Human Rights Watch denuncia que presos políticos son «sometidos a terribles condiciones de detención»

El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, alertó que la celeridad con la que se han llevado a cabo estas detenciones, con acusaciones sin base y sin el debido proceso, demuestra que «Ortega no tiene la más mínima intención de perder los próximos comicios». “El Gobierno de Ortega debe liberar inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos, y la comunidad internacional debe redoblar la presión sobre el Gobierno para aumentar el costo de sus prácticas abusivas», instó.

Familiares de presos políticos buscan a sus familiares en la sede de la Dirección de Auxilio Judicial. Cortesía.

Decenas de críticos con el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo detenidos en los últimos meses, la mayoría de ellos por «traición a la patria», afrontan cargos sin pruebas y a menudo han sido sometidos a largos interrogatorios y están en condiciones abusivas de detención, denuncia Human Rights Watch (HRW). En un informe de nueve páginas, HRW recuerda que el régimen sandinista ha acusado a muchos de los arrestados de cometer delitos graves sin aportar pruebas que fundamenten los cargos, lo que consideró que deja en evidencia que se trata de «persecuciones por motivos políticos» en represalia por su oposición.

Desde finales de mayo pasado, las autoridades han detenido «arbitrariamente», según HRW, a 36 figuras críticas con el Gobierno de Nicaragua, país donde se celebrarán elecciones presidenciales el próximo 7 de noviembre, en las que Ortega se presenta a la reelección. Para elaborar este informe, HRW ha entrevistado por teléfono a 19 personas que tienen conocimiento de 28 de esos 36 casos, además de examinar fuentes oficiales, como comunicados del Ministerio Público y la Policía, documentos judiciales, artículos de prensa y publicaciones de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos.

Desde agosto el Ministerio Público ha presentado cargos contra la mayoría de los arrestados en procesos penales, que, indica HRW, se llevan a cabo «sin garantías básicas del debido proceso». Los detenidos se enfrentan a acusaciones que pueden acarrearles penas de 15 a 25 años de prisión y que van desde «lavado de dinero» hasta «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional».

El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, dijo en el texto que la celeridad con la que se han llevado a cabo estas detenciones, con acusaciones sin base y sin el debido proceso, demuestra que «Ortega no tiene la más mínima intención de perder los próximos comicios».

Vivanco subrayó que «el Gobierno de Ortega debe liberar inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos, y la comunidad internacional debe redoblar la presión sobre el Gobierno para aumentar el costo de sus prácticas abusivas».

Los familiares que pudieron ver a los detenidos, en algunos casos después de meses, denunciaron que sufren «condiciones de detención abusivas», ya que no se les da comida suficiente y disponen de un tiempo muy limitado de ejercicio al aire libre. Además, son sometidos a interrogatorios diarios sin la presencia de un abogado y, en algunos casos, a aislamiento prolongado, aseguran los parientes de los arrestados.

Amigos y familiares de presos políticos lanzan llamados como este en redes sociales exigiendo un trato humanitario en prisión para sus familiares. Cortesía.

HRW recordó que el confinamiento solitario prolongado, es decir, aquel que se extiende por 15 días consecutivos o más, constituye tortura y está prohibido por el derecho internacional. Según la ONG, entre el 28 de mayo y el 6 de septiembre, el Ejecutivo llevó a cabo una ola de detenciones arbitrarias para facilitar la reelección de Ortega para un cuarto mandato consecutivo en noviembre.

La policía arrestó a siete candidatos presidenciales opositores y a 29 críticos del Gobierno, entre ellos opositores políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, estudiantes y líderes comunitarios y del sector privado. En algunas ocasiones, agregó HRW, la policía utilizó violencia durante las detenciones, e incluso golpeó a personas que no mostraron resistencia.

La organización destacó que la mayoría han sido procesados por «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» y no se les han concedido las garantías más básicas del debido proceso. HRW detalló que muchos han estado incomunicados durante meses, sin visitas familiares o acceso a sus abogados, pese a los numerosos recursos presentados ante los tribunales. De hecho, las autoridades impidieron a los abogados estar presentes durante las audiencias públicas, asignándoles defensores públicos en su lugar. Durante meses, la mayoría de los letrados no tuvieron acceso a documentos judiciales, a pesar de solicitarlos en reiteradas oportunidades, denunció el grupo. En los casos en los que HRW pudo examinar las acusaciones, los fiscales generalmente no identificaron acciones que sustentaran los cargos contra los acusados.

CSE prohíbe “eventos masivos” de campaña

El Consejo Supremo Electoral (CSE) anunció este lunes la prohibición de eventos presenciales masivos en la campaña electoral, que se desarrollará del 25 de septiembre y al 3 de noviembre próximo, debido a la pandemia de la Covid-19. Esto ha sido interpretado por los opositores como una mampara para una campaña electoral sin competencia real. 

El CSE ordenó a los siete partidos y alianzas colaboracionistas «evitar eventos presenciales masivos» a la hora de intentar conquistar votos de cara a las elecciones generales del 7 de noviembre, en las que el presidente del país, Daniel Ortega, busca una nueva reelección.

El tribunal electoral resaltó que únicamente darán permiso a «convocatorias de no más de 200 personas» hasta por una hora y media, siempre que cumplan con las medidas que evitan el contagio de la covid-19, incluyendo señalización sanitaria. La autoridad electoral recomendó a los partidos dar prioridad a «los mecanismos de difusión virtuales, para dar a conocer de una manera segura su plan de Gobierno».

El organismo rector también prohibió «realizar caravanas en autobuses, motos, carros, coches, ni en ningún otro medio de transporte». «Esta medida será de cumplimiento estricto para garantizar la salud y la tranquilidad de las familias nicaragüenses», agregó.

Estas son las primeras restricciones de su tipo establecidas en Nicaragua para enfrentar la covid-19, que según los datos oficiales ha mostrado un repunte en las últimas semanas.

El Ministerio de Salud ha informado que Nicaragua acumula 12.828 contagios y 202 muertes por la covid-19 desde marzo de 2020, con 675 casos nuevos confirmados entre los días 8 y 14 pasados, la cifra más alta desde que se detectó el virus en el país en el lapso de siete días, conforme las cifras del Gobierno.

Las mismas contrastan con las de la red de médicos del Observatorio Ciudadano Covid-19, que reporta 4.809 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el nuevo coronavirus, así como 26.252 casos sospechosos de contagio, datos que no son reconocidos por las autoridades.

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