La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advirtieron que la combinación de una temporada de huracanes “activa y larga” y la pandemia de la COVID-19 afectarán duramente a las personas migrantes, principalmente a las que son forzosamente desplazadas a consecuencia de desastres, como el huracán Eta que ha azotado el Caribe y norte de Nicaragua. Eta dejó al menos 30 mil refugiados en el litoral caribeño nica, y todos están en condiciones de hacinamiento en las escuelas e iglesias que sirven de albergues.
El primer gran mal al que se enfrentarán los damnificados son los refugios abarrotados, donde será tarea imposible mantener el distanciamiento físico. Eso aumenta de forma exponencial el riesgo de la difusión del coronavirus.
Las organizaciones especifican que “las medidas que suelen ser tomadas para efectuar las evacuaciones chocan con algunas indicaciones para contrarrestar el COVID-19”. “Es por lo tanto necesario el diseño de protocolos de evacuación y de albergue que tomen en consideración medidas de prevención del contagio”, remarca Naciones Unidas.
Otra dificultad de la población desplazada será el acceso limitado a servicios de salud. Las infraestructuras pueden sufrir daños, quedar destruidas después de una catástrofe natural o sufrir cortes de energía, tal como sucede en la ciudad de Bilwi, la más afectada por Eta en Nicaragua.
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Una muestra de esa alarma es el mal estado del hospital de Bilwi luego del impacto de Eta. Informes del gobierno mencionan que las atenciones se están brindando en un hospital provisional y en el Silais de Bilwi.
OIM y Unicef también manifiestan temor por el reducido acceso a agua limpia y segura que impedirá la aplicación de una importante medida preventiva contra la COVID-19, como lo es el lavado frecuente de las manos.
La pandemia es “otro huracán”
En Nicaragua, de acuerdo al Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred), unas 30.000 personas han sido evacuadas en la Costa Caribe Norte. Aunque en tres albergues visitados por un equipo de Divergentes, ubicados entre el Río Wawa y Bilwi, los ciudadanos carecen de alimentos y demás pertrechos de supervivencia.
Tanto OIM como Unicef advirtieron desde agosto que “la situación sanitaria podría verse agravada por los escasos recursos económicos, lo que también conlleva a una falta de equipos de protección, condiciones que provocan una exacerbación de la emergencia COVID-19, facilitando la difusión de la enfermedad”.
En nuestro país, el Gobierno no tomó medidas ante la COVID-19 y tampoco lo ha hecho ante los huracanes. Aparte de no avisar y prevenir a la población de Bilwi y comunidades como Amak en Bosawás, también ha bloqueado a través del acoso policial, la solidaridad de la población que pretendía recolectar víveres y productos de primera necesidad.
En este particular OIM y Unicef afirman que “la pandemia es otro huracán que ha debilitado aún más la capacidad de responder prontamente a las consecuencias de los desastres, por lo que las personas migrantes y desplazadas en nuestra región necesitan de una mayor atención que sea dirigida a protegerlas y aumentar su capacidad de recuperación frente episodios puntuales como son los huracanes”.