informe.
La organización señala que el aumento de percepción sobre corrupción podría deberse a la adjudicación total del Frente Sandinista de las concejalías regionales de la Costa Caribe, lo que ha generado mayor control, abusos y actos de corrupción.
Entre los actos de corrupción señalados por las personas encuestadas, destacan el nepotismo, la malversación de caudales públicos, el uso indebido de bienes públicos, las licitaciones amañadas, y actos de corrupción por sobresueldos ilegales.