Honduras confirma 25 muertas en cárcel de mujeres, pero víctimas pueden ascender a 41

Un motín en una cárcel de mujeres en la aldea Támara de Tegucigalpa terminó con un incendio que hasta el momento contabiliza oficialmente la muerte de 25 privadas de libertad. Organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su máxima preocupación indicando que las víctimas pueden ascender a 41 —25 calcinadas y otras 16 muertas por armas de fuego—. Todo esto ocurre durante la implementación del estado de excepción y de una intervención, que comenzó en abril de este año en todos los centros penales hondureños.

Fotografías: Jorge Cabrera y Fernando Destephen

Al menos 41 privadas de libertad fallecieron este martes en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), también conocida como Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), ubicada en la aldea Támara del Distrito Central, después de que se produjera un motín en su interior, según informaron medios locales del país que citan fuentes penitenciarias. Yuri Mora, vocero del Ministerio Público, confirmó que hasta ahora solo han podido confirmar 25 víctimas, aunque advirtió que el número puede incrementarse en las próximas horas. 

«El Ministerio Público, a través de Medicina Forense, ha desplazado cinco equipos. Aunque no es una cifra oficial, pero, preliminarmente se puede decir que al menos 25 reclusas están calcinadas», dijo Yuri Mora, quien agregó que «la cifra oficial se dará hasta que se concluyan los levantamientos en el lugar. Pueden ser más. Cinco equipos de Medicina Forense harán esta tarea».

Yuri Mora afirmó que, según la información que ha llegado a su poder, la mayoría de las víctimas murieron calcinadas, pero hubo otras que presentan «disparos en sus cuerpos».

La Asociación Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh) presentó este martes un recurso de hábeas corpus, o exhibición personal, a favor de todas las internas privadas de libertad de PNFAS, en donde «fallecieron de forma violenta 41 mujeres, 25 calcinadas y 16 asesinadas con armas de fuego».

Joprodeh expresó su preocupación indicando que en el PNFAS viven «17 niños y cinco niñas y también siete mujeres en estado de embarazo que se encuentran en el módulo denominado Hogar casa cuna».

Honduras confirma 25 muertas en cárcel de mujeres, pero víctimas pueden ascender a 41

En abril de este año, se registraron cuatro amotinamientos coordinados en las cárceles de El Porvenir, Santa Bárbara, Morocelí y Támara. Los problemas específicos en Cefas han tenido que ver con enfrentamientos entre privadas de libertad de la MS y del Barrio 18. Esa situación ocasionó que el personal administrativo de Támara fuera enviado a sus casas por instrucciones del subcomisario Heber Ordóñez, quien en ese entonces se encontraba al mando como subdirector de ese centro penal.

Contracorriente informó en un texto anterior que el 8 de abril, durante un feriado de Semana Santa, en Támara volaron granadas, municiones y se armó un tiroteo con armas de grueso calibre entre el módulo de máxima seguridad que alberga a miembros de la MS-13 y el módulo llamado «Casa Blanca», que alberga a más de mil privados de libertad. Según internos en este módulo, la MS-13 pretendía controlar «Casa Blanca», pero no lo logró ante la respuesta armada de los presos de ese sector.  

Aunque la presidenta Xiomara Castro ordenó en marzo de 2022 la desmilitarización de los centros penales, la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, autorizó este martes la inmediata intervención por parte de militares, bomberos y agentes de la Policía Nacional en el Cefas.

En marzo de este año, como parte del Estado de Excepción, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) ordenó a las Fuerzas Armadas de Honduras a colaborar con el Instituto Nacional Penitenciario en la habilitación de batallones como «Centros de Reclusión de Emergencia» para dar cumplimiento al Plan Nacional Antiextorsión ordenado por la presidenta Castro.

Honduras confirma 25 muertas en cárcel de mujeres, pero víctimas pueden ascender a 41
Miembros de las FF. AA. llegan a las instalaciones de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), para el resguardo de la zona. Foto CC / Fernando Destephen 

Un informe publicado por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) en agosto de 2022 determinó que, hasta el 30 de abril de 2022, al menos el 55 % de las más de 20,000 personas privadas de libertad en Honduras, distribuidas en los 26 centros penitenciarios del país, aún no tienen una sentencia firme.

La subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, fue designada en abril de este año por la Presidenta Xiomara Castro para liderar el «plan de intervención a los centros penales». 

La viceministra —que ha hecho pública su simpatía en varias ocasiones por el presidente salvadoreño Nayib Bukele,  recomendando imitar su forma de tratar con las pandillas—, expuso el pasado 18 de abril, en Casa Presidencial, diez «ejes transversales para combatir la corrupción y la criminalidad que han imperado en los recintos del país».

La presidenta Xiomara Castro ordenó intervenir los centros penales en el país con el objetivo de buscar retirar las armas, aumentar los niveles de seguridad y evitar violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, los hechos violentos y el descontrol parecen ir en aumento.

Villanueva dijo en ese momento que la intervención de las cárceles pasaría primero, por un reconteo de «reos en las cárceles de Honduras» y que el problema se manejaría de acuerdo con los estándares internacionales. «Copiaremos cosas si son buenas y las aplicaremos a nuestra realidad», dijo la viceministra, según declaraciones recogidas por el estatal Canal 8.

Este martes, ante este hecho y otros registrados en las últimas horas en otros centros privados del país, antes de que se conociera el número preliminar de privadas de libertad fallecidas, la viceministra Villanueva aseguró que el hecho de hoy en PNFAS obedece a un sabotaje contra el Gobierno. 

«La corrupción, complicidad y sabotajes al interior del Sistema Penitenciario Nacional, ha sido el detonante para que actos violentos se estén generando en los últimos días, los que han dejado como resultado, dos privados de libertad muertos en los Centros Penitenciarios de Morocelí, en el departamento de El Paraíso e llama, Santa Bárbara», según publicó hoy el medio gubernamental Poder Popular.

Melisa Escoto, comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención Honduras (Conaprev), dijo este martes a Contracorriente que el hecho de hoy en la cárcel de mujeres es una muestra del «autogobierno» y de la corrupción con que se manejan los centros penitenciarios en el país.

«Porque vemos algunas personas, según los videos que se están filtrando, que portan armas. Y no podemos desconocer el cómo ingresan estas armas de fuego. Eso no debería pasar», dijo Escoto, quien agregó que en Honduras no existe una seguridad que sea proporcional con el número de la población privada de libertad.

«Lastimosamente a nivel de sistema no tenemos esa proporcionalidad, porque hemos hecho la consulta a la junta interventora y nos han respondido que tienen limitado el personal y que están en ese proceso de formación para poder implementar de manera paulatina en relación con la población», expuso Melisa Escoto.

Escoto afirmó que es preocupante lo que está sucediendo en las cárceles de Honduras, porque semanas atrás hubo requisas y se espera que todas las armas sean retiradas, pero luego se evidencia que todavía falta que se extraigan todas las armas. «Debe haber una reingeniería, ya se sabe que las armas ingresan por la permisividad del personal», apuntó.

Por su parte, Delma Ordoñez, de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad, dijo a Contracorriente que el Gobierno de Honduras ha desatendido los llamados desesperados para separar a las privadas de libertad pertenecientes a pandillas contrarias. 

«Tengo alrededor de dos a tres meses de estar diciendo que queremos la separación inmediata de la MS y de la 18 en centros penales diferentes y no nos han escuchado», dijo Ordóñez.

El teniente Sevilla, del Cuerpo de Bomberos, explicó que el incendio se dio en el Módulo 2 de Sentenciadas del Centro Femenino de Adaptación Social, celda en la que quedaron encerradas algunas privadas de libertad.

La viceministra de Seguridad, Julisa Villanueva responsabilizó la reyerta y las muertes de las privadas de libertad en Cefas a «un ataque del crimen organizado» contra las acciones que el Gobierno está realizando contra estas estructuras.

Antecedentes en cárceles hondureñas

Según datos del Conadeh, brindados en febrero de este año, desde el año 2019 hasta el mes de febrero de 2023, 70 privados y privadas de libertad fallecieron en centros penales hondureños.

El 14 de febrero de 2012 un incendio en la Penitenciaría Nacional de Comayagua, zona central de Honduras, dejó como resultado la muerte de 362 privados.

Otras 107 personas privadas de libertad murieron en un incendio ocurrido el 17 de mayo de 2004 en el Centro Penal de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

Y un hecho similar había acontecido un año antes, en abril de 2003, cuando al menos 66 reclusos y tres mujeres fallecieron en la Granja Penal de El Porvenir, cerca de La Ceiba, Atlántida, durante un amotinamiento carcelario.

La muerte de estas privadas de libertad, en medio de la implementación de un estado de excepción, genera preocupación por las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en Honduras. A principios de junio, el Relator Especial de las Naciones Unidas, Morris Tidball-Binz, indicó que en Honduras se han reportado muertes ilícitas en el contexto de detenciones y operativos dentro del estado de excepción. 

Publicado originalmente en Contracorriente.


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